El ministro de Ambiente de la provincia de Chubut, José María Musmeci, confirmó que para las próximas semanas se aguarda la aprobación de Cancillería de la Nación a fin de avanzar junto a Naciones Unidas en el relevamiento del pasivo ambiental causado por la actividad petrolera en Comodoro Rivadavia y región sur, además de una auditoría ambiental sobre la producción de aluminio de ALUAR en Puerto Madryn. En declaraciones a la agencia ADN Sur, el funcionario afirmó que no se trata de una cuantificación para luego exigir resarcimientos, sino que “se busca contar con información adecuada para mejorar la gestión de ambas industrias”, considerando los daños causados por la actividad “pero también los beneficios”.
“Hemos buscado el vínculo con uniones tipo UTEs entre la academia, es decir algunas universidades e institutos de investigación de países que tienen experticidad en estos trabajos, con empresas que se dedican a esta tarea –precisó-. Hemos pedido a la ONU que nos haga la administración de recursos y nos garantice la transparencia de los resultados, a través de un método en el cual ninguna de las partes interesadas (excepto el gobierno, que hace un control de todos los elementos) se entera de los resultados hasta el final. Es decir nadie está al tanto en absoluto de la evaluación hasta que ésta termina, hay cláusulas de confidencialidad y a nosotros la garantía nos lo da el sistema de Naciones Unidas”, dijo en una extensa nota para el Suplemento Desarrollo.
“No objeción”
En ese marco explicó el funcionario que se requiera la anuencia de la Cancillería de la Nación. “Es un tecnicismo y se llama ´No Objeción´, pero en los hechos es una aprobación que nos tiene que dar Cancillería, que debe intervenir cuando se va a trabajar con un organismo de cooperación multilateral como es la Organización de Naciones Unidas. No es la única alternativa, ya que tenemos un plan B por si no se obtiene esta aprobación, pero insistimos en esto porque es una indicación que nos dio el gobernador ya que la ONU nos brinda la garantía de transparencia y confiabilidad que él nos planteó. Si en uno o dos meses no tenemos respuesta iremos por el plan B y vamos a relevar igualmente los pasivos”. Consultado sobre si la alternativa implicaría contratar a universidades nacionales o de la región, respondió: “No, no cambia quién lo ejecutaría porque ya tenemos una selección de empresas y es una terna de firmas internacionales, aunque compitieron también algunas nacionales. Tenemos posibilidad de hacerlo a través de una corporación canadiense, que nos haría la administración y nos ayudaría con el método y si no haremos una administración pro el Estado, por cuentas especiales; estamos tratando de encontrar un mecanismo mucho más ágil y apuntamos al mejor camino, por eso esperamos que salga la No Objeción de Cancillería para hacerlo a través de Naciones Unidas”.
Auditoría en Aluar
Ante la consulta de cuáles serán las actividades relevadas, Musmeci precisó que el relevamiento abarca un concepto “más complejo que daño ambiental, porque es un trabajo de conjunto, consensuado con las mismas empresas y en este caso abarca dos sectores de la industria: uno es el petrolero y otro la producción de ALUAR en Puerto Madryn, que en este caso hay un mandato judicial para realizar una auditoría. En el caso de la actividad petrolera, se apunta a evaluar y tener justipreciado, para nosotros y las mismas compañías, cuál ha sido el pasivo”.
P: -¿Qué se va a hacer con la información?
JMM: -No hay un juicio, a partir del relevamiento, para reclamar una reparación; lo que trataremos de hacer a partir de conocer el daño es gestionar una serie de medidas, que luego son de índole política y de gestión, pero todavía estamos en una etapa previa, para liberar el trabajo; hay muchas ideas de qué se puede hacer con esa información. Lo fundamental en esta etapa es tener claro que a partir de la información recabada se podrá hacer una buena gestión.
P: -¿Quién cubre el costo del relevamiento, el Estado o las empresas?
JMM: -Es un acuerdo con las mismas empresas, por eso mismo estos mecanismos pueden parecer extraños, pero tienen garantías de ejecución y transparencia y los costos van a ser cubiertos por las mismas empresas, en acuerdos por consensos que no deben despertar ninguna sospecha, porque las compañías han tomado este compromiso de hacer este tipo de estudio y no tienen más injerencia ni pueden influenciar de ninguna manera. Es un compromiso en el que se puede creer o no, como me ha pasado a mí en la interpelación (NDR: se refiere a la interpelación por el tema minería, en el que sus respuestas fueron cuestionadas desde la oposición), pero yo apuesto a creer y estoy seguro de que va a ser un sistema que va a servir porque está diseñado para ser creíble”.
P: -Cuando hablamos de pasivo, ¿cuál es la diferencia con el daño ambiental?
JMM: -Es un poquito más abarcativo que el daño en sí. El daño es fácil justificar en forma inmediata, pero el pasivo es más amplio, necesita un análisis con retrospectiva más importante y evaluar también los beneficios en eso. ¿Qué se explotó, cómo se explotó? ¿Cuál fue el daño? Está esa pregunta, pero también pesan los beneficios, por eso es una visión bastante diferente. Si yo hubiera tenido la oportunidad, no lo habría llamado “pasivos ambientales”, porque hay una concepción de una apreciación económica de qué pasó hacia atrás y esto no tiene esa finalidad, si bien podría tenerla; pero el objetivo es favorecer la gestión de una industria que está en crecimiento y cada día nos pone nuevos desafíos.
P: -Desde la mirada del sentido común se puede interpretar que si se va a “estudiar el pasivo”, es para exigir la reparación…
JMM: -No en todos los casos; por eso digo que uno debe poner en la balanza los costos, pero también los beneficios, por eso debemos tener cuidado con el mensaje. Vamos a tener un conocimiento más acabado de lo ocurrido hacia atrás y tendremos mejores elementos para decidir hacia adelante; es lo que me gustaría dejar en claro, porque lo demás es alarmista y no es parte del diálogo excelente y gentil que hemos tenido con las cámaras empresarias: hay un consenso de compromisos con las empresas y estamos construyendo esto en base al respeto, no se hace por cuenta de un solo sector como puede ser el Estado, sino que estamos trabajando sobre la base de compromisos mutuos y consensos.
