Por Nicolás Balinotti.

El Gobierno no se opone ni se opondrá a que los privados abonen un plus salarial como compensación de la inflación o de los descuentos por el impuesto a las ganancias. En algunos casos, habrá pagos a cuenta de las paritarias de 2015. Y hasta las gestiones provinciales podrían adelantar la fecha de liquidación del aguinaldo.

Todo es parte de una suerte de acuerdo tácito entre funcionarios, empresarios y gremialistas en tren de garantizar un fin de año con menos conflictividad y sin sobresaltos.Parte de la estrategia quedó al descubierto cuando el Ministerio de Trabajo habilitó la semana pasada una instancia de negociación extraordinaria para los petroleros del Sur con el objetivo de neutralizar su amenaza de huelga.

Con la producción de gas y petróleo en marcha, hubo una virtual reapertura de la paritaria. Y desde entonces, con el aval del Gobierno, los sindicatos y las cámaras empresariales avanzan en un acuerdo para compensar las quitas del impuesto a las ganancias con un bono, que sería de unos $ 30.000 y se daría en tres cuotas.

Por un convenio similar, aunque por un monto menor, pujan los bancarios, que definirán en los próximos días si activan su décimo paro contra el tributo que se aplica sobre los salarios. También los mecánicos de Smata y los metalúrgicos de la UOM están por definir el monto del plus que recibirán antes de fin de año.

El latente conflicto salarial con los docentes bonaerenses podría inaugurar, además, los pagos a cuenta de la paritaria del año próximo.

El jefe de Gabinete de Daniel Scioli, Alberto Pérez, convocará a los maestros para evitar otra huelga antes del cierre del ciclo lectivo.

Una alternativa que se evalúa es darles en enero y febrero un adelanto de lo que será el aumento definitivo que se concrete entre marzo y abril de 2015. En La Plata hasta se menciona de manera informal el porcentaje a otorgar: un 16 por ciento.

"Lo ideal sería reabrir las paritarias, pero es imposible porque para el gobierno nacional sería reconocer la inflación. A falta de eso, habrá un bono, como viene sucediendo con los estatales de varias provincias y con gremios de la actividad privada. Resuelven dar el bono para tener un fin de año en paz", dijo un jerárquico de la CGT oficialista que sigue de cerca la negociación de los maestros bonaerenses.

Hasta en las golpeadas industrias automotriz y metalúrgica habrá plus salarial. Los mecánicos del Smata tienen incorporada la bonificación mediante el convenio colectivo. Les resta definir el monto. La Unión Obrera Metalúrgica, en tanto, está próxima a sellar un trato por un pago extra, que sería de 2000 a 3000 pesos.

"Los empresarios aceptan pagar el bono porque saben que el acuerdo de paritarias se quedó corto en comparación con la suba de los precios", dijo un dirigente metalúrgico que suele ser la sombra de Antonio Caló, el líder de la UOM.

El sindicalismo opositor también forma parte de esta especie de acuerdo tácito rumbo al fin de año. Mucho antes de romper su alianza por las diferencias para convocar a otro paro nacional, Hugo Moyano y Luis Barrionuevo mantuvieron un encuentro secreto con dirigentes de la Unión Industrial Argentina. La inflación fue el tema que guió por entonces la charla en la sede gremial de avenida Caseros.

Tras aquella cumbre, el camino de los sindicalistas se bifurcó: Moyano adoptó un perfil más moderado y sus reclamos son exclusivos para los camioneros.

Mientras que Barrionuevo atenuó los decibeles de su disputa retórica con el kirchnerismo y activó su plan para reposicionarse políticamente en 2015.

Pero a decir verdad, el vínculo entre ambos ya se había empantanado cuando quedaron envueltos en un escándalo con el oficialismo a partir del apocalíptico pronóstico que hizo Barrionuevo, que insinuó que "en diciembre el país vuela por los aires", por la elevada inflación.

Después de años de fuego abierto, el Gobierno tendrá un gesto con un sector del sindicalismo opositor. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, recibirán mañana en la Casa Rosada a los referentes de los gremios del transporte. La comitiva sindical será encabezada por Omar Maturano y el moyanista Juan Carlos Schmid.

"Vamos a ir a plantear la licuación de los salarios desde la paritaria hasta ahora y las quitas por el impuesto a las ganancias", anticiparon.

Sin una solución a mano, para el Gobierno, abrir la instancia de diálogo será ya una manera de bajar las tensiones con un sector estratégico.

Como en todo, hay excepciones. La CTA Autónoma, cuyo poder radica en las dependencias estatales, llamó a una protesta nacional para el jueves que viene. Entre su rosario de reclamos, presiona por un plus salarial de $ 4000, la eliminación del impuesto a las ganancias y el 82% móvil para los jubilados. Su líder, Pablo Micheli, todavía anhela en sumar a Moyano a la protesta. Difícil.

Después del caos de diciembre del año pasado, propagado por las revueltas policiales y los extendidos cortes de luz, el Gobierno apuesta ahora a un fin de año en paz.

En paralelo a los refuerzos en materia de seguridad, avanza este acuerdo tácito con gremios y empresarios, que podría tener su corolario con el anuncio presidencial de eximir del pago del impuesto a las ganancias al medio aguinaldo.

Por Emilia Delfino / Aurelio Tomas.

Los ministros fueron claros: deberán torcer la voluntad de la presidenta Cristina Kirchner para superar el bolqueo que impone el ministro estrella, Axel Kicillof, a cualquier cambio que afecte la recaudación del Estado.

El instinto de supervivencia y las enseñanzas que les dejaron diez años de convivencia con el kirchnerismo llevaron a la central que encabeza Antonio Caló a preparar un plan para pasar el fin de año. La mesa chica de la CGT Balcarce se reunirá el miércoles –hasta el momento la cita será en la sede del gremio de estatales UPCN, donde manda el oficialista Andrés Rodríguez– con el objetivo de debatir cómo intentarán convencer a la Presidenta de que exima al medio aguinaldo de diciembre del impuesto a las ganancias.

Hace semanas que el pedido fue transmitido al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Pero la respuesta de los funcionarios con buen diálogo con los cegetistas fue desalentadora: el Gobierno no tiene esa preocupación en agenda y si pretenden intentar lograrlo, tienen que convencer a Cristina. Deberán contrarrestar la influencia de Kicillof, preocupado por el equilibrio fiscal. El viernes se conoció que el aumento interanual de los gastos en subsidios se disparó 70%, a la par de una recaudación que por primera vez crece a menor ritmo que la inflación.

Por el momento, el plan de la mesa chica es pedir a la mandataria una reunión para los primeros días de diciembre. Lo harán los dirigentes más cercanos a la Presidenta, entre ellos Rodríguez y Gerardo Martínez (Uocra), quien mostró este fin de semana una fuerte sinfonía con los objetivos internacionales del Gobierno, al defender la regulación antibuitre durante un encuentro sindical paralelo a la cumbre del G20 en Australia.

Por otro lado, la federación de sindicatos del transporte –que reúne a secretarios generales oficialistas, opositores e independientes– aspiraba a llevar su propio planteo a la Casa Rosada pero, tras un cambio de planes, sólo logró una audiencia con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Prometen medidas de fuerza en diciembre si no hay una respuesta.

Sin una solución, el aumento de los conflictos será inevitable. La CGT oficial ya acordó que los gremios tienen vía libre para negociar bonos de fin de año, un pedido que se suma a los del resto de las centrales, incluida la CTA de los Trabajadores que dirige Hugo Yasky. La UOM de Caló pidió una gratificación extraordinaria de $ 3 mil y la Uocra elevó este reclamo a $ 6 mil, aunque se espera que la negociación resulte en un número más bajo.

El Gobierno les había hecho llegar un mensaje claro a través del ministro de Tomada y Capitanich: no debían ir por el bono de fin de año. Sin embargo, los gremios lo negociaron igual. No quieren quedarse esperando un gesto en Ganancias que tal vez nunca llegue. El bono es el back up, dicen los dirigentes consultados.

“Primero cerramos bonos, y después vemos si nos dan ganancias”. Está fresco el recuerdo de las últimas paritarias, en las que rubricaron acuerdos por debajo de la inflación a la espera de un ajuste impositivo que nunca llegó.

Sergio Romero, del gremio docente UDA y miembro de la CGT oficial, dijo a PERFIL: “Si llegamos a enero sin recomponer el poder adquisitivo, las paritarias 2015 van a ser muy duras y muy fuertes”. Su gremio hizo un estudio de la evolución de precios y salarios en el último año que arrojó datos en rojo. En paralelo, gremios del transporte automotor, ferroviario, aerocomercial y portuario marítimo –que incluye a sindicatos alineados con el gobierno y opositores– mantuvo este martes su segunda reunión y convergieron en una posición común para llevar al Gobierno. En principio, habían logrado una audiencia en Casa Rosada con el jefe de Gabinete y el ministro Tomada. Hubiera sido un hito en las relaciones del Gobierno, porque implicaba la primera visita de secretarios generales de la CGT Azopardo, como Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), a la Casa de Gobierno desde la ruptura con el kirchnerismo.

Sin embargo, hubo un cambio de planes. Los esperará Tomada en la sede de su cartera. El dato fue visto como un desaire. Más allá del interlocutor, el planteo, adelantó el ferroviario Omar Maturano, será: “La licuación de nuestros salarios desde la recomposición de paritaria de este año y el malestar que existe en un sector estratégico como es el nuestro”. Si, como prevén en charlas privadas, no hay una respuesta positiva, o al menos un gesto. Anticiparon que podrán apelar a medidas de fuerza en el mes más delicado del año.

El argumento de la paz social en este momento delicado del año es uno de los planteos que ya avanzaron gremios oficialistas. “El Gobierno tiene el frente externo con los buitres, no es necesario sumar un problema con los trabajadores”, evaluó ante la consulta de PERFIL uno de los secretarios más afines al Gobierno. Por su parte, Yasky advirtió este martes en un acto con docentes que “los medios buscan confundir al enemigo” y pidió “estar en la calle para que los trabajadores no paguen los platos rotos”.

Por Carlos Galván 

Por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, este fin de año se masificó un reclamo que hasta el año pasado asomaba como un fenómeno limitado a un puñado de gremios: los pedidos de bonos navideños que compensen la alta inflación y la falta de actualización del impuesto a las Ganancias. Un dato revela la unanimidad del reclamo: exigen su pago los gremios del sector público y también los del privado, y desde los sindicatos más enfrentados con la Casa Rosada hasta los ultra K.

Los reclamos se extendieron de tal manera que cuando aún falta un mes y medio para la Navidad ya hay 7 provincias -Córdoba, La Pampa, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero- que acordaron con los gremios estatales el pago de una bonificación extraordinaria, que varía entre los $ 1.400 y los $ 3.500 según la jurisdicción.

"Los pedidos de pagos de bonos en las provincias antes eran una excepción, pero este año se ha generalizado porque la inflación se comió los salarios", dijo Julio Fuentes, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El sindicalista opinó que "van a profundizarse los conflictos" en las provincias que rechacen el pago de una suma extra.

También podría haber medidas de fuerza en organismos nacionales descentralizados como el INTI, INTA y SENASA ante la negativa de la Casa Rosada a otorgar una bonificación extraordinaria. "No existen razones objetivas (para darlo)", había fundamentado el jefe de Gabinete Jorge Capitanich.

Hugo Moyano, jefe de la CGT anti K, dijo ayer a Clarín: "El reclamo de un bono es mucho más masivo que en otros años. El motivo es que la gente está sufriendo una depresión muy grande de sus salarios".

El titular de la opositora CTA Autónoma Pablo Micheli completó: "Si se compara con el año pasado, la proporción de reclamos es de 10 a 1. El año pasado fuimos unos pocos los que exigimos el pago de un bono, pero ahora lo piden todos porque es escandalosa la pérdida del poder adquisitivo". Esa central sindical se movilizará el próximo jueves 20 para reclamar una bonificación de $ 4.000 para todos los trabajadores.

Hasta la CTA K se sumó ahora al pedido de un bono. "Tenemos autoridad para reclamar lo que estamos reclamando", dijo su secretario general, Hugo Yasky. Y resaltó un detalle que muestra el estado de situación: "Es la primera vez que lo reclamamos porque por primera vez este año los salarios quedaron por debajo de la inflación".

De las cuatro centrales sindicales, la CGT oficialista es la única que no se pronunció institucionalmente por los bonos. Eso sí: dio libertad de acción a sus gremios para que lo pidan.

La UOM, es decir el propio gremio del titular cegetista aliado a la Rosada, empezará esta semana una ronda de reuniones con las cámaras patronales de la actividad: exigirán el pago de un plus de $ 3.000. "Por menos plata no podemos acordar", adelantó a Clarín un miembro del Secretariado Nacional metalúrgico. El año pasado, recordaron, la UOM no había pedido bono.

La UOCRA, otro gremio clave de la CGT aliada de la Casa Rosada, ya está negociando con la Cámara de la Construcción el pago de una bonificación que rondaría los $ 4.500.

Otros que cobrarán un plus son los bancarios. "Algún bono de fin de año pagaremos", reconoció, aunque sin dar cifras, Jorge Brito, presidente del Banco Macro y de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA).

Camioneros, adelantó ayer Hugo Moyano, se reunirá está semana con la Federación de Empresas de Autotransporte de Cargas. El gremio exigirá el pago de un bono de cerca de $ 4.000. "Sabemos que los patrones están medio duros y que se les achicó el laburo, pero igual van a tener que dar el plus", comentó.

Moyano convocó para esta semana a reunión al Consejo Directivo de su central sindical para analizar justamente los pedidos de bonos. El líder camionero reconoció que provocaba irritación entre los gremios que "YPF, es decir una empresa del Estado, va a pagarle una bonificación a sus trabajadores mientras el discurso del Gobierno es que no hay razones objetivas para darle un bono al resto de los trabajadores".

Hace unos días, los gremios petroleros patagónicos acordaron de palabra con las empresas petroleras, incluida YPF, el pago de un plus de fin de año que compense a los trabajadores por la alta inflación y los descuentos que sufren por Ganancias. Ese bono sería de entre $ 14.000 y $ 16.000. Hoy, en el Ministerio de Trabajo, habrá una reunión para afinar los detalles del acuerdo.

Por Ricardo Carpena.

Comienzan los 15 días que conmoverán al sindicalismo. Cuando esta mañana los gremios del transporte se reúnan con el Gobierno en el Ministerio de Trabajo, arrancará la más fuerte ofensiva en contra del Impuesto a las Ganancias, aunque con una fecha de vencimiento: los dirigentes creen que tienen dos semanas para hacer paros y movilizaciones porque, desde hace años, diciembre es el mes en que toda protesta queda asociada con una maniobra desestabilizadora.

Los sindicalistas con mejor acceso a la Casa Rosada aseguran que lo primero que hará Cristina Kirchner cuando vuelva a trabajar será anunciar que el medio aguinaldo de diciembre quedará exceptuado de Ganancias. Pero aún nadie descorcha champán: ninguno habló con la Presidenta y, como se sabe, no hay resolución oficial que pueda confirmarse antes de que ella la anuncie.

El gremialismo entero se prepara para convencerla de aliviar cuanto antes la carga impositiva de millones de trabajadores. Por ejemplo, los gremios del transporte, tanto opositores como oficialistas, aplicarían una medida de fuerza en las horas pico si no surge nada concreto del encuentro de hoy, aunque hay pocas expectativas: primero los iba a recibir el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en la Casa Rosada, y luego les informaron que la audiencia será con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, en la cartera laboral. El Gobierno no quiere concederles nada a los dirigentes opositores y, para colmo, sabe que si les da algún guiño tendrá quejas del ala oficialista.

El protagonismo del sindicalismo del transporte aceleró el descongelamiento cegetista: el sector moyanista se reuniría mañana y el liderado por Antonio Caló, un día después. Es que la inacción sindical ante los descuentazos de Ganancias está provocando insubordinación en las bases y hay que mostrarse en movimiento. El mejor ejemplo de la efervescencia: los trabajadores lecheros de la empresa Saputo firmaron un petitorio para exigirle al gremio, liderado por el kirchnerista Héctor Ponce, que reclamara con más énfasis contra Ganancias. La respuesta fue drástica: el sindicato “decidió reprimir el foco disidente bloqueando las instalaciones de la empresa en Rafaela, Santa Fe, y en Tío Pujio, Córdoba”, según describió el periodista Fernando Garello en el sitio de internet primerosunchales.

La reaparición de Moyano en la escena sindical se completará durante la movilización a la Plaza de Mayo que convocó la CTA opositora para este jueves. Por teléfono, el camionero le garantizó a Pablo Micheli que enviará una columna de manifestantes de su gremio y que su hijo Pablo estará en el palco. Uno de los oradores sería Rubén “Pollo” Sobrero, eufórico luego de haber sido el único que le volvió a ganar al oficialismo de la Unión Ferroviaria en las elecciones de delegados del Sarmiento. Será más interesante comprobar la convivencia de la “patria camionera” con los militantes del PO luego de la acidez con que se despachó Néstor Pitrola en Twitter: “La CGT se sumó a la Noche de los Museos. Allí se podrá ver el plan de lucha en una de las vitrinas”.

Pese a las precauciones de la Casa Rosada, la mayoría de los gremios negocia un bonus salarial y muchos gobiernos provinciales están otorgándolo. Una de las grandes excepciones es el de Daniel Scioli, que buscó una fórmula curiosa para meterse en ese tema tan espinoso: anticipó las paritarias del año próximo para los estatales, algo que varios dirigentes sindicales califican de “maniobra”, porque equivale a no compensar la pérdida salarial de este año, que es admitida hasta por el sindicalismo ultra-K.

Dentro de ese sector, la CTA oficialista afrontará entre hoy y mañana un crucial proceso de elecciones que oficializará el divorcio legal de la fracción opositora. La única duda de los comicios es por cuántos votos será reelegido el docente Hugo Yasky, aunque su desarrollo se empañó por las denuncias de fraude del Partido Obrero, que se presentó con una lista de oposición, al igual que una del Nuevo MAS. Hay otros interrogantes de tipo político: es la central obrera que más se juega con el recambio de 2015 porque es la que quedará más huérfana con el final del cristinismo.

El yaskismo celebra haberle arrebatado al PO el sindicato docente de Neuquén (ATEN), uno de sus bastiones, en las elecciones de la semana pasada. Al menos, esa fuerza trotskista tuvo el consuelo de que uno de sus dirigentes integre la lista que le ganó al oficialismo en la seccional Córdoba de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). A nivel nacional, los choferes de colectivos reeligieron el miércoles pasado a Roberto Fernández, en su cargo desde 2006, aunque el triunfo se facilite por un estatuto proscriptivo que frena a los opositores al obligarlos a presentar una lista completa en todo el país y a ejercer o haber ejercido algún cargo electivo en la UTA para presentarse como candidatos.

Tampoco tendrá adversarios el kirchnerista Omar Viviani en los comicios de mañana en el Sindicato de Peones de Taxis, adonde se mantiene inalterable desde aquel lejano 1983.

El que sigue en el poder desde 1990 y fue reelegido en mayo es Andrés Rodríguez, líder de los estatales de UPCN. En el acto de su gremio de pasado mañana, en Costa Salguero, se diferenciará de muchos colegas que ya militan al lado de algún presidenciable: en su discurso, llamará a “rescatar el peronismo” y no apoyará a ningún candidato. ¿Una muestra de madurez o de ahorro de recursos? Igual, como se sabe, el sindicalismo se alineará con cualquiera que gane en 2015.