Cuando parecía que la parte más dura para el avance del proyecto minero Hierro Indio había pasado, la UCR presentó una objeción que mantiene a la iniciativa trabada en comisiones del Senado.

La semana pasada se realizó la última ronda de consultas, que se desdobló en dos jornadas intensas en las que se escucharon las voces de sectores anti y pro mineros, y estaba previsto que este lunes la Cámara Alta diera despacho.

Sin embargo la UCR presentó una objeción sobre aspectos formales de la carpeta que frenaron la emisión del dictamen y evitaron que fuera elevado para su tratamiento en el recinto.

Desde el oficialismo expresaron su malestar por el “palo en la rueda”, aunque se mostraron esperanzados en que la situación se resolverá pronto.

El senador del PJ Fernando Simón, miembro de la comisión de Hidrocarburos, Minería y Energía, aseguró que “nadie plantea dudas de orden ambiental” y que se trata simplemente de una “objeción de índole formal en el área de cateo”.

“Entendemos que con el larguísimo proceso de consulta realizado han quedado zanjadas todas las dudas sobre el tema ambiental”, comentó Simón a MDZ, y adelantó que desde su bloque ya presentaron toda la documentación requerida por los radicales para dar luz verde al tratamiento en el recinto.

“Hay que ver ahora cuánto tiene de motivo y cuánto de excusa”, disparó molesto el legislador oficialista quien aseguró que de todos modos mantienen “todos los canales abiertos” para consensuar el dictamen y firmarlo lo antes posible.

Durante al audiencia con ambientalistas la semana pasada el senador radical Alejandro Molero había acusado al oficialismo de “desprolijo” por apurar el tratamiento y aprobación del proyecto.

"No me cabe la menor duda de la desprolijidad de estos expedientes porque el Ejecutivo está pensando que tiene los votos suficientes para aprobarlo rápidamente (…) No todo se puede hacer de 'prepo' llevándose por delante las instituciones y a los que tienen algo por decir”, había dicho Molero en referencia a legisladores de General Alvear que no avalan el proyecto.

Simón admitió que hay incluso legisladores del PJ que no están de acuerdo con Hierro Indio, pero que están en la búsqueda del “mayor consenso posible”. 

La semana pasada se aceleró el debate por los proyectos en Malargüe. Aunque quedó suspendido el análisis de Cerro Amarillo por no contar con un informe de afectación a la zona periglacial. Pero terminó el periodo de consulta de Hierro Indio y ahora se espera el dictamen.

Entre tanto, Pavel Ermolaev, por Solway Group, y Kirril Zimin, por Aterra Capital, es decir los representantes de las empresas rusas que controlan el proyecto de explotación de cobre en Uspallata, volvieron al ruedo para expresar su premura.

Los ejecutivos rusos junto a Taras Nechiporenko, el CEO del emprendimiento minero San Jorge, han mantenido reuniones con representantes de sectores de la producción y del empleo para convencer sobre la idea de un proyecto biprovincial donde el proceso de obtención del cobre se haga en San Juan a través de la lixiviación con ácido sulfúrico (práctica prohibida en Mendoza por la ley 7722).

Ahora los tres delegados rusos harán lo mismo con los legisladores encargados de estudiar los proyectos mineros que quedan dentro del marco de la ley 7722.

El gobierno ya mandó a la Legislatura los dos primeros proyectos localizados en Malargüe. Ahora los dueños de San Jorge esperan que haga lo mismo antes de fin de año. Varios motivos privados sustentan el apuro empresario. Entre ellos es el precio internacional del cobre. Pero hay uno en especial. No quieren que el debate por este nuevo proyecto San Jorge quedé "contaminado" en la campaña electoral y ahí está justamente el problema.

La palabra ministerial

El punto es que el ministro de Energía, Marcos Zandomeni, se encargó de bajar el nivel de ansiedad y planteó la posibilidad de que la minería fuera parte del debate de los candidatos a gobernador, por lo cual se pudo inferir que eso genere un atraso, según las urgencias privadas, en el tratamiento del proyecto minero en Uspallata y termine siendo debatido por los actores políticos en pugna por la gobernación.

Zandomeni no descartó que terminen los dos últimos proyectos presentados por San Jorge en la consideración de la Legislatura. Además del proyecto biprovincial donde el mineral se procesaría en San Juan, también se podría desarchivar el proyecto que quedó cajoneado en el Parlamento mendocino por orden de quien era en ese momento candidato peronista a gobernador Paco Pérez. Aquel proyecto contemplaba la extracción y el proceso de separación del cobre por "flotación" (es decir sin ocupar sustancias prohibidas por la 7722).

En definitiva y de acuerdo a los dichos del ministro, quien mantiene contacto con los empresarios, terminarán siendo los referentes más importantes de las fuerzas políticas los que deberán definir algún acuerdo respecto de la minería metálifera y sus distintas circunstancias y contextos como por ejemplo la localización geomorfológica y si afectan o no a acuíferos. De eso depende San Jorge minero.

"Necesariamente deberíamos debatir qué haremos en Mendoza en los próximos veinte años. Por eso, es que este tema no es del gobierno sino de todos", dijo Zandomeni el sábado en el programa Agendalo (para que nada te sorprenda) por Radio Jornada.

Mientras continúa el debate minero en la Legislatura provincial y se acerca la etapa de definiciones en las comisiones del Senado por Hierro Indio, los inversores rusos de San Jorge entregaron detalles del proyecto biprovincial con el que esperan avanzar en el desarrollo del emprendimiento de extracción de cobre en Uspallata.

Se trata de algo más profundo que un cambio de sede para el proceso. La modificación considera material, proceso y producto final totalmente distinto, con el cual prometen cubrir la demanda de Argentina de cobre que hoy se trae desde el exterior.

De acuerdo con la información entregada por Pavel Ermolaev (Solway Investment) y Kirill Zimin (Aterra Capital), la iniciativa biprovincial es una alternativa para optimizar los recursos que existen en el yacimiento ubicado en Las Heras.

El proyecto, que fue archivado en la Legislatura provincial en el 2011 y que –recalcan los inversores rusos– tiene su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada, consideraba el proceso de flotación para obtener concentrado de cobre a partir de minerales sulfurados que se encuentran en la capa inferior del yacimiento. Cuando se apostó por él, la inversión era de 400 millones de dólares, la que permitiría obtener el concentrado, que sería enviado al puerto de San Antonio (Chile) para su exportación.

Una vez que se archivó por el pedido del entonces candidato Francisco Pérez se buscaron alternativas, y surgió entonces la opción del proyecto biprovincial, el cual se describe a grandes rasgos como una alternativa donde se transporta el material para ser procesado en San Juan, pero que técnicamente es un cambio mucho más profundo.

Procesos diferentes

Originalmente, el proyecto de extracción consideraba los dos procesos de obtención que se realizan a gran escala, la flotación y la lixiviación, pero con la aprobación de la ley 7.722 en el 2007 se descartó la opción de la lixiviación porque en su artículo I prohíbe el uso de sustancias, y para ese proceso se utiliza ácido sulfúrico. Entonces se avanzó en la idea de hacer flotación en Mendoza, para lo cual se extraería toda la capa superior de material del yacimiento que corresponde a mineral oxidado, se dejaría como roca sin tratamiento, y se avanzaría con el mineral sulfurado que, a través del mencionado proceso, permite conseguir concentrado de cobre. Sin embargo, al ser archivado el proyecto, esa posibilidad no pudo avanzar en el 2011.

Desde ese momento, se trabajó en la alternativa que hoy es prioridad y que es el proyecto que se presentará en la Legislatura provincial para su aprobación: el trabajo biprovincial. Desde el punto de vista técnico, en caso de ser aprobado, ahora se hará lo contrario al proyecto anterior y se avanzará con el mineral oxidado, el que, en un principio, no se procesaría. Esa roca, después de disminuir su tamaño a través de un proceso de trituración, sería enviada a través de 22 kilómetros de línea férrea hasta San Juan para un proceso de lixiviación.

En la vecina provincia se obtendría, entonces, sulfato de cobre, el cual será convertido en cátodos con 99,99% de pureza, lo que se logaría en la primera planta de electroobtención de Argentina.

Con ese proceso, la empresa asegura que podrá producir 40 mil toneladas anuales de cobre fino, lo que supliría la importación que el país hace de este metal.

En este nuevo proyecto, la inversión será de 200 millones de dólares, pero –según dijeron los inversores– tienen disponibles 400 millones de dólares más para avanzar con el proceso de flotación en caso que la DIA del proyecto anterior tenga en algún momento la aprobación legislativa.

Tanto Ermolaev como Zimin, en conversación con El Sol, recalcaron que el proceso de flotación sólo está considerado para hacerse en Mendoza, aunque en San Juan les ofrecieron llevarse todo. Sin embargo, en sus proyectos está sólo la posibilidad de obtener concentrado de cobre en la provincia (si se les permite) y cátodos en la tierra de Gioja. Sin embargo, por ahora, la prioridad es el proyecto biprovincial, para el cual la DIA está en proceso de actualización en la UTN. En ese contexto, Mendoza tendría el rol de una cantera, sin utilización de ningún tipo de sustancias.

Tal como informó El Sol la semana pasada, los nuevos dueños del San Jorge pretenden alejar la discusión de su emprendimiento de lo político- electoral, por lo que esperan definiciones antes de fin de año.

Los números

Junto con el CEO del proyecto, Taras Nechiporenko, y el presidente de San Jorge Argentina, Fabián Gregorio, los inversores también entregaron detalle de los números que implicaría la aprobación de uno u otro proyecto. Según sus cálculos, el actual significaría en Mendoza la generación de 121 empleos directos en la operación y 300 en la construcción, lo que en San Juan se traduce en 200 empleos directos en operación y 1.000 en construcción. En cuanto a trabajo indirecto, serían 1.000 puestos en operación y 1.500 en construcción, los que, en su mayoría, se concentrarían en Mendoza. Esto, porque la metalurgia y los servicios están más desarrollados en nuestra provincia.

Si se sumara el proyecto de flotación, los números cambiarían exponencialmente, pero con el modelo biprovincial sumarían 25 millones de dólares en regalías y 109,8 en caso de agregarse el procesamiento pensado para Mendoza.

Especificaciones de los procesos

-La flotación separa los minerales sulfurados de la roca. La pulpa que se obtiene de la molienda se pone en celdas donde, con reactivos (xantato), se le inyecta aire que hace flotar el material, con lo que se obtiene concentrado de cobre.

-En la lixiviación, el material obtenido de la mina es regado por una solución de ácido sulfúrico y agua, que separa el cobre de la roca. El sulfato que se obtiene va a piletas donde espera para transformarse en cobre.

-El concentrado se convierte en cobre al ser secado y fundido, proceso que no se hace en Argentina. El sulfato de cobre se convierte en cátodos de cobre a través de un proceso de electroobtención. La primera planta en el país para este proceso sería la de San Jorge.

Ambientalistas

Durante la ronda de consultas realizada en la Legislatura provincial, la representante de vecinos Autoconvocados de San Carlos, Fabiana Villafañe, dijo que era muy difícil acceder a los expedientes de los proyectos, especialmente al de San Jorge. Aseguró que hace un mes están tratando de conseguirlo pero no tienen acceso.

Los grupos ambientalistas de Uspallata se preparan para la discusión legislativa de la DIA y dan a entender que se opondrán también al nuevo proyecto. Por lo menos así lo da a entender Eugenia Segura, representante de la asamblea del lugar, quien indica en su perfil de Facebook: “Uspallata jamás va a permitir ninguna megaminera, no la vamos a dejar pasar. Más les vale a estos señores rusos que inviertan en otra cosa, porque lo único que van a lograr aquí es perder plata y malgastar en coimas para los inútiles que nos gobiernan”.

(Por Edgar Rodríguez*) Estrategia utilizada por el gobierno provincial para dividir la opinión de la ciudadanía dentro del difícil contexto socio económico en que se encuentra Mendoza. Juegan con la necesidad de mejorar la situación de la población; y utilizan a la minería como la mágica solución a esta problemática con el sólo objetivo de que logre la licencia social suficiente para poder llevar adelante los emprendimientos que el gobierno ha pretendido realizar desde que asumió y que a la fecha aún no ha podido.

Estoy convencido que para salir de esta coyuntura se deben fortalecer las actividades económicas tradicionales como son la agricultura, la ganadería, las industrias instaladas a partir de ellas, los servicios de turismo, etc. Todas poseen un potencial de diversificación aún no desarrollado. Recordemos que gracias a ellas nuestra provincia se posicionó fuertemente en el contexto nacional e internacional; posición que ha perdido debido a la falta de políticas públicas provinciales y nacionales acordes a sus necesidades.

Y para empeorar la realidad de los mendocinos hemos escuchado, en distintos medios de comunicación, a funcionarios provinciales decir que es hora de plantear un cambio en la matriz productiva, donde la minería aparece como la actriz estelar.

Desde mi perspectiva, entiendo que se trata de un grave error. No solamente se perjudican las actividades económicas ya instaladas postergándolas, sino que también se desperdicia una inversión millonaria realizada durante años (fincas, fábricas, infraestructura de riego, etc) y décadas de esfuerzo para conseguir mercados.

Ni qué decir del impacto demográfico. Se repite hasta el cansancio que debemos combatir y evitar el éxodo rural, pero ahora en lugar de potenciar actividades propias de zonas agrícolas, se plantean polos concentrados de desarrollo, lejanos a los distritos de tradicional cultura agraria.

En el medio de esta discusión, tenemos al agua, recurso estratégico y fundamental de nuestra economía regional. El agua desde el comienzo de nuestra historia marcó el eje del desarrollo de nuestra sociedad. Dadas la características geográficas y climáticas de la provincia, todas las actividades económicas, necesitan si o si de ella, en mayor o en menor medida, para su realización.

En los últimos 4 años, el Ejecutivo ha declarado en forma consecutiva la emergencia hídrica provincial. Estar en emergencia hídrica implica un esfuerzo conjunto de todos los actores sociales; instituciones públicas, privadas, productores y población en general. No se trata de una mera declamación. La falta de agua es padecida por más de un sector productivo, pero especialmente por los mendocinos.

Sin embargo, la emergencia hídrica, es para el gobierno sólo una declaración. El Gobernador Pérez no ha hecho nada en consecuencia. Un claro testigo es el presupuesto del Departamento General de Irrigación, en donde los fondos para obra pública específica para el sistema de riego en toda la provincia, apenas supera los 50 millones de pesos.

Debemos tener en cuenta que la minería en algunos casos es una actividad altamente contaminante, que utiliza grandes volúmenes de agua y además no sustentable; el recurso minero es limitado. Una vez explotado se agota. Pero en nuestro país, la falta de sustentabilidad también está dada por cuestiones económicas, ya que un proyecto que hoy es rentable, tal vez mañana no lo sea y los grandes capitales internacionales no dudan en abandonar una inversión, de la noche a la mañana, si ven alterada esa ecuación o si encuentran en el concierto internacional mejores opciones. Y cuando deciden retirarse, no les importa ni los empleados ni el ambiente.

Un claro ejemplo es el proyecto de sales de potasio VALE. El Estado viene subsidiando desde su partida a cientos de trabajadores que quedaron en la calle. Lo que sería una oportunidad de trabajo, terminó significando para todos los aportantes al sistema de la seguridad social, una verdadera fuente de desempleo.

Otro ejemplo y no privado, sino oficial, es lo que ha sucedido con la Comisión Nacional de Energía Atómica. En 1995 decidió abandonar los emprendimientos mineros Huemul y Sierra Pintada porque le era más barato importar el Uranio que extraerlo y dejó pasivos ambientales que hasta el día de la fecha no se logran remediar. Lejos de haber demostrado sustentabilidad y responsabilidad, la explotadora oficial se ha convertido en la deudora de la multa más importante impuesta por Irrigación, por contaminar napas subterráneas y aguas superficiales en el departamento de Malargüe.

No debemos permitir que a partir de políticas ineficientes y perjudiciales para las actividades tradicionales de la provincia, hoy se quiera poner en duda la matriz productiva ya definida, instalada y consolidada.

Nuestro perfil productivo debe ser protegido y mejorado día a día; y se necesitan para ello estrategias dirigidas a lograr el crecimiento que Mendoza reclama.

Los mendocinos no podemos dejar de defender algo intrínseco a cada uno de nosotros como es la cultura del cuidado del agua. Tenemos que proteger y cumplir con la normativa que regula y cuida el recurso hídrico, como la ley de aguas, la ley de glaciares y la ley 7722; y hacer respetar el derecho constitucional que tenemos todos los habitantes de gozar de un ambiente sano y equilibrado que garantice las necesidades de la población y de las generaciones futuras.

Teniendo claro este horizonte, desarrollemos cualquier otra actividad productiva, incluso la minería.

*Periodista.