Por Alieto Guadagni.
Cada uno se forma una opinión acerca de la realidad que lo rodea por la observación de lo que ve todos los días. Pero claro, esto no alcanza ya que uno no puede observar directamente todo lo que pasa y por eso necesita mirar las estadísticas.
Nuestro INDEC tiene a su cargo esta importante tarea, por eso hace pocos días nos informó que el desempleo en todos aglomerados urbanos de Argentina trepo al 7,5% de la población activa en el tercer trimestre de este año. Esto significa un moderado aumento sobre el desempleo registrado un año antes, que se ubicaba entonces en 6,8%.
El caso es que las cifras del INDEC sobre el Chaco llaman mucho la atención, ya que es una extraordinaria provincia con nada de desocupación (apenas 0,2%). Es una cifra realmente espectacular, que por lejos es la más baja del mundo, ya que en el mundo todas las cifras de desocupación están por arriba del 3%. Según la Oficina Internacional del Trabajo la menor desocupación mundial está en Corea (3,2%).
El Chaco tiene, según nuestro INDEC, una extraordinaria mínima desocupación del 0,2% mientras que, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires la desocupación llega al 7,9%, en Rio Cuarto al 8,7%, en Paraná al 6,6% y en Córdoba al 11,6%. Realmente es un milagro mundial esta mínima desocupación del 0,2 en el Chaco ya que, además según INDEC, la desocupación aumento un poco en todo el país durante el último año, menos en esta provincia donde por el contrario, en un desarrollo espectacular bajo del 0,6 al 0,2%.
Claro que el asombro aumenta aún más cuando el INDEC nos informa que en los aglomerados urbanos del país esta empleado el 41,3% de toda la población, con marcas elevadas del 44,9% en Rio Cuarto, 43,8% en Tucumán y 43,3% en Paraná y Córdoba.. Ahora nuevamente el Chaco nos sorprende con sus cifras, ya que el INDEC nos cuenta que en esta provincia cada vez trabaja menos gente, 30,2% hace un año y ahora apenas el 27,5% de la población. Se trata por mucho, del valor más bajo de todo el país y del mundo. Si se cruza el rio Paraná, en la otra orilla correntina tenemos que ahí trabaja el 38% de la población.
Todo esto puede confundir al lector, ya que según las estadísticas oficiales estamos en una provincia donde muy poca gente trabaja, pero nadie está desocupado. Es un verdadero milagro, ¿o será que algunas de estas cifras (todas oficiales) no reflejan la realidad y son publicadas suponiendo que es fácil engañarnos?
Por Carlos Pagni.
Hoy a las 18 en la plaza San Martín, de Rosario, se hará una marcha con el lema "Para que no nos silencien". Fue convocada por el Sindicato de Prensa de esa ciudad como una demostración de solidaridad con el corresponsal de LA NACIÓN Germán de los Santos, que fue amenazado de muerte a raíz de sus investigaciones sobre la expansión del narcotráfico . La manifestación pretende también llamar la atención del Gobierno y de la sociedad sobre las penosas consecuencias a las que están expuestos los que dan a conocer el comportamiento de las mafias.
Esta concentración rosarina plantea una ruptura. No es algo habitual. Tampoco lo son las deliberaciones que se llevan a cabo en la Redacción de LA NACIÓN para encontrar la fórmula que permita seguir informando sobre las organizaciones criminales sin poner en peligro a los periodistas. Los cambios de época se los percibe mejor cuando ya se consumaron.
Contra el telón de fondo de algunos antecedentes, las advertencias a De los Santos, la movilización de Rosario o las estrategias que debe encontrar un periodismo amenazado para seguir siendo fiel al propio oficio, quizá resulten menos asombrosas.
El 9 de julio del año pasado murió bajo las balas del grupo Halcón de la policía bonaerense un investigador del narcotráfico de la ex SIDE, Pedro Viale, el "Lauchón". Sobre ese episodio se han urdido mil teorías. Lo único objetivo es que la Secretaría de Inteligencia se presentó como querellante en la causa judicial que se abrió por esa muerte. Para que quede más claro: la Secretaría de Inteligencia, que conducen Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher, acusa a la policía bonaerense, que conducen Daniel Scioli y el comisario Gabriel Matzkin, de haber asesinado a uno de sus agentes, responsable de la lucha contra el tráfico de drogas. La casualidad quiso que Icazuriaga, Larcher y Scioli pertenezcan a la misma organización: el Frente para la Victoria.
Durante siete años, el organismo de lucha contra el narcotráfico fue dirigido por José Ramón Granero, a quien María Servini de Cubría procesó porque, por culpa de sus sospechosas negligencias, ingresaron en la Argentina 1900 kilos de efedrina. Ese tráfico salpica a los hermanos Zacarías, que pertenecen al entorno de los Kirchner desde hace casi treinta años. Dos de ellos, Rubén y Luis, trabajaron desde 2003 en la oficina de protocolo de la Presidenta.
Las droguerías traficantes de efedrina fueron los principales mecenas de Cristina Kirchner en su primera campaña presidencial. El recaudador de esa campaña, Héctor Capaccioli, era el encargado de controlar a esas empresas como superintendente de Salud. El juez Norberto Oyarbide sobreseyó a Capaccioli. Pero Ariel Lijo lo llamó a indagatoria cuando los peritos de la Corte Suprema indicaron que el financiamiento de la candidatura de la Presidenta habría facilitado el lavado de dinero.
Hace más de un mes que no aparece el financista Damián Stefanini, en cuyo curriculum figura haber cambiado cheques a traficantes de efedrina, según el expediente judicial del triple crimen de General Rodríguez de hace seis años. En el submundo financiero afirman que Stefanini fue también uno de los cambistas a los que recurría Sergio Schoklender cuando administraba el programa "Sueños Compartidos", que Néstor Kirchner había confiado a Hebe de Bonafini .
La investigación del dinero ilegal es una de las claves para acorralar al narcotráfico. Una de las principales responsables de esa tarea es la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Más allá de que su nombre propone una clasificación extraña, para la cual el lavado no sería un crimen, la Procelac se concentra hoy en perseguir a los capitales legales más que a los ilegales.
Esa oficina, que depende de la procuradora, Alejandra Gils Carbó , lidera una maquinaria entre cuyos engranajes están la AFIP, la UIF, la CNV y el Banco Central. Esta escuadra se ha propuesto impedir las operaciones de contado con liquidación (CCL), que consisten en exportar o importar dólares a través de la compraventa de bonos. Esas transacciones se realizan en el circuito formal, quedan registradas y obligan al pago de impuestos. Su legalidad fue ratificada por la Justicia el 16 de mayo pasado en la causa "BBVA Banco Francés SA". Además, muchos empresarios recurrieron a ese mecanismo por recomendación de Axel Kicillof . Un importante desarrollador inmobiliario recuerda que, ante un pedido de dólares para importar equipos, el ministro le respondió: "Ni loco te apruebo eso; andá al contado con liqui".
La persecución de quienes operaban en ese mercado comenzó cuando Kicillof apostó al terror para controlar la caída de reservas. El primer paso fue echar del Central a Juan Carlos Fábrega, quien se reincorporó a la vida social el domingo pasado, asistiendo en la platea del Monumental al encuentro River-Olimpo. ¿Habrá visto que casi pegado a él estaba el banquero Jorge Brito?
Instalado Alejandro Vanoli en el Central, comenzó el acoso: cierre de sociedades de Bolsa, envío de la Gendarmería a los bancos -dos de ellos, de gran prestigio internacional, fueron allanados por los movimientos de una editorial-, irrupción en el domicilio de un cambista de Puerto Madero y, en una interpretación esotérica sobre el funcionamiento del mercado financiero, clausura de una sandwichería de la calle Sarmiento.
Esta terapia ya dio malos resultados en Venezuela. Allí es imposible emitir un tuit con el precio del dólar paralelo desde un dominio radicado en el país. Pero la brecha igual alcanzó el 1000%.
Sería interesantísimo que la Presidenta y sus colaboradores se empeñaran en sancionar la circulación de dinero negro con el mismo ahínco con que controlan la de dinero legal. La penalización de los fondos delictivos es una de las barreras más severas para el narcotráfico. Es llamativo que el oficialismo prohíba el ingreso de dólares blancos mediante el contado con liquidación, pero aliente la llegada de dólares negros a través de los cedines. Porque, como recordó el presunto narcotraficante colombiano Jesús Yepes Gaviria, "el blanqueo no lo inventé yo, lo inventó el gobierno".
La misma Gils Carbó, que hostiga a los banqueros por sus operaciones regulares, pidió la hoguera para el fiscal José María Campagnoli por preguntar por los fondos que Lázaro Báez mandaba al exterior con la colaboración del estrafalario Leonardo Fariña . El ex esposo de Karina Jelinek se postuló en diciembre de 2009 para adquirir las acciones de Telecom en Telecom Italia a través del fondo Geneviève que, según informó a Milán, manejaba "plata de Kirchner".
Tal vez sea comprensible que alguien que alquiló durante un año las habitaciones de sus hoteles a un contratista de obra pública que no las ocuparía, no tenga vocación por investigar cómo se mueven los fondos ilegales. No es la única práctica sospechosa que rodea a la Presidenta y su familia. La justicia de Nevada investiga si, como suponen los holdouts de NML, existe alguna conexión entre los Kirchner, Lázaro Báez y la firma Val de Loire. Esa empresa es socia de Cristóbal López en el casino del Hipódromo de Palermo. El feriado del 31 de diciembre de 2007 se publicó un decreto firmado por Néstor Kirchner, Alberto Fernández y Alicia Kirchner, que extendía la concesión de esa sala de apuestas de 2017 a 2032.
El manager de Val de Loire es Edmund Ward quien, según los registros de Nevada, aparece en numerosas sociedades radicadas en Panamá y nacionalizadas en ese paraíso del juego de los Estados Unidos. Una de ellas se denomina Queenside Commercial Corp. La magia del azar.
Ayer, al explicar su ruptura con UNEN, Elisa Carrió se refirió tres veces al narcotráfico. Dijo que Hermes Binner debe explicar ese fenómeno en Rosario; que Julio Cobos tal vez esté condicionado por el financiamiento de la efedrina, ya que en aquella campaña secundaba a Cristina Kirchner, y, lo más grave, que Sergio Massa previno a un cártel de la droga de un allanamiento.
Carrió, que siempre personaliza los conflictos, acostumbra a mandar a sus rivales al infierno de los narcos. Que lo diga, si no, Eduardo Duhalde. Esa inclinación tan recurrente quizá banalice un problema delicado. Sin embargo, la expansión de ese delito es vista como una deformación cada vez más habitual también desde fuera del país. Basta leer el informe que Douglas Farah, investigador del International Assesment and Strategy Center de los Estados Unidos, publicó el mes pasado (http://www.strategycenter.net/docLib/20141018_Farah_LookingGlass_1014.pdf), con un título durísimo: "A través del espejo: narcocorrupción y menoscabo del imperio de la ley en el gobierno de Cristina Kirchner".
Desde el dossier de Farah hasta la manifestación de hoy en Rosario, hay muchas evidencias para percibir algo siniestro, en el sentido que Freud daba a esa palabra: aquello que transforma lo familiar en espantoso..
Por Guillermo Kohan.
Hace tres años, durante la campaña electoral y antes que Cristina Kirchner ganara con el contundente 54% de los votos, una ex secretaria de Estado que trabajaba fielmente a las órdenes de otro alto funcionario, hoy en misión diplomática, le comentó a este periodista: "Vas a ver: Ahora, los que se van a tener que ir del país son los que nos persiguieron con los militares desde el golpe del 76". Mirando la radicalización del Gobierno contra el mundo económico, la creciente represión y persecución al mercado cambiario, las medidas de ajuste contra la clase media, o la política permanente para perjudicar a los productores agropecuarios; por momentos parecería que en lugar de Gobernar, la administración Cristina está gerenciando una venganza.
Por no mencionar las reformas e instrucciones que se impusieron estos años desde el poder político para jueces penales y fuerzas de seguridad, lo que ha sumido a la población urbana en las más absoluta desprotección frente a la delincuencia cada vez más desaforada.
El panorama es inquietante de cara a los 12 meses que aún le quedan a la Presidenta en el pleno ejercicio de su mandato. Los sectores de izquierda más radicalizados contra las empresas y la libertad económica que hoy controlan resortes decisivos del poder regulador del Estado no parecen dispuestos a abandonar pacíficamente el poder. Muchas veces en la historia se confirmó que los peores abusos de Estado en un régimen autoritario suelen suceder en la despedida del poder.
Organizaciones políticas como La Cámpora, Unidos y Organizados, o las agrupaciones que defienden a las víctimas de la última dictadura militar, ¿aceptarán a Daniel Scioli como el sucesor de Cristina? Y si ganara Scioli las próximas elecciones, ¿lo dejarán gobernar con libertad y volver a la racionalidad económica? O ante el primer desencuentro lo amenazarán con abandonar la Plaza de Mayo como en 1974 y volver a la calle a hacer lo que haya que hacer para retomar el Gobierno. Es la estrategia que, de manera textual, anticipó Máximo Kirchner en su mensaje a la militancia en Argentinos Juniors semanas atrás. Ni pensar si los ganadores fueran Mauricio Macri o Sergio Massa.
Ninguno de los tres, ni Scioli, ni Massa, ni Macri, parecen hoy con la capacidad para unificar al peronismo tradicional y enfrentar a los herederos del PJ revolucionario de los 70. El gobernador de Buenos Aires pide en privado que no lo subestimen. Una vez que gane, dicen sus acólitos, Daniel es Daniel. Acepta que hoy sin el apoyo de Cristina y La Cámpora su situación electoral se debilita en primera vuelta, pero sabe al mismo tiempo que con esos socios, con un Axel Kiciloff en la fórmula, difícilmente pueda ganar un ballotage.
Sergio Massa se siente más cómodo ante el desafío. Ya convocó con éxito a parte del PJ contra Cristina en 2013 y trabaja para que los electores desconformes lo prefieran como el garante de un gran acuerdo del PJ y la UCR que permita consolidar mucho poder político en el futuro para frenar el modelo venezolano que, según él, eligió la Presidenta. De allí que celebre la fractura que se anticipa entre radicales y frentistas de FAUnen. Un sector podrá irse con Macri, otros se acercan cada vez más a Tigre.
En verdad, la verdadera disputa en la oposición es quién terminará liderando el voto útil contra el Gobierno. Ante la fractura inminente en la UCR, Elisa Carrió se anticipó para tratar de llevarse a un sector junto a Mauricio Macri. El jefe de Gobierno porteño encontró, a la vez, una aliada en su disputa contra Massa. La doctora Carrió, en los medios, se ocupa más de demonizar a Massa que de cuestionar al Gobierno. Lo acusa al ex intendente de Tigre de vínculos con el narcotráfico, la misma bajeza de la que se valía el kirchnerismo para enlodar opositores. Macri, se sabe, aspira a que el electorado quiera terminar con todo: con los radicales y con los peronistas. Si la economía se estabiliza y el mandato de Cristina termina sin un desastre financiero, no está tan claro que la gente vote para que se vayan todos, menos Macri. También es posible lo que ayer apuntaban con tirria los massistas. "Tarde o temprano, también Mauricio va a tener que fumarse a la Carrio", apuntaba un intendente del Frente Renovador.
Todas estas especulaciones circulan a gran velocidad en los directorios de bancos y empresas. En las entidades financieras, los operadores están escondidos bajo el agua, con una cánula que les permita respirar sin que los vean. Prácticamente paralizado el mercado de cambios para la plata grande, un operador de Bolsa se sinceraba con este periodista: "Nadie sale de la casa. No tiene sentido correr ahora el riesgo de tratar de cruzar a Berlín occidental, si sabés que en 12 meses derriban el muro cuando termine este gobierno".
Los bancos avisan a las empresas que todos los días la Comisión Nacional de Valores los obliga a informar el listado de empresas que operaron comprando bonos para girarlos afuera con el mecanismo del contado con liquidación. Ante la persecución y las amenazas, las empresas se retiraron y esperan. Hoy la operatoria de bonos es 20% en volumen de lo que se verificaba 30 días atrás. Nadie quiere un sumario, mucho menos una causa penal que puede durar 10 años en Tribunales.
Y todos esperan a enero para observar si el Gobierno retoma la negociación externa. Con el auxilio de China y otros bancos centrales, más la profundización del cepo a las importaciones, el Gobierno puede llegar con u$s 28.000 millones contabilizados como reservas. Un oxígeno que hasta podría tentar a las autoridades a seguir la batalla contra los acreedores, ante la dificultad de un acuerdo que no parece sencillo si el Gobierno, como ha ratificado hasta ahora, se niega a cumplir la sentencia firme de la justicia de Nueva York.
Aparece ahora una nueva tentación. Expertos financieros, ligados a los bancos, le están sugiriendo al ministro Kicillof que directamente emita nuevas series de bonos en dólares 2024 (Bonar 24) con el mecanismo que ya se utilizó en la emisión del Bonar X (Argentina 2017). Que se autorice el ingreso de dólares del exterior sin cepo para suscribir títulos dolarizados bajo ley argentina. Hoy el Argentina 24, bajo ley local, rinde menos de 10%. Es decir que con cepo exceptuado a la Chevron, y aún en guerra con los buitres y el juez Tomás Griessa, el país podría obtener dólares frescos para seguir peleando. Todo vale para un Gobierno que percibe la administración como el libramiento de una batalla. O peor: la organización de una venganza.
Por Luis Secco*.
Desde que Axel Kicillof asumió como ministro de Economía, hace ya un año, se encargó muchas veces de desmentir ideas o argumentos que se le adjudicaban, o insinuó que los medios de comunicación las habían reproducido fuera de contexto. Lo único que nunca negó, y que repite una y otra vez, es que su receta para salir de la recesión pasa por el aumento del gasto público. Kicillof es un gastomaníaco convencido. Aunque claramente no está solo en su cruzada.
Está tan convencido que justifica además que ese gasto se financie casi exclusivamente afectando el balance del Banco Central. De allí su sistemática prédica a favor de la hipótesis de que la emisión monetaria nada tiene que ver con la inflación. Otra cruzada, por cierto, en la que tampoco está solo.
En efecto, los últimos ocho ministros de Economía acompañaron la gastomanía de los presidentes Néstor y Cristina Kirchner. De la misma manera, los últimos cuatro presidentes del Central aceptaron no sólo la convalidación monetaria de tasas de inflación crecientes, sino también la utilización de las reservas del BCRA para pagar la deuda del Tesoro (unos 50.000 millones de dólares que ya no están y que fueron cambiados por pagarés, llamados Letras Intransferibles del Tesoro Nacional).
Kicillof no sólo dijo que la receta para salir de la recesión es gastar más, sino que lo llevó a la práctica. Según datos conocidos ayer, en los primeros nueve meses del año, el sector público nacional registró un déficit primario (sin transferencias de utilidades desde el BCRA) de $ 64.719 millones, más de cuatro veces superior al desequilibrio observado en idéntico período de 2013 ($ 15.244 millones). Ese deterioro se explica por un crecimiento del gasto que excede en diez puntos porcentuales el crecimiento de los recursos: el gasto sin intereses creció a una tasa anual promedio del 44%, mientras que los recursos tributarios lo hicieron al 34,2% anual.
El gasto público vino acelerando su tasa de crecimiento, y en la actualidad se ubica en niveles similares a las que existían cuando Néstor Kirchner le servía en bandeja la presidencia a Cristina Kirchner. Claro que en aquel entonces la inflación no era del 40% como lo es hoy y, por lo tanto, los efectos reales de aquel gasto eran muy superiores a los actuales. Ése es el problema principal que generan el empecinamiento y la pulsión que siente el Gobierno por aumentar el gasto. Aunque se empeñe, los efectos reales del gasto público seguirán siendo prácticamente nulos. Inexorablemente la inflación seguirá convergiendo a la tasa de aumento del gasto generando incluso efectos contrarios a los buscados. Esto como consecuencia de la incertidumbre que produce el permanente deterioro del balance del BCRA.
Es probable que el Gobierno especule con la posibilidad de financiar parte del aumento del gasto sin recurrir al balance del BCRA. Una alternativa es la emisión de títulos ajustables por el dólar oficial, como las realizadas recientemente. Otra consiste en la posibilidad de acceder al mercado internacional, una vez que se resuelva la saga holdouts y se logre salir del default. Pero tanto una como otra fuente de financiamiento resultarán insuficientes y se agotarán rápidamente como alternativa a usar el balance del BCRA, en la medida en que el gasto continúe acelerándose tal como lo viene haciendo en el último año y medio.
Otros especulan con la posibilidad que el Gobierno finalmente acepte que el descontrol fiscal compromete la estabilidad cambiaria y monetaria, y que con ello pone en riesgo sus posibilidades electorales. Pero esto es pedirle al kirchnerismo que vaya en contra de sus creencias. Porque si de algo está convencido es de que el rol central del Estado en la economía es la redistribución del ingreso y que esa redistribución se hace a través del gasto y de las empresas públicas.
Hoy, muchos opositores, entre ellos gobernadores, intendentes y candidatos presidenciales, parecen compartir la pasión por gastar, y hasta parecen querer correr al Gobierno por izquierda, prometiendo más gasto público. Parecen no darse cuenta de que la gastomanía y el descontrol fiscal de los últimos años ya superaron el límite de lo social y económicamente tolerable.
*El autor es economista