A pesar del rechazo de la oposición, el Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados logró sancionar este miércoles la nueva Ley de Hidrocarburos y selló así el capítulo iniciado hace seis meses en medio de tironeos entre Nación y las provincias petroleras.

El proyecto, que modifica la ley de la dictadura incorporando la explotación del petróleo no convencional, obtuvo 130 votos a favor y 116 en contra, de la UCR, el Frente Renovador, Unión Pro, el FAP, el FIT, Compromiso Federal, Unión por Córdoba y Unidad Popular.

Como dato saliente de la jornada, el kirchnerismo no contó con el apoyo habitual de dos de los tres integrantes del Movimiento Popular Neuquino: la presidenta del bloque, Alicia Comelli, siguió la línea trazada por el gobernador Jorge Sapag y optó por abstenerse, mientras que María Inés Villar Molina votó en contra. El único en pronunciarse a favor fue Adrián San Martín.

Sí apoyaron la ley el Frente Cívico por Santiago, Nuevo Encuentro y los monobloquistas del PJ La Pampa, el Movimiento Solidario Popular, el FIS y el Movimiento Popular Fueguino.

A lo largo de un debate de 14 horas, la oposición desplegó diferentes argumentos: aseguró que la reforma avasalla las autonomías provinciales y sólo beneficia a YPF, además de “blanquear” las condiciones del polémico acuerdo firmado entre la petrolera estatizada y Chevron para explotar el yacimiento de Vaca Muerta.

Los bloques disidentes también criticaron el límite a las regalías que perciben las provincias, la posibilidad de prorrogar las concesiones y el uso del fracking que habilita la ley.

Por el contrario, el kirchnerismo sostuvo que la norma abrirá un proceso de licitación competitivo para la llegada de las inversiones que se necesitan para recuperar el autoabastecimiento y evitar la fuga de divisas por la necesidad de importar energía.

El debate

Al abrir la discusión, el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Mario Metaza (FpV) defendió la reforma a la Ley de Hidrocarburos al sostener que “necesitamos muchos chevrones” y salió al cruce de la oposición.

En este sentido, negó que el proyecto “avasalle” a las provincias. “Tiene el aval de todos los gobernadores de provincias con petróleo”, destacó el santacruceño en alusión al acuerdo alcanzado entre la Casa Rosada y los mandatorios de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).

Por otra parte, Metaza cuestionó la intención de un sector opositor de derogar esta reforma en caso de tener mayoría parlamentaria en 2015. “Se comprometen a derogar esta norma por adelantado y no entienden que este proyecto no beneficia a un gobierno sino a un país”, retrucó.

El oficialista chubutense Mario Pais enfatizó que la norma “se ajusta a la Constitución Nacional y a las constituciones provinciales”, además de ser “absolutamente federal”. También aclaró, ante el reclamo opositor, que “esta ley no es excluyente de una futura ley de presupuestos mínimos de cuidado ambiental”.

Las miradas se posaron esta vez en el MPN, el partido que gobierna la provincia donde se encuentra el prometedor yacimiento de Vaca Muerta.

La jefa del bloque, Alicia Comelli (MPN) defendió la postura del gobernador Jorge Sapag, quien llevó la voz cantante de las negociaciones con el Gobierno nacional, y apuntó contra quienes “pretendieron estigmatizar al gobierno de la provincia como que obstaculizaba las inversiones”.

“Nada más alejado de nosotros”, dijo, aunque aclaró: “Neuquén no es una isla, pero tampoco queremos ser una colonia”.

A su turno, la kirchnerista neuquina Nanci Parrilli consideró que la discusión por la nueva Ley de Hidrocarburos quedó empañada por la interna del MPN, donde también juega el sindicalista petrolero Guillermo Pereyra, que encabezó un férreo rechazo a la ley en el Senado.

“Hoy tenemos un apoyo del gobernador que después de largas negociaciones ha aceptado los condicionamientos de la Nación”, destacó Parrilli.

Sin embargo, dijo, “sus diputados y senadores no están dando el apoyo a esta ley trascendente, dejando en un lugar muy conveniente al gobernador, diciendo que ha sido presionado o que no se están defendiendo los intereses de los neuquinos”.

La arremetida de la oposición arrancó con el radical santacruceño Eduardo Costa, quien dijo estar ante “una ley buitre” y “una de las mayores entregas de recursos naturales que ni las políticas neoliberales de (Carlos) Menem se atrevieron a otorgar”.

“Es una ley buitre porque les da a los que han generado esta crisis, a los que no invirtieron y a los que se llevan nuestros recursos, más herramientas y beneficios, perjudicando a las provincias productoras”, afirmó.

Julio Cobos, precandidato a presidente por UNEN, auguró que la norma “no va a solucionar el tema energético, como la Ley de Abastecimiento no solucionó la inflación y el pago soberano no solucionó el tema de la deuda externa”.

Asimismo, el jefe del bloque radical, Mario Negri, apuntó al “fracaso” de la política energética del Gobierno, exigió la renuncia del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y consideró que el proyecto en debate adolece de una visión “cortoplacista”.

“Queríamos una política energética de Estado y nos responden con prórrogas vergonzosas de las concesiones”, se quejó el cordobés.

Por el Frente Renovador, el sindicalista petrolero Alberto Roberti insistió en que “la nueva ley es exclusivamente para beneficio de YPF” y un “maquillaje y traje a medida para disfrazar una situación”, y denunció que “invade la potestad jurisdiccional de las provincias”.

Otra massista, Graciela Camaño, apuntó a la “apropiación patoteril” de YPF cuando fue estatizada. “Entraron a la empresa y el resultado de esa patoteada fue que los argentinos tuvieran que pagar 10 mil millones de pesos a una empresa que no había hecho nada”, lamentó Camaño, en alusión a la indemnización que recibió Repsol por la expropiación de sus acciones.

Desde el mismo bloque, el exgobernador chubutense Mario Das Neves afirmó que “no hubo consenso” sino “apriete” del Gobierno nacional sobre los gobernadores de provincias petroleras para que acuerden la redacción del proyecto.

En tanto, el PRO pidió “transparentar” las inversiones petroleras a raíz de las cláusulas secretas del acuerdo entre YPF y Chevron.

Laura Alonso advirtió que “la transparencia para atraer inversiones está ausente” en la propuesta del kirchnerismo. Esto, dijo, “no le genera un entorno de mayor competencia y transparencia a YPF y le corta la posibilidad de atraer más inversiones”.

Federico Pinedo, por su parte, destacó la necesidad de “hacer inversiones inmediatas en los yacimientos para iniciar el proceso que lleve al autoabastecimiento” energético, pero cuestionó la iniciativa oficial por otorgar “concesiones a particulares sin contraprestaciones”.

Pero más duro fue Claudio Lozano (Unidad Popular), quien denunció que “promueven un cuadro de suicidio energético y ambiental” y dijo que la reforma petrolera es “funcional al interés corporativo de las empresas” y que convalida “daños ambientales”.

“El Gobierno está haciendo esto para conseguir un puñado de dólares para 2015 pero hipoteca el país hasta 2016”, denunció, e insistió en la necesidad de derogar esta ley una vez aprobada.

En medio de la sesión, Lozano recibió junto a un grupo de legisladores a una delegación de la CTA encabezada por Pablo Micheli y a referentes de la Asamblea sobre deuda y Bienes Comunes en el salón de Pasos Perdidos.

Allí, le entregaron al diputado un documento en el que fundamentaron su pedido de rechazo a la que consideraron la “ley del saqueo petrolero”, luego de que se suspendiera la movilización convocada por ambas organizaciones a raíz de las fuertes lluvias.

También criticó el proyecto el socialista Hermes Binner. “Con esta ley estamos dejando pasar la oportunidad de poder concertar una política de Estado en materia energética que permita recuperar el autoabastecimiento perdido en esta década”, consideró, y agregó que la norma “debería ser objeto de consenso de todos los sectores políticos”.

Elisa Carrió (Coalición Cívica-ARI) denunció que éste es “un negocio en el corto plazo” y añadió: “Estamos entregando vaca muerta y abriendo un juego que no conocemos en la zona Chaco-Paranaense”.

“¿Con este sistema macroeconómico quien va a invertir? Va a invertir la estatal rusa, por eso (Vladimir) Putin dice que Argentina es su aliado estratégico", indicó Carrió.

Berta Arenas llevó la voz de los puntanos Rodríguez Saá y planteó que “el federalismo está ausente” en el texto de la ley. “Seguimos sin un plan estratégico energético donde participen todas las provincias”, se quejó.

El cierre del debate estuvo a cargo de la jefa del bloque oficialista, Juliana Di Tullio, quien aseguró que “la soberanía energética será una realidad con la aprobación de este proyecto, que logra sinergia entre la Nación, las provincias y nuestra empresa de bandera YPF, generando igualdad y mayor equilibrio en cada una de las regiones”.

Claves de la nueva Ley de Hidrocarburos

El Parlamentario

El proyecto de Ley de Hidrocarburos fue acordado tras varios meses de negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).

El texto fija nuevos plazos para las concesiones, ampliados y diferenciados según el tipo de explotación: 25 años para los yacimientos convencionales, 35 para los no convencionales y 30 para los desarrollos off-shore en la plataforma marítima argentina. Las provincias podrán otorgar prórrogas de 10 años a las empresas que cumplan con las inversiones.

Además, acorta los plazos de los permisos con la finalidad de incentivar las inversiones en la etapa de exploración. Estas no podrán ser inferiores a 250 millones de dólares, en todos los casos.

Para adjudicar las concesiones, el texto establece un mecanismo de licitación competitiva, de modo de otorgarlas a las empresas que ofrezcan la mayor inversión.

Para las nuevas licitaciones, en tanto, la ley suprime las reservas de áreas, mientras que las empresas provinciales “podrán participar en la etapa de desarrollo de los proyectos de acuerdo a su inversión”.

También se fija un plazo de seis meses una vez sancionada la nueva ley para elaborar un "pliego modelo" a ser aplicado en futuras licitaciones en todas las jurisdicciones.

La norma establece que el concesionario de explotación pagará mensualmente al concedente en concepto de regalía un 12 por ciento.

Por cada prórroga otorgada, las provincias podrán incrementar en un 3 por ciento las regalías, pero con un tope del 18 por ciento.

Por Martín Bravo.

Tras un debate de más de 12 horas y pese al rechazo de todo el arco opositor, que expresó fuertes críticas en el recinto, el kirchnerismo logró esta madrugada, por 130 votos a favor, 116 en contra y una abstención, la aprobación en Diputados de la nueva ley de Hidrocarburos.

La norma fue aprobada con su justa pero sólida mayoría y gracias al apoyo de sus aliados habituales. En el inicio, al mediodía, el kirchnerismo había contado con la colaboración de los puntanos de Compromiso Federal, que responden a los Rodríguez Saá, para asegurarse el quórum necesario.

Los diputados opositores expresaron todo tipo de cuestionamientos en sus discursos, desde que será un “negocio de la familia Kirchner” (Elisa Carrió), una “ley buitre” (Eduardo Costa) a un “suicidio energético y ambiental” (Claudio Lozano), por citar algunos casos. También se repitieron las referencias al empresario Lázaro Báez, vinculado con la Presidenta y concesionario de áreas petroleras en Santa Cruz, por los beneficios que recibirá a partir de la sanción. Y el rechazo a la ausencia de presupuestos mínimos para evitar el daño ambiental. Los kirchneristas defendieron el proyecto y replicaron las críticas. El santacruceño Mario Metaza –miembro informante- indicó que “transparenta el proceso de exploración y promueve inversión”, que “necesitamos muchos chevrones” sobre el acuerdo con la empresa para explotar Vaca Muerta, y calificó a los opositores de “terroristas de la palabra” por cuestionar la modalidad del tratamiento. Julián Domínguez los llamó “el parque jurásico que siempre pretende volver al pasado”.

El proyecto cede por más de 45 años el control de áreas petroleras claves. Además, dispone un marco regulatorio para todo el país, la ampliación de los plazos de concesión, un tope de regalías del 12% (puede llegar hasta 18% luego de prórrogas) y promoción fiscal, entre otros puntos. El kirchnerismo se disponía a sancionarlo con una cantidad de votos apenas por encima de los 129 necesarios para asegurarse la aprobación. En este caso no lo acompañó parte del Movimiento Popular Neuquino, habitual aliado, aunque sus diputados dieron quórum y de ese modo colaboraron con el inicio de la sesión. También los puntanos de Compromiso Federal, luego de que el oficialismo concediera la semana pasada la creación de la Universidad de Comechingones, en San Luis.

“Ya entregaron YPF, ya la vaciaron. ¿Quién va a invertir en Vaca Muerta? La estatal rusa. Este es un negocio no de Lázaro Báez sino de la familia Kirchner. Están los idiotas y los hijos de su madre. Al menos no seamos idiotas”, reclamó Carrió (Coalición Cívica). “Estamos parchando, seguimos con los antiguos paradigmas y así no vamos a resolver nada. Quieren dejar la política hidrocarburífera en manos de tres funcionarios”, planteó Graciela Camaño, por el Frente Renovador. “Hay un menú de opciones que habilita la concesión a perpetuidad.

Estamos ante una situación que promueve un suicidio energético y ambiental”, enfatizó Lozano, de Unidad Popular. “Se perjudican las provincias y se benefician a privados, como Báez”, puntualizó Federico Pinedo, jefe de bloque del PRO. Además de Carrió, esta vez otros dos precandidatos presidenciales tomaron la palabra: Hermes Binner apuntó que “no es más que la mera prórroga de los contratos vigentes con los mismos actores que nos han llevado al fracaso” y Julio Cobos que “no va a solucionar el tema energético”. El radical Eduardo Costa fue más duro: “Es una de las mayores entregas de recursos, que ni las políticas neoliberales de Menem se atrevieron a otorgar”. En un adelanto de lo que sería su discurso de cierre, Juliana Di Tullio –jefa del bloque del FPV- aseguró que “la soberanía energética será una realidad”.

Luego de una extensa sesión en la Cámara de Diputados que duró hasta la madrugada, con 130 votos a favor, 116 en contra y una abstención, el oficialismo convirtió en ley esta madrugada el polémico proyecto de hidrocarburos. La iniciativa recibió el rechazo de la oposición.

La nueva ley reconoce el dominio del subsuelo a las provincias, pero crea un marco regulatorio único para todo el país. Se dispone la ampliación de los plazos de concesión, se establece una promoción fiscal para los proyectos de inversión de más de 250 millones de dólares, se pone un tope de 12% a las regalías (que puede elevarse hasta 18% en caso de prórroga) y se elimina la posibilidad del "acarreo", esto es, que las provincias se integren como socios de los proyectos sin hacer la inversión correspondiente.

Las críticas de la oposición se centraron en dos puntos: la falta de una regulación ambiental para evitar los eventuales daños que se atribuyen al fracking, el método de estimulación hidráulica usado para la extracción de hidrocarburos no convencionales, y el tope del 12 por ciento en las regalías.

También se escucharon quejas porque permitirá extensos períodos de concesiones (35 años en algunos casos prorrogables por otros 10) y porque habilita a un concesionario a extender la explotación de un yacimiento convencional cuando éste se encuentre vinculado a uno de hidrocarburos no convencional.

El proyecto mereció además fuertes críticas de los ex secretarios de Energía de los sucesivos gobiernos desde 1983 hasta el kirchnerismo.

Con esta iniciativa, el Gobierno pretende atraer las inversiones necesarias para la exploración y explotación de los yacimientos instalados en nuestro país, con el propósito de recuperar el autoabastecimiento energético, perdido durante la gestión kirchnerista. En cambio, los bloques de la oposición advierten que el proyecto oficial avasalla las autonomías provinciales (al establecer contratos tipo sin la aprobación de las Legislaturas locales) y que perjudica a los distritos, al limitarle al 12% el nivel de regalías (que pueden llegar al 18% en una segunda prórroga de la concesión) que podrán percibir por la explotación de los recursos de sus subsuelos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, defendió hoy la reforma a la ley de hidrocarburos al afirmar que con la iniciativa se busca "la soberanía energética frente al parque jurásico que siempre pretende volver al pasado".

Domínguez explicó que el proyecto "tiene su origen en la nacionalización de YPF" y "marca un nuevo destino de la Patria hacia el autoabastecimiento hidrocarburífero".

La Cámara de Diputados convirtió en ley en las primeras horas de la madrugada el proyecto de reforma a la ley de Hidrocarburos, que establece nuevos parámetros para atraer inversiones hacia la exploración, explotación y producción de petróleo, con la mirada puesta en lograr el abastecimiento energético.

De este modo, el oficialismo cumplió con su objetivo de convertir en ley esta iniciativa, que establece condiciones para las nuevas licitaciones en materia de hidrocarburos convencionales, no convencionales y en las zonas denominadas off-shore.

El proyecto fija nuevos plazos para las concesiones, diferenciados según el tipo de explotación: 25 años para los yacimientos convencionales, 35 para los no convencionales y 30 para los desarrollos off shore en la plataforma marítima argentina.

Además, establece que los emprendimientos off shore tengan un beneficio fiscal de 20% siempre que la perforación se realice en una distancia menor a los 90 metros de la superficie, dado que cuando sea superior a esa distancia será de 60%.

En tanto, los derechos de los actuales concesionarios no se verán afectadas por las reformas a la ley de Hidrocarburos.

Por otro lado, el proyecto otorga potestad a las provincias para prorrogar por 10 años a aquellas firmas que cumplan con el plan estratégico de inversiones, las cuales deberán pagar regalías por un 12%.

Además, dispone que en cada extensión otorgada las provincias podrán incrementar en un 3% las regalías, con un tope de 18%.

También se fija un plazo de seis meses una vez sancionada la nueva ley para elaborar un “pliego modelo”a ser aplicado en futuras licitaciones en todas las jurisdicciones.

La iniciativa también acorta los plazos de los permisos con el objetivo de incentivar las inversiones en la etapa de exploración, las cuales no podrán ser inferiores a 250 millones de dólares.

El debate sobre la reforma de la ley de hidrocarburos fue abierto por el presidente de la comisión de Energía, Mario Metaza, quien aseguró que este proyecto “no es para beneficio de un Gobierno sino de un país”, porque contempla nuevas normas para “atraer las inversiones necesarias” en busca de lograr en el futuro el “autoabastecimiento energético” necesario para apuntalar el crecimiento.

Al hablar como miembro informante en el debate de la reforma de la ley de Hidrocarburos, Metaza rechazó que esta iniciativa pueda “afectar las autonomías de las provincias petroleras” y dijo por el contrario “han consensuado el proyecto con el gobierno porque mantiene su facultad para administrar sus recursos”.

En tanto, su par de bancada, el chubutense Juan País aseguró que este proyecto acordado entre la Nación y las provincias “se ajusta a la Constitución” y “respeta las atribuciones de los estados provinciales”, al rechazar los cuestionamientos de la oposición.

Desde la oposición, Julio Cobos planteó que esta ley “no soluciona el problema del déficit energético”, al justificar su rechazo al despacho de mayoría que promueve el gobierno nacional para promover el desarrollo del sector energético.

Cobos dijo que esta iniciativa oficial “sólo contempla la ampliación de los plazos a 45 años, limita las regalías y los impuestos que son una facultad de las provincias”.

A su vez, otro de los candidatos a presidente de Unen, Hermes Binner, dijo que el país necesita tener“autoabastecimiento energético” para promover su crecimiento y señaló que esta ley “debería ser objeto de consenso”.

En tanto, el diputado de Nuevo Encuentro, Carlos Heller, había adelantado que votaría a favor del proyecto, porque establece un marco legal para tener “esas inversiones necesarias” tendiente a “tener el abastecimiento y la soberanía energética”.

Por su parte, el presidente de la bancada del PRO, Federico Pinedo, dijo que “es necesario realizar inversiones” en los emprendimientos hidrocarburíferos para evitar la importación de energía, pero cuestionó los beneficios que se le otorgarán a los nuevos concesionarios.

Desde el massismo, el sindicalista petrolero Roberto Alberti dijo que este proyecto beneficia“exclusivamente a YPF” y señaló que esta iniciativa afecta “la potestad de las provincias”.

A su vez, la diputada del Movimiento Popular Neuquino Alicia Comelli, anticipó que iba a abstenerse, porque “no se incorporaron” modificaciones claves a las iniciativas y cuestionó que “se hayan establecido regalías fijas” en el proyecto.