El 30 de octubre recién pasado terminó el plazo establecido por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados para presentar indicaciones al proyecto de ley sobre protección de los glaciares.

Sin embargo, y pese al compromiso expresado por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, no hubo pronunciamientos sobre el tema, ni se presentaron las anunciadas indicaciones a la iniciativa. Ayer miércoles sesionó la Comisión de Medio Ambiente y tampoco hubo señal oficial sobre el tema.

Un silencio que preocupa a los integrantes de Greenpeace, quienes incluso estuvieron en España recordándole a la Mandataria que los glaciares no pueden seguir esperando.

Matías Asún, presidente de la organización ambientalista, señala que más allá de este retraso, al Gobierno se le juzgará en esta materia por la calidad de su propuesta y especialmente si ésta abarca o no aspectos considerados fundamentales.

Para Greenpeace lo que más preocupa es que la ley “resguarde y entregue absoluta claridad respecto de cómo vamos a proteger los glaciares que hoy podrían ser afectados por proyectos mineros. Ese es para nosotros un punto clave. La ley debiera ser evaluada no solo por lo completo de la norma en sí, sino por que derechamente impida la destrucción de glaciares, y en especial, en aquellos casos en que la minería los está afectando”.

“Por lo tanto, vamos a juzgar al gobierno en función del mecanismo técnico que proponga para resguardar los glaciares, incluidos aquellos casos en los que haya afectación de manera directa”, agrega Asún.

¿Qué situaciones debe contemplar esta ley?

El dirigente explica que el proyecto debe considerar distintos tipos de glaciares. En el caso de aquellos que están siendo dañados por el cambio climático, éstos deben ser inventariados y monitoreados, evitando que alguien pueda reclamar derechos de agua. Cuando se encuentran en zonas donde hay concesiones mineras, indica Asún, “esos glaciares no debieran ser tocados cuando se solicita el permiso ambiental”.

La cosa se complica cuando existe permiso ambiental para trabajar y se produce afectación de glaciares. Esto se produce, en algunas situaciones, porque el permiso ambiental no se cumple, y en otras, porque éste permiso no considera el glaciar. “Esos casos requieren respuesta en el proyecto de ley: en el fondo, debe evitar y declarar ilegal cualquier cosa que parezca Pascua Lama o parezca el modo habitual de desarrollo durante las últimas décadas de la expansión de Andina”, manifiesta el presidente de Greenpeace en Chile.

“La posición del gobierno va a ser buena o mala según cómo respondan ésto. En el contexto de “vamos a agilizar la inversión y vamos a dar certezas” nos interesa que la certeza sea clara: que no se puede hacer minería que destruya glaciares”, enfatiza Asún. “Le hemos pedido a la presidenta que legisle bien, que haga una ley glaciar 5 estrellas“.

“Esperamos que La Moneda proponga los mecanismos que están dispuestos a sostener para proteger los glaciares, en el caso de proyectos mineros que existen o que están solicitando permiso. Si ellos han señalado que requieren dar certezas, esas son las certezas que necesita el mundo para respetar los criterios de sustentabilidad ambiental en un escenario de cambio climático y de expansión minera. Eso es lo que necesitan las comunidades, eso es lo que necesitan los agricultores, eso es lo que necesitan los habitantes de este país”, finaliza el dirigente.

La postura de La Moneda

Desde el Gobierno aseguran que el vencimiento del plazo para presentar las indicaciones no implica cambio alguno en la intención de respaldar el proyecto de ley presentado en la Cámara Baja por un grupo de 11 parlamentarios, al cual le ven posibilidades de avanzar.

Respaldo del que dio cuenta el diputado Daniel Melo, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, quien afirmó que “todo indica que el Ejecutivo se podría inclinar por nuestro proyecto”. Agregó que el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, habría afirmado en forma categórica que la moción parlamentaria “era una síntesis de las distintas iniciativas que existen, tanto en el Senado, como en la Cámara de Diputados”.

“Por eso creemos que esta es la iniciativa que debiera respaldar el Gobierno”, acotó Melo.  El mismo ministro Badenier señaló que existía un “gran acercamiento” entre la posición oficial y la iniciativa presentada por la “bancada glaciar”.

El titular de Medio Ambiente aseguraba que tenía “coincidencias” con esta propuesta desde el punto de vista conceptual, de la definición de glaciares, así como con la noción de considerarlos como un bien nacional de uso público. Por lo que la presentación de las indicaciones sería sólo cosa de tiempo.

Quedan pendientes, si, algunas diferencias. Según Badenier, éstas se refieren a delimitar el objeto de protección, que para el gobierno “son los glaciares y sus entornos, y no otros espacios como periglaciares u otras definiciones”.

Desde la otra vereda, echan de menos alguna alusión respecto a cómo se van a resolver las disputas en los casos donde hay glaciares que ya están afectados por proyectos mineros.