No es aún materia zanjada, pero está en camino de serlo. Así definen en el gobierno el estado de avance del proyecto de reforma laboral que el Ejecutivo comprometió a enviar a trámite legislativo este año.

Restando dos meses para que se cumpla ese plazo autoimpuesto por la autoridad, el Ministerio del Trabajo ha intensificado su labor de cara a una iniciativa que genera incertidumbre en el sector privado y que acapara las expectativas de la CUT.

Ayer, gobierno, empresarios y trabajadores coincidieron en un seminario organizado por la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), donde la ministra del ramo, Javiera Blanco, aprovechó de adelantar parte del proyecto. O más bien, aclaró lo que éste no incluirá: desestimó que la titularidad sindical tenga como objetivo la constitución de sindicatos únicos y descartó así prohibir que empleadores y trabajadores negocien contratos individualmente; afirmó que el proyecto no considera el establecimiento de la sindicalización automática; dijo que no habrá negociación colectiva interempresas; y apuntó a que no se realizarán cambios a las indemnizaciones por años de servicio. Adicionalmente, señaló que la negociación colectiva se ampliará hacia jornadas y horarios de trabajo. 

La negociación interempresas y la sindicalización automática formaban parte de la agenda de 25 puntos que planteó la CUT al Ejecutivo pero estarían excluidas de los nueve puntos que consideraría la reforma laboral. “Es preocupante escuchar estas palabras, porque lo que hacen es instalar una sombra de duda respecto a lo que nosotros entendíamos que ya había sido abordado”, dijo la presidenta de la CUT, Bárbara Figuero. En el otro extremo, Fernando Alvear, gerente general de la CPC, valoró “la aclaración de que titularidad no significa sindicato único”.

Titularidad sindical

Según conocedores del borrador del proyecto, la titularidad sindical consideraría suprimir los grupos negociadores -que se constituyen exclusivamente para la negociación colectiva-,  en aquellas empresas donde ya existe una organización sindical. Así, sólo podrán subsistir en las firmas que no cuentan con un sindicato.

No obstante, la iniciativa legal mantendría, aunque con cambios, la extensión de los beneficios de la negociación colectiva hacia los trabajadores no sindicalizados. Si bien el proyecto consideraría que los sindicatos puedan decidir autónomamente  si éstos beneficios se hacen extensivos o no, en la práctica empleadores y trabajadores podrán negociar individualmente sus condiciones laborales, que podrían ser idénticas o mejores a los resultados de la negociación coelctiva.

Según la encuesta laboral Encla, más del 70% de las empresas hace extensivos los resultados de la negociación colectiva a los trabajadores no sindicalizados. Para la CUT, se trata de una “práctica antisindical” que debilita la negociación colectiva y su eliminación está en el centro de su agenda.

Reemplazo

El proyecto contemplaría, además, el fin del reemplazo de trabajadores en huelga. Aunque no habría plazos para permitir ese reemplazo -como se planteaba desde Hacienda, similar a la actual legislación-, sí se considerarían algunas excepciones.

Por ejemplo, estará permitido respecto de los servicios subcontratados: si los trabajadores de una firma subcontratada se paralizan, la firma mandante podrá reemplazarlos de manera de no afectar su propio funcionamiento. Además, las empresas podrían reemplazar al personal en huelga con trabajadores que realizan otras actividades dentro de la misma compañía y se fijarían turnos para cumplir labores críticas.

En materia de pisos mínimos de negociación -beneficios de procesos anteriores como base de una nueva negociación-, el gobierno aún trabaja en definir si este piso se fijará exclusivamente en relación a reajustes salariales o también respecto de otros beneficios como seguros o bonos, entre otros. 

Fuentes de gobierno señalan que se trata de un tema central en un contexto en que un fuerte aumento de los costos laborales podría dificultar aún más la revitalización de la actividad económica.