Por Ana Baron.
Mientras que siguen los rumores sobre la posibilidad de que Argentina y los fondos buitre se sienten a negociar después del vencimiento de la cláusula Rufo (según sus siglas en inglés) el 31 de diciembre próximo, sigue avanzando el proceso judicial sobre la ruta del dinero K en Nevada, Estados Unidos.
El juez Cam Ferenbach presentó ayer el cronograma para analizar una moción presentada por MF Services, la empresa que se habría encargado de registrar en Las Vegas las 123 empresas adjudicadas a Lázaro Báez.
MF Services y su manager, y única empleada, Patricia Amunategui, presentaron el 10 de julio pasado una moción para que el juez Cam Farenbach anulara los pedidos de información que les hizo NML mediante tres citaciones.
En la moción, MF Services argumentó que Amunategui viene colaborando con NML pero que es imposible cumplir con esos pedidos de información ya que abarca datos sobre más de 253 empresas, es decir casi todos sus clientes. Y que de aportar esos datos le costaría a Amunategui más de 20.000 dólares. Mas aún, MF Services argumentó que NML esta tratando de obtener información sobre Mossak Fonseca a través de Amunategui en violación de varias leyes. Mossak Fonseca es el estudio de abogados panameño especializado en empresas fantasmas que, según el fiscal José María Campagnoli, le encargó a MF Services la registración en Nevada de las 123 empresas adjudicadas al empresario kirchnersita Lázaro Báez.
“NML está abusando de su poder de citación en este caso”, dice la moción en la que MF Services también pide protección a la Corte.
El Juez Cam Ferenback le dio a NML hasta el 7 de noviembre para que responda a esta moción y a MF Services hasta el 21 de noviembre para que conteste la respuesta de NML. Después, el fondo que dirige Paul Singer, tendrá hasta el 4 de diciembre para hacer sus comentarios sobre el escrito de MF Services. Y por último, si es necesario, habrá una audiencia el 12 de diciembre.
Pese a que todo esta apuntando a que podría haber negociaciones entre Argentina y los fondos buitre a principio de enero tras el vencimiento de la cláusula Rufo, el dueño de NML, el multibillonario Paul Singer, dijo ayer en un informe distribuido a sus inversores que continuará con su búsqueda de activos de Argentina en el extranjero para embargarlos y así cobrarse el fallo del juez Thomas Griesa por 1.700 millones de dólares.
Singer ha venido tratando de embargar activos argentinos en el exterior pero no ha tenido ningún éxito. Esta vez nadie sabe si logrará descubrir, en la ruta del dinero K, activos que pertenezcan al Estado Argentino, es decir que sean producto de la corrupción del gobierno kirchnerista. Sin embargo, no es un secreto para nadie, que el titular del fondo NML, Paul Singer, está utilizando las acciones judiciales en el estado de Nevada para que el Gobierno se siente a negociar en enero.
Por Martín Kanenguiser.
El Gobierno apeló ante la Cámara Federal de Apelaciones de Nueva York el fallo dictado por el juez del Distrito Sur, Thomas Griesa, que declaró al país en desacato por cambiar el lugar de pago de los bonistas que entraron a los canjes de deuda de 2005 y 2010.
El estudio de abogados Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton pidió en un escrito de una página que se revierta "enteramente" la decisión de Griesa de fines de septiembre pasado, adoptada tras la sanción de la ley de pago soberano, mediante la cual se cambió la sede de pago.
Desde entonces se espera saber cuál será la sanción económica que aplicará Griesa, luego de que el fondo buitre NML pidiera que se le aplique al Gobierno una multa de US$ 50.000 diarios.
Abogados especialistas en deuda consultados por LA NACION consideraron que, así como hasta ahora al menos el desacato no tuvo un efecto práctico concreto, tampoco debería pensarse lo contrario si la apelación resultara exitosa.
Eugenio Bruno, socio del estudio Garrido, dijo: "Cuando hay una decisión contraria, siempre hay que apelarla, por más difícil que sea revertirla, y de la misma manera que el desacato no ha sido un obstáculo para arreglar ni ha tenido efectos significativos es posible inferir lo contrario de la apelación".
Por otro lado, Bruno sostuvo que este intento tiene pocas posibilidades de éxito, porque "la Cámara hasta ahora no ha revertido los fallos de Griesa" en la causa del pari passu, que la Argentina terminó perdiendo ante la Corte Suprema de Estados Unidos en junio, en forma definitiva. "Si la causa del desacato es que la Argentina incumplió los fallos, en la medida en que la situación se mantuvo, a menos que la Cámara no comparta el criterio de Griesa por pensar que no se puede declarar a un país en desacato, no creo que lo revierta", expresó Bruno.
Por su parte, el abogado Marco Schnabl, socio del estudio Skadden de Nueva York, también consideró que "no va a tener éxito", y opinó que "se hizo por motivos prudenciales, para asegurar el derecho de apelación". Para el abogado, que ejerce en esa plaza financiera desde hace varias décadas, "es difícil que esta decisión se tome en forma separada de la clarificación de los bonos que aún están cubiertos por el fallo y de la penalidad del desacato que aún debe decidir Griesa".
La apelación argentina se registró un día después de que Griesa otorgara mayores poderes al mediador Daniel Pollack, para convocar a más inversores a la mesa de negociaciones donde se discuta un eventual acuerdo. El lunes, en un reportaje publicado en el diario mexicano La Jornada, el ministro Axel Kicillof dijo que a fin de diciembre, cuando venza la cláusula RUFO, para el país será más fácil dialogar con todos los holdouts, lo que fue interpretado como otra señal de la posibilidad de que el Gobierno negocie un acuerdo.
En este sentido, una importante fuente del oficialismo señaló a LA NACION: "Una vez que se termine el año, es lógico desarmar todo el paquete de leyes que se sancionaron para bancar estos últimos meses de la RUFO, pero esa solución ni se puede sugerir en este momento justamente para que esta cláusula no se dispare".
Escéptico, Schnabl expresó al respecto: "No tengo idea si el Gobierno arreglará algo después de diciembre. A veces me parece que no quieren arreglar con nadie, porque si no lo hubieran hecho ya. Lo que dijo Kicillof es que el 31 de diciembre la RUFO desaparece".
Los precios de los activos argentinos siguen respondiendo a la expectativa de un posible acuerdo, ya sea en forma directa entre el Gobierno y los holdouts o entre éstos y un grupo de empresarios privados -se sigue mencionando inversores brasileños interesados en este acuerdo- que comprarían la deuda en default.
El país quedó en un default "selectivo" a fines de julio, cuando se negó a acatar la sentencia que lo obligaba a pagar US$ 1330 millones más intereses a los bonistas, que exigieron en la Corte el pago completo de los bonos que Buenos Aires incumplió en 2002. Tras el fallo de junio, Griesa impidió que el Bank of New York Mellon girara los US$ 539 millones en intereses a los bonistas que ingresaron en los canjes para salir del default de 2005 y 2010.
El 9 del mes próximo, habrá una nueva audiencia en la que el veterano magistrado decidirá, una vez más, si le permite pagar "por única vez" al Citibank los intereses del Discount. Mientras tanto, el Gobierno sigue encerrado en su propio laberinto, porque no puede pagar en Nueva York, pero tampoco logró el interés de los inversores por cobrar en Buenos Aires. A la vez, un grupo de bonistas amenaza con acelerar el cobro de todos los bonos, lo que derivaría en un nuevo conflicto judicial y en otro default generalizado de la deuda.
