Un informe del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) de Brasil, que depende del ministerio de Economía, indicó que empresas y personas investigadas en el marco de la operación Lava Jato (Lavado Express), que sacó a la luz una gigantesca red de corrupción en la estatal Petrobras, realizaron transacciones atípicas por unos 23.700 millones de reales (u$s 9.164 millones) entre 2011 y 2014, según informó ayer el diario O Globo.
El organismo produjo 108 informes con alertas sobres posibles irregularidades en los movimientos financieros del ex director de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa, del cambista Alberto Youssef, ambos presos, entre otras personas y compañías acusadas por sus vínculos de negocios non sanctos con Petrobras.
Los informes del Coaf dieron origen a la investigación que abrió la Policía Federal y la Fiscalía de Brasil en marzo pasado y que el viernes derivó en la detención de 24 personas -entre ellos directivos de constructoras como OAS, Camargo Correa, Queiroz Galvao y Engevix y el ex director de Servicios de la petrolera Renato Duque, a quién un juez acusó ayer de tener una fortuna en cuentas secretas en el exterior producto de las coimas en Petrobras.
"Cuando vemos que hay algo extraño mandamos los informes a la Policía Federal y a la Fiscalía. La investigación criminal debe constatar si hubo delitos", dijo a O Globo el presidente del Coaf, Antonio Gustavo Rodrigues. El organismo fue el mismo que lanzó las primeras advertencias que luego derivaron en el escándalo del mensalao, como se conoció al esquema de sobornos a legisladores a cambio de su voto favorable en el Congreso durante el primer gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
El Coaf apuntó que solo en dinero en efectivo se movilizaron en los últimos años u$s 350,6 millones.
La operación Lava-Jato develó el pago de coimas de las principales constructoras de Brasil a partidos políticos y legisladores a cambio de contratos con la empresa más grande del país. Las irregularidades vendrían ocurriendo hace más de una década. Algunos de los detenidos firmaron acuerdos de delación premiada para reducir sus penas a cambio de información que permita avanzar para dilucidar el caso.
El presidente del Tribunal de Cuentas de Brasil, Augusto Nardes, dijo que los números indican que se trata del mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil.
La investigación preocupa a la presidenta Dilma Rousseff, reelecta en octubre, porque involucra al Partido de los Trabajadores (PT) y agrupaciones aliadas al gobierno, que habrían utilizado parte del dinero desviado para financiarse.
La mandataria, que presidió el consejo de administración de Petrobras entre 2003 y 2010, pero no existen pruebas de que tenga vínculos con la red de corrupción, dijo hace algunos días que la investigación "va a cambiar a Brasil para siempre" porque vamos a terminar con la impunidad".