Las trabas burocráticas mantienen paralizados unos 25 proyectos de inversión, los que suman US$14,400 millones, así lo revela el estudio “El costo de las trabas burocráticas”, presentado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), elaborado por el economista Carlos Adrianzén.
Según el informe, entre 2010 y 2014, no se han podido iniciar estos 25 proyectos que están bajo la modalidad de asociación público-privada (APP). El documento también muestra las principales razones por las que hay trabas burocráticas.
La secuencialidad consiste en que, luego de la adjudicación, se siguen trámites de expropiaciones, permisos ambientales, municipales y otros.
Esta secuencia puede tomar entre 3 y 4 años. “Estos años desperdiciados elevan el costo del proyecto y los ciudadanos pierden ingresos por la falta de infraestructura”, se explica en el info
“Una vez suscrito el contrato de concesión, empieza el calvario de la permisología hasta iniciar las obras”, esta es una de las constataciones del estudio “El costo de las Trabas Burocráticas”, elaborado por encargo de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura (AFIN).
Al comentar el estudio, el presidente de AFIN, Gonzalo Prialé, precisó que mientras más se demore la ejecución de una obra, más costosa será. Ello porque los precios de los materiales de construcción han crecido 5% anual en promedio en los últimos 10 años. Y este es solo uno de los sobrecostos que enfrentan los concesionarios de infraestructura, los mismos que finalmente se trasladan al Estado. Agregó que entre la firma de la concesión y el inicio del proyecto transcurren entre tres y cuatro años.
Lo peor de todo –añadió– es que los ciudadanos sufren el impacto de no tener la infraestructura a tiempo. “¿El concesionario va a asumir la pérdida cuando la obra cuesta más? No puede, si lo hace quebraría. El costo final se traslada al ciudadano, y eso se da no porque [el consorcio] abuse sino que debe hacerlo porque la demora no es su responsabilidad sino de los funcionarios [del Estado]”, explicó.
Además, alertó que entre el 2010 y el 2013 se adjudicaron 34 proyectos vía Asociaciones Público Privadas (APP), de los cuales 13 aún no se han iniciado, lo que suma US$ 3.685 millones de inversiones paralizadas. Si a ello se suman los 12 proyectos de APP adjudicados este año (US$ 10.718 millones) que aún no son ejecutados, se tendría en total US$14.400 millones en APP aún no iniciadas.
"Suponiendo que en tres años de demoras se eleva en 10% el costo de las obras, podríamos colegir que si los US$ 14.400 millones tardan ese lapso en iniciarse, habría un costo adicional de más de US$1.400 millones”, alertó.
Un caso que preocupa a AFIN es el gasoducto del sur –a cargo deOdebrecht y Enagas– que requiere de 4.102 permisos para iniciar su construcción (ver infografía). Allí se observa, por ejemplo, quetres tipos de permisos se repiten 288 veces y 18 en 49 veces, siendo la mayoría secuenciales. Es decir, no se puede avanzar al siguiente hasta que se otorgue el primero.
TRABAS IDENTIFICADAS
El economista Carlos Adrianzén, autor del estudio en mención, identificó cinco grandes ejes en las trabas a las concesiones de infraestructura. El investigador las agrupó en trabas por pretexto técnico (requerimiento de estudios), legal discrecional (funciones sin peso de ley), fiscales (costos), multiplicidad de discrecionalidad (superposición de opiniones), y por el temor político (inestabilidad de autoridades).
“Las trabas se conocen, se divulgan, y acarrean un menor número de postores interesados en competir [en los concursos de APP] en un contexto tan enrarecido”, advirtió Adrianzén.
En este escenario, AFIN plantea una serie de medidas, como la autorización única temporal con la cual el concesionario podría iniciar obras a cambio de una garantía bancaria de cumplimiento de requisitos. También propone tramitar los permisos mientras se avanza con la obra
