(Daniel Peralta - Los Andes) Los antiguos dueños de Chañares Herrados Empresa de Trabajos Petroleros SA (Chasa) iniciaron y obtuvieron en 2011 la prórroga de la concesión en dos áreas de nuestra provincia hasta 2027. Para acceder a esa prórroga, Chasa se comprometió a invertir 226 millones de dólares entre 2011 y 2014. Existen fuertes sospechas de que no hizo esas inversiones, puesto que no hubo un incremento de la producción ni tampoco hay datos acerca de crecimiento de reservas.
Estas sospechas son parte de una denuncia penal que investiga el fiscal de Delitos Complejos, Daniel Carniello.
El ministro de Energía, Marcos Zandomeni, dijo a Los Andes que teniendo en cuenta que los pozos declinan en su producción con el correr de los años, el solo hecho de que Chasa mantenga los niveles de producción es indicio suficiente de que la empresa ha estado invirtiendo.
Además, explicó que el análisis de las inversiones se realiza cada cinco años, lapso que aún no se cumple.
Zandomeni aseguró que hay comunicaciones e intimaciones permanentes a todas las empresas concesionarias. En el caso particular de Chasa, el ministro dijo que las mismas serán presentadas ante la Justicia en caso de que sean requeridas como prueba de que la Provincia sigue atentamente la evolución de las inversiones.
El 31 de mayo de 2011 el entonces ministro de Infraestructura, Francisco Pérez y el subsecretario de Hidrocarburos, Walter Vázquez, firmaban con Chañares Herrados Empresa de Trabajos Petroleros Sociedad Anónima la prórroga del plazo de concesión en las dos áreas que Chasa tiene en Mendoza: Chañares Herrados (de donde toma el nombre la empresa) y Puesto Pozo Cercado.
Para llegar a esa firma, Chasa se había comprometido a invertir 466 millones de dólares entre 2011 y 2023. En esos restantes seis meses de 2011 la empresa prometía poner U$S 52,31 millones; en 2012 U$S 53,19 millones; en 2013 U$S 59,19 millones y en 2014 U$S 61,69 millones; en total son 226 millones de dólares comprometidos hasta el 31 de diciembre que viene.
Esas inversiones tenían un propósito: incrementar la producción. Al menos es lo que sostiene el ministro Zandomeni: “Son las empresas las interesadas en certificar reservas, porque es lo que sostiene el precio; es el valor de sus activos. El Estado mira más la producción”.
Tal vez sea cierto, aunque tal vez sea una mirada errónea, teniendo en cuenta que las reservas certificadas son un dato de cómo serán los próximos años en materia energética. Teniendo en cuenta ese interés puesto en la producción, de acuerdo a la página de la Administración Tributaria Mendoza (ATM) la producción de las dos áreas de explotación en las que opera Chasa ha tenido avances y retrocesos, con el dato curioso de que el mayor nivel de producción se verificó en 2011, año en el que llegó a los 192.619,56 metros cúbicos, lo que implica un promedio de 527 m3 por día.
En 2012 la producción fue de 188.525,57 m3 (516 m3 por día); en 2013, 191.117,45 m3 (523 m3 por día). El otro dato curioso es que, hasta 31 de agosto de 2014, fecha hasta la que figuran los datos relevados por la ATM, la producción era de 112.520,2 m3 (463 m3 por día), es decir el más bajo del período.
Es cierto que estos datos de producción son relevados por declaración jurada que hace la propia empresa, que no hay un control de medición tan exhaustivo, pero son los datos sobre los que la provincia cobra regalías petroleras.
En junio pasado, los antiguos dueños de Chasa vendieron la empresa a Medanito S.A. Los Andes consultó a los nuevos dueños sobre esas inversiones que supuestamente no fueron realizadas. Desde Medanito indicaron que sabían del compromiso asumido en la prórroga y sabían también que la situación financiera de Chasa no era buena, por lo que no sería una sorpresa que no hubieran realizado las inversiones y que estaban dispuestos a cumplir con lo comprometido por los antiguos dueños.
La denuncia judicial fue presentada por un abogado del foro local, José Antonio Rubio. Tiene el número de expediente 115.641. Allí se acusa al gobernador Francisco Pérez, al ministro Zandomeni, al ex subsecretario de Hidrocarburos Walter Vázquez, y al actual, Pedro Sánchez, así como también al director de Petróleo Pablo Ropero. Los delitos a investigar son “violación de los deberes de funcionario público y de defraudación a la administración pública”.
Más allá del compromiso asumido por los antiguos dueños a la hora de firmar la prórroga, cabe agregar un dato adicional. Chañares Herrados S.A. recibía un estímulo nacional para incentivar la producción e incorporar reservas. Se trata de recursos del programa Petróleo Plus.
El programa nació en 2008 por el decreto 2014 firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en noviembre de 2008 y consistía en aportes financieros a empresas petroleras para que fueran invertidos en producción y exploración. Chañares Herrados habría recibido entre 2010 y 2013 cerca de 95 millones de pesos. Pero, a pesar de ese incentivo, la producción de Chasa no se incrementó.
En el expediente de la prórroga aparece un breve informe técnico sobre la situación económica-financiera de la empresa. Se indica que a corto plazo exhibe una situación razonable y capital de trabajo positivo. Dice también que en 2009 había cancelado algunas deudas que mejoraban sus cuentas, pero que “se observa que presenta una situación de solidez algo comprometida e índices de obligación general y de endeudamiento poco favorables”.
El párrafo resulta significativo cuando en el sector se sabía que Chañares Herrados no estaba atravesando su mejor momento y que se menciona que la empresa estaba venta a poco de fallecer Lapeyrade. El deceso se produjo en agosto de 2011, poco después de que el Gobierno mendocino prorrogara la concesión de las áreas que tenía Chasa en Mendoza.
Chañares Herrados Empresa de Trabajos Petroleros SA (Chasa) desembarcó en Mendoza en 1992, cuando el Gobierno nacional le otorgó la concesión de dos áreas en la subcuenca Carrizal: Chañares Herrados y Puesto Pozo Cercado.
En aquellos años la propiedad del subsuelo petrolero no era de las provincias sino nacional y era en esa instancia en la que se hacían las concesiones. Eso cambiaría dos años después, con la reforma constitucional de 1994, cuando las entrañas de las tierras productoras pasaron a las provincias.
La empresa justamente tomó el nombre del área que más satisfacciones le daba. Es que Puesto Pozo Cercado ofrece un cuarto del petróleo que sacan de Chañares Herrados.
Los antiguos dueños eran Héctor Basilio Lapeyrade (poseedor del 75% del capital accionario), Rodolfo Steiner (dueño del 15% de las acciones) y Luis Alfredo Zarattini (que ostentaba el 10% de la empresa).
Dos de esos dueños tenían pasados oscuros. Ambos tuvieron aceitados vínculos con la dictadura militar: Lapeyrade tuvo un paso al frente de YPF en aquellos años de plomo; Zarattini tuvo un rol en el Batallón 601 y en la Escuela de Mecánica de la Armada. Antes de la dictadura, Zarattini ya sumaba antecedentes en la agrupación de extrema derecha Tacuara y hasta se lo mencionaba como partícipe en el asesinato del general chileno Carlos Prats.
El 21 de setiembre pasado, Los Andes publicó la extraña historia de un accidente de tránsito ocurrido en Santa Rosa, a principios de agosto de 2014.
En el accidente murió la esposa de Zarattini y en el vehículo se había encontrado dinero y un arma no inscripta en el Registro Nacional de Armas. Un extraño accidente en el que también tuvo una participación el ex subsecretario de Hidrocarburos, Walter Vázquez.
El facsimil es la foja del expediente de la prórroga de las áreas petroleras concesionadas a Chañares Herrados S.A. en la que se detallan las inversiones comprometidas, discriminadas por año. Entre 2011 y 2014 la empresa debía invertir 226 millones de dólares.
