Por Miguel Angel Toma*.

Con ocasión de la visita a la Argentina del mandatario chino Xi Jinping, la presidente Cristina Fernández firmó un acuerdo por el cual se perfecciona y viabiliza el permiso a China para construir instalaciones sobre un predio de doscientas hectáreas destinadas a la exploración espacial, en el paraje de la provincia de Neuquén, llamado Bajada del Agrio. El gobierno remitió al Senado para su aprobación el texto del acuerdo, pero omitió a informar sobre una serie de “anexos reservados” donde constan detalles que provocaron fuertes reacciones y sospechas por parte de la oposición e incluso de legisladores oficialistas.

El acuerdo contempla:

a.- Cesión de soberanía territorial sobre ese predio por cincuenta años a través de la empresa estatal Satélite Launch and Tracking Control General (CLTC), quien operará dicha estación la que contará con “una red de telemetría, seguimiento y comando de la actividad espacial”;

b.- La CONAE solo podrá utilizar un diez por ciento del tiempo disponible para desarrollar sus propias actividades de investigación;

c.- El personal de dicha planta se regirá por las leyes chinas y no se explicita si será civil o también participarán militares;

d.- Se exime al gobierno chino del pago de “todo impuesto y/o derecho aduanero, de los impuestos internos así como de los impuestas nacionales, incluido el IVA;

e.- La Argentina no podrá interferir, controlar ni interrumpir las actividades vinculadas a la instalación y operación de la planta y facilitará los permisos de ingreso y/o omisión de visas al personal chino;

f.- La instalación de la antena satelital de dicha estación estará exclusivamente bajo el seguimiento y comando del gobierno y la empresa china;

g.- Tanto el predio como las instalaciones, serán custodiadas externamente por la Gendarmería Nacional y serán de acceso restringido y mediante autorización expresa.

La empresa CLTC depende del Departamento General de Armamento y de la Comisión Central Militar del Ejército Popular de Liberación de China y está vinculada con el Centro Nacional de Control y Seguimiento Misilístico del Espacio de dicho país.

Existen, a su vez, fuertes indicios de que el Director de CLTC es también jefe militar del Departamento de Armamento General del ejército.

Son crecientes las presiones del gobierno chino para la rápida ratificación del acuerdo, dado que de no producirse puede quedar trunco, argumentando que ellos ya han cumplido con el giro de cerca de ochocientos millones de dólares por medio de swaps y avanzan en los aspectos técnicos para la construcción de dos represas en la Patagonia.

En la elaboración de este acuerdo no participó el Ministerio de Defensa ni fueron consultadas las autoridades militares especializadas en este tema. Fuentes castrenses, extraoficialmente han manifestado su preocupación pues sostienen que la tecnología utilizada es de aplicación dual, es decir sirve también para el seguimiento y control de misiles, o sea vehículos de uso exclusivamente militar.

A la creciente presencia china en la economía y el sector financiero argentino se le agrega ahora el componente científico y militar interpretándose esta cesión de soberanía como la contrapartida de la asistencia financiera para incrementar el nivel de reservas que le permitan al gobierno “puentear” las restricciones sobrevinientes al default, producto de su incapacidad para prevenir y resolver exitosamente el conflicto con los fondos buitres.

Igualmente peligroso en el plano estratégico es el riesgo de revertir la situación de “zona de paz” de nuestra región, colocándola en el centro de la disputa geopolítica que caracteriza al siglo XXI entre el bloque occidental y China, en la que nadie puedeasegurar que no conlleva el riesgo de la competencia y el enfrentamiento en el plano militar.

Esta decisión también coloca a esas instalaciones, y por ende a nuestro país, como objetivo de inteligencia de países limítrofes –en especial Chile- y de otras naciones occidentales en tanto constituyen potenciales amenazas a su seguridad por lo mencionado anteriormente.

En síntesis, estamos frente a una decisión subordinada a los intereses inmediatos y subalternos de un gobierno en crisis que no titubea en enajenar soberanía ni empujarnos a un realineamiento internacional que no es producto de un elaborado y consensuado pensamiento estratégico, sino de la conveniencia y necesidad de quienes ejercen circunstancialmente el poder.

*Miguel Angel Toma fue Secretario de Inteligencia y diputado nacional