El presidente del Bloque de Diputados de la UCR, Martín Hernández formalizó ayer en sede federal, una denuncia penal, firmada por todos los diputados de su bancada, contra funcionarios provinciales y nacionales vinculados a la gestión, promoción y firmantes de actos administrativos tendientes a radicar la planta procesadora de uranio en el territorio formoseño.

La presentación se formalizó en sede penal del juzgado federal con asiento en Formosa, toda vez que La Ley Nacional de la Actividad Nuclear Nº 24.804 establece la competencia federal para entender en esta denuncia; y reclamamos que se investigue la responsabilidad penal de funcionarios del gobierno provincial, y de funcionarios nacionales vinculados con la Comisión Nacional de Energía Atómica, y de autoridades de la empresa DIOXITEK por haber violado leyes que expresamente prohíben la radicación de dicha empresa en nuestro territorio.

Han atropellado todo, en un conducta propia de la CNEA, que tiene un nefasto prontuario ambiental, y que con la vista cómplice de la Autoridad Regulatoria Nacional y la venía del gobernador de la provincia de Formosa y todos los funcionarios que han intervenido en los actos administrativos, pretenden localizarla en nuestro territorio cuando saben perfectamente bien que no se puede, y tan es así, que por eso han derogado vergonzosamente la Ley 815 que así lo establecía, aún cuando el accionar antijurídico se cometió en vigencia de aquella ley.

Esta denuncia que la vamos a ampliar en los próximos días, no solo en cuanto a sus fundamentos, sino también en cuanto a los sujetos a investigar y también pruebas que estamos gestionando. Pedimos constituirnos como querellantes para poder requerir todas las pruebas tendientes a acreditar que esto se trata de un “negocio ilegal”, diferente al “negocio” del que habla Insfrán. 

En todo el proceso, Insfrán, sus funcionarios provinciales vinculados a esta decisión política, los funcionarios de la CNEA, las autoridades de DIOXITEK, han violado la Ley 1060 y la Ley 815 por pretender instalar una planta prohibida por dichas leyes, además de violar el Convenio 169 de la OIT (con rango constitucional) y también en otro aspecto la Ley1060 en cuanto a protección de áreas especiales, tales como la Biosfera. 

Se enojan y se ponen nerviosos cuando hablamos de negociado, e inclusive pretenden sanciones para que nadie se atreva a hablar del tema, pero olvidan que la Ley debe ser igual para todos, y que no hay negocio que justifique su violación. Ahora está en manos de la Justicia Federal, que vayan y expliquen allí su teoría de transgredir leyes para hacer un negocio.