La Presidenta de la República acaba de promulgar la ley que autoriza un aporte de capital extraordinario a Codelco, por hasta US$3.000 millones, con el objetivo de apoyar el financiamiento de los proyectos de inversión estructurales en el período 2014-2018. Con estos recursos, más el compromiso de permitir que la empresa reinvierta utilidades propias hasta por US$1.000 millones, se permitirá que Codelco cuente con hasta US$4.000 millones para financiar sus operaciones, sujeto a evaluaciones que se realicen respecto del avance en la ejecución del Plan de Negocios y Desarrollo 2014-2018.
Los yacimientos en manos de la cuprífera estatal se están agotando, eso es ampliamente conocido desde hace varios años; sin embargo, hasta la fecha no había existido la voluntad política de realizar una capitalización de Codelco que le permitiera retomar el lugar de privilegio que ha ido perdiendo en el contexto internacional. De este Plan de Negocios depende la capacidad de Codelco de continuar generando excedentes para el Estado, dado que considera la ejecución oportuna de proyectos estructurales que permitirá mantener los niveles de producción de la empresa.
Sin embargo, conviene tomar conciencia de que con esta capitalización, lo único que se está haciendo es devolver a Codelco la capacidad operativa que ha ido perdiendo a través de los años y, en consecuencia, los aumentos reales en la producción de la empresa estatal, si los hay, son básicamente marginales. Un segundo elemento dice relación con las garantías de cumplimiento de metas del plan de Codelco. ¿Cuál será la entidad encargada de cautelar el cumplimiento de metas? ¿Qué alternativas se manejarán para fiscalizar en forma eficiente? Lo básico es que el controlador exija el cumplimiento de metas en cuanto a reducción de costos, ganancias de productividad y cumplimiento de plazos e inversiones. En este sentido, resulta preocupante que no exista la entrega de garantías explícitas contra la entrega de los recursos considerados en esta operación. En la práctica, la capitalización de Codelco significó otorgar un cheque en blanco a la estatal.
Finalmente, y tal vez más importante, es que no debemos perder de vista que la reinversión de utilidades de la empresa por hasta US$1.000 millones por año, tendrá un impacto directo en la política social del Gobierno. Y es que cualquier disminución discrecional de los aportes de Codelco al Estado significará reducir los recursos destinados a otros fines, entre ellos, a programas sociales en educación, salud, carreteras e infraestructura pública, de indudable valor social.
En concreto, los distintos programas implementados por el Estado “compiten” por los recursos existentes, y ahora esos recursos disminuyen en hasta US$1.000 millones por año. A modo de ejemplo, la línea 6 del Metro de Santiago contemplaba una inversión del orden de US$1.040 millones, lo que significa que en los próximos cuatro años se pudiese haber construido igual número de líneas de Metro, de similares características, mejorando la calidad de vida de un importante número de chilenos.
Este efecto se habría corregido rápidamente de acogerse la recomendación de que la reinversión de utilidades quedara explícitamente establecida en una ley ad-hoc, en cuyo caso los recursos destinados a otros fines quedarían sujetos al Presupuesto. Al mismo tiempo, los montos habrían sido legitimados ante la opinión pública, cuestión que parece fundamental cuando se trata de una empresa que pertenece a todos los chilenos.
*El autor es economista Instituto Libertad.
