Raro es el día en que a Petrobras, la mayor empresa de Brasil y de América Latina, gestora pública del activo (petróleo) en el que el Gobierno de Dilma Rousseff ve “el pasaporte al futuro” del gigante sudamericano, no se le complica el panorama judicial. Tras haber protagonizado involuntariamente la reciente campaña electoral por una serie de detenciones, dimisiones y testimonios judiciales sobre corruptelas estimadas en miles de millones de dólares y un sistema bien engrasado de financiación irregular de los partidos políticos brasileños (en especial el Partido de los Trabajadores gobernante), la Justicia estadounidense ha comenzado una investigación contra la petrolera estatal por presunta corrupción, según informó el domingo el diario británico Financial Times. La presidenta Rousseff minimizó ayer en Doha la noticia y se limitó a afirmar que “Petrobras cotiza en la bolsa de Nueva York y es parte de las reglas del juego que sea investigada […] Estados Unidos tiene que inspeccionar si hay ciudadanos estadounidenses involucrados en alguna irregularidad”.
A tenor de lo publicado, el Departamento de Justicia analiza presuntas violaciones del Acta de Prácticas Extranjeras Corruptas (FCPA, por sus siglas en inglés), que “prohíbe ofrecer, pagar, prometer pagar o autorizar el pago de dinero o cualquier cosa de valor a un funcionario extranjero”: en este caso concreto, sobornos de ciudadanos y empresas estadounidenses a funcionarios brasileños para conseguir ventajas comerciales con Petrobras. A su vez, la Comisión de Seguridad e Intercambios (SEC, por sus siglas en inglés), que regula el mercado de valores estadounidense, también habría abierto una investigación sobre los recibos de acciones (ADR) de Petrobras, que se negocian en Wall Street. Fuentes consultadas del Departamento de Justicia estadounidense evitaron ayer entrar en detalles: “Por una cuestión de política, generalmente ni confirmamos ni desmentimos si un asunto está siendo investigado”, dijo un portavoz a este periódico, informa Joan Faus. Por su parte, un portavoz de la Embajada brasileña en Washington aseguró no tener información acerca de una investigación.
Cuestionado por EL PAÍS sobre el tema, Petrobras aclaró a través de un comunicado que “desconoce cualquier investigación que se está realizando en el marco del Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).” De acuerdo con el texto dado a conocer por la compañía estatal, “no hemos recibido la notificación de cualquiera de los dos cuerpos sobre la apertura de las investigaciones para identificar posibles violaciones de la ley de Estados Unidos, a la vista de las alegaciones formuladas en el marco de la ‘Operación Lava Jato'”. La nota dice que “Petrobras, a través de la oficina de Estados Unidos contrató para llevar a cabo investigaciones independientes, Gibson, Dunn & Crutcher LLP, se ha puesto en contacto con los organismos estadounidenses, informando sobre el inicio de los trabajos para investigar esas denuncias en la empresa” .
Portavoces autorizados de Petrobras en Río de Janeiro afirmaron repetidamente a EL PAÍS durante los dos últimos días que la empresa ni desmiente ni confirma ni comenta, por el momento, la apertura de la investigación. Preguntado este lunes por el asunto, el vicepresidente brasileño, Michel Temer, no negó las informaciones y subrayó que deben depurarse responsabilidades, “duela a quien duela”. “La Constitución brasileña determina la autodeterminación de los pueblos. Si los Estados Unidos han abierto una investigación, deben continuar, como está haciendo Brasil”, afirmó durante una reunión con alcaldes.
Los tribunales del país norteamericano pueden investigar a cualquier empresa extranjera que cotice en la Bolsa de Nueva York, como es el caso de la petrolera brasileña, cuyas acciones el lunes cayeron un 3,5%. Financial Times destaca que algunos de los presuntos delitos comenzaron cuando la empresa estaba dirigida por Dilma Rousseff, presidenta del Consejo de Administración entre 2003 y 2010, que afronta ahora su segundo mandato como presidenta de la nación. Bajo su mandato se ejecutó la polémica compraventa de una refinería en Pasadena, Texas, una de las operaciones que estaría detrás de la apertura del expediente en Estados Unidos (entre 2006 y 2012 Petrobras pagó 946 millones de euros por la propiedad total de la citada refinería, una cantidad 27 veces superior a la que había desembolsado dos años antes la belga Astra Oil).
Petrobras, que da trabajo a más de 86.000 personas y produce dos millones ochocientos mil barriles de petróleo al día, vive inmersa desde marzo en la ‘Operación Lava-Jato’ abierta por la Policía Federal brasileña, que ha dado un giro espectacular en las últimas semanas con los testimonios de tres delatores (su ex director de Abastecimiento, Paulo Roberto Costa; el cambista y experto en lavado de dinero Alberto Youssef; y Julio Camargo, representante de una constructora con contratos por más de 1.200 millones de euros con Petrobras) que han revelado el funcionamiento de un complejo esquema de comisiones y lavado de dinero a cambio de una sensible reducción de su pena y la devolución de 175 millones de reales (55 millones de euros). Costa afirmó ante el juez que existía un sistema de sobornos institucionalizado y que el Partido de los Trabajadores se embolsó entre el 1% y el 3% de todos los contratos que se ejecutaron desde 2004 a 2012.
El presidente do Tribunal de Cuentas de la Unión, el ministro Augusto Nardes, afirmó ayer en un almuerzo con periodistas que las irregularidades encontradas hasta el momento en obras de Petrobras suman 3.000 millones de reales (940 millones de euros), lo que le convierte en “el mayor escándalo en la historia del Tribunal”. La Policía Federal de Brasil estima que la trama completa pudo desviar ilegalmente más de 3.400 millones de euros.
El presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo hoy en Doha que la petrolera estatal brasileña Petrobras "cotiza en la bolsa de Nueva York y es parte de las reglas del juego que sea investigada".
En una rueda de prensa durante su visita oficial a Catar, Rousseff indicó que EEUU "tiene que inspeccionar si hay ciudadanos estadounidenses involucrados en alguna irregularidad".
Las autoridades estadounidenses investigan si Petrobras, sus empleados, intermediarios o contratistas violaron la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, una normativa que prohíbe el soborno a funcionarios extranjeros para la obtención de contratos.
Las investigaciones se centran en el supuesto pago de sobornos millonarios a decenas de políticos por parte de constructoras que obtuvieron contratos con la compañía entre 2004 y 2012, escándalo que ha salpicado a la formación política de la mandataria brasileña, el Partido de los Trabajadores.
Rousseff explicó que no abordará este asunto con su homólogo estadounidense, Barack Obama, durante la cumbre de líderes del G20 del próximo fin de semana en la ciudad australiana de Brisbane porque, según la mandataria, "estos temas se tratan bilateralmente".
En el marco de la cumbre del G20, Rousseff tiene previsto un encuentro con Obama, el primero que se producirá de manera formal entre ambos mandatarios desde que un escándalo de espionaje enturbió la relación bilateral en 2013.
El conflicto diplomático surgió después de que el exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense Edward Snowden denunciara que Washington había espiado las comunicaciones personales de Rousseff, así como de ministros y de empresas brasileñas, como Petrobras.
La apertura de una investigación por corrupción en Estados Unidos contra la petrolera estatal brasileña Petrobras, que en Brasil se ubica al centro de una trama de desvío de dinero, preocupa al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.
La Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos (SEC por su sigla en inglés) abrió una investigación civil contra Petrobras, mientras el departamento de Justicia inició otra criminal para dilucidar si funcionarios de la empresa –que cotiza en la Bolsa de Nueva York- infringieron las leyes estadunidenses contra la corrupción internacional.
En reacción a este asunto, que puso mayor presión sobre Petrobras, a quien se acusa de ser utilizada por políticos y funcionarios para desviar cientos de millones de dólares en Brasil, la presidenta reelecta Dilma Rousseff dijo este miércoles que la investigación en Estados Unidos “forma parte del juego”.
“Las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York tienen que presentar cuentas según las reglas de la Bolsa”, dijo, en una declaración realizada en Doha, donde la presidenta hace escala de camino hacia Australia para participar en la cumbre del Grupo de los Veinte.
Preocupa particularmente el impacto económico-financiero que la investigación podría tener, pues Estados Unidos ya impuso multas millonarias a bancos y empresas extranjeras por corrupción.
También inquieta el eventual impacto político, pues Rousseff lideraba el consejo de administración de Petrobras durante el período en el que se produjeron las supuestas irregularidades.
La prensa brasileña acusa a gerentes de Petrobras de participar en varios entramados de corrupción, comisiones y lavado de dinero en varias operaciones multimillonarias de la compañía vinculadas, entre otros, a la adquisición de una refinería en Pasadena (California, Estados Unidos) por una cantidad supuestamente mucho mayor al valor real.
Otra de las transacciones en el foco de las acusaciones es la construcción de una refinería en Pernambuco, donde las comisiones habrían provocado que, de un presupuesto inicial de 2,000 millones de dólares, las obras del complejo sean estimadas ahora en 20,000 millones de dólares.
