El intendente de General Alvear, Juan Carlos De Paolo, dio un giro en su intento de frenar la evaluación de impacto ambiental para que volviera al poder Ejecutivo, y decidió "avalar la prospección o exploración de la mina".
De acuerdo con De Paolo el Ejecutivo les concedió el derecho que les otorga la Ley que regula la actividad minera en la Provincia (7722), y presentaron un "informe sectorial en el que se volcaron todas las inquietudes y certezas" pero el intendente aseguró que: "lejos de oponerse al proyecto, se aprobaron la iniciación del mismo, a partir de la etapa de prospección".
De esta manera, el intendente le otorgó su respaldo al Proyecto Hierro Indio, pese a los reclamos de las organizaciones ambientalistas de su departamento, aunque De Paolo consideró que sus integrantes no se van a molestar, porque "se escucharon los aportes de todos ellos".
Días atrás los planteos del cacique alvearense habían hecho ruido puertas adentro del Gobierno por amenazar la movida minera.
El pedido de De Paolo se había originado en la presión de las asambleas del agua y la multisectorial del departamento, con las cuales se reunió el intendente hace poco y a las que debe darles un gesto.
Incluso una fuente del justicialismo señaló que el intendente se comprometió con estos dirigentes a presentar un amparo en la Justicia si se rechaza su pedido de participar en el expediente de Hierro Indio.
Sí, pero no tanto
Después de que fuera publicada la nota en MDZ, desde el municipio se comunicaron con el diario para asegurar que se habían malinterpretado las palabras del jefe comunal, y que una autorización de "prospección" no significa que apruebe la explotación.
El martes próximo, el Senado provincial votará finalmente el proyecto minero Hierro Indio, de Malargüe, después de un mes de debate en comisiones que se recalentó en los últimos días.
Las discusiones despejaron principalmente estos aspectos en favor del proyecto: Hierro Indio no se encuentra comprendida dentro de una zona de glaciares (que están protegidas por ley y vedadas para la minería) y no habría uso de agua ni peligro de contaminación en la etapa que se va a aprobar.
Sin embargo, la aparición en escena de dos intendentes, con planteos políticos y técnicos respecto de la minería y del proyecto en discusión, generó un suspenso sobre el desenlace de esta historia que se mantendrá hasta el final.
El justicialista Juan Carlos de Paolo, de General Alvear, fue prácticamente empujado por organizaciones de su departamento a realizar pedidos sobre Hierro Indio. Parecía que iba a ser un obstáculo duro para su aprobación, pero finalmente aflojó el viernes, después de que el oficialismo lo escuchara y comprometiera algunas modificaciones.
Otra es la cosa con Jorge Difonso, de San Carlos. El coautor de la ley 7722 acudió a la Legislatura a sostener que Hierro Indio no se puede aprobar por sus notorias irregularidades y se mantiene hasta hoy en esa posición, al frente de la barricada antiminera.
Más allá de los posicionamientos políticos respecto de la minería, estas son las claves no resueltas de la discusión respecto de un emprendimiento que, según se apruebe o no en la Legislatura, puede abrirle la puertas a la actividad en Mendoza o mantenerlas cerradas un buen tiempo más.
1) ¿Qué trabajos va a hacer la empresa en Malargüe?
El Poder Ejecutivo ha solicitado la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la prospección y exploración de Hierro Indio. Pero el intendente De Paolo ha reclamado que esa autorización sea más restringida y se limite a la "prospección con toma de muestra manual de la mina Yacimiento Hierro Indio", tal como dice el informe sectorial que dejó esta semana el intendente en la Legislatura.
La aclaración que pide General Alvear apunta a evitar que la empresa pueda avanzar en trabajos de explotación, que no corresponden a la etapa en discusión y que serán mucho más complejas que la actual. Por eso pide que las actividades de prospección en la zona sean manuales, no mecánicas.
Un elemento alienta este pedido: el yacimiento Hierro Indio está categorizado por el Poder Ejecutivo como "mina a reactivar". "El propietario solicita expresamente permiso para prospectar, por ende no corresponde otorgar permiso para reactivar una mina y dejar abierta la posibilidad de que se realicen actividades de prospección, exploración o explotación indistintamente", dice el informe sectorial de General Alvear al respecto.
El permiso conjunto para prospección y exploración generó problemas hasta con los dictámenes del Departamento General de Irrigación, organismo que debió aclarar por nota que sólo ha aceptado la prospección en Hierro Indio.
2) ¿Se respetó la ley 7722?
El artículo 5 de la ley 7722 dice que todos los municipios afectados por un proyecto minero podrán emitir dictámenes sectoriales en los procesos de evaluación de impacto ambiental. Esa afectación está marcada por la pertenencia a tal o cual cuenca hídrica.
En el caso de Hierro Indio, el proyecto se ubica en la cuenca del río Atuel, de la cual es usuario, además de Malargüe, General Alvear. Pero el municipio sureño ha terminado participando en forma tardía, ya que su informe sectorial debería haber sido contemplado durante la elaboración de la DIA en el Ejecutivo y no en la Legislatura, a la cual sólo le corresponde aprobar o rechazar lo que envió el Gobierno.
En este sentido, el oficialismo dice que los requerimientos de Alvear se pueden sumar porque es factible "incorporar información o aclarar algún aspecto de la DIA, lo que no se puede hacer es rehacerla". El radicalismo piensa, en cambio, que el expediente debe ser devuelto al Poder Ejecutivo para ser reelaborado.
Hay que decir que si no se pueden hacer modificaciones, los reclamos del intendente De Paolo habrán sido solo simbólicos y no justificarán su respaldo al proyecto.
Por otro lado, la nota que llevó esta semana a la Legislatura el intendente Difonso sostiene que tampoco hubo dictamen sectorial de San Rafael, que también pertenece a la cuenca del Atuel. Pero en el PJ explicaron que su intendente, Emir Félix, no se quejó ni pidió participación porque la exploración de Hierro Indio no afecta a ningún otro departamento que no sea Malargüe.
De todos modos, sí hubo ediles de la oposición sanrafaelina que hicieron planteos en comisiones.
3) ¿Hacía falta una audiencia pública?
Tanto la nota de Difonso como el dictamen sectorial de General Alvear sugieren que habría sido necesario someter a audiencia pública el estudio de impacto Ambiental de Hierro Indio.
Difonso dice que se ha violado "toda instancia de participación ciudadana". Por su parte, De Paolo hace el mismo cuestionamiento con un agregado: el expediente debería haber sido de acceso público.
En la Legislatura impera otro criterio. El oficialismo cree que el proceso de audiencia pública sólo corresponde a la etapa de explotación. "Las leyes 5961 y 7722 dicen que no se produce necesidad de audiencia pública en esta etapa", señaló al respecto el presidente del bloque de senadores del PJ, Fernando Simón.
4)¿Hay daño ambiental?
El oficialismo se defiende a partir de un dictamen técnico de la UNCuyo en el que se sostiene que la etapa de exploración de Hierro Indio no produce afectación ambiental alguna.
No obstante, tanto Alvear como San Carlos insisten en pedir precisiones y plantear críticas en ese sentido. "En el Informe de Impacto Ambiental la empresa explicita que no puede determinar el impacto ambiental que este proyecto causará sobre la tierra, el agua (tanto subterránea y superficial), las especies arbóreas y animales, el paisaje, el desarrollo urbano y el estilo de vida de la comunidad", dice la nota que presentó el intendente Difonso, que sugiere que el proyecto puede agravar la "escasez del agua" y advierte que el proyecto podría afectar a puesteros, animales y hasta materiales arqueológicos que se encuentren en la zona.
El informe sectorial de Alvear dice, por su parte: "Se prohíbe expresamente el uso de agua y si bien existen arroyos secos en el lugar del proyecto, cualquier material, sea inerte o contaminante, debe estar fuera de los cauces de los mismos".
5) ¿Flojo de papeles?
A esta altura del debate, hasta el PJ reconoce que el expediente de Hierro Indio llegó con errores formales desde el Poder Ejecutivo que todavía podrían tener impacto en la decisión de los senadores. Esto se debió al apuro del Gobierno por reactivar la minería en setiembre, después de tres años en los que a nadie se le ocurrió abordar este tipo de trámites.
El error más famoso es destacado por Difonso en su nota: "En el mismo expediente figuran dos razones sociales distintas responsables del proyecto: una Hierro Indio S.A. y otra Fugazzotto o Empresa Fugazzoto. No se encuentra documentación legal pertinente que acredite el traspaso de razones sociales, lo que representa una violación al Código de Procedimiento Administrativo".
General Alvear, por su parte, se permite reclamarle al Ejecutivo "rigor administrativo" en las siguientes etapas del proyecto, "a fin de evitar confusiones técnicas y con el fin de alcanzar la licencia social o el rechazo fundado".
El próximo martes se reanuda la discusión del proyecto minero Hierro Indio, luego de quedar postergada el último lunes por falta de acuerdo entre el PJ y la UCR. El debate pasó para la próxima sesión del Senado, en la que se avanzará con la intención de reactivar el yacimiento ubicado en Malargüe.
Con el escenario planteado se espera que salgan dos despachos distintos: mientras que el oficialismo intenta acelerar los trámites para comenzar con la prospección y exploración de hierro, el bloque de la UCR mantiene un firme rechazo y pide que el Poder Ejecutivo elabore una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Pero esta semana que pasó, lejos de perderse en el debate, sirvió para que dos intendentes se acercaran a la Legislatura: el miércoles estuvo Jorge Difonso, de San Carlos, que ratificó su postura crítica, y ayer pasó rápidamente el alvearense Juan Carlos De Paolo, que dejó una puerta abierta al menos a la exploración minera.
La presentación de los dos intendentes respondió más que nada al humor social que hay en torno al debate minero en sus respectivas comunas. En San Carlos, la defensa del agua y de la ley 7.722 es una bandera incuestionable; en Alvear la crisis hídrica y los problemas (tanto jurídicos como de cantidad de agua) del río Atuel circunscriben la pelea por la minería. Este último departamento es gobernado por el justicialismo (que impulsa el desarrollo de la minería a nivel provincial), pero allí hay un marcado sentir anti-minero entre sus habitantes.
Fuera de la licencia social buscada, los documentos acercados tanto por Difonso como por De Paolo no modifican, al menos por ahora, el proyecto que se debatirá el martes. En este sentido, el expediente elaborado por el Ejecutivo sólo contempló a Malargüe como departamento afectado en las etapas iniciales para reactivar Hierro Indio.
Las comisiones de Ambiente e Hidrocarburos (encargadas de analizar la DIA) convocaron en octubre a los distintos actores que tienen voz en el debate, entre los que estuvieron los ambientalistas.
Las distintas organizaciones que pasaron advirtieron que tanto San Rafael como Alvear no participaron en los informes ambientales, pese a que quedan involucrados indirectamente por la cuenca del Atuel y que el artículo 5 de la ley 7.722 garantiza la “participación de los municipios de las cuencas hídricas”.
Justamente éste fue el pedido que arrimó Difonso en una carta al vicegobernador, Carlos Ciurca. Allí hizo algunas “observaciones” por incumplimientos en el expediente, entre los que adujo que los departamentos del Sur excluidos de la DIA deben tomar parte a través de sus dictámenes sectoriales.
Casi como si se tratara de una respuesta a este pedido, ayer el intendente alvearense llevó a los senadores el dictamen sectorial de su departamento, en el que consideró separar las etapas de prospección y exploración en la DIA. Es decir, luego de determinar si hay hierro o no, se debería elaborar otro estudio de impacto ambiental para ver las posibilidades cualitativas y cuantitativas del recurso minero, con el objeto de definir la factibilidad (para dar lugar a la explotación).
La visita del intendente fue criticada desde el radicalismo, en donde objetaron esta separación pretendida en la DIA, a la vez que señalaron que el informe se debería haber presentado ante el Poder Ejecutivo. “Se equivocaron en el trámite administrativo. Pretenden poner parches al expediente”, señaló el senador radical Juan Carlos Jaliff, quien recomendó que todas las observaciones se conviertan en una nueva declaración.
Ante esto, el senador justicialista Fernando Simón minimizó el lugar por donde entró el informe sectorial y lo llevó al plano de la discusión: "Ayer se debatía si la minería contaminaba, hoy ¿por qué mesa de entrada ingresa?".
De Paolo contestó a las objeciones y dijo que si bien van a plantear un desarrollo sustentable, no se van a oponer por el solo hecho de oponerse.
“Nuestro informe es propositivo. Se plantea que las condiciones están dadas ahora para la prospección. En lo demás, faltan algunas certezas pero tampoco queremos demorar el avance del proyecto; queremos avanzar con la prospección y sigamos trabajando para ver las etapas siguientes”, señaló en diálogo con este diario.
A su vez, justificó el momento de la presentación del informe y explicó que antes no se había convocado a su departamento.
El intendente de General Alvear, Juan Carlos De Paolo (Partido Justicialista), se presentó ayer en la Legislatura con un informe en el que solicitó que se revisara el proyecto minero para buscar hierro en el yacimiento Hierro Indio, en Malargüe.
Lo que pidió el jefe comunal alvearense fue que quedara claro en la resolución que el permiso es sólo para prospección y no para exploración y explotación de la mina. Pero, además, agregó que era indispensable presentar un nuevo informe de impacto ambiental para confeccionar un nuevo plan de tareas de exploración, para proteger el medio ambiente.
Juan Carlos De Paolo entregó el documento por mesa de entrada al presidente del bloque de senadores de su partido, Fernando Simón, y a la presidenta de la Comisión de Ambiente, la también justicialista Ana Sevilla, quienes adelantaron que se tratará el martes próximo previo a la sesión del Senado en la que está previsto que se vote un dictamen definitivo.
El propio intendente dijo: “Creemos que es un proyecto que se debe analizar, porque no nos oponemos a algo que puede ser generador de trabajo y riqueza, pero siempre y cuando se cumplan normas del cuidadodel ambiente y del agua. Queremos certezas en algunas definiciones del artículo primero para dar seguridad de no producir algún daño ambiental”. Sostuvo asimismo que “la minería es una actividad que hay que hacer. No estamos en contra del proyecto”. De Paolo planteó que está de acuerdo con la tarea de prospección, pero pidió modificaciones del proyecto de ley en el artículo 1º de la reactivación del yacimiento Hierro Indio. En la presentación que llevó con sus propias manos, el jefe comunal de General Alvear reiteró que era “necesario aclarar que, luego de realizada la prospección, es indispensable la presentación de un nuevo informe de impacto ambiental para el nuevo plan de tareas de exploración”.
“Es irracional hablar de no a la minería, sino que hay que generar más certezas y avanzar en todo proyecto minero que sea sustentable, cuidando el ambiente y el agua”, añadió. En el pedido que hace alusión a la mina Hierro Indio, enclavada en una parte de la cuenca del río Atuel, se dejó en claro que “no corresponde otorgar permiso para reactivar una mina y que se realice la explotación. Queremos más claridad en el proyecto, más certezas y claridad en pos de poder tener una minería que ayude a crecer y a favor del cuidado del medio ambiente”.
También, solicitó que se respetara la Ley Nº 7.722 en su artículo 5º, donde se establece que “la autoridad de aplicación garantizará, en todo proceso de evaluación del proceso de impacto ambiental, la participación de los municipios de las cuencas hídricas y aquellas regiones que sean afectadas por el proyecto”.
En el caso de que se realicen nuevas actividades de exploración o explotación, deberán someterlas a un nuevo proyecto de evaluación de impacto ambiental, sumado a los informes sectoriales de cada cuenca. En lo que insistió De Paolo fue en que se aprobaran únicamente las tareas de prospección, con toma de muestras en forma manual y no invasiva, es decir, no en forma mecánica, en la mina Hierro Indio.
Además, en el informe sectorial de General Alvear hizo algunas observaciones y recomendaciones. Entre ellas, que resulta clave disponer de un inventario de glaciares del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla).
También, se advirtió en el documento de que no existe información sobre los puesteros del lugar, quienes podrían ser afectados por la presencia del emprendimiento en el área. Además, se solicitó que se indicara si utilizarán los servicios de profesionales y técnicos oriundos de Malargüe.
Otro de los puntos de la presentación planteó que se disponga de información sobre los recursos arqueológicos y paleontológicos de la zona.
Con respecto a la laguna Blanca, se solicitó que el autor del proyecto tuviera en cuenta las medidas necesarias para el cuidado de la flora y fauna.
Gustavo Valls: “Hay que calmarse”
El senador massista mendocino Gustavo Valls llamó a los integrantes provinciales del Frente Renovador a “serenar los ánimos y ser tolerantes con las distintas formas de entender el tema de Hierro Indio. Pensar diferente es una forma de enriquecer la visión de las cosas, no hay porqué tener una única opinión”, afirmó. “Hay que calmarse y compartir la información que se tenga sobre el tema, analizarla en profundidad y revisar cada cuestionamiento que se haga”.
Valls, que proviene del peronismo, fue duramente cuestionado por el intendente de San Carlos, Jorge Difonso, de reconocida militancia antiminera y que llegó a dudar de la continuidad del senador en el FR, al decir que “me parece que Valls no está convencido de seguir en el massismo”.
Gustavo Valls aseveró que sigue “manteniendo un entusiasmo cada día mayor con el proyecto que encabeza Sergio Massa” y que ha considerado su voto junto al resto de los legisladores massistas. “Si algo destaca al Frente ante otras fuerzas, es la posibilidad de pensar libremente y de decirlo. Nos gusta que haya muchas ideas y más nos gusta que todas se respeten”, dijo.
El martes, la totalidad de las fuerzas políticas representadas habilitó la posibilidad de darle tratamiento al expediente de inmediato, con o sin el despacho de las comisiones de Ambiente y de Hidrocarburos, Energía y Minería.