La clausura de la planta de Dioxitek en el barrio Alta Córdoba es una decisión estrictamente política del gobierno de Ramón Mestre, según la evaluación de fuentes cercanas a la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea).

Lo hicieron tras el cierre 
de la planta, luego de cumplirse el plazo de la última prórroga que se había firmado con el municipio.

“Dioxitek es la única planta del Estado en Alta Córdoba”, dijeron esas fuentes consultadas por La Voz del Interior. “Si fuera por el riesgo que supone, también hay otras plantas en ese barrio que deberían haber sido clausuradas y después verificarse, una por una, si realmente son peligrosas. Fue una decisión política”.

La evaluación se produjo ayer, en el segundo día en el que fueron vanos los intentos por obtener alguna información del Ministerio de Planificación Federal, del que depende la Cnea y, en consecuencia, Dioxitek. Tampoco pudo establecerse si desde la clausura hubo comunicación entre el titular de esa cartera, Julio De Vido, y el intendente capitalino, Ramón Mestre.

Las mismas fuentes aseguraron que la prolongación de la clausura de la planta procesadora de dióxido de uranio puede poner en riesgo el funcionamiento de las centrales nucleares Atucha I y II y Embalse. Dioxitek es la única productora del combustible para esas tres centrales que generan electricidad para 7 millones de personas, dijeron. “Si la clausura se extiende –estimaron–, a los tres meses las centrales dejarán de funcionar”.

Tampoco es una tarea sencilla la importación del dióxido de uranio. Podría hacerse desde Canadá, pero tendría que producirse un combustible igual al de Dioxitek, para el que están adecuadas las centrales nucleares. Además, una clausura prolongada de la planta de Alta Córdoba afectaría las exportaciones del material a India, Perú, Egipto y Australia.

“Pero por sobre todo –subrayaron las fuentes– está la decisión no sólo económica sino también de soberanía política de parte del Gobierno nacional de realizar en el país el ciclo completo de combustible nuclear por el altísimo valor agregado que conlleva”.

Formosa, lejos

El reemplazo de Dioxitek por una planta en el Polo Científico Tecnológico de Formosa, por otra parte, es una tarea que, según las fuentes, demandaría “entre dos y tres años, desde su construcción hasta su puesta en funcionamiento”. La semana pasada se aprobó el primer estudio de impacto ambiental, y en los últimos meses se retomaron a nivel diplomático las conversaciones con el gobierno de Paraguay, pese a no requerirse de su aprobación porque no se trata de una planta nuclear.

“No tiene sentido técnico, sino estrictamente político”, remataron las fuentes sobre la clausura de Dioxitek.

Incertidumbre

Futuro laboral. Los empleados de la planta de elaboración de dióxido de uranio clausurada el lunes por la Municipalidad de Córdoba afirmaron que se encuentran en medio de la incertidumbre, y que analizan realizar medidas de fuerza.

Preocupación. La medida puso en vilo a 140 trabajadores de la planta, a los que se suman otros 160 de empresas tercerizadas que brindan servicio en las instalaciones, ubicadas en Rodríguez Peña al 3200. Alberto Castro, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Dioxitek, sostuvo que desde la firma les dijeron que los puestos de trabajo no se perderán.

En un comunicado difundido por la FUNAM afirmaron que “la clausura de Dioxitek llega con 19 años de atraso y tras 26 años de lucha”. FUNAM es la ONG que desde 1988 denuncia pública y judicialmente la inseguridad, fallas y accidentes que tiene esa obsoleta planta de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

“En estos 26 años de lucha FUNAM hizo conocer al público que allí se depositan caóticamente y sin membrana 57.600 toneladas de residuos radiactivos de uranio, que la planta envió miles de tambores con basura radiactiva a San Rafael en Mendoza, que sufrió numerosos accidentes, incendios y hasta explosiones, que es una de las actividades químicas y radiactivas más peligrosas de la provincia además de a la central nuclear de Embalse, y que contaminaba la atmósfera de barrio Alta Córdoba y la colectora cloacal con uranio, todo ello en secreto, ante la inacción sistemática de las áreas de ambiente de la Provincia y de la Municipalidad de Córdoba” expresaron.

A su vez, el Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM, desmintió el comunicado de la Comisión Nacional de Energía Atómica que sostiene que Dioxitek jamás tuvo incidentes que afectaran a sus trabajadores y a los vecinos.

Montenegro calificó ese comunicado de CNEA como “la despedida más coherente que puede presentar una empresa irresponsable” y repasó los accidentes más graves que tuvo esa planta, “accidentes sugestivamente olvidados por CNEA”.

Sostuvo que después de “frustrados intentos de relocalización en Córdoba, Mendoza y La Rioja, el Ministro de Planificación Federal Julio de Vido buscó un aliado provincial con pocos escrúpulos y larga tradición de control de la protesta para trasladar la planta que nadie quiere, y halló ese socio en el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. En Formosa se violaron leyes locales y hasta una convención de derechos indígenas para que Dioxitek pudiera localizarse al lado mismo del barrio indígena Namqom. Poco les importó que la planta pudiera sufrir incendios y explosiones, y que sus nubes contaminantes afectaran por igual a argentinos y paraguayos. El Ministro De Vido y el gobernador Insfrán quieren localizar allí a Dioxitek, pero también un aún más peligroso reactor nuclear CAREM-150”.

Sostienen que el plan nuclear argentino “es faraónico e improvisado” y alertan sobre la concentración de plantas nucleares inseguras cerca de una de las ciudades más pobladas de América Latina, Buenos Aires, y de Uruguay.

CNEA quiere llevar ahora la planta a Formosa 

Montenegro sostuvo que después de “frustrados intentos de relocalización en Córdoba, Mendoza y La Rioja, el Ministro de Planificación Federal Julio de Vido buscó un aliado provincial con pocos escrúpulos y larga tradición de control de la protesta para trasladar la planta que nadie quiere, y halló ese socio en el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán”.

“En Formosa se violaron leyes locales y hasta la Convención 169 de Derechos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo para que Dioxitek pudiera localizarse al lado mismo del barrio indígena Namqom. Poco les importó que la planta pudiera sufrir incendios y explosiones, y que sus nubes contaminantes afectaran por igual a argentinos y paraguayos. El Ministro Julio de Vido y el gobernador Gildo Insfrán quieren localizar allí, a cualquier costo, ambiental y social, la planta de Dioxitek pero también el aún más peligroso reactor nuclear CAREM-150”, agregó.

FUNAM agregó que el cuestionado Ministro de Planificación Federal Julio de Vido “está en una marcha contrarreloj para que la planta expulsada de Córdoba pueda radicarse en Formosa, cueste lo que cueste. Lo que no tuvieron en cuenta, ni la nación ni el gobierno formoseño, es la contundente movilización en contra de Dioxitek y del reactor nuclear CAREM-150 que se registra en el Paraguay, ni la ruidosa oposición que crece en la propia Formosa y provincias vecinas. La clara posición contra la radicación de Dioxitek asumida por el Obispado de la Iglesia Católica en Formosa ha sido otro de los golpes más duros que recibió la iniciativa conjunta Insfrán-De Vido”.

“Las comunidades indígenas Qom afectadas por el proyecto Dioxitek denunciaron en la Justicia Federal la violación al Convenio 169 de Derechos Indígenas”, señaló el Dr. Raúl Montenegro.

El gobierno de Formosa defiende a Dioxitek

En relación a versiones que sostuvieron que la derogación de la Ley Provincial Nº 815, tuvo por objeto el allanar el camino para la instalación de Dioxitec, pues, de acuerdo a lo que sostienen, la norma no implicaba obstáculo para la instalación de la planta industrial. Existe un conglomerado de normas que siguen las reglas básicas de nuestras Constituciones Provincial y Nacional las que, en sus arts. 38 y 41, respectivamente, aseguran a todos los formoseños el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona humana, imponiendo a las autoridades el deber de conservarlo.

Para lo cual, hasta el momento, se han cumplido todos los recaudos ambientales, constitucionales y legales para la instalación de la industria nuclear en Formosa, la cual, a poco que se investigue, hoy está en auge, y por ello se exhorto, sobre todo a los que tienen mayores conocimientos técnicos que el común de los ciudadanos, a obrar con prudencia ya que su responsabilidad social es mucho mayor, pues se supone que sabe que con la derogación de la Ley Nº 815 en nuestra jurisdicción no ha cambiado absolutamente nada y tampoco se le ha abierto la puerta a nada y quienes lamentablemente lo quieren utilizar políticamente, realmente consideraron desde la Defensoría del Pueblo que están haciendo una verdadera “apología jurídica”, de la Ley Nª 815.