Por Eduardo Anguita y Francisco Balázs.

Con el proyecto Argentina Digital se escuchó a muchos colegas que hacen agua ante este tema. No se sabe muy bien en qué consiste la red de fibra óptica y qué importancia tiene en la Argentina contar con una red nacional de ese tipo.
–Vamos a hacer un poquito de historia. En 2003, cuando me hice cargo del ministerio y el presidente Kirchner del gobierno nacional, los medios y la infraestructura para poder llegar y acceder a los contenidos audiovisuales o de telefonía eran infinitamente más reducidos. Yo tenía un teléfono celular por el que no podía mandar mensajes ni podía emitir mails, y hoy lo hago naturalmente, al igual que mucha gente. Evidentemente hubo un avance tecnológico arrollador. El Gobierno trabajó muchísimo a través de este modelo de inclusión político nacional y popular. De hecho, no existía el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Paralelamente, veníamos de una década neoliberal en donde virtualmente el Estado había desaparecido, no solamente como titular de los servicios públicos, sino como regulador. De hecho, este proyecto de ley viene a modificar una ley de 1972. La Ley de Hidrocarburos que se aprobó el miércoles en Diputados venía a renovar una ley de 1968, convalidada en el Congreso en 1973, en medio del apuro necesario que tenía el gobierno del doctor Cámpora para iniciar su gestión. El presidente Kirchner se encontró, además, con el Correo Argentino también entregado, en donde la empresa concesionaria ponía, en sus rendiciones al organismo de control, que las indemnizaciones que pagaban al personal jerárquico que despedían eran inversiones. Néstor inicialmente recupera el Correo y luego procede a la recuperación del espacio radioeléctrico. La Argentina, junto con Burkina Faso y Gabón, eran los tres países que tenían concesionado su espacio radioeléctrico. Entre otras cosas, esta ley viene a declarar la soberanía argentina sobre su espacio radioeléctrico y su imprescriptibilidad, es decir, no va a haber forma futura de entregarlo de la forma vil en que se lo entregó en los ’90. Paralelamente a eso, la empresa Nahuel-SAT prestaba servicio satelital a la Argentina. A mi despacho vino la gente de Nahuel-SAT a decir que me entregaban la llave porque no podían seguir explotando el servicio. Partían de la necesidad de la base de las tarifas dolarizadas, que era una presión de todas las empresas de servicios que habían pedido esa prerrogativa luego de la gigantesca crisis de 2001, y de la devaluación que hiciera el presidente Duhalde en su momento. Teníamos un satélite alquilado y estábamos a muy pocos meses de perder la órbita satelital que está cubriendo ahora el Arsat-1.

–Un cambio enorme para la Argentina.
–No está desvinculado de la ley, está todo relacionado. Acá culmina una política de Estado que lanzó Kirchner el 6 de abril del año 2006, cuando se funda la empresa Arsat con la intención de recuperar el espectro satelital y luego recuperar tecnológicamente a la Argentina en materia de comunicaciones. Es decir, alquilemos un satélite por ahora para cubrir la franja, pero generemos todos los estudios y todas las inversiones necesarias como para poder fabricar ese satélite geoestacionario en la Argentina. Al mismo tiempo nos pusimos a trabajar también en el otro objetivo que tenía Arsat, que era llevar las comunicaciones a cualquier manifestación que generara nuestra capacidad creativa, no solamente al último de los argentinos, sino al último lugar de la Argentina, el más marginal en términos geográficos.

–Alguna vez se dijo en la Argentina que YPF estaba donde podía pasar un camión, independientemente de la rentabilidad comercial que significara una estación de servicio de YPF. En realidad, el concepto de inversión de fibra óptica para las empresas privadas tenía que ver básicamente con los centros urbanos y para vincularlos entre sí, y mucho menos para llegar donde no hubiera una rentabilidad inmediata.
–Exactamente. Nosotros, por ejemplo, antes de esta ley, llevamos la Televisión Digital Abierta, y por supuesto Internet, al 100% de las escuelas rurales argentinas. Recuerdo hace poco un corto en TV sobre la escuelita de Loma Blanca, en Jujuy, a cuatro mil metros de altura, con una población dispersa de 600 habitantes. Y bueno, allí vivimos la alegría con que los chicos pudieron acceder a los mismos derechos que tienen los pibes en La Matanza o en Barrio Norte.

–Y satelital también, que llega a las escuelas rurales isleñas.
–Sí, porque además de la gestión y de la dinámica de la Presidenta cuando lanza el Plan Argentina Conectada, también estaba la creación de Arsat. Luego vino la Ley de Medios Audiovisuales, que es totalmente diferente a esta que se está tratando. La Ley de Medios Audiovisuales es la que habla fundamentalmente de qué características y qué estructuración tienen que tener las empresas prestadoras o emisoras de contenidos y qué tipo de integración deben tener para evitar posiciones de abuso monopólico dominante. En el caso de esta otra ley, viene a regular lo que vinimos construyendo como infraestructura, para poderle dar virtualidad a esa voluntad política expresada por la Presidenta de universalizar el acceso a los contenidos. Si no había medio físico y si el Estado no invertía allí donde los privados no lo iban a hacer, evidentemente esta posibilidad que planteaba la ley de medios no se iba a poder cumplir. Por eso el plan Argentina Conectada, por eso el plan Conectar Igualdad desde las computadoras para los chicos, por eso el Vector VV1, que es el vector impulsor de satélites que estamos trabajando con la Conae, y por eso el Arsat-1. Esto explica, en términos fácticos, a lo que ahora le queremos dar un contenido legal, para que todo el mundo realmente pueda tener acceso y hacer real la convergencia tecnológica. Porque, ¿qué es la convergencia tecnológica? Es que todas las empresas tengan el mismo medio de difusión, para que la universalización de la red y el servicio que plantea esta ley puedan ser posibles. También manda que las empresas, en su planificación futura, lo hagan en una arquitectura tecnológica abierta.

–Una aclaración, ya que a veces se escucha “medios de difusión” y pensamos en “medios de comunicación”. “Medios de difusión” señala “medios de transmisión”, ¿no es cierto?
–En este caso, es la infraestructura física para transportar lo que se genera. Es como la generación eléctrica: hay una usina que genera, un cable que transporta y otro cable que distribuye. El Estado nacional invirtió, a través de Arsat, construyendo hasta hoy 34.000 kilómetros de fibra óptica, del total que está planificado en el plan Argentina Conectada. La fibra óptica es el medio más moderno, más dinámico. Es la “autopista” para llegar a los lugares más distantes de la Argentina. De hecho, hay dos empresas provinciales que interactúan con Arsat. Las que primero entendieron hacia dónde íbamos fueron Formosa, Chaco, La Pampa, La Rioja y Santiago del Estero. Santiago, Formosa y Chaco, en cortísimo plazo, van a tener 4G, antes que Buenos Aires. El satélite que teníamos hoy contratado no cubría íntegramente el territorio nacional. Vengo de Santa Cruz, donde necesitábamos una antena cuatro veces más grande que la que se necesita en Buenos Aires, porque no cubría el satélite. El satélite Arsat-1 cubre hasta el Polo Sur. Esto también es lo que pide la ley. A futuro, cualquier satélite que fabrique la Argentina a través de Invap y de Arsat va a tener que cubrir la totalidad del territorio nacional. No se van a poder hacer tecnologías que favorezcan posiciones dominantes, y tampoco se va a favorecer a las empresas que se plantan en una posición y no invierten porque no tienen competencia. Lo que trata esta ley es de abrir la competencia, de unificar la tecnología para poder llevar a todos los rincones del país.

–Una de las demandas es la calidad de las comunicaciones. ¿En cuánto tiempo, y de qué manera, esto puede producir beneficios que se observen para todos?
–No era un servicio público, y a partir de esta ley va a serlo. Cuando se habla de un servicio público, la responsabilidad del que lo presta crece en forma geométrica. La prueba más clara de calidad la da el Estado, que aporta el 50% de lo que invierte todo el sector de comunicaciones desde 2003: 21.500 millones de pesos al instalar la fibra óptica.

–Lo del 4G no tiene mucho que ver con la ley. El 4G tiene que ver con las inversiones que tiene que hacer el Estado y las empresas privadas para mejorar la calidad, pero esto ya incide solamente en la telefonía móvil que se convirtió en un clásico argentino más importante que River-Boca.
–Exactamente, hablar ya del triple play es casi un anacronismo. Vamos al múltiple play, porque hoy hablamos de audio, video y aplicación. El 4G también favorece al usuario, porque el Estado daba un servicio gratuito de Televisión Digital Abierta, que la tecnología contempla la posibilidad de ver en el celular; y la mayoría de los celulares hoy no vienen habilitados. Esto, a través de la ley, va a hacer que los teléfonos celulares que se fabriquen en la Argentina van a tener que tener la posibilidad de acceso a la Televisión Digital Abierta.

–Esto que parece una clase didáctica es imprescindible, porque para entender el futuro también hay que entender los cambios tecnológicos, ya que las grandes soluciones de la Argentina no solamente viene por la inversión en las industrias tradicionales.
–No me canso de repetirlo. En el Coloquio de Idea decían que la Argentina está aislada del mundo. En realidad, estaba aislada del mundo en materia de ser el país más endeudado del mundo. En 90 días lanzamos el Vex B, el vector, el precursor del Tronador, que se va lanzar seguramente el año que viene; pusimos un satélite en órbita, y ya estamos en el 75% de la construcción de Atucha II. Esos son los hechos tecnológicos. Esto es producto de doce años de trabajo y la continuidad de una política de Estado.

–Este proyecto de ley que se empieza a tratar en comisiones el próximo martes, busca crear una nueva autoridad de aplicación, donde van a tener que estar registrados todos aquellos que quieran acceder a este transporte de la fibra óptica. Hoy no está regulado, y va a ser de interés público. ¿Qué pasa hoy, por ejemplo, en una localidad de 50 mil habitantes con una cooperativa telefónica que tiene una red para brindar telefonía y hay un canal de cable? ¿La cooperativa telefónica tiene obligación de darle al canal de cable la red? ¿Alguien le puede imponer que lo haga?
–La ley no lo va a imponer, la ley lo va a legislar y las leyes están para cumplirse. La cooperativa y su cable van a poder seguir trabajando en los programas y contenidos que tengan pautados. Lo que va a suceder es que ese cable va a tener que estar abierto, en su diseño, para que todos los que quieran transmitir algún contenido lo hagan. Obviamente, la autoridad de aplicación va a fijar un costo y una rentabilidad adecuada para que el que haga una inversión tenga su recuperación. Nos quieren confundir diciendo que esto es una estatización, pero no es así; es una declaración de utilidad pública de las redes que pueden prestar infinidad de servicios, muchos más de los que hoy prestan. En realidad, la autoridad de aplicación que plantea la ley es el Poder Ejecutivo Nacional. La ley dice claramente cuál es el objeto a regular en relación a la infraestructura física, a la tecnología de la información, y las comunicaciones que esas estructuras físicas van a transportar o a la tecnología que va a estar al servicio del transporte de contenidos. Todos van a tener que prestar ese medio físico con costo. Eso sí va a estar regulado por el Estado, para que no haya abusos de posiciones dominantes ni situaciones que sean complejas o críticas o que pongan en crisis el negocio tal cual fue pensado. Ahora, si el negocio fue pensado a partir de no tener ningún tipo de competitividad, estuvo mal, porque en Argentina nunca hubo un jubileo para que alguien tenga una actividad monopólica.

–Otro de los temas que no había quedado claro es el de la participación de las telefónicas. Algo que generó bastante confusión por parte de la oposición.
–Las telefónicas tienen el medio físico para transportar video y audio. Eso va a generar mayor posibilidad de transporte de datos y de información y de comunicaciones para los usuarios. Por lo tanto, en el marco de la regulación que preste la autoridad de aplicación, van a tener los suficientes condicionamientos a los efectos de que no se nos genere actividad monopólica preponderante o dominante alguna. Los que hoy prestan los servicios y abusan de esa posición dominante van a tener que renunciar a ella. Yo creo que los que hablan de las “situaciones de privilegio” que provoca esta ley lo hacen porque hoy tienen posiciones de privilegio que se van a ver afectadas.

–Supuestamente, para las telefónicas es una buena noticia y para las prestadoras de televisión también, porque van a poder intercambiarse. Hace 20 años, el gran conflicto entre Menem y Clarín fue que Menem dijo “no les doy Telecom”, porque estaba presionado por acuerdos que había hecho. Hoy, con un mundo tecnológicamente diferente, quienes operen televisión por cable van a poder aspirar a ser licenciatarios de telefonía y viceversa.
–Lo que pasa es que algunos negocios estaban planteados sobre la base de obtener ganancias sin hacer inversiones. Está claro que, hoy en día, en un pelo de fibra uno transmite un volumen de información infinitamente superior a los tremendos cables que uno ve en la calle. Los mismos medios que después hablan de contaminación, cuando hay proyectos que los complica, hacen oposición sistemática. Esa es la cuestión. Van a tener que invertir, van a tener que mejorar el medio físico en el que transportan contenidos e información para poder ser competitivos y brindar al usuario el servicio que se merece. Y ahora no estamos con un Estado inerme, estamos ante un Estado que invirtió la mitad de lo que invirtieron los privados, que hizo punta en materia tecnológica con el satélite, con la fibra óptica y con la televisión digital abierta.

–¿Ya está concebido el perfil de la autoridad de aplicación?
–No, la ley plantea claramente, como debe ser, que el Poder Ejecutivo Nacional es la autoridad de aplicación. Luego, en su reglamentación, dirá que es tal o cual organismo, y la forma de regulación será de tal o cual manera, todo dentro de los parámetros que plantea la ley.

–Con esta nueva ley, los operadores de cable, mayoritariamente privados, ¿van a tener que aceptar que el precio final al consumidor se va a regir por el servicio público?
–Eso va a estar claramente especificado en la ley. Un servicio público quiere decir que todos puedan acceder a él.

–Volviendo a TDA. La cantidad de canales que hay disponibles son veintipico. ¿Hay una posibilidad de que eso se extienda? Porque muchos se van a ir de los cables.

–La verdad es que eso ya pasó: porque el servicio es gratuito y eso es inclusión. No tengo el número exacto, pero está en torno de los 40 o 44%. Lo que pasa es que va a dar la posibilidad de tener canales regionales, canales locales, canales de determinados movimientos sociales, canales de la población originaria.

–¿Qué expectativas tiene de que la oposición entienda esto como un proyecto de la Argentina futura, o que, por el contrario, piensen que en un año electoral no les conviene despegarse de los grupos de poder mediáticos?

–Lo que hay que pensar, sobre todo para las pymes que tienen cable en el interior, es que esto abre un mundo de negocios totalmente diferentes. Porque la cantidad de servicios que presta el cable va a ser infinitamente superior, con lo cual seguramente van a facturar igual o más que antes. Lo que va a haber es un grado de racionalidad mayor en los precios de cada servicio que presten. Van a poder dar internet, videos y telecomunicaciones que antes no podían dar. Se les abre un universo de usuarios que quieren usar la red.

–¿Y el diálogo con la dirigencia política, con los legisladores? Aunque no sea su función mantener ese diálogo, ¿su percepción es que en la dirigencia opositora hay comprensión?
–Lo que pude observar, sobre todo cuando estuve en Diputados, fue una falta de liderazgo y de propuestas claras: la propuesta es la oposición misma. Cuando se debatió la Ley de Hidrocarburos, había siete bloques opositores, con lo cual eso indica una fuerte dispersión. Hubo diputados que opinaron exactamente a la inversa de lo que expresé yo, como es el caso de Lozano, pero era un planteo razonable en términos de postura ideológica. Podía estar en contra de lo que yo decía, pero había una estructura. Pero también había discursos totalmente panfletarios. Por ejemplo, un diputado socialista de Santa Fe planteó que estaba totalmente en contra del plan energético nacional, que estaba todo mal y que era muy malo para la Argentina. Yo le recordé que la última central térmica en Santa Fe se inauguró en el año 1958, que después, en la década neoliberal, con la concesión, la recibimos destruida y la recuperamos. Y además hicimos la central San Martín en Timbúes, construimos la Brigadier López en Santa Fe, y ahora estamos a punto de inaugurar la Vuelta de Obligado. No sé cuántos miles de kilómetros de líneas hicimos para el gobierno de Santa Fe. Entonces, le preguntaba cuáles de esas centrales no le gustaban, o si los megas que generaban le parecían tóxicos, pero no había respuesta, sólo chicanas. Ojalá hubiera alternativas y propuestas diferentes.

–Vamos por el lado de la electricidad. Durante el reciente temporal, hubo muchos cortes de luz. Se aproxima fin de año con el fantasma que a mucha gente le queda de aquellos días excepcionalmente calurosos. ¿Cómo va el plan de contingencia?
–Cuando vi la tormenta que se avecinaba, hablé personalmente con cada uno de los intendentes, sobre todo los de la cuenca del Río Salado, que era el lugar donde la tormenta se presentaba más compleja, para que tomaran prevenciones. La tarea de los medios debe ser también la de prevenir y no la de alarmar, trabajar en ese aspecto. Claro, si hay cortes, hay cortes y punto. Pero hay que entender. ¿Qué hicimos nosotros este año? Dijimos, bueno vamos a hacer. Como las redes, fundamentalmente de Edenor y Edesur, son del Estado Nacional, nos pusimos a trabajar en conjunto, como hicimos con las redes de fibra óptica. Si nosotros hubiéramos intimado a las tres grandes empresas para que hicieran las inversiones de la fibra óptica, todavía estaríamos en envíos y recibos de telegramas. Bueno, en este caso invertimos 2.900 millones de pesos. Con el primer calor, siempre, en cualquier sistema, surgen fallas, producto de 8 o 9 meses con temperaturas bajas o medias. Saltaron problemas en algunos lugares donde las obras todavía no terminaron, donde calculamos que de aquí a fin de año vamos a terminar, y en otros lugares donde teníamos problemas estructurales muy serios, que pudimos resolver. Para fin de noviembre estarán entrando dos subestaciones transformadoras móviles, que nos van a permitir, ante un colapso de la planta transformadora, poner un transformador en forma móvil para resolver algunos problemas serios, como puede ser en Lugano.

–Una de las cosas por las que se queja la gente es que cuando llaman por teléfono, los call centers están saturados porque el personal dice que no le pagan las horas extras.
–El año pasado, en verano, hubo días que había cola de llamadas en el call center nuestro con 30/40 operadores. Este último día, no hubo cola de llamados y seguramente siempre algún conflicto gremial hay. Pero son cosas razonables, que pasan en cualquier país del mundo, y que obviamente son difíciles de explicar a una persona a la que se le cortó la luz.

–Cuando se piensa en el problema societario de Edenor y Edesur, no se sabe si tiene que ir a Chile, a Madrid o a Roma. ¿Cuál es el futuro de esto, cuál es el futuro que necesita la Argentina, volver al Estado prestador, pensar en alguna normativa donde se impida la especulación de las prestadoras? ¿Y el usuario?
–En días pasados sacaron una nota en relación con una multa triple que yo le había aplicado en 2004, no sé si a Edenor o a Edesur. Yo apliqué la multa, no recuerdo ahora cuál fue el evento, porque lo consideré un tema grave. La empresa apeló en la administración y después eso llegó a la Corte. Ellos decían que había sido por un hecho climático extraordinario. Yo lo dije infinidad de veces, más allá de que el hecho climático extraordinario genere inevitablemente el crecimiento de la estadística de cortes, de ninguna manera ningún contrato prevé que sea un hecho de fuerza mayor. Ergo, la multa siempre es aplicable. La Corte dejó firme la multa, y dijo que la triplicación de la multa no era razonable. Tardamos diez años en aplicarle la multa, y no por falencias del Ejecutivo. Luego, después de algún conflicto, aplicamos la idea del resarcimiento a los usuarios. O sea, cuando hay, por ejemplo, una hora de corte de luz, no se paga equis cantidad de días de la factura, o la mitad de la factura. Eso se pudo aplicar, las empresas no apelaron y lo pagaron este año. La Ley de Relaciones en el Consumo regula esa situación. La empresa va a tener que pagar la multa y después reclamar; no van a pasar más otros diez años. No­sotros recuperamos el espacio radioeléctrico, el Correo, reiniciamos la política nuclear, y el pusimos el satélite en órbita. La política está planteada. Es como cuando me preguntan por el subsidio a la tarifa eléctrica; la política está planteada. La política de quita de subsidios a quienes puedan pagar se va a seguir aplicando. Y la política de que realmente el prestador de un servicio público sea realmente un prestador de servicio público, nosotros lo aplicamos. Las multas son menores porque lamentablemente los contratos fueron generosos con el tema de las multas. Pero los resarcimientos fueron cerca de 400 o 500 millones de pesos, que fueron directamente al bolsillo de los usuarios. Vamos a seguir siendo durísimos con los resarcimientos. La ley de Relaciones del Consumo cambia el escenario y las empresas van a tener que entenderlo; también las telefónicas. Es mentira cuando se habla de que los cortes de servicios eléctricos se producen por la tarifa baja. La tarifa del celular no es baja y el servicio no es mejor que el eléctrico, y es un área que nosotros regulamos, y ahora vamos a declararlos servicio público. Hicimos muchas cosas. Cuando asumimos, no llegaba al 20% la titularidad del Estado en la generación eléctrica, hoy supera el 50%. Y las empresas extranjeras, propietarias, entre la red y la generación, no superan el 8%. Cuando nosotros asumimos, estaba cerca del 30%, o sea, hubo un proceso de recuperación, lo que pasa es que hay que ir dándolo en los términos legales que también le convengan al Estado. Y avanzar en este sentido.

–Para tratar de redondear: si usted hoy tuviera que hablar sobre cómo ve un esquema de electricidad, ¿lo ve más parecido al primer peronismo, o lo ve en función de esta historia, donde la globalización lleva inevitablemente a que haya pocos jugadores en terrenos que son estratégicos para un país?
–Yo creo que hay un solo peronismo y el peronismo hoy es Cristina, es la que conduce el peronismo y el peronismo hoy está hecho a imagen y semejanza de lo que plantea este modelo nacional y popular. La expresión política del peronismo hoy es el Frente para la Victoria, donde el peronismo tiene un rol protagónico y fundamental. Yo soy peronista y estoy en el Frente para la Victoria. La que conduce este proyecto es la Presidenta, y evidentemente este es el peronismo en el que yo creo y en el que estoy militando desde hace 40 años.

–Eso está clarísimo. Ahora, si usted tuviera que pensar un diseño para dentro de 10 años, o un año a lo mejor, un diseño que dé frutos en la relación con empresas, ¿qué diría?
–Lo mismo. Miremos el Código Civil, miremos el Código de Procedimiento Penal, miremos la Ley de Hidrocarburos, miremos la Ley Argentina Digital, miremos el Plan Argentina Conectada, miremos el Plan Conectar Igualdad, el satélite, todo lo realizado. Eso es peronismo, puro y duro. Esa es nuestra política, y hacia esa continuidad vamos. Los que no se adecuen en términos de lo que plantea la ley de relaciones entre usuarios y prestadores de servicios del consumidor, evidentemente van a tener problemas porque estarán fuera de la ley. Y el que quede fuera de la ley va a tener problemas graves.

–Hay casos de empresas, como la EPEC de Córdoba, que pueden estar mal administrada, pero son empresas del Estado provincial.
–Y tiene la tarifa más cara del país.

–Pero tiene un esquema que es histórico en la provincia.
–No lo tiene, se pelea con Santa Fe. La convergencia tarifaria dio muy buenos resultados para que no aumenten la tarifa a la gente, y el Estado Nacional, a través del Ministerio de Planificación, invirtió en infraestructura. Lo importante es la tarifa que la gente paga. La tarifa que la gente paga es lo que le da competitividad a la economía. Nosotros somos la tarifa más barata de la región, y eso le da competitividad a la economía y flujo de dinero a la gente para gastar en el mercado interno, que es lo que le da sentido y alma a este modelo económico sustentable.

–¿Para que sea sustentable no hay que pensar un diseño diferente?
–Creo que sí, que hay que avanzar en la quita de subsidios a quienes puedan pagar. Esos recursos hay que invertirlos en redes, hay que exigirles a los concesionarios que cumplan los contratos. Hacer entender a los argentinos que tenemos en el sistema eléctrico argentino Atucha, Yacyretá, los 25.000 megas que consumimos todos los argentinos, los 5.000 kilómetros de línea. Normalmente, todos creen que el nivel de eficiencia del sistema energético argentino es el nivel de corte de Edenor y Edesur. A nosotros nos preocupa y queremos dar el mejor servicio y estamos invirtiendo 3.000 millones de pesos para brindar el mejor servicio. Pero la Argentina energética es el cable que va a cruzar el Estrecho de Magallanes, es la central térmica de Río Turbio, es Yacyretá, es Atucha, es la San Martín, es la Belgrano, es todo los que se hizo y todo lo que hay que hacer para poder estar a la altura de las circunstancias y mejorar el servicio de Edenor y Edesur. Pero no es sólo Edenor y Edesur, porque si no, siempre tenemos una visión portuaria de la Argentina, que es lo que nosotros, Néstor fundamentalmente y Cristina ahora, señalamos.

Acompañado por el director del ENRE, Ricardo Martínez Leone; el Jefe Desarrollo de Edesur, Eduardo Iezin y otras autoridades de la firma, el jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich supervisó hoy por la mañana la subestación Pérez Galdós que la compañía Edesur posee en la ciudad de Buenos Aires.

Según se informó desde jefatura, la visita, tuvo por objeto verificar el desarrollo de las obras destinadas a mejorar la capacidad de suministro eléctrico instalada para responder a los crecientes niveles de consumo energético de la población.

En ese contexto Capitanich afirmó que "se trabaja intensamente para garantizar un suministro de calidad", y adelantó que distintos equipos del ministerio de Planificación Federal, encabezado por Julio De Vido y del ENRE continuarán "recorriendo obra por obra para verificar efectivamente la puesta en funcionamiento de aquellas destinadas a ampliar la capacidad instalada y atender así la demanda de la ciudadanía", apuntó.

En la estación Pérez Galdós se llevan adelante tareas para reemplazar el viejo sistema de transformadores para alcanzar los 132 Kv, lo que mejorará sustancialmente la calidad del servicio beneficiando aproximadamente a 57000 ciudadanos.

Para ello se remodeló a nuevo el edificio de la subestación, instalando dos salas de alta tensión, dos transformadores de 40MVA (uno de ellos de fabricación nacional) y dos secciones de 13,2kV con sus respectivas salidas en media tensión.

A su vez se realiza un tendido de aproximadamente 0,25km de cables para el ingreso y egreso de corriente a las instalaciones y 8.5 km red de media tensión asociada que, ya se encuentran en un 90% del proceso de tendido. Las obras suponen una inversIón total superior a los 59 millones de pesos.

Por indicaciones de Capitanich, el equipo técnico del ENRE, encabezado por Martínez Leone recorrió posteriormente las instalaciones de la subestación de Barracas, donde se prevé un aumento en la capacidad de transformación que ascenderá de 20MVA a 40MVA, beneficiando a 49400 usuarios.

Esta obra también comprende realizar la compensación de potencia reactiva, mediante la instalación de dos bancos de capacitores de 4,8MVAr cada uno y el desarrollo de una red de media tensión asociada de 4.1 km. La inversión total para alta tensión de la obra es de $24,429,099 en tanto que para media tensión supera los 4 millones de pesos.

Un esquema similar se verificó en las instalaciones ampliadas de la subestación de Pompeya, donde se trabaja en aumentar la capacidad de transformación para beneficiar a 36000 usuarios de los barrios de Pompeya, Villa Soldati y Parque Chacabuco.

La crisis energética en Argentina continúa y se profundiza por la caída en el precio del crudo y la modificación de la ley de Hidrocarburos, según un informe privado divulgado hoy. 

El análisis fue realizado por la consultora Ecolatina, la cual sostuvo que "no es novedad que el sector energético argentino está atravesando complicaciones", al tiempo que remarcó que "la producción tanto de petróleo como de gas natural declina desde 1998 y 2004, respectivamente".

 "A la actual caída en la producción de gas y petróleo se introdujeron dos nuevas variables: la caída en el precio internacional del petróleo y la modificación de la ley de Hidrocarburos", subrayó. 

Respecto de la baja del precio del barril de crudo, observado desde junio último, estimó que se debe "al aumento de la oferta de petróleo y a la desaceleración de la demanda".

 Sobre la iniciativa del oficialismo para modificar la ley de Hidrocarburos la consultora cuestionó que "extiende el período de concesión de explotación de yacimientos en particular para el caso de los no convencionales" y "se imponen topes a las regalías que deben pagar las empresas". 

Dentro de los nuevos elementos que se suman al complejo escenario, consideró que "desde la nacionalización de YPF en abril de 2012, se han implementado medidas para revertir la pérdida del autoabastecimiento energético".

"En 2013 tanto la producción de petróleo como de gas se contrajeron un 2% y un 5,5%, y este año la situación es similar: en los primeros ocho meses del año la oferta se contrajo 1,5% y 0,6%", justificó. 

"Otra novedad es que se convierte en Ley el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, que establece que las empresas que inviertan más de 250 millones de dólares, luego de tres años tendrán libre disponibilidad de las divisas correspondientes al 20% de su producción de convencionales y no convencionales y hasta el 60% en los proyectos off-shore", precisó. 

De acuerdo a Ecolatina, "recomponer la situación energética es una condición necesaria (pero no suficiente) para comenzar a corregir los desequilibrios macroeconómicos que se profundizaron tras el consumo del capital del sector energético".

Luego de la temprana ola de calor en verano, que generó los primeros problemas en el servicio eléctrico en algunos barrios porteños, Julio de Vido reconoció "claro que hay cortes, hay cortes y punto".

El ministro de Planificación, sin embargo aclaró que el Gobierno ha invertido 2.900 millones de pesos, con el objetivo que no se repitan los cortes de luz de diciembre del año pasado, durante un reportaje en el medio oficialista "Miradas al Sur".

"Con el primer calor, siempre, en cualquier sistema surgen fallas, producto de ocho o nueve meses con temperaturas bajas o medias", explicó. Y agregó: "Saltaron problemas en algunos lugares donde las obras todavía no terminaron, donde calculamos de aquí a fin de año vamos a terminar, y en otros lugares donde teníamos problemas estructurales muy serios, que pudimos resolver".

El ministro prometió que "para fin de noviembre estarán entrando dos subestaciones transformadoras móviles, que nos van a permitir, ante un colapso de la planta transformadora, poner un transformador en forma móvil para resolver algunos problemas serios, como puede ser en Lugano".

Respecto a posibles sanciones para las compañías de servicio eléctrico, Edesur y Edenor, señaló que "la multa siempre es aplicable".

En octubre llegaron a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano las primeras altas temperaturas y, con ellas, las primeras fallas en la red eléctrica. "Claro que hay cortes, hay cortes y punto", reconoció Julio de Vido.

El ministro de Planificación Federal, quien ocupa el cargo desde el 25 de mayo de 2003, justificó además que los usuarios con problemas de servicio no hayan sido atendidos. "Este último día no hubo cola de llamados y seguramente siempre algún conflicto gremial hay. Pero son cosas razonables, que pasan en cualquier país del mundo y que obviamente son difíciles de explicar a una persona a la que se le cortó la luz", señaló, en un extenso reportaje con el periodista Eduardo Anguita en el periódico Miradas al Sur.

De Vido aclaró que hasta el momento el Gobierno lleva invertidos 2.900 millones de pesos para intentar evitar que se repitan los cortes de energía de diciembre del año pasado. Pero, según explicó, las fallas que hubo con las altas temperaturas de octubre son algo que sucede con frecuencia: "Con el primer calor, siempre, en cualquier sistema, surgen fallas, producto de 8 o 9 meses con temperaturas bajas o medias. Saltaron problemas en algunos lugares donde las obras todavía no terminaron, donde calculamos que de aquí a fin de año vamos a terminar, y en otros lugares donde teníamos problemas estructurales muy serios, que pudimos resolver".

"Para fin de noviembre estarán entrando dos subestaciones transformadoras móviles, que nos van a permitir, ante un colapso de la planta transformadora, poner un transformador en forma móvil para resolver algunos problemas serios, como puede ser en Lugano", prometió.

El ministro advirtió que "es mentira cuando se habla de que los cortes de servicios eléctricos se producen por la tarifa baja" porque "la tarifa del celular no es baja y el servicio no es mejor que el eléctrico". De todos modos, aclaró que "la política de quita de subsidios a quienes puedan pagar se va a seguir aplicando".

La intención, señaló De Vido, es también avanzar con multas para que las empresas eléctricas deban devolver el dinero a los usuarios perjudicados por los cortes: "Los resarcimientos fueron cerca de 400 o 500 millones de pesos, que fueron directamente al bolsillo de los usuarios. Vamos a seguir siendo durísimos con los resarcimientos".

Pero las multas, advirtió, no siempre surten efecto: "En días pasados sacaron una nota en relación con una multa triple que yo le había aplicado en 2004, no sé si a Edenor o a Edesur. Yo apliqué la multa, no recuerdo ahora cuál fue el evento, porque lo consideré un tema grave. La empresa apeló en la administración y después eso llegó a la Corte. Ellos decían que había sido por un hecho climático extraordinario. Yo lo dije infinidad de veces, más allá de que el hecho climático extraordinario genere inevitablemente el crecimiento de la estadística de cortes, de ninguna manera ningún contrato prevé que sea un hecho de fuerza mayor. Ergo, la multa siempre es aplicable. La Corte dejó firme la multa, y dijo que la triplicación de la multa no era razonable. Tardamos diez años en aplicarle la multa, y no por falencias del Ejecutivo".