Colombia no es una potencia petrolera, pero lo que suceda con este producto impacta directamente la economía del país y de sus mismos habitantes. 

No tenemos los 2.900.000 barriles diarios que produce Venezuela, pero los 980.000 barriles diarios en promedio producidos este año en el país, son suficientes para apalancar el 22 % de los ingresos que el Estado recibe al año y que financian el presupuesto. 

Por esta razón, la caída de los precios del crudo -en 4 meses ha bajado casi 20 % y cerró el viernes en US$81,01 por barril- tiene en una encrucijada a Colombia. 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dice que el país marcha bien y que está blindado ante los vaivenes de los mercados. Sin embargo, ya surgen señales de preocupación porque estamos vendiendo menos petróleo y recibiendo menos dinero por el que se exporta. 

Esta semana durante el estudio del presupuesto de regalías para los años 2015 y 2016 (recursos que recibirán municipios y departamentos), se anunció un ajuste al plan inicial que planteaba la distribución de $18,2 billones para esos años. Todo parece indicar que los dineros a repartir en las regiones serán menores. 

Pero ahí no acaban las señales. Cárdenas dijo en el Congreso que en el presupuesto del 2015 se fijó un precio del petróleo promedio en US$98 por barril, cifra que se revisaría de continuar a la baja el crudo y también se cambiaría el estimativo para el 2016. 

Eso implica que el presupuesto de los próximos años tendría otro faltante que no había sido calculado, sí sigue la actual destorcida petrolera. 

Aunque el Gobierno aparenta tranquilidad, economistas como Eduardo Sarmiento dicen que la realidad muestra otra cosa. Plantea que hay indicadores que evidencian que la economía no está bien y que el hueco fiscal que ha generado la menor venta de petróleo y los bajos precios puede llegar a $17 billones en 2015. 

La reforma tributaria que cursa en el Congreso buscar tapar un hueco fiscal de $12,5 billones en el presupuesto del 2015 y conseguir otros recursos para los siguientes años. 

El director de la Asociación Colombiana del Petróleo, ACP, Francisco Lloreda, dice que la caída de un dólar en el precio del petróleo, sostenida durante un año, representa $400.000 millones menos para el país, por lo que la preocupación es válida. 

Los analistas resumen en dos los efectos de la caída del petróleo: menos recursos para el presupuesto nacional y la salida masiva de dólares, frente a un menor ingreso de estos, lo que causaría debilidad en la economía. (ver recuadros).

Ninguna de estas opciones es buena para el país, por eso todos esperan que el crudo retorne pronto a los US$100 barril. 

Menos divisas 

Normalmente del país salen más dólares de los que entran y eso genera un déficit que los economistas lllaman de cuenta corriente. Con la caída del precio del petróleo ese déficit se ha profundizado y llegó al 4,5 % del Producto Interno Bruto, PIB. 

Según el economista Eduardo Sarmiento, eso es “muy grave” porque Colombia está importando más de lo que exporta. “Producto de la revaluación y de la desindustrialización”, dice. 

El petróleo y sus derivados representan el 55 % de las exportaciones colombianas y si estas se caen, como ha venido sucediendo -2,5 % hasta agosto- se reduce de forma inmediata el ingreso de divisas. 

Alejandro Reyes, jefe de investigaciones de Ultrabursátiles, explica que esa situación genera un “castigo en la moneda, el dólar se ha apreciado y puede llevar a que suban las tasas de interés, caiga la inversión porque importar saldría más costoso y se debilite la demanda interna”. Explica que a ningún sector le convienen los saltos abruptos del dólar. 

Hueco fiscal 

El 22 % de los ingresos de la Nación proviene del petróleo, por ventas o pago de impuestos de las empresas del sector. Si los precios del crudo bajan, pues se sentirá un impacto en los ingresos. Pero, según Alejandro Reyes, investigador de Ultrabursátiles, el efecto no es inmediato, pues del promedio de los precios del 2014, dependerá el presupuesto del 2015 y así sucesivamente. “Este año los precios estuvieron altos en el primer semestre y ahora bajan, pero al mirar el promedio del 2014 aún puede ser favorable”,explica. 

Agrega que de continuar la reducción es posible que los menores ingresos toquen el presupuesto de 2015 o del 2016. “Lo que pase este año se está tapando con la reforma tributaria”. 

Juana Téllez, investigadora económica del Bbva, reconoce la incertidumbre que genera los bajos precios, pero dice que no es momento de tomar decisiones. “Los riesgos de menores ingresos por ventas de crudo pueden compensarse con los que genere un dólar más caro”. Se estima que una divisa alta compensa en 40 % la caída del precio del crudo. 

¿Por qué baja? 

Según los analistas tres elementos han afectado la cotización internacional del crudo: la fortaleza del dólar, el aumento en la oferta disponible y la reducción de la demanda, en especial de Europa y China. 

En noviembre se reunirán la Organización de Países Exportadores (Opep) que esperan tomar una decisión para evitar que siga bajando el crudo, aunque Arabia Saudita no quiere influenciar en la medida. Algunos expertos internacionales temen que el petróleo caiga a US$70 por barril poniendo en dificultades a países como Venezuela, Rusia e incluso a Colombia. 

Más producción 

Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, ACP, dice que esta industria está acostumbrada a la volatilidad en el precio y cada empresa se prepara para estas situaciones. “Esperamos que este sea un tema coyuntural porque si a los hidrocarburos les va bien, a Colombia también. Cada peso que deje de producir este sector es un peso que terminamos pagando los colombianos vía impuestos”. 

Agregó que el desafío para el país es aumentar las reservas (al 2013 eran de 2377 millones de barriles) y no solo de petróleo sino de gas y dice que la única forma de hacerlo es explorando más. “El país debe pasar de 115 pozos año, que se pueden lograr, a unos 200 o 230 pozos”. La industria de hidrocarburos le aporta a Colombia alrededor de $32 billones al año.

Las estimaciones del Gobierno de movimientos por lavado de activos provenientes de la actividad del narcotrárico y la minería ilegal ascienden a cerca de 30 billones de pesos anuales. La información fue revelada por el director de la Unidad de Análisis e Información financiera (UIAF), Luis Edmundo Suárez, dependencia del ministerio de Hacienda.

Suárez indicó que solo la actividad de lavado de activos por narcotráfico mueve un monto que puede ascender a unos 20 billones de pesos anuales que corresponden a cerca de tres puntos del PIB (Producto Interno Bruto) de 2013. Son dineros "que lavan los narcotraficantes al año", añadió Suárez.

"Son recursos que ingresan a la economía colombiana y que son lavados dentro de la misma economía o con mecanismos internacionales que también utilizan los criminales para llegar con el dinero lavado", dijo el director de la UIAF quien explicó que esos dineros ingresan a la economía por dos grandes tipos de canales: por un lado está el sector financiero y por el otro, las empresas.

El primero es "el canal que tradicionalmente hemos atacado con mayor fortaleza. Todas las medidas que se han tomado con el sector financiero han implicado que los criminales estén hayan cambiado su tecnología de lavado hacia el sector real de la economía".

El sistema tradicional de los narcos es el "pitufeo" para no generar alarmas. Y con las empresas es a través de proveedores o con créditos informales y materias primas a bajo costo.

Pero el contrabando sigue siendo la forma más recurrente de los narcotraficantes para lavar dinero con el sector real de la economía.

En la minería ilegal, la UIAF estima que se mueven unos 10 billones de pesos anuales.

Federico César Gamarra, es uno de los investigadores con más experiencia de campo en temas de desarrollo rural y experiencia en proyectos de desarrollo para la Minería artesanal. En su carrera ha hecho parte de forma activa en la formulación de Planes Estratégicos participativos de Desarrollo, Planes Operativos y Presupuesto Participativo a nivel Municipal y Regional.

En la actualidad es el coordinador operativo de los proyectos de ‘RED SOCIAL’. Estuvo de vista en el país para participar como conferencista en panel “Minería y Conflicto Armado en Territorios Étnicos” organizado por la Unidad de Restitución de tierras que tuvo lugar el pasado viernes. En entrevista con El Espectador, habló de la necesidad de crear dispositivos que diferencien claramente la minería ilegal de la informal.

El proceso de restitución de tierras que adelanta el gobierno mediante la Unidad de Restitución de Tierras (URT), es una de las apuestas por la paz que tiene el actual gobierno. ¿Qué opina de dicho proceso?

Tengo una impresión muy positiva, me parece clave que Estado y la sociedad tengan en claro que las personas afectadas, sobre todo por el conflicto armado necesitan ser reparadas porque sus derechos fueron vulnerados, y que sus derechos deben ser restituidos. Este es un aspecto sumamente clave.

Usted fue uno de los principales conferencias en el panel “Minería y Conflicto Armado en Territorios Étnicos” organizado por la URT. ¿Cuál es su balance?

El foro es un espacio de discusión fundamental, sobre todo porque hay muchas cosas que las personas desconocen o no conocen muy bien, tienen muchos prejuicios frente al procesos, por eso dichas dudas se deben aclarar. También se deben generar espacios de diálogo.

¿Se puede conciliar el desarrollo económico y la preservación de las prácticas culturales de los pueblos originarios?

Yo creo que para mirar hacia el desarrollo se tienen que operar cambios en todos los actores, es cierto que han existido experiencias muy nefastas en los empresarios mineros en América Latina.

Es necesario que ellos también vayan cambiando y de hecho yo he venido observando donde han existido experiencias que van cambiando, no sólo han adquirido el compromiso de cumplir la ley sino también de practicar una responsabilidad social.

Hay otro grupo de empresas que están trabajando en otro punto de orientación, en una política de enclave, entonces, hay que llevarlo a la práctica. Obviamente si tú dejas que los empresarios se propasen, van a avanzar y van a atropellar los derechos de los demás.

¿Qué se debe propiciar en las comunidades?

Debemos generar una búsqueda por el desarrollo sin tergiversar las bases de su identidad cultural, eso también corresponde a sus líderes enfrentar como avanzar en ese proceso. Hay que operar cambios para mirar el futuro como optimismo.

¿Cuál es la tarea del Estado y del Gobierno?

La tarea del Estado, del gobierno y de las comunidades es poner reglas: ‘sí quieres explotar un producto extractivo, debes cumplir estas normas’, y las empresas van a entrar en dichas lógicas.

No se puede generalizar la actuación de las transnacionales porque hay un código de ética por ejemplo, de las 20 empresas que se encargan de la explotación de oro tienen un código de ética, que puede ser declarativo o puede ser práctico, pero todo depende del país en que intervienen, y han expulsado a algunos miembros por no cumplir dicho código. Entonces no podemos hablar de una sola posición sino que existe una interacción.

En el foro, muchos de los asistentes se refirieron de manera reiterada a la necesidad de una ‘reforma agraria’ para consolidad la paz. Una transformación socioeconómica propuesta desde hace décadas, y que la Unidad de Restitución de Tierras ha venido abonando, sin ser propiamente una reforma agraria radical. ¿Qué tan necesaria es una reforma agraria en el país?

Si bien la reforma agraria es una bandera de los procesos de izquierda, todos los países del mundo han pasado por una reforma agraria, es por ello que yo la considero necesaria.

Ahora hay que reflexionar sobre ella, cómo se realiza y en qué condiciones, no se puede reproducir el modelo de los países antidemocráticos, donde el Estado controla todo, ese esquema ya caducó. Hay que desarrollar las ideas de reafirmación de la democracia, del desarrollo económico de nuestros pueblos.

¿Cuál es diagnóstico de la minería artesanal en el país?

No podemos dejar de mirar los problemas de la minería artesanal. Por ejemplo una vez escuche como una minera del Chocó se sumergía en las aguas del río, pero lo hacía con una piedra en la nuca, son situaciones muy duras, ‘no podemos decir, es minería artesanal y dejarlo así’.

También hay que evaluar cuales son las limitaciones y cuál es el impacto en las personas, para que la misma comunidad discuta y desarrolle estrategias de mejoramiento de esto.

La minería ilegal es uno de los problemas más álgidos que enfrenta la realidad nacional. ¿Cómo debería proceder el gobierno en su lucha contra las bandas criminales, sin criminalizar otras prácticas de minería como la artesanal?

El tema de fondo es conocer el dispositivo que califica a las personas que practican la minería de ilegal, no podemos darles a todos ese calificativo, porque hace referencia a un delincuente. Debemos separar a aquellos que son ilegales, a los que requieren un plan de formalización.

Con los ilegales no hay posibilidad de negociación, hay necesidad de reprimir, pero lo realmente importante es generar los que los dispositivos que separen al informal del ilegal, que a su vez sean claros, porque a veces con una política y una legislación no muy clara se afecta a todos los sectores sociales, y eso es lo que se debe evitar.

El informal es quien está en por fuera de la legalidad pero puede aspirar a ella. Y el ilegal es que tiene una práctica que no podrá legalizar jamás.

¿Cuál debería ser la participación de la comunidad en el proceso de restitución de tierras?

A partir de la aplicación de unos dispositivos muy específicos, se está poniendo en la agenda una profunda problemática social que está afectando a miles de ciudadanos en el país. Esto es algo que no se debatía hace años, se deben abrir más espacios de discusión local y regional. Para poder consolidar un tejido social más sólido. 

El lunes la cotización de este mineral, que aporta el 1 por ciento de las regalías que recibe Colombia, llegó a su nivel más bajo desde marzo de este año. La producción nacional ha caído 17 % en el 2014.

A la intensa caída de los precios del carbón y del oro, que en los últimos 20 meses ya acumulan una desvalorización de 19 y 20 por ciento, respectivamente, se suma una nueva preocupación para el sector minero del país: la cotización del níquel.

El lunes, este mineral se transó en la Bolsa de Metales de Londres a un precio promedio de 14.775 dólares por tonelada, lo que representa una caída de 20 por ciento, con relación a la cotización promedio del tercer trimestre del año (18.561,44 dólares por tonelada).

De acuerdo con la agencia de noticias Bloomberg, la caída en los precios de este mineral, utilizado principalmente para la producción de acero inoxidable, se debió a los bajos pronósticos de crecimiento de China.

Esa pérdida de dinamismo del gigante asiático es un tema particularmente problemático para los productores de níquel y ferroníquel del mundo, dado que en este país se concentra el mayor consumo del mineral.

De hecho, el 28,8 por ciento del ferroníquel que se despachó desde Colombia hacia los mercados internacionales en el tercer trimestre tenía como destino ese país.

Pero, además, en un informe publicado la semana pasada por el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, se explica que la caída del precio también se debe a la acumulación de existencias, al ingreso de nuevos proyectos y a la ampliación de minas ya existentes, lo que ha aumentado la oferta en un entorno en el que la demanda crece a menor ritmo. “También se ve la reducción de la demanda de acero inoxidable y una menor demanda de níquel, que se reemplaza por el empleo de chatarra como materia prima para la producción de acero”, explica además el informe.

EL IMPACTO LOCAL

A Colombia la caída del precio la afecta de dos maneras: por un lado, las exportaciones de este mineral, que en agosto ascendieron a los 59,68 millones de dólares FOB, representan el 1,2 por ciento del total de las ventas externas.

El ferroníquel es el séptimo producto de exportaciones del país, así que una caída en la cotización reduce las ganancias por cada tonelada exportada.

Además, este sector genera el 1 por ciento de las regalías que recibe el Estado por cuenta de las industrias extractivas (minería y petróleo), de acuerdo con datos del Sector de Minería a Gran Escala, que está integrado a la Asociación Colombiana de Minería.

Precisamente, el presidente ejecutivo de este gremio, Santiago Ángel Urdinola, señaló, que la caída en los precios es una preocupación grande.

“Las proyecciones no muestran recuperación en el corto plazo y los análisis de prospectiva de organismos internacionales, como el Banco Mundial, muestran que para los próximos años los precios continuarán su tendencia decreciente”, explicó.

Al problema del precio se le suma una caída en la producción, que en el periodo enero-septiembre reportó 17,08 por ciento menos que durante los mismos trimestres del año anterior.

Los cálculos del Ministerio de Minas estiman que, así las cosas, este año la producción podría oscilar entre 41.000 y 42.000 toneladas, lo cual significa una caída con relación a las 49.320 toneladas extraídas en el 2013.

“La industria se encuentra realizando esfuerzos para mantener su competitividad, pero requiere del apoyo institucional y una acción coordinada entre sector público y privado para mantener y viabilizar los proyectos mineros en el país”, señaló el presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Minería.

Cerro Matoso, operada por BHP Billiton, es la única mina de níquel que tiene el país.

LEJOS DEL MÁXIMO HISTÓRICO

En el 2007, los precios del níquel alcanzaron una cotización histórica que está cada vez más lejos de la realidad actual. Ese año la tonelada del mineral se cotizó en promedio en 38.968 dólares.

Sin embargo, tras la crisis financiera del 2008, los precios cayeron, a tal punto que la cotización promedio registrada en el 2009 fue de 14.644 dólares por tonelada, un nivel cercano a lo que se registra por estos días en la Bolsa de Minerales de Londres.

De acuerdo con analistas del sector, de no presentarse un repunte en la demanda de China y de mantenerse altos los inventarios del sector, difícilmente se logrará alcanzar nuevamente las altas cotizaciones registradas hace siete años.