Apareció un nuevo obstáculo para el desarrollo de la minería en Mendoza. Y la particularidad es que surgió del propio justicialismo: el municipio de General Alvear quiere tener participación concreta en el expediente del proyecto Hierro Indio para extraer hierro en Malargüe, lo que podría demorar y complicar mucho más la discusión.
General Alvear, donde gobierna el PJ y hay resistencia a la minería, ha solicitado presentar un "informe sectorial" sobre el proyecto de Malargüe. El pedido fue realizado ante la comisión de Ambiente e Hidrocarburos del Senado la semana pasada y este miércoles, un funcionario del intendente Juan Carlos de Paolo (el director de Gestión Ambiental, Alejandro Llull) asistirá a la nueva reunión de esta comisión para conocer la respuesta oficial.
"Hemos solicitado presentar un informe sectorial porque entendemos que si hay alguna intervención que pueda influir en el río atuel, somos regantes y consumidores", explicó De Paolo a MDZ. Y aclaró: "No tenemos nada en contra ni a favor, simplemente creemos que hay que priorizar el ambiente y trabajar respetando la legislación vigente".
Resistencia en el PJ
Pero el pedido de De Paolo genera resistencias en el propio oficialismo porque frenaría una vez más el tratamiento de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la exploración de Hierro Indio, emprendimiento que el Gobierno quiere utilizar como puerta de entrada para otros proyectos, en particular, el de San Jorge en Uspallata.
En concreto, si se aceptara el planteo de General Alvear, Hierro Indio debería volver al Poder Ejecutivo para la elaboración de una nueva DIA, cuando la actual no está muy lejos de obtener dictamen para que se vote en el recinto del Senado.
Por eso el jefe del bloque de senadores del PJ, Fernando Simón, anticipó su rechazo. "Los dictámenes técnicos indican que Hierro Indio no tiene en esta etapa afectación en otro departamento que no sea Malargüe", expresó Simón, quien además aseguró que todos los sectores han tenido participación en el debate que comenzó hace más de un mes.
Por otra parte, Simón consignó que la ley 7722 no le concede intervención a General Alvear en el proyecto minero de Malargüe, aunque en ese departamento se amparan en la misma legislación para pedir participación en el expediente.
En este sentido, el artículo 5 de la denominada "ley antiminera" dice que "la autoridad de aplicación garantizará, en todo proceso de evaluación del proceso de impacto ambiental, la participación de los municipios de las cuencas hídricas y aquellas regiones que se manifiesten como tales, afectadas por el proyecto respectivo".
Bajo presión
"No queremos que nos tengan como antimineros ciegos, simplemente pretendemos que nos dejen hacer aportes", insistió De Paolo.
Pero en realidad, el pedido de De Paolo se origina en la presión de las asambleas del agua y la multisectorial del departamento, con las cuales se reunió el intendente hace poco y a las que debe darles un gesto.
Incluso una fuente del justicialismo señaló que el intendente se comprometió con estos dirigentes a presentar un amparo en la Justicia si se rechaza su pedido de participar en el expediente de Hierro Indio.
De Paolo, no obstante, evitó hablar de la medida que tomará si no puede intervenir en la discusión minera y sólo señaló: "Analizaremos la respuesta".
Lo cierto es que el planteo del intendente de General Alvear ha dejado en suspenso las deliberaciones en el Senado en torno a Hierro Indio.
En el radicalismo plantearon hace poco objeciones formales sobre el proceso y prometieron revisarlo "hoja por hoja" antes de manifestarse. Pero la realidad indica que ahora están a la espera de que se resuelva este conflicto político en el PJ.
