El proyecto minero Hierro Indio sufrió una demora en el Senado a costa del radicalismo. El dictamen se retrasará por lo menos una semana más, dado que los radicales quieren saber "quiénes son los socios" del emprendimiento antes de permitir que vaya al recinto, según indicó el senador Sergio Moralejo. 

Si bien se espera una votación peleada, en la propia oposición admiten que el proyecto es difícil de cuestionar desde el punto de vista ambiental en esta etapa. Eso sí, después de analizar las características del proceso de exploración que se pretende realizar en Malargüe, surgió para la UCR una "falencia formal": el proyecto cambió de manos, pero esa transferencia de derechos no figura en el expediente.

"Los informes sectoriales han estado realizados a nombre de una persona de apellido Fugazzotto y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es para Hierro Indio SA. Por eso hemos pedido que nos muestren la cesión de derechos entre Fugazzotto y Hierro Indio", explicó Moralejo, quien agregó: "No es menor este punto, queremos saber quiénes van a hacer el proyecto". 

El PJ por su parte aseguró que la cesión de derechos de Hierro Indio aparece en otros instrumentos. "Esos datos los tiene la Dirección de Minería y no tenían que formar parte de la DIA, que es lo que estamos tratando, pero los vamos a incorporar al expediente", afirmó el senador Fernando Simón. 

El presidente de Hierro Indio SA se llama Guillermo Re Kühl y ha estado en las discusiones legislativas. De todos modos, el oficialismo prometió a la UCR que presentará la información sobre el traspaso de acciones el lunes próximo, cuando vuelvan a reunirse las comisiones del Senado. 

El objetivo de esta reunión será darle dictamen al proyecto para que el pleno de los senadores vote finalmente si lo aprueba o no, lo que podría ocurrir dentro de dos semanas. 

Ante los cuestionamientos oficialistas, desde el bloque de senadores de la UCR insistieron en que no han habido dilaciones. "Se ha trabajado con seriedad y profesionalismo en medio de hechos pintorescos", se defendió Moralejo, en alusión a la senadora malargüina del PJ Silvia Calvi, quien pidió permiso para "contaminar un poquito" y como consecuencia fue desplazada de las deliberaciones. 

Saldos del debate 

El PJ ahora es impulsor de la minería y, como consecuencia, hace más de un mes el Gobierno mandó a la Legislatura para su aprobación dos proyectos de exploración ubicados en Malargüe: Cerro Amarillo y Hierro Indio. 

La DIA de Cerro Amarillo cayó con rapidez, dado que no está descartado que el lugar donde inversores canadienses (Meryllion se llama la empresa) explorarán en búsqueda de cobre y otros metales esté comprendida dentro de una zona periglacial. 

Hierro Indio, en cambio, no afecta zonas protegidas. Por eso pudo seguir adelante, en medio del fuego cruzado entre promineros y antimineros. Al menos hasta ahora. 

Ocurre que, si bien la DIA aprueba solamente la etapa de exploración, algunos senadores podrían cuestionarlo con la mirada puesta en la explotación. "Ya se está discutiendo cuánta agua va a hacer falta en la explotación y esto se produce en un clima complicado, porque la cuenca del Atuel está casi a la mitad de su nivel", explicó un legislador.

El PJ precisamente busca que no se discutan ahora la explotación y el uso del agua, que dependerán de que se encuentren metales en la zona y de que los empresarios sigan interesados en invertir en el futuro. En ese caso, tal como manda la ley 7722, habría un nuevo proceso de evaluación ambiental, una audiencia pública para consultar a la ciudadanía y otra votación en la Legislatura. 

Hace más de un mes y medio que ingresaron a la Legislatura provincial dos Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) que envió el Ejecutivo provincial para poner de nuevo en la discusión la posibilidad de desarrollar la industria minera en Mendoza.

Con el paso del tiempo y las ponencias de los representantes de los ministerios de Energía y de Ambiente, la exposición de los organismos técnicos y la ronda de consultas públicas, sólo una de ellas sigue en camino y ayer se inició el tratamiento en el seno de las comisiones del Senado.

En el anexo de la Cámara Alta de calle Gutiérrez se reunieron este lunes las comisiones de Ambiente y de Hidrocarburos, Energía y Minería para tratar la DIA de Hierro Indio, proyecto de prospección y exploración en el departamento de Malargüe. Después de la primera jornada, no hubo acuerdo y no se logró un despacho, lo que significa que no se tratará, por lo menos, hasta la próxima semana en el recinto.

Fuentes del Legislativo confidenciaron que a la hora de la decisión, por un lado están los que se apegan a los dictámenes técnicos y consideran que no hay problema con la aprobación; están los que se oponen a cualquier desarrollo minero y la rechazan; por último, en otro extremo, están los que dan argumentos administrativos para no tener que tomar una postura y evitar el tratamiento.

Con ese panorama, se espera que durante la semana sigan las conversaciones para definir lo que sucederá con el expediente del proyecto. La intención del Ejecutivo es que se trate a la brevedad en el recinto de la Cámara Alta, a la espera de lo que pasará luego en Diputados. En este primer paso para volver a instalar la discusión, el Gobierno tuvo un revés con la postergación del tratamiento del expediente de Cerro Amarillo, por la falta del inventario de glaciares de la cuenca del río Grande. Por eso, no quieren que se dilate una decisión, especialmente porque están a la espera de los dictámenes técnicos de la Universidad Tecnológica Nacional-Regional Mendoza sobre la actualización del proyecto San Jorge.

Esta semana podrían volver a reunirse las comisiones, aunque la comunicación será constante a la espera de una decisión respecto del proyecto de hierro en Malargüe.

El coloquio anual de IDEA es la reunión donde los sectores del establishment económico y empresario presentan sus demandas y marcan agenda para lograr sus beneficios. En esta última edición, pese a que la repercusión vino por otros dichos y disputas, el lobby pro minería contaminante aprovechó para llevar la demanda por la derogación de la ley que protege el agua de los mendocinos.

Martín Dedeu, presidente de la Cámara de Empresas Mineras de Argentina, dijo que lucharán por la inconstitucionalidad de la ley 7722 por impedir el desarrollo de la actividad en Mendoza. "La mayor parte de nuestros proveedores proviene de Mendoza, pero si esto prospera va a provocar un impacto económico muy importante en general", resaltó Miguel Giménez Zapiola, director de Asuntos Corporativos de Barrick Gold.

La ley provincial 7722 actualmente impide el uso de sustancias como cianuro para la extracción de minerales metalíferos, y los intereses son tan fuertes que planean ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La batalla parece desproporcionada. La ciudadanía mendocina ha construido un consenso a partir de la protección del agua, de su importancia crucial, de su cuidado y de decir no a la contaminación. Un grupo de empresas muy poderosas, que se llevan los minerales con unas ventajas impresionantes, en condiciones de verdadero saqueo, arremeten contra esa ciudadanía con su lobby, y compran influencias a diestra y siniestra con tal de seguir haciendo negocios.

Santiago Salgado, de la Asamblea por el Agua de San Rafael, expresó que la resistencia a la modificación, de todas maneras, es muy sólida. "El viernes en Mendoza se hizo un foro por la defensa de la constitucionalidad de la ley, en la UNCuyo, y ahí quedó claro que el proyecto de modificación es un mamarracho", manifestó, agregando que "el proyecto se cae por su propio peso, no consigue que lo remen sus propios soldados".

Los asambleístas creen que el embate está muy fuerte porque leyeron un momento propicio a la luz de la crisis, con la falacia de prometer trabajo y frente a un Gobierno que ya se está yendo. De todos modos, se asegura que hay proyectos, como el de Cerro Amarillo en Malargüe, que ya están en el freezer porque es imposible que logren ser aprobados, y hasta en Malargüe, donde el consenso por la minería es muy fuerte, se ha formado también una asamblea por el agua, cosa impensable un tiempo atrás.

Muchos se ven seducidos por la promesa de trabajo y desarrollo, pero la megaminera San Juan exhibe unos índices de desarrollo social espantosos, que ni se comparan con Mendoza, al precio de la devastación de sus glaciares y sus recursos hídricos. La minería no ha generado el trabajo prometido -en la aurífera hay sólo 3.500 empleos- ni mucho menos desarrollo. Tributan muy poco, casi nada, tienen exenciones para compras de capital, reembolsos por exportaciones y se fiscalizada su extracción. Eso sí, muchas empresas de servicios son propiedad de -o tienen relación con- familias de la dirigencia política.