"Hemos comprobado que hubo sobrefacturamiento en (la refinería de) Pasadena. Y con los indicios que hay de otras obras, es que llega próximo a 3.000 millones de reales (1.200 millones de dólares)", dijo Augusto Nardes, presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).

Según una reciente investigación del TCU, la compra de Pasadena perjudicó a Petrobras en 792 millones de reales (317 millones de dólares).

La mitad de la refinería fue adquirida en 2006 por unos 360 millones de dólares, operación que aprobó el consejo de la compañía, un valor muy superior al que la empresa vendedora, Astra Oil, había pagado por toda la refinería.

Luego, Petrobras debió comprar el otro 50%, obligada por unas cláusulas en el contrato de venta. Al final, la operación le demandó a la petrolera brasileña 1.200 millones de dólares.

El TCU pidió bloquear la cuenta de 11 actuales y ex directores de Petrobras. La actual presidenta Dilma Rousseff, quien en el momento de la operación era presidenta del consejo de Administración de la empresa, no fue hallada responsable.

Otra obra donde se detectaron pagos sobrefacturados por unos 243 millones de reales (101 millones de dólares) es la refinería de Abreu y Lima, cuya construcción lleva siete años y vio aumentar su presupuesto desde los 2.300 millones de dólares hasta 20.000 millones.

El ex director de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa, en prisión domiciliaria por estar implicado en una red de lavado de dinero, ha denunciado un esquema de pago de sobornos a decenas de legisladores durante su gestión entre 2004 y 2012, principalmente del oficialista Partido de los Trabajadores (PT).

También ha involucrado en su denuncia a dos ex jerarcas de la estatal, acogido a un sistema que le permite confesar y revelar detalles de sus operaciones e involucrados, con el fin de reducir su pena.

Otro acogido al mismo beneficio es el empresario Alberto Youssef, también preso y cómplice de Costa en la red de lavado de activos, quien incluso llegó a asegurar, según la revista Veja, que la presidenta Rousseff y el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva estaban al tanto del esquema. Rousseff rechazó las acusaciones y anunció acciones ante la justicia.

Estas denuncias son investigadas tanto por la justicia como por el Congreso.

Ese cálculo incluye el aumento del precio de forma supuestamente irregular en obras en el Complejo Petroquímico de Río de Janeiro (Comperj) y en las refinerías de Abreu e Lima, en Pernambuco (noreste), Duque de Caxias (Río de Janeiro) y Getulio Vargas (Paraná, sur), además de la compra de una refinería en la ciudad estadounidense de Pasadena (Texas).

En un almuerzo con periodistas brasileños, Nardes calificó las irregularidades como “el mayor escándalo investigado” por el Tribunal de Cuentas (TCU) de este país.

El responsable del TCU dijo que hay “indicios” de que las supuestas irregularidades lleguen a la cifra indicada, aunque matizó que los cálculos todavía tienen que ser estudiados por los magistrados que integran el organismo.

Estas supuestas irregularidades están siendo investigadas en diferentes procesos por la Fiscalía de Río de Janeiro y también por una comisión parlamentaria.

Cerca de la mitad del capital, unos 1.600 millones de reales (cerca de 585 millones de dólares), corresponde a las pérdidas sufridas por la compra de la refinería de Pasadena en 2006, en un proceso que el TCU considera que ya está “comprobado” el sobreprecio pagado por la petrolera.

Petrobras compró la mitad del capital de la refinería de Pasadena por 360 millones de dólares a la empresa belga Astra Oil, que un año antes había pagado 42,5 millones de dólares por la totalidad de la planta.

Debido a una cláusula en el contrato, Petrobras fue forzada a desembolsar otros 820 millones de dólares por la otra mitad del capital.

El pasado julio, el TCU determinó el bloqueo de los bienes de once ex-directores de Petrobras considerados responsables de la compra de la refinería.

No obstante, exculpó de responsabilidad a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, que en la época de los hechos era miembro del Consejo de Administración de Petrobras en condición de ministra de Minas y Energía.