Los minerales de valor comercial se presentan en muchas partes del Perú en cantidades que, si bien es cierto no son atractivas para la mediana o la gran minería, si lo son para los pequeños mineros o para los mineros artesanales. El aprovechamiento de gran parte de estos recursos ha devenido en un problema social que va en aumento: la minería informal y la minería ilegal. El Estado ha tomado conciencia de este problema desde el 2000 en el que promulga la Ley 27651 y su reglamento, lamentablemente estos instrumentos legales no han funcionado.

En el 2012 se dio un nuevo marco legal quizá con el mejor de los deseos pero, sin la debida eficacia. Los actos de interdicción puntuales no están solucionando el problema, más aun cuando esta actividad es el sostén de miles de familias y mueve montos importantes. Inclusive muchos peruanos cuya actividad económica principal ha sido el agro, se están volviendo ahora mineros informales e ilegales. Esto por una simple razón: mejores ingresos económicos por el precio del oro.

El tener mayores ingresos los está llevando en la mayoría de los casos a miles de peruanos, a trabajar sin las debidas medidas de seguridad, sin los debidos equipos de protección personal, sin los correspondientes seguros de trabajo, en condiciones riesgosas, en ambientes inadecuados, etc. El otro aspecto negativo lo constituye la evasión tributaria que se viene originando con sus respectivos efectos negativos para nuestra economía.

Se estima que anualmente se exportan casi 40 toneladas de oro valorizado en 1,800 millones de dólares y se evaden 208 millones de dólares en impuestos, y 108 millones de dólares en canon minero, según las cifras del Ministerio de Energía y Minas. Recientemente se ha informado que la minería legal tiene 55,000 concesiones y solo se trabaja 1,000 concesiones, por ello existen concesiones abandonadas que exigen regalías y los acuerdos de explotación son onerosos para un minero artesanal.

El proceso de la formalización minera debe promover el emprendimiento y no sólo la subsistencia. El tratar de implementar la formalización minera está presentando un gran inconveniente: el costo que tiene que asumir cada minero. Esto hace que muchos opten por seguir en la informalidad. Este inconveniente debe ser superado a la  brevedad posible.

La elaboración del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) que se les está solicitando a los mineros informales tiene un precio que en la mayoría de los casos, resulta siendo elevado.  Si se logra salvar este inconveniente posiblemente la realidad sería otra. Aunque no se cuenta con una cifra exacta, se trata de una masa importante de aproximadamente 200 mil peruanos cuya actividad laboral debe estar en el marco de todos los derechos y obligaciones del caso. Este es a mi juicio, la gran oportunidad que se está perdiendo. No sólo se trata de adecuar normas para dar trabajo legalmente y para dinamizar la economía. Se trata también de impedir que miles de peruanos opten por desarrollar actividades delictivas.

La minería ilegal está beneficiando económicamente sólo a un reducido grupo de acopiadores y procesadores de minerales. En cambio, los problemas sociales que origina está prohibida actividad son varios: contaminación ambiental, daños a la salud, pobreza, trata de blancas, explotación infantil, etc. Debemos ver los temas de la minería informal y la minería ilegal, más que como un problema, como una oportunidad.

Estamos aún a tiempo de revertir la situación. El proceso de formalización no tiene que ser caro para un minero informal. El actual gobierno creemos, tiene la voluntad política para generar una realidad diferente en el tema. Debe dotar de recursos a los gobiernos regionales con un acompañamiento técnico-legal, más normas de escritorio generan más confusión. Debe proporcionar las herramientas para lograr una simplificación administrativa, formación laboral, ambiental y tributaria, es decir, verdaderas facilidades que permita a los mineros informales, hacer más rápida su formalización

*Ex Viceministro de Minas