Por Nicolás Wiñazki.
Como su nombre lo indica, el hotel Alto Calafate domina a esa ciudad patagónica desde la ladera de un cerro que le da una vista excepcional del Lago Argentino. Desde ayer, esta empresa de la presidenta Cristina Kirchner es investigada por la Justicia. El juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli impulsan un expediente que busca determinar si la compañía funciona de modo ilegal gracias a la complicidad del área gubernamental que en realidad debería controlarla. Fue por eso que Bonadio ordenó el allanamiento de la última sede registrada de la firma que controla el Alto Calafate, llamada Hotesur. La Justicia también allanó la Inspección General de Justicia (IGJ); y realizó un operativo en busca de la información sobre el hotel que está en poder de la AFIP.
El hotel Alto Calafate-Hotesur fue regenteado hasta fines del año pasado por una empresa del socio de la Presidenta, Lázaro Báez, investigado por lavado de dinero en Suiza, Uruguay y la Argentina.
Ayer, después del allanamiento a una de sus empresas, la Presidenta viajó a Santa Cruz. Ni ella ni sus voceros habituales hablaron sobre el “caso Hotesur”.
El programa “Periodismo Para Todos” –conducido por Jorge Lanata– y también Clarín, habían informado sobre las irregularidades en el funcionamiento de Hotesur: su sede de la calle Lavalle 975 está inactiva; la empresa no presentó ante el Estado sus últimos estados contables; tampoco informó sobre la renovación de sus autoridades; y ni siquiera paga los impuestos de la IGJ.
El allanamiento de Hotesur ratificó una parte sensible de lo publicado: la sede de la firma registrada ante la IGJ, en Lavalle 975 piso cuatro departamento 5, está vacía y en alquiler, supo Clarín en base a fuentes que conocieron la trastienda de los distintos operativos judiciales.
El lunes 10, la diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN) había presentado una denuncia penal contra la Presidenta y el ministro de Justicia, Julio Alak, entre otros funcionarios, argumentando que el mal funcionamiento de Hotesur podría esconder la comisión de delitos de corrupción.
Stolbizer señaló en su escrito que las finanzas de los Kirchner y de Báez se entrecruzaban en el Alto Calafate.
La legisladora resume en un párrafo las sospechas que generan las irregularidades comerciales del hotel: “Ahora bien, la Presidenta declara que su participación en Hotesur SA vale 9.367.528,85 pesos al 2013. Esto es imposible de chequear, ya que no presenta balances en la IGJ desde el año 2010”.
Ayer, la IGJ emitió un comunicado después del allanamiento de la Justicia. El texto dice que ese ente “hizo entrega de la totalidad de la documentación existente en poder del organismo relativa a la firma Hotesur S.A. (originales de Constitución de la Sociedad, Reformas de Estatuto, Cambio de Domicilio y declaración Jurada Res. IGJ N°1/10), así como copia certificada de la documentación presentada en soporte digital (Balances)”.
La IGJ, comandada por Martín Cormick, de La Cámpora, no aclaró si entregó la información respecto a la designación de autoridades; y tampoco especificó a qué años pertenecen los balances que se llevó la Justicia.
Los Kirchner compraron Hotesur en el 2008. Según la información recolectada por Clarín en base a fuentes de la IGJ, la familia presidencial no habría presentado nunca los estados contables de Hotesur, que sí había cumplido con esa obligación obvia cuando la sociedad tenía otros dueños.
El único trámite que realizaron los Kirchner en la IGJ con Hotesur fue una designación de autoridades del directorio en el 2009. Fue una medida que muestra cómo se entrelazan los vínculos comerciales de la familia con Báez, y viceversa.
De acuerdo a lo estipulado por la propia compañía, las autoridades de Hotesur deberían haberse renovado cada año. No hay registro de ello en el Estado.
El diario La Nación había difundido a fines del año pasado algunas de las irregularidades en el funcionamiento de Hotesur. La IGJ emitió en ese momento un comunicado diciendo que había intimado a la empresa para que se ponga en regla. Si las autoridades mandaron esa intimación a la sede registrada en Lavalle 975 piso cuatro departamento cinco, entonces fue una carta enviada a ningún lado.
En su última declaración jurada de bienes, Cristina Kirchner afirmó que sus acciones en Hotesur valen 9.367.528,85 pesos. Sin balances entregados al Estado para estudiar el dato, esa cifra es una cuestión de fe.
Por Daniel Santoro.
UN vicepresidente con dos procesamientos, un ex secretario de Transporte con cinco procesamientos, una condena y en medio de un juicio oral y otros funcionarios K en graves problemas con la Justicia. En diciembre pasado, el juez en lo penal tributario Javier López Biscayart allanó las oficinas de Austral Construcciones, que antes parecía un bunker infranqueable para la Justicia. Y ayer el juez Bonadio, por pedido del fiscal federal Carlos Stornelli, allanó directamente a una empresa de la Presidenta que es como su patio trasero. Bonadio demostró que ya no quedan límites políticos para el avance de la Justicia en las causas por corrupción K. La única frontera que queda es la casa de Los Sauces en El Calafate, sin considerar los espacios oficiales como la Casa Rosada o la residencia de Olivos. Además, nunca antes en la historia de la democracia se registraron tantos procesamientos, causas, indagatorias contra un gobierno en ejercicio. La costumbre política era, como pasó con el ex presidente Carlos Menem en la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia y otros de sus funcionarios, esperar que dejara el cargo para procesarlo. ¿Qué está pasando en los tribunales federales de Comodoro Py? Hay tres factores para analizar. Por un lado, jueces y fiscales toman decisiones judiciales sin frenarse ante el prurito de investiduras de ministros, vicepresidentes o presidentes. Detrás de la decisión técnica hay sentimientos de resarcimiento de parte de la “familia judicial” que desde el 2008 hasta la fecha escuchó todo tipo de agravios de Cristina para abajo, e incluso una batería de leyes para “democratizar la Justicia”.
Por otro, aún está fresca la respuesta que le dio el Papa Francisco al juez Lijo cuando le comentó sobre su prudencia institucional frente a Boudou en la causa Ciccone: “Está bien ser prudentes. Pero si la prudencia se convierte en inacción, eso es cobardía ”. Un diputado opositor dijo con ironía: “Quizás la solución contra la corrupción sería contratar un vuelo charter y mandar a todos los jueces a ver al Papa”. Y el tercero, los jueces saben que en junio del año próximo comenzará la campaña electoral y la costumbre “es hacer la plancha” en las causas para no favorecer al Gobierno o a la oposición. Por lo pronto, vendrán más medidas hasta junio y luego ¿se frenarán?
Por Hernán Cappiello.
Cuando la policía abrió la puerta de la oficina del cuarto piso de Lavalle 975, sobre la peatonal, a metros de la avenida 9 de Julio, no había nadie. Sólo había un departamento vacío. Sin embargo, el lugar fue declarado oficialmente como la sede de Hotesur, la empresa donde la presidenta Cristina Kirchner es accionista y que administra Alto Calafate, uno de sus hoteles. Esa oficina donde debía funcionar la compañía de la mandataria fue allanada ayer por el juez federal Claudio Bonadio, quien también allanó la Inspección General de Justicia (IGJ) para pedir los legajos originales de esa empresa. Además le solicitó información a la AFIP sobre sus declaraciones de impuestos.
El juez Bonadio investiga anomalías registrales en Hotesur y la falta de presentación de balances de la empresa. Pero además investiga la hipótesis del lavado de dinero, dado que la firma acordó alquilar casi un millar de habitaciones al mes a Lázaro Báez durante dos años, estén o no ocupadas, según reveló LA NACION el año pasado.
La acción judicial sobre la empresa de la que Cristina Kirchner declaró tener acciones por 9.367.528,85 de pesos responde a una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer, basada en una investigación del programa de televisión Periodismo para todos, que señaló irregularidades registrales en la firma.
En concreto, se denunció que la sede de la empresa era una oficina vacía y que la firma no presenta balances desde hace años ante la IGJ, organismo público que depende del Ministerio de Justicia y que se encarga de registrar y controlar a las empresas.
Bonadio comprobó ayer, al menos parcialmente, parte de la denuncia: en la sede declarada en las oficinas de Lavalle al 900 no funcionaba nada. Sí encontró que debajo de la puerta había correspondencia comercial dirigida a la empresa que administra el hotel Alto Calafate, de esa ciudad santacruceña.
LA NACION ya había publicado el 19 de diciembre de 2013 que la IGJ protegía a Hotesur, porque no se la había sancionado a pesar de que adeuda balances, no informa quiénes integran su directorio desde hace años y sus directores incumplen la normativa contra el lavado de activos que dictó la IGJ, que obliga a detallar si algunos de ellos son "personas políticamente expuestas" (PEP).
Además, la empresa presentó su declaración jurada obligatoria de actualización de datos meses después de vencido el plazo. Y, a diferencia de lo que ocurrió con otras empresas, ni por ese incumplimiento ni por los otros fue sancionada con las multas previstas.
En la causa de Bonadio, el fiscal Carlos Stornelli había impulsado la acción y el pedido medidas de prueba. Pero la investigación judicial no sólo tiene por objeto corroborar un incumplimiento formal de las normas registrales, sino que además el juez Bonadio analizará la consistencia de la información económica que surja de los balances, comparada con la de la facturación y las declaraciones impositivas de la empresa, dijeron fuentes judiciales.
LA NACION reveló a fin del año pasado que siete compañías del empresario kirchnerista Lázaro Báez, por medio de la firma Valle Mitre, suscribieron acuerdos confidenciales y retroactivos por los que alquiló y pagó 935 habitaciones por mes a las empresas de la Presidenta, durante 2010 y 2011, sin importar si se ocupaban o no, ni si se trataba de temporada alta o baja. Así, y sólo por el Alto Calafate, el matrimonio presidencial recaudó más de $ 10,1 millones de Báez. De ese monto, más $ 6,3 millones correspondieron a 2010 y $ 3,7 millones al año siguiente, cuando ya había fallecido el ex presidente Néstor Kirchner. Por eso ayer un funcionario judicial con cinco hombres de la Policía Metropolitana y testigos se apersonaron en la AFIP para buscar la información económica de la empresa allí depositada. El juez les dio 48 horas para entregarla. Bonadio analizará los balances y si hay lavado de dinero en el alquiler de las habitaciones.
Paralelamente, otra brigada fue a la IGJ, donde ayer a la tarde buscaban los legajos de Hotesur. Allí hay mas irregularidades: la empresa adeuda presentación de balances, conformación societaria y tasas, correspondientes a los ejercicios 2011, 2012 y 2013.
En tanto, la última designación de directorio corresponde a una asamblea que se celebró en noviembre de 2008, con mandato hasta la asamblea que debía tratar el ejercicio con cierre el 31 de octubre de 2009. Esa asamblea designó a una sobrina de los Kirchner -la fiscal Romina Mercado- y a un socio del ex presidente en la inmobiliaria, Osvaldo Sanfelice, además de Adrián Berni -el máximo ejecutivo de Lázaro Báez en Valle Mitre- y otros hombres del entorno compartido por ambos: Alejandro Fermín Ruiz, Patricio Pereyra Arandia y Roberto Saldivia.
Según el estatuto interno de Hotesur, sus directorios se conforman con mandatos por tres años, pero aun así durante sus primeros ejercicios los renovaron cada año. De ese modo, si desde 2009 mantuvieron la tradición de conformarlos cada 12 meses, la sociedad no informó sus cuatro últimos directorios. Y si pasó a cambiarlos cada tres años, faltan dos: el de 2009 y el de 2012.
