Finalmente tras varias meses de arduas discusiones la Legislatura fijó una fecha para tratar el proyecto de Iniciativa Popular, presentado por los ambientalistas de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) que busca prohibir la minería en toda la provincia. También se estableció una nueva interpelación, esta vez para el ministro de Salud, Juan Manuel Corchuelo Blasco, por diferentes aspectos vinculados a la salud pública.

No podía faltar el tema de la crisis hídrica en Comodoro. En este sentido los diputados casi de forma unánime exigieron que el Gobierno ponga en efectivo funcionamiento la ley de emergencia de los servicios, sancionada un año atrás, y establezca un plan de contingencia acorde para responder a la severa crisis por los cortes de agua que atraviesa la ciudad año tras año.

Minería

Ayer se puso sobre la mesa la discusión sobre la minería y se estableció la fecha del 25 de noviembre para que el recinto tome una resolución. Vale recordar, que el 26 de noviembre era el límite para que sea debatido en el recinto, ya que desde que ingresó pasaron los 6 meses que establece la Constitución.

Esto se resolvió por una moción del jefe de bancada de la Unión Cívica Radical, Roberto Risso, la cual fue acompañada por la mayoría de los legisladores. A su vez, fue el integrante del Frente para la Victoria, Héctor Trotta, quien propuso que el 19 se haga la reunión de comisiones y se profundizara el tema. Más allá de eso, el tratamiento se hará haya o no dictamen de parte de las 4 comisiones que siguen el tema.

Al fundamentar su moción, Risso indicó que “al debate vamos a darlo en el Parlamento, donde corresponde, no en el Teatro Español. Y pueden venir los funcionarios del Estado a defender su posición, ahí tienen la Banca 28. Pero tenemos que dar el debate sobre los pro y los contra y después veremos si están los votos o no lo están. Hay un mandato constitucional que dice que hay que tratarlo”.

El integrante del Interbloque, Juan Ale, apoyó los dichos de Risso y aseguró que “sería una vergüenza que una ley se apruebe sin ser tratada”, en relación a los dichos del vicegobernador Gustavo Mac Karthy sobre que si no era discutida en el recinto la Iniciativa Popular podía llegar a quedar automáticamente aprobada. “Agregó que hay que ver las posturas de ambas partes”.

Desde el Bloque del PJ, también se manifestaron a favor. José Karamarko sostuvo que “debemos tratarlo. Esta ley se la puede modificar en Comisiones. Entendemos que tenemos que poner a consideración de la Cámara la Iniciativa Popular”. Aclaró de todos modos que “el no tratamiento no da a lugar a la aprobación de este proyecto”, como sostenía Mac Karthy.

Chubut Somos Todos, a través de Roddy Ingram, también señaló la necesidad de que se debata y se fije una fecha”.

El que salió a contestar por el FpV fue Héctor Trotta, quien señaló que “ningún bloque expresó que no se debe tratar este proyecto”. En esa dirección aseveró que “por supuesto que lo tenemos que tratar el 25, porque vencerían los plazos. Es lo que la ley dice que hay que hacer. Acompañamos la moción de Risso como un gesto, porque no estaba en mi ánimo no tratarlo. Que se queden tranquilos porque ningún diputado dijo que no se trataría. Hubo mucha sobreactuación”, lanzó.

Lo cierto es que el 25 podría haber una definición clave, ya que en caso de avanzar con la Iniciativa Popular tal como está, se prohibiría la megaminería en toda la provincia.

En las barras seguían atentos lo acontecido tanto los sectores antimineros, como los promineros. Estos últimos al escuchar que la Iniciativa Popular se abordaría en el recinto, comenzaron por bajar sus banderas y unos minutos más tarde abandonaron el edificio.

Coparticipación

El diputado de Chubut Somos Todos, Jerónimo García, recordó que el debate por la coparticipación nunca más se trató. Recordó que “cuando saqué mi proyecto para abrir el dabate al resto de las iniciativas Risso me dijo que esto nunca más iba a avanzar y así fue”.

Puntualizó que “encima el Poder Ejecutivo carga las culpas contra los legisladores, cuando son ellos los que traban este proceso”.

Ese día se tratará sin más dilaciones el proyecto de Iniciativa Popular, que fue presentado en mayo por la Unión de Asambleas Ciudadanas con más de 13 mil firmas, y que al llegar al tope de 180 días que establece la Constitución, llevó ayer a los diputados a ponerle fecha fija para aprobarlo o rechazarlo. Fue sin dudas el hecho más destacado de la sesión de ayer, que fue festejado por los manifestantes ambientalistas que había en las barra.

El planteo lo realizó el radical Roberto Risso, ante la cercanía del vencimiento del plazo que marca el artículo 163 de la Constitución. Sostuvo que «pedimos que el debate sea el próximo martes 25 de noviembre. Vamos a debatirlo acá en el Parlamento, donde corresponde. 

Que vengan los funcionarios o intendentes a ocupar la banca. Después veremos si están o no los votos, pero que no nos acusen de violar el mandato constitucional», expresó. A su turno, Anselmo Montes (FPV) dijo que «adhiero en tratar el proyecto de la unión de asambleas ciudadanas. Tenemos la libertad de decir si apoyamos o no», al igual que Juan Ale (interbloque) quien sostuvo «comparto, porque no queda otra, si no sería una vergüenza que una ley se apruebe porque lo dicen cuestiones reglamentarias».

Por su parte, José Karamarko (PJ) dijo que «concuerdo con fijar una fecha de tratamiento y cumplir con la manda constitucional. Pero nuestro bloque entiende que el no tratamiento no da lugar a la aprobación. La ley nos marca la obligación de tratarlo. Debemos poner a consideración de la Cámara esa iniciativa». Y también el dasnevista Roddy Ingram dijo que «esto se debe tratar, por eso vamos a acompañar lo planteado. El artículo 263 de la Constitución es clarito y fija un plazo de 180 días». Finalmente Héctor Trotta (FPV) aclaró, «no debe entenderse que no se quería tratar. Hay planteos que son hasta excesivos. Lo acompaño porque es lo que tengo que hacer, es lo que la Constitución me manda. Hay cuestiones en las que se sobreactúan los temas sin necesidad»; y luego propuso que se haga la reunión de las cuatro comisiones el miércoles 19 para sacar los dictámenes al proyecto para el día 25, lo que fue acompañado por sus pares.

INFORMES Ayer se aprobaron además diversos pedidos de informe al Ejecutivo presentados por Chubut Somos Todos. La diputada Mirhyam Crespo, quiere saber cuándo se instaló el mamógrafo en Esquel, la antigüedad del equipo, características técnicas, cuántas veces estuvo fuera de servicio. También dirigió un pedido al ministro de Familia, respecto a cuántas familias se encuentran alojadas en el ex hostal La Hoya, con qué comodidades cuentan, la cantidad de niños y sus edades. Y sobre el miso tema, requirió al presidente del IPV si familias que habitan este hostal se encuentran registradas en el organismo para acceder a una vivienda. Otro pedido, pero al ministro de Gobierno, pretende conocer las causales por las cuales se ha visto afectada la prestación del servicio de la Brigada de Incendios Forestales en la zona cordillerana, durante el mes de octubre del corriente año.

Se aprobaron dos pedidos del Polo Social, dirigidos al ministro de Ambiente, así como al presidente del IPA, sobre los controles ambientales sobre canteras cercanas a Lago Musters, y los trabajos ante el avance del lago a consecuencia de extracción de arena. Además se aprobó una declaración al Ejecutivo impulsada por la UCR para que aplique cuanto antes las facultades que da la Ley de Emergencia de los Servicios Públicos para solucionar cuanto antes la crisis de falta de agua potable que aqueja a la zona sur desde hace cinco días.

En la Sesión Ordinaria de ayer quedó aprobado por iniciativa del diputado radical, Roberto Risso el tratamiento del proyecto de Iniciativa Popular promovido por ambientalistas enrolados en la Unión de Asambleas Ciudadanas que están en contra del desarrollo de la megaminería en Chubut.

Risso formuló una moción de establecer fecha fija para el próximo martes 25 del presente mes a fin de dar el correspondiente tratamiento constitucional a dicha iniciativa impulsada por más de trece mil firmas.

En ese sentido, distintos legisladores coincidieron en que no estaba en el ánimo de ningún diputado desconocer ese mandato constitucional.

También tuvo acompañamiento del cuerpo legislativo una propuesta del diputado cordillerano Héctor Trotta, presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia, respecto de realizar una reunión de las comisiones que analizan el proyecto de Iniciativa Popular para el próximo 19 de noviembre, a las 16 hs, para acordar el pronto tratamiento parlamentario y la emisión de dictámenes tratándose de cuatro comisiones.

El diputado Ale consideró que sería “una vergüenza que la ley quede aprobada sin ser debatida” por sus pares. Karamarko sostuvo que “tenemos la obligación de tratar” la iniciativa de la UAC.

Los integrantes de la UAC aplaudieron la iniciativa y se preparan a lo que será un mes de mucha actividad parlamentaria ya que ayer ingresaron notas del presidente de la Cámara de Empresarios Mineros solicitando se les conceda la posibilidad de desarrollar ante la Legislatura una audiencia pública sobre la temática de la actividad minera. Otra nota de la UAC por medio de la cual algunos de sus especialistas solicitan fecha para viajar con el objeto de continuar con las exposiciones en defensa de la Iniciativa Popular. Y otras cinco notas más fueron presentadas de distintos putos del país apoyando la Iniciativa Popular.

El vocero del grupo "Juntos por la Meseta", Guillermo Lillo, anticipó que este miércoles habrá un encuentro con "gente de toda la meseta, a las 11 en el teatro, frente a la Casa de las Leyes, para pedir que se apruebe la ley de zonificación minera para esa región”.

Este martes se presentaron en la Legislatura vecinos de Paso del Sapo, Gastre, Gan Gan, Lagunita Salada y Las Plumas, para dialogar con los diputados previo al encuentro que tendrá lugar este miércoles. 

En este sentido, el vocero del grupo "Juntos por la Meseta", Guillermo Lillo, anunció que llegarán además "algunos jefes comunales y referentes de otras localidades, de Comodoro Rivadavia, Madryn y Esquel. Nosotros queremos que se apruebe el proyecto de zonificación. No es que se aprueba (la zonificación) y mañana tenemos minería, sino que para eso hay que cumplir un montón de parámetros por parte de las empresas”.

Asimismo, dijo que "venimos a entregar una nota de invitación para que los diputados sean claros respecto a de qué lado estarán a la hora de apoyar la zonificación o no o si van a apoyar el proyecto de Asambleas (Ciudadanas) o no", en alusión al proyecto de iniciativa popular que debe tratar la Legislatura antes del 3 de diciembre.

De esta forma, Lillo, destacó – a través de Radio Del Mar - que "la idea es juntarse diputado por diputado y después sacaremos conclusiones. Nosotros queremos que se apruebe el proyecto de zonificación. Las empresas mineras tienen que hacer un montón de trabajos para presentarle al Gobierno y que éste decida en uno, dos o 10 años si habrá o no minería".

“Confío en que el proyecto Navidad dará trabajo a la gente de la zona. Hoy el campo está muerto, no hay animales, poca gente, no hay empresas, los jóvenes se van de la Meseta. Armamos el grupo sin distinción partidaria por el bien de la gente. Todos pensamos que nos están corriendo de la meseta. ¿De qué vamos a vivir? No va a ir ninguna empresa a ningún pueblo a ponerse allá si no dan los beneficios".

IMPACTO AMBIENTAL

En otro orden, Lillo aseguró que a los vecinos de la Meseta también les preocupa el tema ambiental: "estamos apoyando la zonificación y queremos discutir el tema ambiental. No tenemos problema en sentaros con ellos y explicarles nuestra situación. Quien controla el Medio Ambiente en un proyecto de esos es Gobierno; nosotros queremos participar del control para saber qué es lo que pasa. No queremos minería para luego decir que metimos la pata. Queremos minería que se haga bien".