Este martes vence el plazo para que las mineras entreguen al gobierno sus planes de cierre de faenas y sus valorizaciones. La idea es evitar que cuando el mineral se agote, se sigan sumando pasivos ambientales que no tienen dueños. Codelco ya presentó su programa a Sernageomin. En el mercado se estima que su valor llega a US$ 1.000 millones.

Carolina Pizarro M.

El martes será un día clave para 160 yacimientos mineros y energéticos del país. Ese día vence el plazo para que las empresas entreguen los planes de cierre de sus instalaciones con la correspondiente valorización del proceso.

Este es un hecho inédito en la minería chilena, pues es la primera vez que las empresas tienen que hacerse cargo de sus instalaciones cuando se cumpla su vida útil y tengan que cerrarlos, porque ya no se encuentren recursos ni reservas para continuar sus operaciones.

Por la magnitud de este cambio, el gobierno tiene programada una actividad pública -que al cierre de esta edición se estimaba para este martes- donde Codelco será la estrella. La minera estatal hará entrega simbólica de varias cajas donde se encuentran los documentos de cierre de sus actuales ocho operaciones productivas.

Es que la estatal se adelantó al plazo y entregó a fines de octubre sus medidas de cierre a Sernageomin, entidad encargada de chequear los planes que presente la industria. Así lo cuenta el gerente de Sustentabilidad de Codelco, Jorge Lagos. “Estamos satisfechos de haber presentado antes del plazo legal los ocho planes divisionales de cierre. Algunos de ellos de alta complejidad debido a las dimensiones y antigüedad de nuestros yacimientos e instalaciones industriales”, señala.

Lagos explica que los planes incluyen los proyectos estructurales, pero sólo en aquellos casos en que dichas instalaciones cuenten con la aprobación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), así como la decisión de inversión por parte del directorio o inicio de obras tempranas. En esta modalidad, las iniciativas incorporadas por Codelco son Chuqui Subterráneo y Nuevo Nivel Mina de Teniente. También se incluye a Ministro Hales.

De acuerdo a estimaciones de mercado, el plan de cierre de Codelco es el más costoso de la industria minera. Se proyecta que podría llegar a los US$ 1.000 millones. La firma no quiso confirmar esta cantidad.

Boleta de garantía

La Ley 20.551, de cierre de faena, entró en vigencia en noviembre de 2012, pero se estableció un período de transición de dos años para que las empresas adecuaran sus procedimientos operativos para cuando termine la vida útil de sus faenas. El plazo vence este 11 de noviembre.

La norma obliga a toda compañía minería metálica y no metálica y también a empresas energéticas que exploten hidrocarburos, a entregar un programa para cerrar las operaciones. Además, obliga a garantizar, a través de garantías financieras, que realizará este proceso y que se hará cargo de sus pasivos ambientales.

Estas boletas de garantías quedarán en manos de Sernageomin, entidad que las custodiará y tiene además, la potestad, si por ejemplo, una empresa quiebra, de ejecutar las boletas financieras y cerrar los yacimientos. “Esto significa que si la empresa por alguna razón no ejecuta su plan de cierre, el Estado tiene los instrumentos financieros y garantías físicas para poder hacerlo con la autorización de Sernageomin”, dice el subsecretario de Minería, Ignacio Moreno.

La Ley establece que las empresas que tienen una vida útil mayor a 20 años, el plazo para constituir la garantía es 15 años y las operaciones que se extienden por menos de 20 años, esta garantía se constituye en los dos tercios de la vida útil del yacimiento (ver infografía).

Pero estas garantías no quedan en el Estado a perpetuidad. Se establece que cuando una empresa comience a cerrar sus instalaciones, recibirán íntegramente de vuelta el dinero garantizado al Estado en las boletas.

El socio de F&K Consultores, Juan Pablo Philippi, compañía que está asesorando a empresas como Antofagasta Minerals en este proceso, señala que existe un incentivo para ir cerrando las instalaciones en la medida que ya no sean útil para las compañías. La norma indica que cuando se empiecen a cerrar algunas instalaciones, se devolverá el 30% de la boleta de garantía, y otro 30% cuando se cierre, mientras que el 40% restante se entregará cuando toda la operación concluya su cierre.

También explica que el monto de las garantías podría subir, ya que cada cinco años las compañías deben hacer actualizaciones de su vida útil. Sin embargo, indica que este valor puede ser marginal si se hacen optimizaciones, labor que realiza la consultora, permitiendo incluso ahorros que podrían llegar a US$ 30 millones.

Pasivos ambientales

El fin de esta norma es que no se sigan sumando pasivos ambientales que no tienen dueños, dice Moreno. A la fecha, según un catastro de Sernageomin, existen cerca de 1.400 pasivos ambientales abandonados, la mayoría de ellos ubicados en el norte del país, en zonas como Iquique, Copiapó o Andacollo.

De acuerdo con la norma, las empresas que produzcan más de 10.000 toneladas mensuales de mineral, que puede ser cobre, plata, oro, etc., están sometidas a la norma. Bajo esta modalidad, entre mediana y gran minería metálica, la norma abarcaría a unas 40 faenas de mediana y otras 70 de gran minería, de acuerdo con cifras de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami).

La normativa también afecta a la estatal Enami. Para esto, la minera, indica el gremio, definirá sus planes de cierre de acuerdo a un Plan de Negocios para sus planteles, considerando la proyección de abastecimiento, proyecciones de precios de los metales, etc.

En el caso de las empresas energéticas que tengan proyectos de hidrocarburos, la norma se aplica a firmas cuya capacidad de extracción por yacimiento sea superior a 600 metros cúbicos por día de petróleo o un millón de metros cúbicos al día de gas natural. En esta categoría está Enap.

A eso hay que sumar las empresas no metálicas, como SQM, llegando a 90 faenas, indican en Sonami.

Vida útil: la duda

En teoría el proceso parece fácil de realizar. Sin embargo, desde la discusión de la norma hasta el plazo para la entrega de las valorizaciones, ha existido incertidumbre en la industria y también en el sector público. Es que en este proceso, donde se busca que Chile esté en el rango de países como Canadá o Australia en cuanto a los estándares que debe tener las operaciones mineras y energéticas, todos han ido aprendiendo. “Este ha sido un tema muy complejo”, reconoce Ignacio Moreno. Tanto así, que tanto Sernageomin como la Comisión Calificadora de Competencias Mineras, entidad a cargo de certificar la real data de los yacimientos, han tenido que establecer reglamentos y definiciones nuevas para aplicar la norma.

Moreno cuenta como anécdota un tema que es vital para el programa de cierre de faena y, por ende, para su valor, que es el establecimiento del concepto de vida útil de una faena. Este concepto abarca todo mineral que sea económicamente explotable. Sin embargo, la Comisión Calificadora o Comisión Minera, no sabía la forma de certificar los recursos con una persona competente, que es como un notario geológico. Para eso tuvo que definir, dentro de sus protocolos, la certificación de los recursos.

Pero la definición de vida útil es un concepto que aún no está despejado, porque se está discutiendo en el Congreso una modificación a la ley 20.551. La finalidad es impedir que las empresas de mediana minería y que no tienen las espaldas financieras necesarias, cierren sus faenas. Este es un tema que realmente puede suceder, asegura Ignacio Moreno: “El riesgo de cierre puede suceder en el mediano plazo. Hay empresas que pueden tener dificultades reales en constituir garantías en períodos cortos. Por eso estamos haciendo el cambio”, dice.

Este cambio se refiere a que las empresas que produzcan hasta 250 mil toneladas mensuales de mineral puedan definir su vida útil tomando en cuenta sus recursos mineros (que es todo el mineral con el que cuenta un yacimiento) en vez de las reservas (que es lo que realmente es explotable por las compañías). Esta excepción no se aplicaría a las grandes mineras, ya que ellas deben definir la extensión de sus operaciones e instalaciones tomando en cuenta las reservas. Por eso, el Consejo Minero ha manifestado que esta distinción es discriminatoria. “Concordamos con los objetivos y fundamentos contenidos en la propuesta de modificación de la ley de cierre de faenas mineras, en cuanto a que el cálculo de la vida útil de los proyectos mineros se realice en función de los recursos minerales, y no de las reservas. Estimamos, sin embargo, que no existe razón para que ello se aplique sólo a la mediana minería. Excluir a las empresas de mayor capacidad de esta modificación legal, entre estas Codelco, constituiría una discriminación técnicamente injustificada”, dice su presidente ejecutivo, Joaquín Villarino.

Pero Moreno sale al paso y señala que este tema se conversó con las mineras, incluidas Codelco, y se dijo que estar sometido a reservas en vez de recursos no cambia drásticamente el plan de las empresas. “Para la gran minería esto no es un tema que sea relevante. Le implicaría generar garantías en un plazo más corto, pero no es dramático. Acá no se está aliviando el trato a la mediana minería. Lo único que se está reconociendo es que la vida útil no es igual a la reserva sino que es en función de los recursos que tiene. Eso les permitirá que en vez de constituir garantías en un año, lo puedan hacer un plazo más razonable”, dice.

Agrega que espera que este proceso, que comenzó a tramitarse en octubre en el Parlamento, se logre resolver durante esta semana. Sin embargo, explica que mientras, las compañías de mediana minería deberán presentar sus cierres de faenas, estimando su vida útil tomando en cuenta las reservas de sus yacimientos.