Por Daniel Santoro.
El dueño de Austral Construcciones y socio de la presidenta Cristina Kirchner, Lázaro Báez, puso una de sus cuentas bancarias en Suiza a nombre de una fundación trucha. En esta sociedad sin fines de lucro, él figura como presidente y sus cuatro hijos Martín Antonio (33 años), Leandro Antonio (23), Luciana Sabrina (34) y Melina Soledad (22 años) como directores.
La cuenta de la fundación en un banco suizo, cuya denominación se desconoce hasta ahora, está bloqueada por la justicia suiza junto a otras dos que figuran a nombre de compañías de cartón y todas tienen en total 22 millones de dólares. El embargo judicial también incluye cajas de seguridad a nombre de los imputados y “voluminosa documentación”. Las cajas de seguridad se usan para guardar documentos sensibles o piedras preciosas.
Estos nuevos datos están contenidos en dos fallos de la justicia suiza a los que accedió Clarín en exclusiva. Estos también dicen que en la cuenta a nombre de la Fundación entraron 15 millones de dólares entre enero y febrero del 2012 “a través de pequeñas transferencias”. Generalmente, las operaciones de lavado de dinero se realizan con cuenta gotas para no levantar sospechas.
Como la causa suiza está bajo secreto de sumario, esos fallos de carácter público omiten los nombres de los imputados y solo los identifican con letras. Por ejemplo, uno de los fallos dice que el fiscal suizo ordenó la inmovilización de estos fondos “incluyendo las cajas de seguridad de (C) y sus hijos (F, H, I y J)”. Con esas letras se refiere a Báez y sus cuatro hijos.
El fallo que rechazó el pedido de los abogados de Báez de levantar el bloqueo precisa también que hay un “administrador” que podría ser la empresa de fondos fiduciarios Helvetic Services Group que maneja el enigmático cordobés Néstor Ramos.
Hasta ahora solo está imputado Martín, el hijo varón mayor, en la causa por lavado de dinero que investiga el juez federal Sebastián Casanello en Argentina. En este expediente, la diputada de Confianza Pública, Graciela Ocaña, entregará hoy la copia de los dos fallos y pedirá una serie de pruebas.
Ocaña adelantó a Clarín que le solicitará al juez que certifique si Báez declaró estas cuentas a la AFIP y si éste organismo ya abrió, como corresponde, un sumario administrativo para averiguar si hubo, además, evasión fiscal. La legisladora porteña, junto al diputado radical Manuel Garrido, fueron los denunciantes originales de la causa abierta en Suiza.
El programa de TV de Jorge Lanata reveló el año pasado que Martín Báez abrió una cuenta a nombre de la empresa de Belice llamada Teegan donde hubo, por lo menos, un depósito de US$ 1,5 millones en Lombard Odier de Lugano.
Clarín, por su parte, reveló que hay en Suiza dos cuentas a nombre de las empresas fantasma uruguaya Debruk y de la panameña Resen Corp que son parte de la ruta del dinero K. Están en los bancos Schroder & Co Bank AG de Zurich y en el AGI Private Bank de Zurich, respectivamente, pero no se sabe quién las maneja por el secreto bancario. Una tercera la controla el financista histórico y dueño de Invernest Ernesto Clarens, está en el banco Pictet & Cie de Ginebra y a nombre de la empresa norteamericana Kerry Consultants.
El ex dueño de SGI “La Rosadita” tuvo movimientos financieros con la cuenta de Debruk desde sus cuentas en el Ocean Bank de Miami y en el JP Morgan de Nueva York.
Los fallos hablan de “tres cuentas” bloqueadas. Una es la de Teegan de Martín Báez, otra de la fundación descubierta ahora y la tercera podría ser una de las tres a nombres de Debruk, Resen o Kerry.
En medios judiciales, llamó la atención que los fallos suizos reproducen argumentos del abogado de Báez, Mauricie Harari -uno de los más costosos de Suiza- afirmando que el juez Casanello “probablemente” no hará un segundo pedido de intercambio de información sobre el caso Báez luego de que fracasara el año pasado el primero. Sin embargo, el juez insistió este año con ese pedido de cooperación judicial clave para que estos datos puedan eventualmente entrar al expediente argentino.
Llamativamente, Harari es el mismo abogado que defendió al secretario privado de Carlos Menem, Ramón Hernández, quien manejaba en el 2001 una cuenta en Suiza a nombre de la fundación Red Spark con 6 millones de dólares. En el mercado financiero negro, se usan fundaciones fantasma para pagar menos impuestos al Fisco suizo.
Cuando asumió Néstor Kirchner en el 2003, por consejo de su ministro de Justicia Gustavo Beliz, contrató a un abogado suizo para que pida se levante el secretario bancario sobre la cuenta de Hernández. El final fue oscuro: Kirchner echó a Beliz luego de que éste denunciara a la SIDE y la Justicia suiza cerró la causa contra el secretario de Menem. ¿Con Báez pasará lo mismo que con Ramoncito?
Por Lucio Fernández Moores.
La Justicia apuntó en una causa penal a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto delito en la actualización de datos de la firma Hotesur, que explota el Hotel Alto Calafate y de la que ella es accionista, según surge de su declaración jurada de bienes.
Así lo dijeron ayer fuentes judiciales al informar que el fiscal Carlos Stornelli formuló el correspondiente requerimiento de instrucción ante el juez Claudio Bonadio para abrir una causa penal. El pedido del fiscal es raíz de la denuncia formulada, la semana pasada, por la diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN-UNEN) por la situación de esta firma. Por ello, técnicamente la Presidenta estaría ahora en la condición de imputada.
La legisladora la había denunciado por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público junto con el ministro de Justicia, Julio Alak, y funcionarios no identificados de la Inspección General de Justicia (IGJ).
Stolbizer había denunciado que Hotesur -la misma firma que le alquiló miles de habitaciones para empleados de las empresas de Lázaro Báez en una presunta maniobra de lavado de dinero, de acuerdo con otras denuncia de la oposición- no presenta balances ante la IGJ desde 2011.
“No se conocen los activos ni los pasivos de la sociedad anónima ni la conformación societaria actual, como tampoco quiénes integran el directorio en la actualidad, ya que también adeuda la inscripción de sus autoridades”, añadió le diputada en su denuncia.
Además sostuvo que la firma modificó su directorio una vez al año pese a que por estatuto se estableció que sería cada tres años. “La dinámica se cambió después del fallecimiento del ex mandatario nacional y a la fecha no se conocen las últimas autoridades de la sociedad anónima. De la última declaración jurada patrimonial de Cristina Fernández surge que su participación accionaria en Hotesur alcanza a unos 9,3 millones de pesos.
“Esto es imposible de chequear, ya que no presenta balances en la IGJ desde el año 2010. Tampoco se puede comprobar el aumento del valor de las acciones en la empresa, del mismo modo que tampoco se puede saber detalles de la deuda que declara tener con la empresa. O sea, es imposible saber si el importe declarado constituye un 10, un 50 o un 100% de la sociedad que integra la declarante”, expresó Stolbizer en su denuncia.
La legisladora también había solicitado que la Justicia ordenara a la IGJ -donde se extravió el expediente del caso Ciccone, por ejemplo- que le remita una copia certificada de todo el legajo de Hotesur en el organismo aprobados o pendientes de aprobación, como así también “copia íntegra de la presentación de la Declaración Jurada de Actualización de Datos”. Además, solicitó que se requiera de la IGJ las “intimaciones efectuadas” y las “sanciones aplicadas”, si es que las hubiera.
La legisladora -que el viernes reclamó informes de la Cancillería sobre la tramitación demorada de los exhortos de la Justicia suiza en una causa contra Lázaro Báez- también había solicitado que la Justicia le pida a la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Cristina Fernández “y toda la documentación relacionada con su contenido que obre en su poder”.
