Por Hugo Alconada Mon y Francisco Olivera.
El gigante petrolero norteamericano Chevron condicionó la firma del acuerdo con YPF para invertir en el yacimiento Vaca Muerta a la reforma de leyes federales y provinciales, y a la aprobación de nuevas normas. Y esas modificaciones debían resultar de su "entera satisfacción" para que comenzara a traer capitales a la Argentina, según consta en documentos que firmaron las petroleras cuyas copias obtuvo LA NACION.
Los planteos de Chevron resultaron efectivos: las "condiciones suspensivas" o "precedentes" que delineó en las negociaciones con YPF terminaron incorporadas en un decreto y en una ley neuquina, en un decreto presidencial y en la flamante ley de hidrocarburos que aprobó el Congreso con el objetivo de alcanzar la soberanía energética. Pero fuentes de la empresa señalaron que las normativas no generan derechos exclusivos para Chevron, sino que crean el marco necesario para estas y futuras inversiones en exploración petrolera.
Las condiciones de Chevron, vertidas en documentos identificados como "estrictamente confidenciales", se centran en el tiempo y las características para las concesiones, los topes máximos a las regalías que podrían cobrarle las provincias y una estabilidad tributaria absoluta para la petrolera y sus subsidiarias.
Chevron también exigió una garantía de que podrá enviar dividendos al exterior, así como fijar la jurisdicción extranjera para dirimir cualquier disputa con YPF, en la que el Estado argentino controla el 51 por ciento, pero es por ley una sociedad anónima.
Además, el acuerdo estableció una serie de garantías amplias que debía asumir la petrolera argentina ante posibles reclamos de terceros.
Los términos de la negociación surgen de tres documentos, redactados en inglés y categorizados "estrictamente confidenciales", que ambas petroleras firmaron a mediados de 2013 y cuyas copias obtuvo LA NACION. Son los identificados como "Carta Acuerdo", "Garantía" y "Términos y Condiciones del Proyecto de Inversión para Exploración". Un cuarto documento, el más sensible y relevante de todos -"Acuerdo de Inversión para Proyecto"- continúa bajo llave.
Altos ejecutivos de YPF admitieron la autenticidad de esos documentos ante la consulta de LA NACION. Pero la interpretación oficial desde la petrolera sobre todo el proceso de negociación, acuerdo y operación con el gigante norteamericano es distinta: "Chevron no tiene ninguna garantía: corre el ciento por ciento del riesgo petrolero y reclama las condiciones habituales de la inversión petrolera en el mundo". Consultados por LA NACION, los voceros de Chevron indicaron desde Estados Unidos que no harían comentarios.
Ante una presentación judicial de legisladores de la oposición que pretendían conocer el detalle de esos documentos, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, defendió repetidas veces su carácter confidencial. En agosto de 2013 afirmó que no había "cláusulas secretas" en el acuerdo con Chevron, sino "condiciones de confidencialidad y privacidad destinadas a proteger las inversiones de dos empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York".
En rigor, esas mismas cláusulas de confidencialidad son comunes en los contratos de otras petroleras públicas o mixtas de la región, como Petrobras o Pemex. Por eso, desde YPF reafirmaron el principio de confidencialidad ante la solicitud de LA NACION para acceder al "Acuerdo de Proyecto de Inversión".
A cambio de las reformas legislativas que planteó Chevron, la petrolera norteamericana se comprometió a invertir US$ 1240 millones en la formación Vaca Muerta, la mayor reserva de hidrocarburos del país y considerada una de las más relevantes del planeta. Y acordó desarrollar un posible programa adicional de exploración en otros 26 pozos por US$ 360 millones.
Muchas de las condiciones que había delineado Chevron en los documentos del 16 de abril de 2013 se plasmaron primero en el decreto 1208/13 y luego en la ley 2687 de la provincia de Neuquén; después en el decreto 292/2013 -que creó el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos-, que firmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y, por último, terminaron en la ley 27.007 de hidrocarburos, que el Congreso aprobó el 30 de octubre.
Conocida como la "ley Galuccio" porque el presidente de YPF se convirtió en su impulsor más férreo, la norma se defendió desde el oficialismo como una herramienta clave para que la Argentina alcance su "soberanía energética".
El propio Galuccio confirmó la existencia de las condiciones planteadas por Chevron en un comunicado que envió a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Pero las calificó de "determinadas condiciones precedentes" -con una traducción literal del documento en inglés- y sólo detalló una: que Neuquén debía otorgar una nueva concesión sobre el área "con un plazo de explotación de 35 años".
Entre otras, esas "condiciones suspensivas" o "precedentes" eran:
"El plazo para la o las concesiones y la cesión del título sobre los activos a Cofel [por Chevron Overseas Finance II (Exploration) Limited] se regirán por términos y condiciones que resultan aceptables para Cofel [Chevron], lo que, entre otras cosas, puede requerir la realización de modificaciones a la legislación existente o la promulgación de nuevas leyes dentro del marco regulatorio federal y provincial".
"Las concesiones deberán otorgarse por un plazo mínimo de 35 años con una autorización asociada para ceder, en totalidad o en parte, una o varias concesiones a terceros".
"La tasa de regalías total por la explotación de recursos hidrocarburíferos no convencionales en el marco de las concesiones no superará el 12%".
"Dicha tasa máxima del 12% incluirá, sin carácter taxativo, regalías, impuestos a la producción, impuestos sobre beneficios extraordinarios o pagos basados en el flujo de caja neto".
"Las leyes federales, provinciales y municipales deberán ser eficaces para ofrecer estabilidad impositiva y en las regalías".
"Cofel [Chevron] deberá poder en todo momento remitir dividendos a sus accionistas extranjeros libres de todo gravamen (incluidos impuestos)".
"Deberá conferirse el derecho a exportar la producción de petróleo y gas de yacimientos no convencionales de conformidad con términos y condiciones aceptables, como así también el derecho a mantener en el exterior un porcentaje aceptable de los fondos provenientes de esas exportaciones".
La vinculación entre esas y otras cláusulas de la negociación y las reformas normativas es evidente. El 10 de abril de 2013, Galuccio anunció la inversión conjunta en Vaca Muerta; un día después la Presidenta firmó el decreto 292/13, que se publicó el 15 en el Boletín Oficial, y al día siguiente YPF y Chevron rubricaron el "Acuerdo de Proyecto de Inversión", por un área de concesión de 360 hectáreas, de las 30.000 de Vaca Muerta.
Así, tanto el decreto presidencial como la nueva ley petrolera aparecen como dos instrumentos jurídicos creados desde el Gobierno "a medida" de las condiciones delineadas por Chevron durante las negociaciones que comenzaron a tomar forma a fines de 2012, según surge de los propios documentos que obtuvo LA NACION.
"Durante los últimos siete meses, nuestros equipos han realizado progresos significativos para alcanzar un entendimiento mutuo en relación con el Proyecto de Exploración de Vaca Muerta y Cacheuta", indicaron los negociadores en uno de esos documentos.
En rigor, la negociación había comenzado antes y para agosto de 2012 habían sellado un primer "memorando de entendimiento"..
Lo que muchos sospechaban se confirmó: la negociación entre las petroleras YPF y Chevron para poner en marcha el yacimiento “Vaca Muerta” incluyó múltiples condicionamientos de parte de la compañía estadounidense, a los que el Gobierno nacional accedió y dio cumplimiento con varias leyes y decretos. Ayer en diario La Nación reveló las cláusulas “secretas” de aquel contrato y ahora la oposición prepara una batería de denuncias judiciales contra las autoridades involucradas, comenzando por la presidenta Cristina Kirchner y el titular de la petrolera local, Miguel Galuccio.
Anoche una alta fuente de la petrolera dijo a este diario que “no se reveló nada nuevo ya que todo había sido dado a conocer en conferencias de prensa”.
Entre los condicionamientos a la política de hidrocarburos de la Argentina que logró imponer la petrolera estadunidense, antes de invertir unos 1.500 millones de dólares en el yacimiento neuquino, figuran garantías para la extensión de la concesión a 35 años, libertad para girar dividendos al exterior, topes máximos a las regalías que se pagarán a las provincias y una promesa de estabilidad fiscal absoluta.
También se aceptó, como ya sucedió con los llamados Fondos Buitres, que en caso de litigio Chevron podrá demandar a YPF en tribunales internacionales.
Frente a la revelación, el Frente Renovador anunció que denunciará ante la justicia ese acuerdo, firmado en abril de 2013. El ex diputado Adrián Pérez llevará la voz cantante en este asunto. Ya tiene lista una presentación contra la Ley de Hidrocarburos, sancionada en octubre, y el acuerdo con Chevron. Pero además presentará ante la SEC de Estados Unidos, donde cotiza YPF, una denuncia contra Galuccio basada en las condiciones extraordinarias para Chevron.
Ricardo Delgado, economista del espacio liderado por Sergio Massa, le dijo a Clarín: “No nos sorprenden las cláusulas secretas que otorgan beneficios a Chevron, porque son signos de la debilidad negociadora actual de la Argentina, dado el mal manejo de la economía y la urgente necesidad de divisas. Hay una imposibilidad de generar divisas de manera genuina. Tras el acuerdo secreto con Chevron el Gobierno logró la ley de Hidrocarburos para darle un marco legal. Fue una ley escrita por YPF, que pese a que es nacionalizada, pertenece en 49% a fondos con base en el extranjero”.
En el bunker de Lilita Carrió hoy habrá reunión para analizar bajo qué concepto penal se encuadrarían este tipo de concesiones. La diputada de la Coalición Cívica, recordó que “lo de Chevron fue una seña que hicieron para después darle las condiciones exigidas, y eso es lo que votó el oficialismo junto al decreto de la Presidente”. Horas antes de la firma del acuerdo con YPF, Cristina firmó el decreto 929/13, cuyos beneficios luego se replicarían en la nueva Ley de Hidrocarburos. Los condicionamientos secretos también se vieron reflejados en otras norma: el decreto 1208/13 y la ley 2687 de la provincia de Neuquén.
“Ahora que no se vistan más de antiimperialistas, porque entregaron la mayor reserva a Estados Unidos a través de Chevron, igualitos a Hugo Chávez”, insistió Carrió.
Además de las nuevas denuncias en preparación, ya había otras en danza. El diputado Claudio Lozano realizó una presentación ante el juzgado federal 9 pidiendo la anulación del contrato con Chevron.
Y hace poco la Cámara Federal ordenó reabrir una causa contra Cristina formulada por el diputado porteño Alejandro Bodart (MST), que denunció a la Presidenta por presunto “abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y daño ambiental en grado de tentativa”.
Desde el radicalismo, Ricardo Alfonsín opinó que “el oficialismo, en lugar de debatir la Ley de Hidrocarburos en el Congreso, lo hizo con las corporaciones petroleras”.
Por su parte, el diputado del PRO, Federico Sturzenegger, criticó la flamante Ley de Hidrocarburos, en especial porque permite una inusual extensión de las concesiones petroleras, desfavorable para el estado nacional y las provincias.
Según Sturzenegger, la ley 17.319 hoy no permite regalías superiores al 12%, asignándose las áreas de acuerdo a criterios determinados por la inversión comprometida. Algo así como “alquilo mi departamento con un alquiler simbólico a quien me lo decore mejor”. La irrupción de mayores precios del petróleo y el gas, y el advenimiento de Vaca Muerta cambiaron radicalmente la situación. Las provincias avanzaron, correctamente y eso ahora nos e tiene en cuenta”.
Por Martín Bidegaray.
En el debate por la Ley de Hidrocarburos, la oposición le enrostró al Gobierno que la nueva legislación era una suerte de “Chevron para todos”.
Los estadounidenses consiguieron beneficios impositivos, salvaguardas legales y hasta vía libre para girar dividendos con una promesa de inversión de US$ 1.000 millones. Ahora las reglas cambiaron. Para acceder a las regalías más bajas de la región, cualquier extranjero deberá traer US$ 250 millones, el cuarto de lo que se le pidió a Chevron en su momento. Y, además, podrá vender petróleo en el exterior a partir del tercer año del momento en que invirtió. Antes, eso se podía hacer desde el quinto.
Esto significa que Petronas -que ya firmó con YPF- y Exxon -la próxima en acordar- accederán a beneficios más rápido que los primeros que se sentaron con Miguel Galuccio. Y todo indica que habrá más: con regalías topes del 12%, pocos países eligen ser tan flexibles a la hora de cobrar su participación en las ganancias a una industria tan dinámica y multimillonaria como la petrolera.
El jueves pasado, ante ingenieros, Galuccio dijo que las cláusulas secretas con Chevron eran un “disparate”. Allí, defendió la actuación de la empresa. Su gestión quedará marcada por este polémico convenio. ¿Será revisado a partir de 2016?
Por Hugo Alconada Mon y Francisco Olivera.
Las petroleras YPF y Chevron crearon un complejo entramado societario en paraísos fiscales de Estados Unidos y el Atlántico Norte para que los US$ 1240 millones de la inversión para Vaca Muerta no pudieran ser embargados por dos grandes contendientes: la petrolera española Repsol y los pueblos originarios de Ecuador, según surge de documentos que obtuvo LA NACION y del relato de altos ejecutivos de la compañía local que participaron de las negociaciones.
Datos y precisiones sobre ese entramado quedaron expuestos en tres documentos identificados como "estrictamente confidenciales" que ambas compañías firmaron en abril de 2013. En ellos se detalla, por ejemplo, que para cerrar las negociaciones con Chevron YPF recurrió a dos sociedades constituidas en Delaware, estado conocido como un paraíso fiscal y corporativo dentro de Estados Unidos.
Allí creó las compañías YPF Shale Oil Investment I y II, a las que a su vez otorgó el 90 y el 10 por ciento de una sociedad de responsabilidad limitada creada en la Argentina, Compañía de Hidrocarburo No Convencional SRL.
Esa SRL, a su vez, se convirtió en el "subconcesionario" de las operaciones pactadas con Chevron, que por su parte operó a través de Chevron Overseas Finance I Limited, otra SRL con domicilio en las islas Bermudas, un territorio británico de ultramar situado en el Atlántico Norte.
Los fondos invertidos por Chevron podrían haber sido objeto de embargo por la española Repsol, enfrascada en una durísima disputa con el gobierno argentino, que la había echado de YPF quitándole el control de la compañía.
Además, la ingeniería societaria intentaba evitar un eventual embargo de los abogados de los pueblos originarios de Ecuador, que ya habían promovido una acción de clase contra Chevron, llegando a embargar el flujo de caja de la filial argentina de esa petrolera.
Así, mientras el riesgo español recién empezó a menguar en noviembre de 2013, cuando el ministro de Economía, Axel Kicillof, arribó a un acuerdo con Repsol, para entonces Chevron ya había tenido que aclarar, en febrero de ese año, que no planeaba irse del país ante la movida de la justicia local por el pedido ecuatoriano.
En ese contexto, durante el primer período que siguió a la firma de los documentos y el desembolso de los primeros US$ 300 millones, la petrolera argentina debió firmar una "garantía" o "fianza" para reafirmar su posición. YPF aceptó que Chevron podría enmendar, modificar o rescindir de manera unilateral tramos de esos acuerdos según lo estimara "conveniente de forma oportuna", ya fuera "de manera total o parcial".
Junto al documento titulado "Garantía", LA NACION obtuvo otros dos documentos categorizados como "estrictamente confidenciales" por YPF y Chevron. Se titulan "Carta acuerdo" y "Términos y condiciones del proyecto de inversión para exploración".
Un cuarto documento, el más sensible y relevante de todos -"Acuerdo de inversión para proyecto"- continúa bajo llave. La jueza federal María Romilda Servini de Cubría intenta obtenerlo, como también hubo otro intento en el fuero Contencioso Administrativo Federal, donde la Cámara de Apelaciones terminó por darle la razón a YPF, que argumentó que es una sociedad anónima, con derecho a resguardar su información interna.
Igualmente, los documentos que obtuvo LA NACION muestran otros beneficios para Chevron, temporarios o permanentes. Entre otros:
-Según surge de la "Carta acuerdo", en caso de que Chevron "o sus sociedades relacionadas [.] no puedan convertir pesos a una divisa extranjera en el Banco Central de la República Argentina de conformidad con el decreto [por el 929/13], YPF asistirá al prestador [por Chevron], según corresponda, a realizar tal conversión".
-Según el documento titulado "Fianza", YPF también "garantizó" -durante el tiempo que duró esa fianza, ya expirada- que "todos los pagos" a Chevron abordados en ese documento se harán "en dólares estadounidenses, sin ningún tipo de compensación o contrarreclamo, en las oficinas del prestador [por Chevron] especificadas", como otro modo de cubrirse de una ofensiva de Repsol o, acaso, los fondos buitre.
-YPF renunció a las "defensas con el máximo alcance permitido por la legislación vigente" que podría plantear "en la actualidad o en el futuro en relación con la ilegalidad, invalidez o inexigibilidad del «Acuerdo de inversión para proyecto», cualquier otro documento del préstamo, cualquiera de las obligaciones garantizadas o cualquier otra fianza, garantía o derecho de compensación relativo a éstos que [Chevron] tenga en un momento específico o de forma oportuna".
-El documento titulado "Garantía" o "Fianza" -según su traducción del inglés- incluyó además entre sus últimas cláusulas una "Renuncia al derecho de inmunidad". Esa "garantía" es habitual en las emisiones de bonos y ya expiró, sin sobresaltos.
Según consta en ese documento, la renuncia que beneficiaba a Chevron era "respecto de la competencia de un tribunal o de cualquier proceso legal (ya sea mediante notificación, embargo preventivo, embargo ejecutivo u otros)".
Al aceptarlo, YPF aceptó su "renuncia de forma irrevocable a tal inmunidad", con el "máximo alcance permitido por la legislación", la que aclaraba a su vez que es la de inmunidad de soberanía extranjera aprobada por Estados Unidos en 1976..
El diputado nacional por la UCR, Ricardo Alfonsín aseguró ayer que “el oficialismo prefirió debatir la Ley de Hidrocarburos con Chevron y no con la oposición” en relación a los beneficios que la norma le habría otorgado a la petrolera norteamericana. “Está claro que el oficialismo, en lugar de debatir la Ley de Hidrocarburos con la política y en el Congreso, lo hizo con las corporaciones petroleras”, sostuvo esta tarde el diputado radical, en un comunicado de prensa. De esta forma se refirió a la información publicada ayer, según la cual la empresa norteamericana Chevron habría condicionado un acuerdo con YPF para la inversión en Vaca Muerta a la sanción de una serie de leyes nacionales y provinciales.
GRAVES PERJUICIOS
“De allí los graves perjuicios que la ley causa al interés general”, se quejó Alfonsín. “Entre quedar bien y solucionar un problema, el Gobierno siempre eligió quedar bien”, consideró, y estimó que desde el Ejecutivo se “fue dejando que los problemas se agravarán y recién cuando el agua les llegaba al cuello, apremiados por las circunstancias que eran aprovechadas para arrancarles concesiones excesivas en perjuicio del interés general, se disponían a enfrentarlos”. “Eso ocurrió con el Club de París, con Repsol, con el Ciadi, con la Ley de Hidrocarburos y espero que no ocurra lo mismo con los fondos buitre”, advirtió el legislador radical. “El oficialismo prefirió debatir la Ley de Hidrocarburos con Chevron y no con la oposición”, insistió.
MAS RECLAMOS
Por su parte, la diputada nacional de Unen, Elisa Carrió reclamó ayer a los kirchneristas que “no se vistan más de antiimperialistas” porque “entregaron la mayor reserva (de petróleo del país) a Estados Unidos a través de Chevron”. “Denunciamos en el Parlamento y hoy se confirma, que esta fue la mayor ley de entrega para Chevron y para Cristina Kirchner a través de Lázaro Báez, quién se quedará con la segunda reserva en Santa Cruz”, sostuvo Carrió respecto de la norma sobre hidrocarburos votada días pasados por el Congreso. Según el diario La Nación sobre la base de documentos que Chevron habría condicionado la firma de un acuerdo con YPF para invertir en el yacimiento neuquino de Vaca Muerta a la sanción de una serie de leyes tanto provinciales como nacionales que fueron tratadas en las últimas semanas.
Por Natalia Aguiar (*)
Las cláusulas secretas empiezan a notarse y la actitud de la Presidenta puede costarle un procesamiento cerca del final de su mandato.
"Chevron impone condiciones a un Gobierno que actúa como empleado de las petroleras internacionales”, sentenció el senador radical Mario Cimadevilla tras conocerse los anexos reservados del acuerdo entre la empresa norteamericana e YPF.
Chevron condicionó la firma del acuerdo con YPF para la explotación del Yacimiento Vaca Muerta a la reforma de leyes federales y provinciales, y a la aprobación de nuevas normas, según la investigación de los periodistas Hugo Alconada Mon y Francisco Olivera del diario La Nación.
El convenio lo habilitó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a través del Decreto 929/2013 por el que se crea Régimen de Promoción de Inversión para la explotación de hidrocarburos en el Yacimiento Vaca Muerta de la provincia del Neuquén.
“Rechazo las imposiciones que la empresa petrolera estadounidense Chevron le hizo al Gobierno Nacional para firmar un acuerdo de explotación del Yacimiento Vaca Muerta. Se delegaron facultades legislativas a una empresa norteamericana como la jurisdicción nacional en caso de conflicto, lo que resulta inaceptable”, continuó Cimadevilla.
“El relato de la década ganada es coherente. El kirchnerismo anuncia siempre pomposamente grandes logros en pos de nuestra soberanía, pero cuando transcurre el tiempo y se corre el telón… la trama, el desarrollo y el desenlace de la película pasan por un lado totalmente diferente. Ahora es el turno para estos acuerdos con Chevron”, indicó el legislador.
“Desde el radicalismo hace un año que venimos exigiéndole al Gobierno Nacional aclaraciones sobre esos contratos. La reticencia a brindarnos información nos generaba la sospecha de lo poco auspicioso que resultarían para el país esas negociaciones. Temor profundizado por el marco de confidencialidad requerido por la empresa y respetado a rajatabla desde el oficialismo”, resaltó Cimadevilla
“El tiempo nos dio la razón: Chevron impuso sus condiciones. Logró concesiones por un plazo no menor a los 35 años. Las regalías que las provincias podrán exigirle no deben superar el 12% y además quedarán eximidos de pagar impuestos por remitir dividendos al extranjero entre otras cuestiones”.
“La reforma a la Ley de Hidrocarburos que aprobó el oficialismo como lo dijimos durante su tratamiento, es vergonzosa”, sentenció el senador.
“Profundizaron lo hecho por Menem en los ´90. Así, Chevron y otras petroleras, como ya lo hacen PAE y Tecpetrol en Chubut, hacen y harán su negocio mientras la Argentina nuevamente dilapida el manejo soberano de la energía. Escenario propiciado por un Gobierno Nacional y por mandatarios provinciales que actuaron y actúan como empleados y gerentes de estas compañías en lugar de velar por los intereses del país”.
“A partir de diciembre de 2015 es nuestra responsabilidad revisar todas las concesiones petroleras otorgadas. Anularlas en caso de considerarlo necesario y darle a los futuros contratos en materia energética el marco regulatorio necesario, teniendo en cuenta que se trata de un recurso clave para el desarrollo del país”, concluyó el senador nacional por Chubut.
Condiciones y cesiones. Las responsabilidades de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la presunta delegación de facultades legislativas como la cesión de la jurisdicción nacional en caso de conflicto tanto a Nueva York como a París, y la habilitación del acuerdo Chevron-YPF a través del decreto 929/2013, se analiza en la justicia federal.
La denuncia fue impulsada por el diputado porteño Alejandro Bodart (MST) y el abogado ambientalista Enrique Viale por los presuntos delitos de abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y daño ambiental en grado de tentativa.
Si bien el acuerdo habría sido suscrito por el CEO de YPF, Miguel Galuccio quien permitió la maniobra fue la presidenta sin la intervención del Congreso, en una clara vulneración a la Constitución Nacional y Tratados Internacionales, explicaron a Perfil voces con acceso al expediente.
El costo de un futuro procesamiento contra la Presidenta en el final del mandato sería alto.
Tras un recurso de queja en contra de la decisión de la Cámara Federal que impulsó la investigación a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría, la Sala II de la Cámara de Casación, integrada por Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Pedro David, dirime si habilita o archiva la pesquisa que podría significar la “imputación penal” de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Según adelantaron fuentes judiciales a Perfil, la balanza judicial se inclinaría por la desestimación de la denuncia por dos votos contra la disidencia de David, al que el Gobierno pretende recusar.
Slokar y Ledesma votarían en consonancia con el kirchnerismo, pero ante un recurso extraordinario será la Corte Suprema, quien deberá dirimir la responsabilidad penal de Cristina Fernández de Kirchner, en pleno año electoral.
En tanto, voces críticas recuerdan que por mayoría, con la disidencia de Carlos Fayt la Corte levantó el embargo contra Chevron, que derivaba de otro que había sido dispuesto por la justicia de Ecuador sobre Chevron Corporation por un total de US$ 19 mil millones.
(*) Especial para Perfil.com
La petrolera estadounidense Chevron condicionó la firma del acuerdo con YPF para invertir en el yacimiento Vaca Muerta a la reforma de leyes federales y provinciales, y a la aprobación de nuevas normas. Y esas modificaciones debían resultar de su "entera satisfacción" para que comenzara a traer capitales a la Argentina, según consta en documentos que firmaron las petroleras cuyas copias obtuvo el diario La Nación.
Los planteos de Chevron resultaron efectivos: las "condiciones suspensivas" o "precedentes" que delineó en las negociaciones con YPF terminaron incorporadas en un decreto y en una ley neuquina, en un decreto presidencial y en la flamante ley de hidrocarburos que aprobó el Congreso con el objetivo de alcanzar la soberanía energética. Pero fuentes de la empresa señalaron que las normativas no generan derechos exclusivos para Chevron, sino que crean el marco necesario para estas y futuras inversiones en exploración petrolera.
Las condiciones de Chevron, vertidas en documentos identificados como "estrictamente confidenciales", se centran en el tiempo y las características para las concesiones, los topes máximos a las regalías que podrían cobrarle las provincias y una estabilidad tributaria absoluta para la petrolera y sus subsidiarias.
Chevron también exigió una garantía de que podrá enviar dividendos al exterior, así como fijar la jurisdicción extranjera para dirimir cualquier disputa con YPF, en la que el Estado argentino controla el 51 por ciento, pero es por ley una sociedad anónima.
Además, el acuerdo estableció una serie de garantías amplias que debía asumir la petrolera argentina ante posibles reclamos de terceros.
Los términos de la negociación surgen de tres documentos, redactados en inglés y categorizados "estrictamente confidenciales", que ambas petroleras firmaron a mediados de 2013. Son los identificados como "Carta Acuerdo", "Garantía" y "Términos y Condiciones del Proyecto de Inversión para Exploración". Un cuarto documento, el más sensible y relevante de todos -"Acuerdo de Inversión para Proyecto"- continúa bajo llave.
Altos ejecutivos de YPF admitieron la autenticidad de esos documentos. Pero la interpretación oficial desde la petrolera sobre todo el proceso de negociación, acuerdo y operación con el gigante norteamericano es distinta: "Chevron no tiene ninguna garantía: corre el ciento por ciento del riesgo petrolero y reclama las condiciones habituales de la inversión petrolera en el mundo". Los voceros de Chevron indicaron desde Estados Unidos que no harían comentarios.
Ante una presentación judicial de legisladores de la oposición que pretendían conocer el detalle de esos documentos, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, defendió repetidas veces su carácter confidencial. En agosto de 2013 afirmó que no había "cláusulas secretas" en el acuerdo con Chevron, sino "condiciones de confidencialidad y privacidad destinadas a proteger las inversiones de dos empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York".
En rigor, esas mismas cláusulas de confidencialidad son comunes en los contratos de otras petroleras públicas o mixtas de la región, como Petrobras o Pemex. Por eso, desde YPF reafirmaron el principio de confidencialidad ante la solicitud del diario La Nación para acceder al "Acuerdo de Proyecto de Inversión".
A cambio de las reformas legislativas que planteó Chevron, la petrolera norteamericana se comprometió a invertir US$ 1240 millones en la formación Vaca Muerta, la mayor reserva de hidrocarburos del país y considerada una de las más relevantes del planeta. Y acordó desarrollar un posible programa adicional de exploración en otros 26 pozos por US$ 360 millones.
Muchas de las condiciones que había delineado Chevron en los documentos del 16 de abril de 2013 se plasmaron primero en el decreto 1208/13 y luego en la ley 2687 de la provincia de Neuquén; después en el decreto 292/2013 -que creó el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos-, que firmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y, por último, terminaron en la ley 27.007 de hidrocarburos, que el Congreso aprobó el 30 de octubre.
Conocida como la "ley Galuccio" porque el presidente de YPF se convirtió en su impulsor más férreo, la norma se defendió desde el oficialismo como una herramienta clave para que la Argentina alcance su "soberanía energética".
El propio Galuccio confirmó la existencia de las condiciones planteadas por Chevron en un comunicado que envió a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Pero las calificó de "determinadas condiciones precedentes" -con una traducción literal del documento en inglés- y sólo detalló una: que Neuquén debía otorgar una nueva concesión sobre el área "con un plazo de explotación de 35 años".
Entre otras, esas "condiciones suspensivas" o "precedentes" eran:
> "El plazo para la o las concesiones y la cesión del título sobre los activos a Cofel [por Chevron Overseas Finance II (Exploration) Limited] se regirán por términos y condiciones que resultan aceptables para Cofel [Chevron], lo que, entre otras cosas, puede requerir la realización de modificaciones a la legislación existente o la promulgación de nuevas leyes dentro del marco regulatorio federal y provincial".
El acuerdo secreto entre YPF y Chevon estuvo condicionado por una serie de pedidos de la empresa norteamericana, que el gobierno nacional debió cumplir para que los capitales extranjeros llegaran a la Argentina.
Los requisitos aparecen incluidos en documentos identificados como "estrictamente confidenciales", y apuntan a marcar de antemano los plazos de las concesiones, los topes máximos a las regalías que podrían cobrarle las provincias y a tener garantías para poderenviar dividendos al exterior y gozar de una una estabilidad tributaria absoluta.
Todo está detallado en tres documentos redactados en inglés y categorizados "estrictamente confidenciales", que fueron identificados -reveló La Nación- como "Carta Acuerdo", "Garantía" y "Términos y Condiciones del Proyecto de Inversión para Exploración".
Otro de los puntos importantes es que Chevron exigió fijar la jurisdicción extranjera para resolver cualquier disputa legal con YPF, y estableció una serie de garantías amplias que debía asumir la petrolera argentina ante posibles reclamos de terceros.
Los planteos de la petrolera norteamericana tuvieron una respuesta positiva del Gobierno, que incorporó los pedidos en un decreto y en una ley neuquina, en un decreto presidencial y en la nueva ley de hidrocarburos, por la cual a la empresa extranjera se le otorgó zonas extremadamente ricas en shale gas, sin poner un solo peso.
Todo está detallado en tres documentos redactados en inglés y categorizados "estrictamente confidenciales", que fueron identificados -reveló La Nación- como "Carta Acuerdo", "Garantía" y "Términos y Condiciones del Proyecto de Inversión para Exploración".
El diputado nacional por la UCR Ricardo Alfonsín aseguró hoy que "el oficialismo prefirió debatir laLey de Hidrocarburos con Chevron y no con la oposición" en relación a los beneficios que la norma le habría otorgado a la petrolera norteamericana.
"Está claro que el oficialismo, en lugar de debatir la Ley de Hidrocarburos con la política y en el Congreso, lo hizo con las corporaciones petroleras", sostuvo esta tarde el diputado radical, en un comunicado de prensa.
De esta forma se refirió a la información publicada por el diario La Nación según la cual la empresa norteamericana Chevron habría condicionado un acuerdo con YPF para la inversión en Vaca Muerta a la sanción de una serie de leyes nacionales y provinciales.
"De allí los graves perjuicios que la ley causa al interés general", se quejó Alfonsín. "Entre quedar bien y solucionar un problema, el gobierno siempre eligió quedar bien", consideró, y estimó que desde el Ejecutivo se "fue dejando que los problemas se agravaran y recién cuando el agua les llegaba al cuello, apremiados por las circunstancias que eran aprovechadas para arrancarles concesiones excesivas en perjuicio del interés general, se disponían a enfrentarlos".
Por su parte, la diputada nacional de UNEN Elisa Carrió reclamó hoy a los kirchneristas que "no se vistan más de antiimperialistas" porque "entregaron la mayor reserva (de petróleo del país) a Estados Unidos a través de Chevron".
"Denunciamos en el Parlamento y hoy se confirma, que esta fue la mayor ley de entrega para Chevron y para Cristina Kirchner a través de Lázaro Báez, quién se quedará con la segunda reserva en Santa Cruz", sostuvo Carrió respecto de la norma sobre hidrocarburos votada días pasados por el Congreso.
Carrió exigió: "ahora que no se vistan más de antiimperialistas, porque hablan de lucha contra el imperio y entregaron la mayor reserva a Estados Unidos a través de Chevron, igualitos a Hugo Chávez", afirmó, mediante un comunicado de prensa difundido esta tarde.
La legisladora de la Coalición Cívica ARI recordó que, tal como lo dijo en el recinto durante el debate por la Ley de Hidrocarburos, "lo de Chevron fue una seña que hicieron para después darle las condiciones exigidas y eso es lo que votó el oficialismo junto al decreto de la Presidente".
A casi un año y medio de la firma del acuerdo de inversión entre Chevron e YPF, para explotar Loma Campana, hoy el segundo yacimiento petrolero del país, y tras la aprobación de nueva ley de Hidrocarburos (27007) sigue levantando sospechas y discusiones los términos de aquel convenio definido como "confidencial" por la petrolera nacional.
Legisladores y políticos retomaron los cuestionamientos luego de una publicación del diario La Nación donde se interpreta que los requerimientos de inversión de la firma norteamericana condicionaron la aprobación de decretos y leyes provinciales y nacionales. La nota menciona la existencia de cuatro documentos -que estarían en inglés- y agrega que de tres de ellos se desprenden puntos como el tope de 12% de regalías, la posibilidad de girar el 20% de los dividendos tras el quinto año y los 35 años para las concesiones.
Varios de estos puntos -algunos modificados como las regalías que van hasta el 18%- fueron incorporados, con acuerdo de las provincias, en la nueva ley petrolera, que también sumó aspectos del decreto 929/13 de promoción de inversiones hidrocarburíferas, que permitió el desembarco justamente de Chevron. Fue el propio CEO de YPF, Miguel Galuccio, quien destacó que la nueva norma busca atraer inversiones extranjeras lo que necesita de condiciones negociadas. "Necesitamos perforar quinientos pozos para lograr lo que puede llegar a dar un pozo en Arabia Saudita, entonces, para desarrollar Vaca Muerta necesitamos mucho capital y ese capital tiene márgenes muy bajos", señaló en una entrevista televisiva.
En la región también se retomó el tema con voces a favor y cuestionamientos. El presidente de la comisión de Energía de la Legislatura, Luis Sapag (MPN), destacó los logros productivos del acuerdo y sobre el texto dijo que "lo que no está prohibido en la nueva ley de hidrocarburos, está permitido". Agregó que en el acuerdo que firmó Neuquén con YPF se estableció la participación en un 5% de las ganancias.
Para el intendente de Neuquén, Horacio Quiroga, "se trató de un acuerdo espurio" porque "el kirchnerismo, con la complicidad del gobierno provincial, fue tan lejos que Chevron pudo más que el sistema federal argentino".
En tanto el precandidato a gobernador por la lista Azul y Blanca del MPN, Jorge Sobisch, definió como "un verdadero escándalo" y agregó que "después que se llenaron la boca diciendo que un juez de Estados Unidos nos quiere doblegar y pusieron que serán los tribunales de Nueva York los que entenderán ante algún diferendo".
La diputada Beatriz Kreitman (CC-ARI) observó que se confirmó que "los beneficios que obtuvo Chevron son escandalosos y deja atados de pies y manos a los gobernadores por 35 años", habló de "obediencia debida" de los legisladores que aprobaron la ley y ahora la nueva ley de hidrocarburos porque "ni (Carlos) Menem se hubiera atrevido a tanto".
Desde el gobierno provincial, en tanto, aseguraron que se trata de un tema ya discutido por lo que no dejaron en claro que tenían nuevas referencias para agregar.
El gigante petrolero Chevron, asociado en Loma Campana con YPF, presionó fuerte para lograr modelar aspectos centrales de la nueva Ley de Hidrocarburos, sancionada días atrás en el Congreso.
Así se desprende de un informe presentado ayer por el diario La Nación, que accedió a documentos que hasta ahora permanecían secretos.
Entre las condiciones planteadas por la petrolera estadounidense figuran que “las concesiones deberán otorgarse por un plazo mínimo de 35 años con una autorización asociada para ceder, en totalidad o en parte, una o varias concesiones a terceros”, y que “la tasa de regalías total por la explotación de recursos hidrocarburíferos no convencionales en el marco de las concesiones no superará el 12 por ciento”, según consignan las “condiciones suspensivas” o “precedentes” citados por el matutino porteño en su edición de ayer, y que forman parte del texto sancionado en Diputados.
“Las leyes federales, provinciales y municipales deberán ser eficaces para ofrecer estabilidad impositiva y en las regalías”, señala otra de las pautas fijadas, de acuerdo con la publicación.
Según consigna el mismo diario, altos ejecutivos de YPF confimaron la autenticidad de los documentos dados a conocer.
“Chevron no tiene ninguna garantía: corre el ciento por ciento del riesgo petrolero y reclama las condiciones habituales de la inversión petrolera en el mundo”, cita el diario a fuentes no identificadas de la empresa nacionalizada.
En una primera etapa, Chevron acordó invertir 1.240 millones de dólares en Vaca Muerta y otros 360 millones para la exploración en 26 pozos nuevos.
Junto con YPF opera el área Loma Campana, que este año se convirtió en el segundo productor de petróleo en el país, con una producción del orden de los 31.000 barriles equivalentes de petróleo diarios.
“El plazo para la o las concesiones y la cesión del título sobre los activos a Cofel [por Chevron Overseas Finance II (Exploration) Limited] se regirán por términos y condiciones que resultan aceptables para Cofel (Chevron), lo que, entre otras cosas, puede requerir la realización de modificaciones a la legislación existente o la promulgación de nuevas leyes dentro del marco regulatorio federal y provincial”, señala el documento citado por el diario.
