Oposición en el Congreso pidió retiro de la propuesta, incluida en el tercer paquete reactivador, ante el temor de que genere protestas en las regiones.
Para que el tercer paquete de medidas reactivadoras del Ejecutivo obtenga “luz verde” en el Congreso (tenía más de tres meses), debió retirarse la propuesta del Ejecutivo que permitía el ingreso de hasta 40% de participación privada en el capital de las empresas eléctricas estatales.
Ello debido al rechazo que generó la propuesta en varias bancadas de la oposición –e incluso en algunos congresistas del oficialismo- al indicar que ello significaría un “riesgo de privatización en estas compañías”.
Temor a protestas
El presidente de la Comisión de Economía, Casio Huaire, lamentó este cambio en el proyecto, aprobado la madrugada del viernes último.
“Varias bancadas de oposición están trabando las reformas con mensajes populistas. Señalan que en provincias hay rechazo a la privatización y quieren evitar conflictos como los sucedidos en los casos de Egasa y Egesur”, anotó.
Otro cambio en el paquete redujo el pago del Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) para los años 2013 y 2014.. Asimismo, se eliminó la modificación a la Ley de Habilitaciones Urbanas, que establecía la acreditación de los revisores urbanos en un registro del Ministerio de Vivienda. La acreditación la seguirán haciendo en sus respectiva municipalidades.
Hace unas semanas también se eliminó del paquete el artículo denominado Ley Coca-Cola, que reducía el pago de aportes por habilitaciones urbanas. El resto de medidas del paquete fue ratificado. Destacan la exoneración definitiva del ITAN a partir del 2015, la depreciación acelerada (20% anual) para las construcciones y la ampliación de los alcances de obras por impuestos.
Después de más de tres meses de que el Ejecutivo presentase alCongreso de la República el tercer paquete de medidas reactivadoras, este fue por fin aprobado en segunda votación la semana pasada. Si bien esto ha sido buena noticia para nuestra alicaída economía en la medida en que se mantuvieron gran parte de las medidas (sobre todo las tributarias, de simplificación administrativa y de obras por impuestos), la mala noticia es que se eliminó por completo una de las más importantes iniciativas: no se aprobó la medida que buscaba permitir la participación privada en las empresas eléctricas del Estado.
En efecto, cuando el señor Ollanta Humala anunció en su discurso de 28 de julio que se buscaría que en una etapa inicial las empresas eléctricas estatales pudieran vender el 20% de sus acciones en la bolsa, y que luego esta cifra pudiera aumentar hasta un 49%, nosotros celebramos la noticia. Y lo hicimos porque creemos que así se hubiera dado el paso correcto para mejorar los servicios eléctricos que actualmente brindan las 16 empresas eléctricas que no fueron privatizadas durante las reformas de la década de 1990.
Lo anterior no lo decimos únicamente porque el que se permita a estas empresas cotizar en bolsa las forzará a adoptar prácticas de gobierno corporativo y de transparencia para lograr así un sector con mayor eficiencia. Lo decimos también porque, como ya hemos sostenido en más de una ocasión, los privados tienen muy buenas razones para usar los recursos que poseen de la mejor manera posible, pues cualquier desperdicio les significará una pérdida en sus ganancias. Por eso, a diferencia del Estado, que suele tomar las decisiones con base en criterios políticos, los privados lo hacen basados en razones de eficiencia. Además, en lo que toca a temas como el eléctrico, los privados tienen también incentivos para algo clave para este servicio: ampliar su cobertura, pues así amplían también sus clientes y sus ingresos.
Para analizar cómo se traduce todo lo anterior en beneficios para los usuarios, no hay que ir demasiado lejos. Como sostuvo hace algunos meses nuestro columnista Iván Alonso en estas mismas páginas, las empresas eléctricas que fueron privatizadas en la década de 1990 consiguieron ampliar su cobertura, aumentar sus inversiones y reducir sus pérdidas de energía. “El consumo de electricidad –aseguró Alonso– se multiplicó por tres, las líneas de transmisión se duplicaron en extensión y el número de clientes de las empresas distribuidoras pasó de dos millones y medio a más de seis millones”. La evidencia en favor de la participación privada en el sector es abrumadora.
Al no aprobar esta iniciativa, el Congreso no solo parece haber hecho de oídos sordos a todos los anteriores argumentos, sino que, además, parece no haber estado enterado de lo que sucede en las economías con las que nos debemos medir en la región: nuestros socios de la Alianza del Pacífico. Desde hace varios meses el Gobierno Mexicano viene impulsando una reforma energética que ya se aprobó en el Parlamento. A través de la misma se ha modificado la Constitución para permitir –luego de 70 años de monopolio energético– la participación del sector privado en todo el sector. Incluida, por supuesto, en su empresa insignia, Pemex –propietaria de todas las reservas de petróleo y gas de México, y encargada exclusiva de la exploración, producción y distribución al por menor–. Gracias a esta reforma, se espera que nuestro aliado se convierta en una potencia energética en los próximos años, pues se empezarán a explotar los recursos energéticos mexicanos olvidados desde hace décadas por la decidia y la falta de conocimientos técnicos que supuso el manejo estatal. Y así, mientras en México deciden desembarazarse de la carga del estatismo empresarial, nuestros parlamentarios deciden avanzar contra la lógica y la historia y seguir apostando por él.
Desgraciadamente, nuestro Congreso no está a la altura del mexicano ni tiene la visión para darse cuenta de qué sirve más al país. Una vez más, ha tomado una decisión incorrecta, perjudicando en el camino a millones de peruanos.
