Por Néstor O. Scibona.

En los papeles son más presentables que los decretos de necesidad y urgencia (DNU), pero en los hechos no difieren demasiado. Las leyes sancionadas en las últimas semanas (abastecimiento, pago soberano, Códigos Civil y Comercial, hidrocarburos, presupuesto 2015) y las que el gobierno de Cristina Kirchner prevé aprobar de igual forma en las próximas (Código Procesal Penal, comunicaciones), se despachan tan rápido como los DNU o la emisión de pesos sin respaldo. La función del Congreso se reduce a la obediencia debida de los bloques mayoritarios del oficialismo para votarlas a libro cerrado y al rol testimonial de los bloques opositores minoritarios para hacerlo en contra. Sin atisbo de negociación o de acuerdos políticos sobre sus contenidos, los dictámenes y los discursos en el recinto sólo sirven para cumplir las formas.

Con estas leyes, el kirchnerismo apunta a su necesidad de retener poder en el tramo final de su gestión. Pero muchas cambian reglas presentes y futuras, condicionan al gobierno de cualquier signo que vaya a sucederlo a fin de 2015 y van en sentido opuesto a la necesidad de mayores inversiones privadas para que la economía vuelva a crecer. Así, resulta insólito que CFK acuse a la oposición de pretender derogarlas o modificarlas a partir de 2016, a menos que se avale su discutible teoría de que estas reformas exprés, que requerirían meses de debate, deberían ser irreversibles.

La nueva ley de hidrocarburos es, en este contexto, un caso especial. En el sector petrolero hay consenso en que era necesaria una reforma de la vetusta ley vigente -sancionada en la época de Onganía- especialmente para cuantificar y desarrollar los recursos de la prometedora formación de Vaca Muerta. Pero nadie prevé un boom de inversiones para apuntalar urgentemente las reservas del Banco Central en 2015, como espera obtener el Gobierno con los beneficios otorgados principalmente a YPF, a sus actuales o futuros socios y a las demás compañías privadas que ya operan en el país. También hay coincidencias en que, para recuperar el autoabastecimiento perdido en la "década ganada", no basta con una nueva ley si no cambia la política energética y macroeconómica. Se necesitarán unos cuantos años, además de inversiones del orden de 20.000 millones de dólares anuales durante la próxima década, que exceden la capacidad operativa y financiera de YPF y del Estado.

A grandes rasgos, la denominada "ley Galuccio" transforma en régimen legal el "decreto Chevron" (929/13), que hace más de un año le permitió a YPF conseguir su primer socio extranjero para el área Loma Campana, en Vaca Muerta, a través de un contrato secreto. Una diferencia importante es que ahora se reduce la exigencia de inversión mínima de 1000 millones de dólares en un quinquenio a 250 millones en un trienio. Así, otras petroleras también pueden acceder a beneficios tales como exportar sin retenciones hasta 20% del petróleo extraído (o hasta 60% en explotaciones off shore) y no ingresar al país las divisas transcurrido ese plazo.

Sin embargo, el mayor "anzuelo" es que la solicitud de una concesión de explotación no convencional (por 35 años, prorrogables por otros 10) habilita además la prórroga de derechos ya otorgados sobre los recursos convencionales de una misma área (que vencen entre 2016 y 2027). Según Daniel Montamat -integrante del grupo de 8 ex secretarios de Energía que se opuso a la sanción de la ley- este mecanismo permite unificar y extender contratos con plazos diferentes, que podrían llegar así hasta el año 2060 sin licitaciones competitivas y sólo con pago extra de regalías. "La reforma consagra el actual statu quo petrolero y otorga virtualmente derechos a perpetuidad", enfatiza.

En otras palabras, a cambio de futuras inversiones, la ley beneficiará principalmente a las compañías que ya están "arriba del colectivo", con YPF al volante por su mayor participación en el negocio del petróleo y gas.

Una razón es que YPF podrá concentrar más concesiones y permisos de exploración, ya la ley elimina límites máximos. Otra, que será quien "cobre el boleto" a otras empresas extranjeras (Pemex, Petronas) que busquen subirse como socias estratégicas. Este rol de parte y juez obedece a que la ley prohíbe a las provincias petroleras, como titulares del dominio de los hidrocarburos, el uso del "carry" (o acarreo) gratuito para asociar a sus empresas energéticas en distintas áreas como lo hacían hasta ahora (caso Neuquén). Pero no impide a YPF negociarlo en futuras asociaciones para definir porcentajes de participación.

Éste fue el principal punto de fricción entre la Casa Rosada y los gobernadores de las principales provincias productoras. Otro, la fijación de topes para la distribución de la renta petrolera, que finalmente serán uniformes y escalonados para las regalías que los concesionarios pagarán a las provincias (12% inicial; 15% en la primera prórroga y hasta 18% en las siguientes) y fijos para impuestos locales como Ingresos Brutos (3%) y Sellos.

De esta manera, las provincias resignan autonomía a cambio de otorgar previsibilidad fiscal a los futuros contratos. Como la mayoría de los gobernadores finalizarán sus mandatos en 2015 y el nuevo régimen los relega a cumplir un papel secundario en las prórrogas, no estarán exentos del ataque de la oposición en sus distritos durante el año electoral. Incluso porque la ley hace una mínima mención a la cuestión ambiental. En compensación por pérdida del carry, las provincias podrán percibir hasta 2,5% de los futuros proyectos de inversión en concepto de responsabilidad social empresaria (RSE), aunque seguramente será usufructuado por los gobiernos entrantes.

Otro tanto probablemente ocurra a nivel nacional. Con el piso mínimo de 250 millones de dólares en tres años, se descuenta que -salvo el caso de YPF, por razones políticas- las nuevas inversiones serán más bajas el año próximo que en los posteriores. Algo así como "señas" para prorrogar concesiones en 2015, a cuenta de desembolsos mayores a cuando mejoren las condiciones para invertir.

Por un lado, la actual baja de los precios internacionales del crudo no pesa tanto como los costos de equipos y servicios para el shale, que duplican a los de los Estados Unidos. Además, la mayoría de las petroleras privadas que actúan en Vaca Muerta se encuentra en la etapa de testeo de sus áreas e interpretación de resultados y el sector sigue regulado por el decreto 1277/12, que centraliza en Axel Kicillof la aprobación de proyectos y subsidios al precio del gas en boca de pozo.

Por otro, el impulso inversor de la ley se ralentiza con el default parcial de la deuda; el endurecimiento de los controles cambiarios, la prohibición de girar utilidades; la brecha cambiaria de casi 70% y los atrasos del BCRA para el pago de importaciones.

Para colmo, mientras se acentúa la incertidumbre macroeconómica, otra ley con sanción express -el presupuesto 2015- no legisla hacia delante sino hacia atrás: como en años anteriores, "dibuja" la inflación, el crecimiento y el tipo de cambio, con el objetivo de que en el año electoral CFK pueda distribuir discrecionalmente buena parte del gasto público a favor de sus aliados políticos y en contra de quienes no lo son. Eso sí, a través de DNU y sin pasar por el Congreso.

Por Francisco Olivera.

Los convocados escuchaban en silencio. Era la mañana del martes pasado, participaban del encuentro ejecutivos de las telefónicas, fabricantes de teléfonos móviles y representantes del software, y Débora Giorgi había vuelto a sorprenderlos: acababa de notificarlos de que, en poco tiempo, los smartphones producidos en Tierra del Fuego portarían aplicaciones de organismos públicos, ministerios y temáticas que dispondría el Poder Ejecutivo. Sin aviso ni anestesia, algo así como un plan de aplicaciones para todos y todas.

Algunos invitados estaban en realidad en otra cosa. Los carcomía una promesa que Axel Kicillof, verdadero regulador del sector, les había hecho diez días antes sobre una ampliación del cupo para importar, fijado hoy en 30 millones de dólares semanales. Pero el ministro de Economía no volvió a comunicarse con ellos y en eso están desde entonces, comiéndose las uñas. De ahí que el encandilamiento de Giorgi con la incorporación de aplicaciones a los teléfonos móviles los encontrara distraídos, pendientes de cuestiones más importantes. Sabían, por otra parte, que nada relevante podía decidirse en la cartera de Industria. El avance de Kicillof en el Gabinete es tal que hasta cerca de Giorgi se abocan últimamente a tareas de inteligencia casera: llaman a empresarios y preguntan qué novedades pueden estar gestándose en el Palacio de Hacienda, de cuyas reuniones son a menudo excluidos.

¿Pakapaka obligatorio en tabletas y teléfonos? ¿Fútbol para Todos? ¿6,7,8? ¿El último disco de Copani? Los empresarios empezaron a entender y a comentar entre murmullos. De repente, alguien preguntó: "¿Y quién va a pagar todo esto?". Giorgi sonrió y, en una emulación gestual de Cristina Kirchner, estiró el cuello y buscó con la cabeza. "Bueno, a ver, ¿dónde están las telefónicas? Pueden ser ellas... veremos. Por ahí el Gobierno también quiere aportar algo..."

Es evidente que, pese a los impulsos gramscianos de la ministra de Industria, los desvelos de los hombres de negocios son bastante más elementales. Y coinciden en algún punto con los de Kicillof: la falta de dólares los complica cada vez más. "¿Por qué no liberás aunque sea las importaciones de los autos que están trabados, si nuevos no van a llegar?", le pidió en estos días al jefe del Palacio de Hacienda Cristiano Rattazzi, presidente de Fiat Auto. La inquietud tenía motivos meteorológicos: el granizo acababa de destrozar parte de la flota que esperaba en el puerto de Zárate la aprobación de divisas para entrar y las automotrices no estaban dispuestas a seguir sumando desgracias. Sobre llovido, mojado. Kicillof aceptó. Hace diez días liberó las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaciones (DJAI), aunque sigue la restricción para pagarlas: se le permiten 100 millones de dólares por semana a una industria que necesita en realidad 250 millones para funcionar.

En ese contexto hay que entender la reacción que Isela Costantini, presidenta del último Coloquio de IDEA y de General Motors, tuvo la semana pasada al ver que crecían entre sus pares los cuestionamientos al Gobierno. ¿Nadie imaginó que, en algún punto de la batalla cultural kirchnerista, los intereses de la ejecutiva de IDEA chocarían con los de la líder de General Motors, una empresa que, además de negociar importaciones diarias, recibió en 2009 un crédito de 70 millones de dólares de la Anses? Costantini estuvo en estos días entre triste y molesta, acaso pensando más en el futuro que en IDEA: el jueves será elegida presidenta de la Asociación de Fábricas de Automotores. Anteanoche, en Parque Norte, Cristina Kirchner corroboró estas perturbaciones. "Cuando el Estado tuvo que salir a auxiliar a alguna automotriz de origen extranjero no dudó ni un instante e hicimos préstamos con los recursos de los trabajadores. Por eso a mí no me gusta hablar de gratitud o ingratitud, porque es un término no económico y no empresarial. Uno no debe requerir gratitud de los empresarios. Gratitud de un hijo, de un amigo, de un hermano; de los empresarios lo único que hay que requerir son reglas de juego similares en todas las oportunidades", dijo. Casi sin pensarlo, a pocos metros, desde el equipo económico, alguien completó la idea en voz no tan baja: "¡General Motors!".

Aquel discurso volvió a ser además una pieza de interpretación psicológica del kirchnerismo. Para referirse a la escasez de divisas, la Presidenta insistió: "Si nosotros tuviéramos autoabastecimiento energético, la balanza comercial superaría holgadamente los 15.000 millones de dólares, ¡holgadamente! Tendríamos un holgadísimo superávit financiero, además de un holgadísimo superávit primario. Pero todos sabemos que estamos importando fuertemente energía". Nada nuevo: es una recurrente obsesión de Kicillof. Pero también una refutación directa a Néstor Kirchner, demiurgo del plan energético que empezó en 2004.

Hasta hace poco, el Gobierno y sus militantes explicaban la pérdida del autoabastecimiento en la idea de que no tiene sentido exportar materias primas (petróleo) mientras haya que importar valor agregado (combustibles). El cristinismo ha invertido esa ecuación. El presupuesto 2015 tiene un cambio: las petroleras podrán importar gasoil sin impuestos incluso si el precio fuera inferior al de los surtidores locales. Hasta ahora la exención alcanzaba sólo a los casos en que resultara más alto, para evitar pérdidas. El subsidio vuelve entonces a tener un destinatario estrella: YPF, líder del mercado y principal importador de gasoil.

La medida confirma que la necesidad de dólares tiende a incrementarse. De ahí la urgencia del Gobierno por acordar con los holdouts después de enero, asimilada también dentro de La Cámpora. Hasta tanto no se abra ese camino, que le permitiría al país volver a endeudarse a tasas razonables -como Paraguay, Colombia, Bolivia, Uruguay o República Dominicana-, el Gobierno estará condenado a buscar dólares por los rincones de la actividad económica.

Esa tarea artesanal le ha deparado últimamente alguna sorpresa. En una investigación que le llevó varios meses, la Aduana se topó con un hallazgo que sin duda obsequiará a Kicillof: más de una decena de multinacionales aprovecharon el retraso cambiario y la expectativa de una devaluación para sobrefacturar importaciones. El seguimiento de la causa podría involucrar a empresas de primera línea en el delito de contrabando agravado.

Será un argumento para la despedida apoteótica de una jefa que pelea contra las corporaciones. Y otra oportunidad para mantener la iniciativa política, imbatible destreza de Cristina Kirchner, y acercarse un poco más a un sueño que, pese a la recesión, la escasez de dólares, la caída del salario real y el deterioro en los servicios públicos, aparece ya en conversaciones íntimas de La Cámpora: un proyecto por 50 años..

Por Joaquín Morales Solá.

Algunos dicen que Cristina Kirchner trabaja para quedarse más allá de 2015. Otros, como el senador "Pino" Solanas, no descartan elecciones anticipadas para el año próximo. ¿Qué sucede en un país en el que hay interpretaciones tan dispares sobre los tiempos fijados por un precepto constitucional? Tal vez la respuesta pueda encontrarse en la desmesurada ofensiva de las últimas semanas para refundar la República. Tres códigos jurídicos esenciales podrían ser aprobados en los próximos meses. Uno de ellos modificará sustancialmente el sistema penal federal y podría dejar a los actuales jueces federales sin poder de investigación. Versiones confiables aseguran, incluso, que el Gobierno proyecta intervenir el Grupo Clarín en cuestión de semanas. Un juez, Horacio Alfonso, acaba de frenar sólo transitoriamente una decisión de semejante gravedad.

Las raíces de ese poder imponente están en el control del Congreso. Cristina ni siquiera necesitaría cerrarlo, porque directamente lo abre cuando ella quiere. Este año se realizaron 14 sesiones de la Cámara de Diputados, 13 de las cuales fueron reuniones especiales para tratar exclusivamente proyectos impulsados por el Ejecutivo. Para decirlo con otras palabras: el Congreso funciona sólo para tratar leyes promovidas por la Presidenta, que son aprobadas sólo por el bloque oficialista. El Congreso ya es algo menos que una escribanía; es como una oficina para registrar decretos, no para hacer leyes.

Cierta ausencia de la oposición como referencia social, un temor profundo y generalizado de los oficialistas a las represalias y la extorsión a los gobernadores con la amenaza del dinero han convertido a los legisladores peronistas no en políticos disciplinados, sino en pobres víctimas del vasallaje. El Gobierno se queja de que la oposición no hace aportes a las creaciones legislativas del oficialismo. ¿Cómo hacerlo si los tiempos de aprobación se limitan a una semana, o a menos? El consenso requiere tiempos más flexibles, que la Presidenta no está dispuesta a permitir. Las leyes deben salir como ella las envía y en los plazos perentorios que ella establece.

Napoleón Bonaparte está quedando como un aprendiz de epopeyas fundacionales. El Código Civil fue aprobado violando el reglamento de la Cámara de Diputados cuando la Presidenta ni siquiera necesitaba esa violación. ¿Hará lo mismo con el Código Penal, que fue duramente criticado por casi toda la oposición? Por su parte, el Código Procesal Penal sublevó a todos los jueces federales, que ya se han reunido varias veces. El Gobierno aspira a dejarlos sin el poder de investigar. Los jueces federales decidieron investigar ahora. Debería incluirse en cualquier pronóstico de los próximos tiempos una vibrante agenda de funcionarios kirchneristas en los tribunales. Los jueces no necesitan nuevas causas; les sobra y les basta con las investigaciones que ya están en marcha.

Justicia y política son explosivas cuando consiguen confluir con una crisis económica. La crisis está, a pesar de la habilidad del Gobierno para correr del debate los temas que no puede resolver. La caída del PBI de este año, prevista por varios economistas independientes, rondará el 3 por ciento. Sería una caída similar a la de 2009, cuando el mundo estaba en medio de una crisis monumental y la Argentina perdió por la sequía un tercio de su producción de cereales. No hay comparación posible con la situación actual. La producción industrial lleva 14 meses consecutivos de derrumbe. El consumo global cayó un 5 por ciento en los últimos nueve meses y la inflación anual está en el 40 por ciento.

Sin embargo, la Presidenta se da el lujo político de sostener que esa crisis, palpable para cualquier argentino, es un invento del periodismo. Un invento, según ella, para justificar el "ajuste" del próximo gobierno. A todo esto, ¿por qué la preocupa tanto el próximo gobierno? Será un gobierno democráticamente elegido por la sociedad y tendrá todas las facultades para decidir qué políticas aplicará. Cristina no tendrá arte ni parte en esa porción de la historia por escribirse. ¿O no será así? Una de las confusiones más notables de los días actuales está precisamente en las palabras de la Presidenta. Ella habla y actúa como si el futuro la comprendiera. Es probable que imagine, más que nada, un gobierno de Daniel Scioli monitoreado permanentemente por el fundamentalismo cristinista.

Está dejando, de todos modos, el terreno minado para cualquier próximo presidente. Su última obsesión es la Corte Suprema de Justicia. Hace justo un año, ese tribunal se convirtió en el santo más venerado en el altar del kirchnerismo. Fue cuando declaró la constitucionalidad de la ley de medios. Ahora, Jorge Capitanich se convirtió en una máquina de fabricar falsedades contra el tribunal porque esa misma Corte preservó la cautelar que protege a muchos medios (a LA NACION, entre ellos) en un viejo juicio de la AFIP. La escasa o nula adhesión de Capitanich a la verdad se trasladó también a sus afirmaciones sobre todos los medios periodísticos y, más precisamente, sobre LA NACION.

El populismo no se reduce sólo a la distribución irresponsable de los recursos del Estado. La ley de hidrocarburos (otra extraña sanción del peronismo oficialista) se explica en el despilfarro de las reservas energéticas durante diez años. Fue una ley sin consenso para atraer miles de millones de dólares de inversión, imprescindibles para recuperar el autoabastecimiento. No habrá inversiones en la dimensión necesaria sin una política de Estado, que no la hay ni la habrá por ahora. Pero la urgencia actual consiste en que cada año se requieren entre 13.000 y 15.000 millones de dólares para importar energía.

El populismo es también una política, que se cifra en promover el enfrentamiento de la sociedad, o de sectores de ella, con las instituciones de la democracia. El líder no debe chocar jamás con obstáculos, sean éstos parlamentarios, judiciales o periodísticos. Es casi obvio recalcar que varias leyes del cristinismo buscan desmembrar al Grupo Clarín. La ley de medios fue hecha para eso. El proyecto de ley de telecomunicaciones, anunciado en días recientes, anda a la pesca del mismo objetivo. No se trata del triple play (teléfono, Internet y televisión) o de crear actores para la competencia, que serían bienvenidos, sino de consumar la destrucción de un holding.

El proyecto sobre las telecomunicaciones es contradictorio con la ley de medios. Ésta establecía que las empresas de servicios públicos no podían ser propietarias de medios audiovisuales. El proyecto de las telecomunicaciones lo permite. La relación de Telefónica con Telefé, por ejemplo, era incompatible según la ley de medios, pero es perfectamente posible según el proyecto de ley sobre telecomunicaciones. Tampoco tiene en cuenta la inversión de los medios privados, que debieron crear un sistema que no existía de distribución de televisión por cable. Esa inversión privada podrá ser aprovechada sin costo alguno por las telefónicas para brindar el triple play. Hay, como se ve, protegidos y perseguidos.

El desguace de Clarín, anunciado repetidamente en los últimos días por el Gobierno, requiere la intervención del holding. El Tribunal de Tasación le entregará al Gobierno en esta semana el precio de cada medio del Grupo. El proceso comienza. Ésas son las decisiones que dibujan a una Presidenta que piensa en un poder mucho más largo que su mandato. El peligroso tobogán de la economía y sus secuelas sociales inspiran las especulaciones, como las de "Pino" Solanas, que suponen que la Presidenta se quedaría sin poder antes de tiempo. Nadie sabe de qué estará hecho el mañana..

Por Jorge Oviedo.

Ningún otro precandidato presidencial necesita más un arreglo de la deuda con los buitres que Daniel Scioli. Plantado como la garantía de sustentabilidad de los logros del kirchnerismo y corrección de los errores -como si fueran muchos los primeros y "detalles" los segundos-, no tendría resultados si la economía siguiera a los tumbos. En público, su propio economista de cabecera, Miguel Bein, dice que con un arreglo de la deuda en enero la economía podría crecer 3% en el año electoral. Sin él, caería en el mismo porcentaje. Es decir, la diferencia son nada menos que seis puntos del PBI.

¿Puede un sucesor del modelo ganar con la economía en desbarranque por segundo año consecutivo? Nadie cree eso; probablemente, ni siquiera el gobernador. ¿Sería candidato si supiera que no pasará de la primera vuelta?

Por eso, aunque el cristinismo cerró todas las puertas legales para cumplir con la sentencia del juez Thomas Griesa, sigue alimentando la idea de que finalmente lo hará. Como el título del libro de Umberto Eco: La estrategia de la ilusión. ¿Alguien seguiría obedeciendo a una administración que no puede instalar a un sucesor confiable?

Cristina Kirchner es una "recontra actriz", dijo alguna vez Adrián Suar, que algo conoce del tema. Los grandes actores se caracterizan muchas veces por saber también elegir los guiones. Y no hay ninguna duda de que, desde hace ya un tiempo, es Axel Kicillof el principal proveedor de ideas, argumentos, trucos verbales, relatos históricos y proyecciones del futuro que la Presidenta recita con fascinación.

¿Prepara de verdad un golpe de efecto, un giro sorpresivo como los que eran un sello del dramaturgo argentino Oscar Viale, por ejemplo? Hay muchos, y no sólo Scioli, que aguardan que así sea, mientras la Presidenta y su ministro parecen marchar a toda velocidad en sentido contrario con el argumento de que es el resto del mundo el que está en problemas y no la Argentina, que, en realidad, está mostrándoles a todos lo que deberían hacer.

Mientras tanto, se pierden oportunidades, y hay confianzas sobre el futuro que merecen algunos reparos. Que el petróleo y el gas extraídos por métodos no convencionales seguirán como el negocio extraordinario que salvará al país está por verse. Otros ya los están explotando y por eso los precios internacionales no han volado por los aires como en situaciones de inestabilidad semejantes a la presente en Medio Oriente. Hay mucho que invertir para producir y el negocio lo terminarán haciendo los importadores, porque la oferta no para de crecer, dijo hace ya meses el semanario inglés The Economist.

La Argentina y Brasil perderán exportaciones de maíz a Vietnam, que crece y aumenta el consumo de cerdo, que llegará pronto a poco más de 33 kilos por habitante y por año. También Hanoi desea cuidar la mesa de sus ciudadanos y las divisas. No quiere importar tanto maíz para alimentar cerdos, y la semana pasada acordó con Monsanto iniciar el camino de producción con dos transgénicos e importar menos de Brasil y la Argentina. Un negocio que va camino a reducirse o perderse. Mientras tanto, en la Argentina se traban las inversiones en semillas de maíz de la misma multinacional por militantes que todavía hoy celebran la derrota (militar) de Estados Unidos en el país asiático.

El domingo próximo se cumplirán 25 años de la caída del Muro de Berlín, que precedió al desmoronamiento del bloque soviético y cambió la historia del final del siglo XX. En 2003, la tragicómica película Good bye Lenin! radiografió la feliz pero ardua transición de la unificación alemana. Un hijo "inventa" una República Democrática Alemana que funciona exitosamente para proteger a su madre, delicada de salud, que en Berlín del Este no soportaría conocer la magnitud del cambio. Hasta un amigo que sueña ser cineasta lo ayuda, a lo 6,7,8, a armar para su madre falsos noticieros en los que todo se lee al revés. Son los occidentales los que huyen desesperados del consumismo al comunismo.

¿Creen Kicillof y Cristina en lo que dicen, o están cuidando a sus seguidores de los efectos del cambio inevitable? ¿De saber que el mundo no "se nos cayó encima", sino que "nos pasó por encima"?.

Por Alcadio Oña.

Si está a menos de 15 o arriba de 15, si es el momento de comprar o conviene esperar, el mediático blue ocupa el centro de buena parte de las conversaciones. Y hasta el presidente del Banco Central se permitió un alarde de ocasión con el ilegal: “Como se lo quiera medir, el dólar ha bajado significativamente”, dijo Alejando Vanoli. Obviamente no hablaba del oficial, que aún a paso lento va en subida.

En una circunstancia diferente, Vanoli le habría dado valor cero al paralelo o la habría emprendido contra los especuladores. Algo parecido ocurre con la recesión: aunque asome la cabeza por todas partes, los comentarios oficiales o la ningunean o directamente eligen negarla.

La consultora LCG concluye sus informes quincenales y mensuales con una batería de indicadores, propios y oficiales, que van desde la actividad económica y el mercado financiero hasta el sector externo. Pone en rojo las caídas y en negro los ascensos, pero la clave no está en el método sino en lo que el método muestra. Y muestra un cuadro cada vez más poblado de números rojos y también que, con un análisis afinado, a unos cuantos negros puede calzarles perfectamente el rojo.

Hay cerca de treinta cifras que abrumarían a cualquiera si se las cita a todas. Mejor evitar el engorro e ir a algunas en varios sentidos reveladoras:

–El estimador del INDEC para la producción industrial acumula 14 meses consecutivos con signo negativo. Aplicando una base de cálculo diferente, a LCG le da 9.

–Según la estadística oficial, la actividad económica ha caído en 5 los últimos 6 meses. Para la consultora, son 8 meses seguidos.

–El indicador de la construcción, también del INDEC, anota bajas en 6 de los últimos 7 meses. Y lo mismo pasa con los despachos de cemento.

–La caída en las ventas de autos lleva 9 meses sin parar. Y las del comercio minorista medidas por CAME, una entidad afín al Gobierno, han retrocedido en 18 de los últimos 19 meses.

–Desde el lejano enero del año pasado, el número de escrituras en la Ciudad Autónoma apenas registra 2 alzas. Y la cantidad de pasajeros que usan el colectivo en la Capital y el GBA, sólo 3.

Entre las cifras que figuran en negro y viran al rojo cuando la consultora les descuenta el efecto de la inflación real, hay tres meses consecutivos en supermercados y cuatro en los híper. Con el mismo sistema, los préstamos al sector privado vienen en pendiente hace siete meses y los depósitos, hace nueve.

Varios factores juntos explican este cuadro poblado de datos negativos. Desde la caída del salario real y los problemas con el empleo hasta el costo del crédito y el temor de empresas y particulares a endeudarse, la opción por el dólar paralelo y el impacto del cepo cambiario.

Es la muestra, al fin, de que ninguno de los planes oficiales ensayados de apuro ha logrado enderezar el barco. Y más todavía: en esas mismas movidas aflora cierto reconocimiento de la realidad, aunque no se hayan probado útiles para modificarla.

¿Por qué la Presidenta convive con una situación así, si hasta pareciera que la perjudica?, le preguntó Clarín a un ex funcionario del área económica que tuvo trato directo con ella.

Respuesta: “Mientras Cristina vea que las encuestas de imagen le dan un 37% o cerca del 40% positivo, no encontrará motivos para cambiar. Ella siempre está muy pendiente de sus índices de popularidad”.

El jueves, ante un auditorio amigo, la Presidenta soltó dos sentencias. Una, indudable, fue que “no estamos en Disneyworld” y la segunda, con mucho del repertorio K: “No nos quieran plantear un escenario apocalíptico que no existe”.

Lo que existe, sin demasiadas vueltas, es una recesión prolongada, un proceso inflacionario que siembra dudas sobre las intenciones o la capacidad del Gobierno, más ingresos que ya impiden acceder a bienes esenciales.

En el cuadro de LCG aparece otro par de números rojos, que también dejan al descubierto cómo anda la gestión económica en manos de Axel Kicillof.

Las exportaciones, por lejos la principal fuente de divisas del país, ya acumulan once meses consecutivos en baja y van por más. Bombardeadas por el cepo cambiario y por la recesión, las importaciones han retrocedido en nueve de los últimos diez meses aunque muchas sean vitales para los procesos productivos.

Pero ni ese intento de apretar por un lado para compensar lo que falta en el otro da resultado. Entre enero y septiembre, el superávit comercial relevado por el INDEC arroja una caída del 12% respecto del mismo período de 2013. Y puede ser peor, porque también estas cuentas han entrado en zona de sospechas.

“No tenemos ninguna preocupación por el nivel de las reservas”, ha dicho Vanoli. Es obvio que admitir lo contrario haría temblar al mercado cambiario, aunque los hechos canta algo bastante diferente de lo que sostiene Vanoli.

Kicillof les mete pressing a las cerealeras para que apuren la liquidación de exportaciones y hagan un depósito en los bancos que iría a la caja del BCRA. Se publicita un giro de China en yenes que la entidad contabiliza como dólares. Hace unos treinta días el Central apeló a un crédito de corto plazo del Banco de Francia y ha tomado pases, también de corto plazo, de otras fuentes del exterior.

Suena evidente que todas estas movidas carecerían de sentido si a Vanoli no le preocupase el stock de divisas del Central o si no se hubieran perdido alrededor de US$ 2.500 millones en menos de tres meses.

En cambio, cuesta encontrar los préstamos que iban a llegar desde los organismos estatales europeos como parte del arreglo con el Club de París. A fines de julio, el Gobierno pagó US$ 642 millones al contado, pero las contrapartidas anunciadas por Kicillof siguen sin aparecer y la razón muy probablemente sea que la Argentina en default es considerado un país con riesgo elevado. Hasta ahora, lo definitivamente cierto es que los acreedores han empezado a cobrar.

Está claro que detrás de las declaraciones de Vanoli y de los esfuerzos por sacar dólares hasta de debajo de las piedras anida la intención de aventar especulaciones sobre la salud financiera del Central y sobre la estabilidad del tipo de cambio.

Un objetivo semejante parece animar las recurrentes confesiones de Kicillof de que en enero el Gobierno negociará un acuerdo global con los bonistas que no entraron a los canjes. Resulta sospechoso que las haga en conciliábulos presuntamente secretos y después salgan a la luz.

Por lo que se sabe, no ha existido un solo contacto con los fondos buitre mientras las usinas de los malos amenazan sacar nuevos rastros sobre la ruta del dinero K. Y si fuese cierto eso que el ministro ventila, los especialistas consideran que armar la ingeniería para un arreglo global con los holdouts demandaría cerca de tres meses.

Llegado el momento e inevitablemente pendiente de las reservas y de la economía, la Presidenta decidirá entre aquello que preferiría y lo que tal vez pueda imponerle la necesidad. Entretanto, va adelante con todo y para todo, aprovechando el poder que conserva y el tiempo que le queda.