El pasado lunes 10 de noviembre el magistrado le había dado al ministerio 15 días para divulgar el proyecto de inversión, incluyendo el plan de cierre de las cinco minas de hierro que planea explotar en la zona de Valentines.
El movimiento Uruguay Libre, que quiere prohibir en la Constitución la minería metalífera a cielo abierto, había presentado la solicitud de acceso a la información. A partir de la notificación de la apelación, este movimiento tiene un plazo de 3 días para realizar sus descargos y luego un Tribunal de Apelaciones dispondrá de otros 4 para dictar una sentencia definitiva, detalló a El País Martín Prats, abogado que asesora al movimiento y que integra la organización no gubernamental Cainfo. Esta organización está especializada en acciones de solicitud de acceso a la información pública.
El País intentó sin éxito obtener la versión del Ministerio de Industria, Energía y Minería.
Una decisión de la cartera del 10 de junio hizo lugar a un pedido de Aratirí para que se considerara secreta la información vinculada, entre otros aspectos, a la descripción e interpretación geológica de los yacimientos, las metodologías de diseño de mallas de perforación, la obtención y preparación de muestras, los métodos analíticos, los controles de calidad de la base de datos, los detalles de las metodologías de determinación de recursos y reservas, las dimensiones y etapas de desarrollo de las minas los criterios y la metodología de selección de maquinaria y equipos.
La empresa también pretende mantener en reserva el plan de cierre de los cinco yacimientos, los detalles de la construcción del mineroducto que transportaría el hierro extraído a las costas de Rocha, los volúmenes de producción y las dimensiones de las montañas de "estéril" (es decir el mineral que se extraería y que quedaría al lado de los cráteres). Los ambientalistas sostienen que las acumulaciones de "estériles" de hasta 100 metros de altura que quedarán al lado de cada uno de los cinco pozos, nunca podrán ser totalmente cubiertas de materia orgánica y por lo tanto la lluvia y el viento esparcirán los metales a puntos distantes con efectos ambientales negativos.
Las montañas de estériles ocuparán entre 186 y 931 hectáreas, según el yacimiento de que se trate.
Víctor Bacchetta, el integrante del movimiento Uruguay Libre que solicitó la información del proyecto, dijo a El País que no es aceptable que no se quiera informar sobre el alto de las acumulaciones de estériles o las dimensiones que tendrán los cráteres. "El Estado se da el derecho de ocultar información con cualquier triquiñuela y es algo que no podemos aceptar", sostuvo Bacchetta.
El juez Martínez había establecido como única limitación que el ministerio podría mantener en reserva información vinculada al "secreto industrial o comercial", posibilidad que la normativa vigente contempla.
La representación ministerial insistió en su argumentación, que los demandantes pretendían "que sea ahora el Poder Judicial quien se pronuncie sobre un extremo que es de resorte de la Administración, lo cual podría determinar que se produjera un apartamiento del principio de separación de poderes constitucionalmente establecido". El juez se limitó a solicitar que el ministerio aclarara si había o no decisión sobre la solicitud de acceso a la información. A esto respondió el ministerio que no había resolución firmada.
Por su parte, Prats había argumentado que la información requerida "refiere a asuntos vinculados directamente con los derechos humanos, derechos ambientales y el deber de transparencia que el Estado está obligado a cumplir no solamente por las disposiciones de la Ley 18.381, sino también por Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que fueron citadas en la demanda, así como disposiciones constitucionales y la propia Ley de Minería de Gran Porte relacionada específicamente con este caso".
El juez no hizo lugar a una solicitud del MIEM para que se convocara a Aratirí a fin de fundamentar la confidencialidad por entender que era una propuesta improcedente. En su opinión, es el Estado el que está obligado a definir qué información debe ser reservada y cuál no debe serlo.
Fuentes al tanto de las discusiones señalaron que la empresa argumenta que invirtió alrededor de US$ 200 millones en investigación y desarrollo y que no puede "alegremente" facilitar información sobre cuál es el volumen de mineral de hierro que pretende extraer y la calidad del mismo. Las fuentes también señalaron que parte de la información a la que pretenden acceder los activistas trascendió a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). Los ambientalistas sostienen que la información que maneja la Dirección Nacional de Minería y Geología del MIEM puede tener algunas diferencias con la de la Dinama, posibilidad que la empresa rechaza de plano.
Por otra parte, los ambientalistas manejan la información de que la empresa anunció que dejará de pagar el denominado "canon de superficie" (para prospección, exploración o extracción) a los productores de la zona de Valentines donde están los cinco yacimientos de hierro que pretende comenzar a explotar, pero la información no pudo ser confirmada en el gobierno.
Mientras Aratirí y el gobierno continúan negociando un contrato a 20 años (tienen para hacerlo un plazo que vence el 28 de noviembre pero se puede prorrogar hasta el 28 de febrero), el precio del hierro sigue a la baja.
De todas formas, las tratativas continúan y en la empresa todavía hay optimismo respecto a la posibilidad de que se pueda llegar a un entendimiento.
En el último año el desplome del hierro fue notorio. El mineral de hierro terminó octubre de 2013 a US$ 130 y el mismo mes de 2014 a US$ 80.
La empresa brasileña Vale do Rio Doce, la principal productora a nivel mundial de hierro vaticinó que en 2015 el precio de la tonelada podría caer incluso por debajo de US$ 60.
Aratirí sostiene que necesita que el mineral no baje de US$ 100 para que su proyecto sea rentable. La floja demanda de los fabricantes de acero es lo que ha llevado al hierro a sus precios más bajos en los últimos cinco años. Los principales actores del mercado del hierro como Vale, Riotinto y BHP están incrementando su capacidad de producción, lo que deprime los precios, y están recortando costos. También contribuye a la baja el enlentecimiento del crecimiento chino que coincidió con un fuerte incremento de la producción australiana.
La magnitud de la caída sorprendió a las propias empresas mineras. En abril José Carlos Martins, entonces responsable de las operaciones de hierro de Vale, había dicho que en los próximos meses el hierro rondaría los US$ 105. No ocurrió y hoy ronda los US$ 79.
Los analistas comienzan a creer que los bajos precios de las materias primas llegaron para quedarse y que el "boom" en su precio quedó atrás. Quedó lejos el "pico" al que había llegado el hierro en febrero de 2011: US$ 187.
Los ambientalistas que se oponen a Aratirí advierten que la experiencia en Brasil con Zamin Ferrous (su empresa madre) es negativa y ha desembocado en conflictividad laboral y en desvío de mineral que debió ser exportado y tuvo otros destinos, dijo Raúl Viñas, uno de los referentes del movimiento Uruguay Libre. "Con la minería no hay marcha atrás. Uruguay, pensando en el futuro, no debe tener este tipo de minería", sostuvo.
La firma del contrato con Aratirí estaba prevista originalmente para fines del año pasado. La oposición cree que no puede suscribirse sin autorizaciones ambientales pero el gobierno entiende que sí. La empresa ha asegurado al gobierno que puede constituir garantías cumpliendo con lo establecido en la ley de Minería de Gran Porte aprobada en 2013.
