Autoridad busca perfeccionar regulación para promover acuerdos y evitar judicialización.
Con miras a destrabar los proyectos de inversión, en las últimas semanas Hacienda ha encabezado una serie de reuniones con gremios como la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) para detectar los principales lomos de toro y diseñar soluciones.

En ese contexto, uno de los problemas más reiterados por las empresas ha sido la judicialización de las iniciativas. Frente a ello, y junto con impulsar acciones que acorten plazos y burocracia, en el oficialismo ha tomado fuerza la idea de perfeccionar el proceso de consulta indígena.

Aunque todavía no está claro si formará parte de los anuncios que la Mandataria haría la próxima semana, una de las opciones que mira con buenos ojos una parte del Ejecutivo y el sector privado es desmarcar la consulta del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), regulando de manera más precisa sus alcances. Por eso se han estudiado caso a caso los proyectos entrampados por esta variable.

Si finalmente se desmarca la consulta del organismo -solución que podría formar parte de una serie de propuestas que por estos días entregará el comité de ministros económicos a Bachelet- una de las ideas que se baraja es que ésta avance en paralelo al trámite ambiental, pero radicada en una nueva institucionalidad. Otros sugieren que el mecanismo de participación y las herramientas de mediación se desarrollen antes de que la iniciativa ingrese al SEA.

Al salir de una cita con inversionistas españoles -en Madrid y aún de gira con la Presidenta- el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, admitió ayer que una de las inquietudes abordadas en dicho encuentro fue la necesidad de agilizar los proyectos mineros y energéticos retrasados por procesos judiciales. “Planteamos la estrategia del gobierno en esta materia, respecto a la necesidad de poder agilizar y generar la materialización de proyectos de forma más expedita y en eso hablamos de lo que es la agenda de la Presidenta, en términos de la revisión de los procesos y de los planes de inversión en el país”, acotó.

El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -vigente desde septiembre de 2009- obliga a los órganos del Estado a escuchar y considerar la opinión de las organizaciones indígenas, en materias que tengan injerencia en ellas. En el caso de proyectos de inversión que impactan de alguna manera a las comunidades, el encargado de ejecutar la consulta es el SEA. Al abrirse un proceso de consulta, se congelan las etapas propias de calificación ambiental, dando paso a un mecanismo que se desarrolla en cinco fases. Si bien éstas tienen plazos acotados -cada una de ellas se extiende por cerca de 20 días- existe flexibilidad para que se amplíe en caso de requerirlo.

“El SEA está colapsado y no tiene capacidad para hacerse cargo de todos los proyectos que podrían generar consultas. Tal como está hoy el sistema propicia la judicialización”, afirman desde el Ejecutivo.

“Hoy la tramitación ambiental deriva en judicialización, porque la consulta indígena no se ha resuelto razonablemente. Se ha tratado como un proceso administrativo que no satisface todos los enfoques. Eso provoca que se entrampen los proyectos. El SEA se hace cargo de un tema para el que no está capacitado. Es un síntoma de los déficit regulatorios”, opina un asesor ligado al gobierno.

El programa de gobierno contempla revisar y perfeccionar “el diseño, ejecución y evaluación de los mecanismos de participación ciudadana hoy existentes en los programas de políticas públicas sectoriales en todas sus etapas, como por ejemplo, los que lleva adelante el Servicio de Evaluación Ambiental”.