El proceso de formalización de 300 mil mineros no avanza. Solo cinco mineros han vencido trámites burocráticos y lograron formalizar para evitar que se vuelen sus instalaciones. El presidente del Instituto Libertad y Democracia (ILD), el economista Hernando de Soto Polar, reveló cifras que demuestran que la formalización diseñada por el Ejecutivo tiene trabas que desalientan a los mineros.
Basándose en un estudio de ILD, De Soto señaló que cada minero debe emplear al menos 1.260 días para cumplir los trámites, lo que implica una inversión de 87 mil 849 dólares. Esto es, virtualmente, tres años y medio sometido a la urdimbre burocrática, lo que representa un gasto de 70 dólares diarios que muchos de los mineros informales no tienen.
Junto a más de 4 mil agremiados de la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe), en el asentamiento minero de Salaverry, distrito en Bellavista, en Nasca, De Soto afirmó que el Estado pierde cada día millones de dólares que podría obtener de mineros formalizados.
“Si no son formales como lo pide el Estado, no es porque ustedes tengan un problema sino porque ellos (el gobierno) tienen un problema. Para hacer la formalización que ellos les plantean hemos calculado que ustedes deberían haber hecho trámites por mil 260 días, trabajando en ello ocho horas al día y gastando 87 mil dólares. Ese es un tiempo y valor que ni ustedes ni el promedio de peruanos tiene, y equivale a 27 sueldos mínimos. Es decir, les han hecho la vida imposible porque no van a poder formalizarse con esos costos”, explicó.
En lo que denominaron una especie de 'CADE Informal', las 260 bases de mineros expresaron su apoyo al proyecto Conga, pero que ese aval debe incluirlos a ellos.
"Queremos tener las oportunidades legales que permitieron a mineros como Alberto Benavides de la Quintana desarrollar sus talentos. No nos queda otra. Porque si no somos formales, es imposible tener una participación activa en lo que descubrimos, acceder a concesiones, ser propietarios formales, usar el derecho para asociarnos con cualquier empresario y no solo con vecinos y familiares", dijeron.
"Si no somos formales –reiteró– es imposible poder escoger libremente si trabajamos en comunidad o individualmente, contratar en libertad, acceder a los beneficios del mercado global o beneficiarnos con los tratados bilaterales y los TLC".
El Ejecutivo emprende una campaña firme de interdicción minera volando instalaciones y maquinarias, para obligar a los mineros a formalizarse, pero las leyes para dicho fin se contradicen, tienen vacíos o son inaplicables en la realidad.
Para el especialista de ILD, se ha lanzado un plan de formalización sin haberlo estudiado, cuando el objetivo de los políticos es dar a los ciudadanos leyes que se puedan cumplir. La ley se escribió sin que las autoridades escucharan a los mineros informales.
De Soto agregó que pronto presentará un programa alternativo de formalización para enseñar al Estado cómo conseguir superar las trabas. Las cifras difundidas por el ILD se basan en el análisis desde la perspectiva del usuario sobre el tiempo y costo que toma llegar a la ventanilla con los requisitos exigidos. Y es que si bien el trámite de formalización puede durar 15 días, no se contabiliza el tiempo y costo que toma al minero informal conseguirlos y presentarse con documentos en orden.
Para presentarse a la formalización el minero necesita ir al notario, pagar abogados y contratar un ingeniero que le elabore un estudio de impacto ambiental, además de los abonos que exige el Estado.
En la reunión en el asiento minero de Bellavista, Nasca, se constituyó la Comisión Cívica para la Formalización de la Minería Informal. Lo integran el presidente de ILD, Hernando de Soto, designado coordinador; y el presidente de la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros Y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe), Celso Cajachahua.
También fueron nombrados el director de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, José Garrido Lecca; y el presidente de la Sociedad Peruana de Gastronomía, Bernardo Roca Rey. Su objetivo es promover proyectos para mejorar el proceso de formalización.
El economista Hernando de Soto tuvo un cruce de palabras con el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, debido a que el primero cuestionó el proceso de formalización de la minería artesanal e informal que se desarrolla en el Perú.
De acuerdo con Hernando de Soto, el proceso de formalización de esta actividad implantado por el Gobierno toma 1,260 días trabajando ocho horas diarias, lo cual consideró excesivo.
“Desde el Gobierno, impulsado por el ministro Pulgar Vidal, ha tratado de formalizarlos, pero no les ha ofrecido la formalización que quiere decir empoderarlos para que sean empresarios, sino para que tributen sin darle ninguna de las ventajas”, cuestió De Soto.
Asimismo señaló que otro de los factores de la formalización que se viene desarrollando es el costo del mismo que llega a los US$ 84,000, por lo que afirmó que no está hecho para el pueblo peruano, más aún porque no se recibe nada a cambio.
Casi de inmediato el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, pidió tener cuidado con las afirmaciones que se hacen ya que el proceso de formalización no está orientado a tener “vasallos”.
El ministro explicó que al ser la minería una actividad especial debe cumplir una serie de condiciones para poder tener un permiso y así operar.
Respecto del costo de la formalización, Pulgar vidal dijo que es falso que el valor de los procedimientos sea US$ 84,000 y que este costo es el de la inversión que deben hacer los mineros para adecuarse a los estándares ambientales y no cause impacto.
“la minería de alto impacto exige reglas y el costo es el que el peruano exige para que ambientalmente no tengan ni mercurio, ni cianuro, ni ninguna otra sustancia tóxica”, dijo en RPP Noticias.
El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, informó que, con 77 mil mineros informales camino a la formalización, hay un buen resultado en los esfuerzos del gobierno para regularizar el sector.
Pulgar-Vidal negó que el proceso resulte costoso, como lo señaló el director del Instituto Libertad y Democracia, Hernando de Soto.
“El procedimiento es simplificado y de bajo costo”, dijo. Recalcó que las obligaciones ambientales son inexorables.
El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, sostuvo que Hernando de Soto se equivoca en sus cálculos sobre el costo y el tiempo que tomará el plazo de formalización de los mineros ilegales.
El economista señaló que tomaría más de mil días con un costo de 87 mil 500 millones de dólares el proceso. Pulgar Vidal afirmó que se trata de un proceso administrativo simple por lo que ambas cifras estarían erradas.
Pulgar Vidal explicó además que de Soto no habría tomado en cuenta que hay varios tipos de minería al elaborar el estudio. Agregó que algunos mineros incluso han invadido terrenos, por lo que el Estado viene realizando una labor de intermediación.
El ministro explicó además que los gobiernos regionales también tienen un papel que cumplir, sobre todo en los casos de mediana y gran minería, la que les es muy difícil de cumplir por lo que han enviado un proyecto de Ley para mejorar la fiscalización.
El titular de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), Juan Edgardo Rodríguez Barrionuevo, indicó que se vienen dando toda las facilidades para el proceso de formalización, por lo que hasta el 2016, los mineros informales de la región de Puno, deberán de cumplir con todos los requisito exigidos.
Indicó que actualmente se está regularizando el Registro Único del Contribuyente (RUC), documento de autorización del uso del terreno superficial, Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) y entre otras documentaciones.
“Es un tema complicado, el proceso de formalización. En caso que las mineras no logren formalizase, simplemente serán declarados ilegales y como consecuencia se iniciará con el proceso de interdicción minera para erradicar la práctica de la minería ilegal”, sostuvo Edgardo Rodríguez.
