El 26 de enero del próximo año, cerca de cuatro mil permisos ambientales podrían caducar de manera instantánea, generando un duro golpe patrimonial para las empresas. ¿La razón? El artículo 4 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es tajante: “Los proyectos o actividades calificados favorablemente con anterioridad al 26 de enero de 2010 y que no se hubiesen ejecutado, deberán acreditar ante el SEA, antes del 26 de enero de 2015, las gestiones, actos o faenas mínimas que permitan constatar el inicio de la ejecución del mismo, sujeto a las consecuencias señaladas en el artículo 25 ter de la Ley”. Es decir, todas las empresas que tengan un proyecto paralizado, sin financiamiento o no informen faenas mínimas, corren el riesgo de perder su permiso de manera automática.
Por estos días, en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) se trabaja de manera incesante. En la entidad de calle Miraflores esperan publicar en noviembre una guía o lineamiento que entregue certidumbre a los titulares y aclare el panorama frente a una eventual caducidad masiva de permisos.
Desde el SEA confirman que el lineamiento definirá principalmente cuáles serán las obras mínimas de cuales habla el reglamento -a la fecha no hay definición. De esta manera, las empresas podrían tener a mano un instrumento para cumplir la ley.
“Desde que entró en vigencia la Superintendencia de Medio Ambiente (enero 2013), los titulares de proyectos deben informar de sus acciones. Los años anteriores, sólo algunas RCA indicaban que debían informar sobre su inicio de actividades”, afirman en el SEA. Debido a esta razón, es una verdadera incógnita cuántos proyectos se encuentran en riesgo de perder sus permisos. Por lo pronto, algunos expertos se aventuran y señalan que podrían ser cerca de 4.000 iniciativas, en su mayoría proyectos de centrales de energías renovables no convencionales.
Una eventual caducidad en masa de permisos ambientales preocupa a los gremios eléctricos y mineros, tanto así que muchas empresas ya han consultado a sus abogados sobre el impacto que podría tener el mentado artículo.
“Las dudas de titulares van por la forma en que debe acreditarse ante el SEA el acto, gestión o faena mínima, y si es que existirá la capacidad de resolver estas solicitudes antes del 26 de enero. Otro de los temores es si la Superintendencia, además de requerir la caducidad, tiene la intención de iniciar algún procedimiento sancionatorio”, dice Rodrigo Benítez, ex subsecretario de Medio Ambiente.
Esta interrogante es bastante concreta, ya que en la SMA no descartan luego de la caducidad sancionar a los proyectos: “Si los titulares no cumplen con la obligación de acreditar ante el SEA en los plazos señalados, además de verse expuestos a las consecuencias de la caducidad, la SMA se encontrará habilitada para ejercer su potestad sancionadora”, afirman en el regulador.
Según la mirada del ex jefe jurídico de la Conama, Rodrigo Guzmán Rosen, la ley presentó ripios en su elaboración, ya que debió incorporar desde un comienzo excepciones en su aplicación, puesto que la caducidad de permisos para las empresas implica un “efecto patrimonial importante para las compañías; segundo, porque las RCA antiguas fueron dictadas bajo un sistema de reglas diferentes; y porque de todos modos esas RCA anteriores a 2010 se encuentran sujetas a otra regla, que es la revisión de las licencias”.
Desde octubre de 1992 a enero de 2010, ingresaron 10.205 proyectos al SEA, con una inversión cercana a los US$127 mil millones.
