La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (ONDS-PCM) presentó el informe de diferencias, controversias y conflictos sociales “Willaqniki” N° 24, el cual da cuenta que durante octubre intervino en el tratamiento y gestión de 43 conflictos sociales, igual que el mes anterior, y en la atención preventiva en 104 casos.
De los 43 conflictos sociales reportados, el 63% corresponde a aquellos vinculados a actividades extractivas, que incluyen minería (35%), hidrocarburos (16%) y minería informal (12%), confirmando la tendencia señalada en las publicaciones anteriores.
El último caso registrado como conflicto social está relacionado a los hechos de violencia suscitados en la provincia de Purús en la región Ucayali, por el rechazo de un sector de la población ante los resultados electorales, donde la intervención de la ONDS-PCM fue fundamental para recuperar la tranquilidad y la calma en la zona, la cual permitió la salida vía aérea de seis trabajadores de la ONPE y uno del Jurado Nacional de Elecciones.
En cuanto a las acciones de prevención, en octubre se registraron 104 casos, uno menos que el mes anterior (resultado del ingreso de cuatro casos y la resolución de cinco de ellos). De dicha cifra, la preponderancia la mantienen los casos en minería que representa el 46%, que sumados a las acciones desplegadas en la actividad hidrocarburífera (11) y de minería informal (1) registra en suma el 58 por ciento.
Esta edición destaca la intervención de la ONDS en la mesa de diálogo del distrito de San Juan de Marcona, provincia de Nazca en Ica, donde la buena voluntad de las partes permitió la suscripción de un convenio, por el cual la empresa minera Shougang Hierro Perú cambió el uso de 82.04 hectáreas de su concesión para fines de desarrollo urbano y social, en beneficio directo de 1776 familias.
También da cuenta de las gestiones realizadas por la ONDS con las organizaciones indígenas de la Selva Central, la cual permitió contrarrestar el paro promovido por el Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki, en la región Junin, quienes pedían el retiro de la empresa Pluspetrol, operadora del Lote N°108 en las zonas de Chanchamayo y Satipo.
Igualmente, presenta la visita realizada por la ONDS al nevado Ccarhuarazo en la provincia de Sucre en la región Ayacucho, en el marco del reclamo de un sector de la población contra la empresa minera Laconia South América, quien obtuvo permiso para realizar las exploraciones del proyecto Kimsa Orcco.
Otra muestra de los avances del diálogo, que presenta en informe, se da en la región cusco con la instalación de Mesa de Diálogo en la provincia de La Convención, así como la intervención realizada para optimizar el cumplimiento de los convenios suscritos entre la empresa minera Hudbay Perú S.A.C. y el distrito de Chamaca.
Esta edición, que está dedicada al tema de territorio y su relación con la conflictividad, incluye una entrevista al Alto Comisionado en Asuntos de Lucha contra la Tala Ilegal, General (r) César Fourment, que permite conocer la complejidad de la labor para contrarrestar las afectaciones al patrimonio forestal. Y, otra, al Director de la Unidad de Gestión de Asentamientos Informales del Ministerio de Transportes, Obras Públicas y Vivienda de Jamaica, Basyl Forsythe, sobre la problemática de los asentamientos informales.
En octubre, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad intervino en el tratamiento y gestión de 43 conflictos sociales, similar al mes anterior, y en la atención preventiva en 104 casos, informó hoy la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
De los 43 conflictos sociales reportados, el 63% está relacionado con actividades extractivas, que incluyen minería (35%), hidrocarburos (16%) y minería informal (12%), confirmando la tendencia señalada en las publicaciones anteriores.
Las cifras están consignadas en el informe "Willaqniki" N° 24, que precisa que solo se registró un nuevo caso de conflicto: el rechazo de un sector de la población a los resultados electorales en la provincia de Purús, en la región Ucayali.
Allí, la intervención de la referida oficina fue fundamental para recuperar la tranquilidad y la calma, remarcó la PCM en una nota de prensa.
Respecto a las acciones de prevención, en octubre pasado se registraron 104 casos, uno menos que el mes anterior (resultado del ingreso de cuatro casos y la resolución de cinco de ellos).
De dicha cifra, la preponderancia la mantienen los casos en minería que representa el 46%, que sumados a las acciones desplegadas en la actividad hidrocarburífera (11) y de minería informal (1) registra en suma 58%.
El informe destaca también la intervención en la mesa de diálogo del distrito de San Juan de Marcona, provincia de Nasca, en Ica, donde la buena voluntad de las partes permitió la suscripción de un convenio, por el cual la minera Shougang Hierro Perú cambió el uso de 82.04 hectáreas de su concesión para fines de desarrollo urbano y social, en beneficio directo de 1,776 familias.
Además, da cuenta de las gestiones realizadas con las organizaciones indígenas de la selva central, que permitieron contrarrestar el paro promovido por el Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki, en la región Junín, que pedía el retiro de la empresa Pluspetrol, operadora del Lote N°108 en las zonas de Chanchamayo y Satipo.
Igualmente, presenta la visita realizada al nevado Ccarhuarazo, en la provincia de Sucre, en la región Ayacucho, en el marco del reclamo de un sector de la población contra la empresa minera Laconia South América, que obtuvo permiso para realizar las exploraciones del proyecto Kimsa Orcco.
Otra muestra de los avances del diálogo que presenta el informe, se da en la región Cusco con la instalación de la mesa de diálogo en la provincia de La Convención, así como la intervención realizada para optimizar el cumplimiento de los convenios suscritos entre la empresa minera Hudbay Perú S.A.C. y el distrito de Chamaca.
La edición, que está dedicada al tema de territorio y su relación con la conflictividad, incluye una entrevista al alto comisionado en Asuntos de la Lucha contra la Tala Ilegal, César Fourment, que permite conocer la labor para contrarrestar las afectaciones al patrimonio forestal.
También se entrevista al director de la Unidad de Gestión de Asentamientos Informales del Ministerio de Transportes, Obras Públicas y Vivienda de Jamaica, Basyl Forsythe, acerca de la problemática de los asentamientos informales.
Para una visión ampliada y detallada del referido informe de diferencias, controversias y conflictos sociales, los interesados pueden acceder a este vía internet.
Los resultados electorales en algunos distritos del interior del país han empezado a preocupar al Gobierno por una eventualescalada de protestas, específicamente, contra los proyectos mineros Río Blanco (Piura), Tía María (Arequipa) y Camilaca (Tacna).
El último reporte de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) sobre la conflictividad social, revela que en las provincias de Huancabamba y Ayabaca, zonas de Piura donde se levanta el proyecto minero Río Blanco, fueron elegidos alcaldes resistentes a las inversiones, por lo que se incrementarían “las dificultades para que entre (a trabajar) Río Blanco”, reza el informe de la PCM.
Caso Arequipa
El panorama tampoco es alentador en Arequipa, donde se levanta el proyecto Tía María (provincia de Islay), que representa una inversión de US$ 1,000 millones.
En el proceso electoral 2014, fueron elegidos tres alcaldes de abierta oposición al desarrollo minero.
Caso Tacna
Mientras tanto en Tacna, la elección con el 42.2% de Andrés Paco Mamani del Movimiento Nueva Generación Tacneña, en el municipio de Camilaca, pone en aprietos al proyecto Camilaca de la empresa Rio Tinto.
Sin embargo, según el informe de la PCM, para Minsur y el proyecto Pucamarca, la situación puede fluir mejor, pues resultaron electas autoridades a favor del diálogo y de la inversión.
El factor Puno
En Puno están los proyectos mineros de San Rafael de Minsur, Santa Ana y Corani de Bear Creek, Ollachea de Kuri Kullu, Arasi de Aruntani y Guadalupe de Ciemsa.
Los resultados electorales donde se ubican estas inversiones “dan la oportunidad de consolidar los procesos de diálogo en curso”, resalta el balance de la PCM en el mencionado informe.
Por lo tanto, el Gobierno dice que “hay que trabajar con los nuevos alcaldes de estas zonas para involucrarlos en los procesos de diálogo en curso”.
