Preliminarmente, las autoridades avaluaron en 9 mil millones de dólares el costo de los planes ingresados este 11 de noviembre. A continuación el Sernageomin analizará el contenido presentado por las empresas mineras, para velar porque se cumpla el objetivo de estabilidad física y química de los yacimientos ya explotados.
La ministra de Minería, Aurora Williams, informó que 132 faenas, correspondientes a 107 empresas, presentaron la valorización de sus planes de cierre, conforme al régimen transitorio de la Ley 20.551 de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras, cuyo plazo de ingreso vencía el martes. Se estima preliminarmente que las valorizaciones ascienden a unos 9 mil millones de dólares, aun cuando la cifra definitiva será conocida el viernes, cuando se haya revisado el detalle de la totalidad de los informes técnicos ingresados por las empresas del sector.
A 24 horas de que venciera el plazo de presentación, la autoridad de minería comentó que “esta ley es un hito ambiental para Chile, porque en adelante las empresas se harán cargo del cierre de sus faenas, con lo cual se evita la generación de nuevos pasivos ambientales. Es un hito porque se da un paso importante para contar verdaderamente con una minería sustentable, que asuma la responsabilidad de no externalizar impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos sobre el agua, el suelo y el aire. Es una buena noticia para la salud de las personas”.
La normativa obliga a garantizar -con diferentes instrumentos financieros- las medidas de estabilización física y química que deben realizar las empresas durante el cierre las faenas que en el futuro agoten su fase de explotación, además de garantizar la gestión de post-cierre que se extiende por al menos 5 años. Aun cuando todas las faenas deben tener planes de cierre aprobados, aquellas donde la capacidad de extracción mensual bruta es superior a 10.000 toneladas, deben entregar una garantía financiera de sus procesos de cierre.
Según la información generada por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), órgano a cargo de fiscalizar la mencionada normativa, 132 faenas presentaron las valorizaciones de sus planes de cierre este 11 de noviembre, de un total de 140 que están en la condición descrita por la ley.
Cabe señalar que el mencionado régimen transitorio obliga a las empresas a valorizar y garantizar las medidas de cierre ya aprobados mediante Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y el título X del Reglamento de Seguridad Minera, mientras que las empresas que no se ciñeron a este régimen el 11 de noviembre, deben presentar planes de cierre según el nuevo régimen general de la Ley 20.551, que contempla un estándar más exigente para estos planes, incluyendo la aplicación de Análisis de Riesgo para la estabilidad física y química de las instalaciones de la faena. Este análisis, dependiendo de la dimensión de la faena, podría significar estudios que van desde los 4 a los 8 meses.
Qué se hace con las garantías financieras según la ley
Los recursos obtenidos como aporte al Fondo de Post Cierre, serán administrados por el Sernageomin de acuerdo con las instrucciones que contempla esta ley, y serán usados para la aplicación del Plan de Post Cierre de la faena minera cerrada. La administración de dichos fondos, mientras no sean usados, serán licitados para que una institución los invierta en una cartera de instrumentos financieros de renta fija, explícitamente mencionados en el mencionado cuerpo legal. Esta debe ser una empresa profesional en la administración de activos financieros, acreditada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), y elegida por medio de licitación efectuada por el Sernageomin.
Al respecto, el director nacional de la entidad, Rodrigo Álvarez Seguel, explicó que “el siguiente paso es la evaluación y aprobación de los planes de cierre; una vez que eso suceda, la empresa tiene un plazo de 6 meses para comenzar a constituir la garantía financiera, para haber completado el 20% del total dentro del primer año. Este es un proceso complejo, pero que sin duda va a implicar un aprendizaje enorme e información muy relevante para el Estado, los mercados y la ciudadanía”.
El Sernageomin, mediante su Departamento de Gestión Ambiental y Ley de Cierre de Faenas, detalló que de las cerca de 140 empresas que deben presentar planes de cierre valorizados, aproximadamente 34 faenas corresponden a producción no metálica (carbón, yeso, puzolana, caliche, caliza, entre los más importantes), y cerca de 106 faenas corresponden al área metálica (cobre, oro y plata, entre otras).-
La Ministra de Minería, Aurora Williams, informó que 132 faenas, correspondientes a 107 empresas, presentaron la valorización de sus planes de cierre, conforme al régimen transitorio de la Ley 20 mil 551 de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras; cuyo plazo de ingreso vencía el martes. Se estima preliminarmente que las valorizaciones ascienden a unos 9 mil millones de dólares, aun cuando la cifra definitiva será conocida el viernes, cuando se haya revisado el detalle de la totalidad de los informes técnicos ingresados por las empresas del sector.
A 24 horas de que venciera el plazo de presentación, la autoridad de minería comentó que “esta ley es un hito ambiental para Chile, porque en adelante las empresas se harán cargo del cierre de sus faenas, con lo cual se evita la generación de nuevos pasivos ambientales”.
La normativa obliga a garantizar, con diferentes instrumentos financieros, las medidas de estabilización física y química que deben realizar las empresas durante el cierre las faenas que en el futuro agoten su fase de explotación, además de garantizar la gestión de post-cierre que se extiende por al menos 5 años.
Aun cuando todas las faenas deben tener planes de cierre aprobados, aquellas donde la capacidad de extracción mensual bruta es superior a 10 mil toneladas, deben entregar una garantía financiera de sus procesos de cierre.
Según la información generada por el Servicio Nacional de Geología y
Minería, Sernageomin, órgano a cargo de fiscalizar la mencionada normativa, 132 faenas presentaron las valorizaciones de sus planes de cierre este 11 de noviembre, de un total de 140 que están en la condición descrita por la ley.
Al respecto, el director nacional de la entidad, Rodrigo Álvarez Seguel, explicó que “el siguiente paso es la evaluación y aprobación de los planes de cierre; una vez que eso suceda, la empresa tiene un plazo de 6 meses para comenzar a constituir la garantía financiera, para haber completado el 20 por ciento del total dentro del primer año”.
El Sernageomin, mediante su Departamento de Gestión Ambiental y Ley de Cierre de Faenas, detalló que de las cerca de 140 empresas que deben presentar planes de cierre valorizados, aproximadamente 34 faenas corresponden a producción no metálica, carbón, yeso, puzolana, caliche, caliza, entre los más importantes, y cerca de 106 faenas corresponden al área metálica, cobre, oro y plata, entre otras.
Se estima preliminarmente que las valorizaciones ascienden a unos US$9.000 millones, aun cuando la cifra definitiva será conocida el viernes, cuando se haya revisado el detalle de la totalidad de los informes técnicos ingresados por las empresas del sector.
La ministra comentó que "esta ley es un hito ambiental para Chile, porque en adelante las empresas se harán cargo del cierre de sus faenas, con lo cual se evita la generación de nuevos pasivos ambientales".
"Se da un paso importante para contar verdaderamente con una minería sustentable, que asuma la responsabilidad de no externalizar impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos sobre el agua, el suelo y el aire", agregó.
La normativa obliga a garantizar, con diferentes instrumentos financieros, las medidas de estabilización física y química que deben realizar las empresas durante el cierre las faenas que en el futuro agoten su fase de explotación.
Ello, junto con garantizar la gestión de post-cierre que se extiende por al menos cinco años.
Aun cuando todas las faenas deben tener planes de cierre aprobados, aquellas donde la capacidad de extracción mensual bruta es superior a 10.000 toneladas, deben entregar una garantía financiera de sus procesos de cierre.