Jocoso, Sergio Urribarri suele anotarse una cucarda: Cristina Kirchner lo reconoce como su nexo inicial con el CEO de YPF Miguel Galuccio, quien antes de los avatares por la ley de hidrocarburos y el acuerdo por Chevrón era tal vez el funcionario más respetado del Gobierno.
Lo que nunca contó Cristina son los negocios del gobernador de Entre Ríos con el jefe de la petrolera de bandera, que incluyen obra pública y contratos con consultoras de comunicación.
Galuccio conocía a Urribarri por su hermano Carlos, directivo de la constructora Losi S.A., de las más beneficiadas con la obra pública de Entre Ríos.
El Galuccio constructor es un personaje conocido en su provincia. Tomó control de Losi S. A. al casarse con la hija del dueño y con esa chapa llegó a presidir la Unión Industrial local en 2008, plena época del idilio de Urribarri con Cristina por su fidelidad durante el conflicto con el campo.
Ese vínculo le abrió la puerta al gobernador para obtener obras con fondos nacionales, pero muchas veces quedaron en anuncios.
Fue el caso de los hospitales de Paraná y Gualeguaychú, que esperaban inaugurarse para 2010 pero nunca comenzaron a funcionar.
Pero pocas cosas le interesaban más a Urribarri que tener su estadio único en Paraná y por eso lo sumó a los anuncios de campaña.
La obra nunca comenzó y con los graves problemas financieros de la provincia, a la intendenta Blanca Ossuna le pareció conveniente darla de baja. “No veo multitudes reclamando por el estadio único”, dijo días pasados.
Los números de Entre Ríos son cosa seria: como adelantó LPO, Urribarri tiene un agujero fiscal de 1100 millones de pesos que lo obliga a emitir letras provinciales para pagar los sueldos. Tal vez un estadio de fútbol no sea lo más oportuno.
Conexión Capurro
El principal acuerdo que sellaron Galuccio y Urribarri fue por la consultora de comunicación de Doris Capurro.
Contratada por YPF, la consultora también trabaja para la candidatura presidencial del gobernador y en Entre Ríos nadie cree que ese trabajo se financie con fondos de la provincia.
Amiga de Cristina Kirchner, Capurro sumó a Urribarri en la voluptuosa pauta de YPF en los medios, protección suficiente para que haga campaña nacional mientras no puede pagar los sueldos.
En Entre Ríos la oposición ya habla del cerco mediático más grande del país. “No podemos hablar con nadie”, afirman los detractores del gobernador.
Los fondos de YPF no dejan rastros, porque al tratarse de una sociedad anónima con participación estatal no pueden ser revisados por la Auditoría General de la Nación (AGN).
Es lo que le permite a Galuccio no mostrar los contratos de gas licuado, que arriban al país en barcos por un costo no menor 50 millones de dólares.
Capurro no fue una buena influencia por estos días, al quedar envuelta en un escándalo de lobby empresarial por trabajar un emprendimiento de la modelo Valeria Mazza en Punta del Este.
Fue, tal vez, el primer disgusto que le trajo a Urribarri, que cuenta gustosamente con sus servicios sin aportar mucho más que su sonrisa.
Un escandaloso caso por presunta corrupción que afecta al presidente de México, Enrique Peña Nieto, dejó al desnudo las sospechosas vinculaciones de las grandes corporaciones chinas con los gobiernos latinoamericanos y los empresarios de obra pública ligados a éstos, que Argentina salieron a la luz en las últimas grandes licitaciones.
Peña Nieto, que atraviesa el peor momento de su gobierno por el brutal asesinato de 43 estudiantes, ahora enfrenta un escándalo por la revelación de que posee una mansión de 7 millones de dólares que está registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una firma que forma parte del Grupo Higa, del poderoso empresario Juan Armando Hinojosa Cantú.
El Grupo Higa es uno de los grandes beneficiarios de la obra pública del gobierno mexicano, y también ganó numerosos y millonarios contratos durante los años de Peña Nieto como gobernador del Estado de México. Ahora, el presidente debió salir a decir que se trata de una propiedad de su esposa y que no está a su nombre porque todavía no completó el proceso de compra. Una explicación que no cierra a los mexicanos.
Pero la revelación periodística de este caso se dio un día después de una noticia que sorprendió en México y China. Es que sorpresivamente Peña Nieto dio de baja un contrato para la construcción de un tren de alta velocidad que uniría la capital y Querétaro. Ese contrato había sido ganado por la empresa China Railway Construction Corporation, en asociación con tres firmas mexicanas, entre ellas Constructora Teya, del Grupo Higa.
Ese contrato, por 3.700 millones de dólares, estuvo precedido por una polémica licitación en la que grandes actores del sector como la alemana Siemens, la francesa Alstom y la canadiense Bombardier se retiraron y dejaron vía libre al consorcio chino-mexicano, denunciando al Gobierno de Peña Nieto por los condicionamientos que estableció.
La premura de Peña Nieto por cancelar ese contrato, justo antes de partir de viaje oficial a China, fue leída en México con una señal de que el Presidente estaba al tanto de la revelación que haría la periodista Carmen Aristegui sobre el sospechoso triángulo con Hinojosa Cantú y las empresas chinas.
Hinojosa Cantú no sólo se favoreció por las obras públicas. En 2012, le alquiló a Peña Nieto aviones para la campaña presidencial por unos dos millones de dólares. Hinojosa Cantú fue uno de los principales aportantes a la campaña del PRI, satisfecho quizás por el crecimiento de su fortuna durante la gestión de Peña Nieto como gobernador del Estado de México, cuando multiplicó sus contratos.
Cristina en el espejo de Peña Nieto
Lo que también revela esta trama es un modelo de negocios que los empresarios chinos desplegaron en América Latina para hacerse de los grandes negocios de obra pública. El esquema, simple, es asociarse a empresarios cercanos a los gobiernos de turno y establecer el lobby a través de ellos para ganar los contratos.
El caso de la construcción las represas en Santa Cruz es paradigmático y también deja a las claras cómo las empresas que dependen del gobierno de China se vieron favorecidas por su acercamiento a empresarios amigos de la Casa Rosada.
Allí, los chinos atacaron por dos frentes. Por un lado, Gezhouba Group se asoció con Electroingeniería, del cordobés Gerardo Ferreyra, un íntimo de Carlos Zannini. Por otro, Sinohydro Group se asoció con el santacruceño Lázaro Báez, pero la revelación del escándalo de la "ruta del dinero K" lo perjudicó y el contrato se lo quedó el cordobés. El proceso estuvo plagado de irregularidades e incluso fue llevado a la Justicia por la oposición y hasta el propio Báez. Ni siquiera se tuvo en cuenta la frágil situación económica.
La licitación de la represa Chihuido, todavía sin adjudicar, también muestra a los chinos asociados a empresarios cercanos al Gobierno. Gezhouba repitió su asociación con Electroingeniería, mientras que Hydrochina Corporation y Power China presentaron una oferta en conjunto con CPC, de Cristóbal López. También podría mencionarse la aceitada relación de Franco Macri con el Gobierno chino, que sirvió para que empresas orientales hicieran millonarios negocios aquí.
En diálogo con LPO, el especialista en relaciones internacionales Diego Guelar opinó que este modelo de negocios no es atribuible solamente a las empresas chinas y afirmó que “operan como absolutamente todos los países”. “Hay algunos países que son más neutrales, más transparentes. Otros tienen una inclinación por inclinar estos procesos”, agregó.
Guelar, autor del libro “La invasión silenciosa” sobre el desembarco de China en América del Sur, sostiene que la ofensiva china sobre la región se ha hecho “muy notoria en los últimos diez años” y uno de los sectores a los que apunta es a la infraestructura, especialmente en ferrocarriles, puertos y energía.
“Hay países con más transparencia que otros. Uruguay y Chile, por mencionar a dos, tienen sistemas que están interpretados como menos proclives a corruptelas. Otros, en cambio, tienen más capacidad de apuntalar a sus empresarios amigos, tienen relaciones de mayor intimidad. En algunos hay arbitrariedades muy grandes”, analizó.
De todos modos, Guelar indicó que “sería injusto identificar a China o a otro país” con este tipo de prácticas, habituales en todos los empresarios. “Las empresas que buscan este tipo de grandes contratos son proclives a esto. Las que no lo quieren hacer directamente no se presentan. O aceptan las reglas o no se presentan, aunque en general tampoco denuncian las irregularidades cuando pierden una licitación”, detalló.
Finalmente, Guelar dijo que los controles a las empresas chinas de parte de instituciones estatales “no son transparentes” como todo el sistema judicial y político. “Actualmente están muy preocupados por fortalecer los sistemas de control debido a la revelación de muchos casos de corrupción. Es el objetivo principal del Partido Comunista a partir de las denuncias que surgieron en la prensa occidental”, completó.
