La reforma de Ley de Hidrocarburos que impulsó la presidenta es beneficiosa para los negocios de su socio comercial, Lázaro Báez. El empresario controla varias áreas petroleras en Santa Cruz: gracias a los cambios a la legislación que propone el oficialismo, podría renovar esas concesiones, lo que potenciaría su valor.
En el 2008, Báez ganó siete licitaciones para explorar y explotar pozos petroleros en su provincia. Según denunció en su momento la oposición y el propio gobernador santacruceño, Danel Peralta, el empresario incumplió con sus obligaciones porque no invirtió los fondos que se había comprometido a desembolsar: aun así, el Estado no le quitó las concesiones.
Ahora, según denuncian la oposición y expertos en energía que analizaron el tema, gracias a las reformas de la Ley de Hidrocarburos Báez podría extender por 35 años el control de sus áreas petroleras.
La cámara de Diputados tratará mañana el proyecto, que ya fue aprobado por el Senado.
La modificación al artículo 27 de la Ley establece que “los sujetos titulares de permisos de exploración y/o de concesiones de explotación de hidrocarburos tendrán derecho a solicitar a la Autoridad de Aplicación una Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos”.
Y el nuevo texto del artículo 27 bis agrega que “el concesionario de explotación, dentro del área de concesión, podrá requerir la subdivisión del área existente en nuevas áreas de explotación no convencional de hidrocarburos y el otorgamiento de una nueva Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos”.
El plazo para controlar las nuevas concesiones de explotación no convencional es de 35 años.
El texto de la legislación que analizará Diputados establece además que “los titulares de las concesiones de explotación (ya sea que a la fecha de inicio de vigencia de la presente modificación hayan sido o no prorrogadas) y siempre que hayan cumplido con sus obligaciones como concesionarios de explotación, estén produciendo hidrocarburos en las áreas en cuestión y presenten un plan de inversiones consistente con el desarrollo de la concesión, podrán solicitar prórrogas por un plazo de diez años”.
Los yacimientos petroleros de Santa Cruz que están bajo control de Báez son Meseta Cerón Chico, Río Guenguel, Paso Fuhr, Tapi Aike, El Turbio y El Turbio Este.
El empresario podría entonces utilizar la nueva ley para beneficiarse en el mercado energético.
La titular de la Coalición Cívica de Santa Cruz, Mariana Zuvic, cree que las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos que propuso la Presidenta fueron realizadas pensando en Báez: “Es una ley hecha para Lázaro, que según mi información está buscando socios para invetir en sus áreas petroleras y con estos cambios saldrá beneficiado”.
Zuvic considera que las zonas concesionadas que maneja el empresario K podrían tener un enorme valor debido a que, según sus datos, los expertos de YPF llegaron a la conclusión de que allí existirían reservas de petróleo no convencional.
Para la dirigente de la Coalición Cívica, el negocio petrolero de Báez es irregular: “No invirtió en las áreas de sus concesiones, no exploró y no explotó los yacimientos. El gobierno de Santa Cruz debería quitarle las licencias”.
El proyecto de la nueva Ley de Hidrocarburos también fue criticado por ex secretarios de Energía, que igual que Zuvic apuntaron hacia los beneficios que podría obtener Báez. Uno de los que opinó sobre el tema fue Alieto Guadagni: “Se les permite renovación de áreas a las petroleras de los amigos, como el grupo Vila/Manzano o Lázaro Báez, que no invierten en los yacimientos y son sus dueños”, dijo.
Las empresas con las que Baéz maneja su negocio petrolero son Epsur y Misahar. Un ex directivo de esas compañías, Horacio Quiroga, denunció que el propio Néstor Kirchner solía darle órdenes y fondos millonarios a Baéz para que esas firmas inviertan en Santa Cruz.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, negó que con la nueva ley las licencias se vayan a prorrogar de manera automática, tal como afirma la oposición. “Las prórrogas sólo se otorgarán si hay inversiones y si las empresas presentan un plan de inversiones, no son automáticas”, dijo.
Gracias a sus contactos con la familia presidencial, tal vez Báez logre extender sus dominios petroleros aun más.
El presidente de Shell Argentina, Juan José Aranguren, aseguró este lunes que el proyecto de ley de Hidrocarburos que tratará el Congreso "no es suficiente" como para atraer inversiones y estimó necesario "recuperar atractivos" como país a través de medidas contra la "inflación" y una política monetaria" que permita importar insumos industriales.
"Esta ley no es suficiente para desarrollar el potencial energético que Argentina tiene, que requiere el ingreso de una inversión extranjera importante", indicó Aranguren respecto al proyecto de la Casa Rosada que tratará en breve el Parlamento.
El empresario petrolero advirtió que "hace falta restablecer confianza" a través de "marcos regulatorios que sean perdurables en el tiempo" y manifestó que desde el ámbito gubernamental se está "muy atrás de lo urgente para evitar los cortes eléctricos en el verano en lugar de pensar que es lo que necesita la inversión" energética o en materia de hidrocarburos.
"La Ley (de Hidrocarburos), no es suficiente, no va a cambiar la realidad del sector en cuanto a la inversión en Argentina, hay otras variables macro que son necesarias para poder recuperar atractivos como país: estoy hablando de inflación y habló de una política monetaria que permita tener acceso a los dólares necesarios para importar los insmos necesarios para la industria", explicó Aranguren en diálogo con radio Mitre.
En lo que respecta al proyecto de ley que tratará el Congreso, el titular de Shell manifestó que la iniciativa "se queda corta en definir mecanismos de promoción para lo que es la explotación exhaustiva de las cuencas sedimentarias que hoy no están explotadas".
"Los famosos regímenes de promoción de libre disponibilidad no tienen fuerza de ley, sino que simplemente se adecuan los parámetros de los decretos que los han implementado", dijo. Aranguren mencionó además que en el proyecto oficial "el tema de las regalías simplemente es de tipo circunstancial, y que va a depender si es bueno o es malo, o cuán alto o baja es la productividad de un determinado reservorio" de hidrocarburos.
"Creo que una ley que rija para los próximos 35 años, tal como es la inversión petrolera, a largo plazo, requiere de un consenso de todas las fuerzas políticas para que esa ley sea perdurable en el tiempo, y no que dure cuatro años para que venga otra mayoría (parlamentaria) circunstancial para cambiarla", explicó.
Por ello, sugirió que "si hay otros empresarios que están contentos, sería bueno que también lo digan y lo expresen".
Más allá de la norma, Aranguren consignó que las críticas empresarias que se escuchan actualmente, en encuentros como el realizado por IDEA en Mar del Plata, tienen que ver con "un deterioro de las variables económicas" y a las dificultades de "acceso a los dólares" que enfrenta el sector privado, y especialmente la industria importadora.
Para el petrolero, "hay una diferencia entre lo que es urgente y lo que es importante más que incapacidad o urgencia política, lo que lleva a tomar decisiones de apuro (para apurar la sanción de la nueva Ley de Hidrocarburos), y que algunos podemos considerar que son parches".
"Hoy estamos muy atrás de lo urgente -dijo- para evitar los cortes eléctricos en el verano en lugar de pensar que es lo que necesita la inversión (en el sector energético), que es algo que sea duradero y previsible por los próximos 30 años".
Lo hizo a través de una dura nota que envió este lunes a los integrantes de todas las bancadas de la oposición, en vísperas de la sesión de este miércoles, donde el Frente para la Victoria conseguiría sancionar la norma con votos propios y de aliados.
“En nombre de la preservación y salvaguarda de los vitales y estratégicos intereses del pueblo de la Nación Argentina, hacemos un llamado al conjunto de la dirigencia política, social, económica y cultural de nuestro país y, específicamente, a los legisladores nacionales, a los efectos de alcanzar un compromiso de orden público, para impedir la sanción de la Ley de Hidrocarburos”, indica el texto.
Y agrega que “si la mayoría oficialista lograra aprobarla, convocamos a comprometernos con su inmediata derogación en el 2015, luego de la realización de las elecciones nacionales y de la consecuente asunción de los nuevos legisladores”.
El bloque de Lozano –que integran Víctor de Gennaro y Antonio Riestra- firmó un dictamen de minoría en rechazo al proyecto del Poder Ejecutivo.
En la misiva presentada este lunes, los diputados argumentan que la propuesta oficial “establece la generalización de beneficios promocionales e incentivos dirigidos a las grandes empresas del sector”.
Además, denunciaron estar ante “un inédito y vergonzoso trámite exprés, lo que no sólo ha impedido un debate público fundamental para el futuro de nuestro país, sino que ha lesionado gravemente el derecho de acceso a la información por parte de nuestro pueblo”.
“Queremos alertar a toda la población sobre un nuevo retroceso, que este proyecto pretende consagrar, en materia de soberanía sobre los bienes que, como los hidrocarburos y la energía en general, no deben considerarse mercancías sino bienes comunes, además de recursos estratégicos”, explicaron.
El bloque Unidad Popular consideró que “la aprobación de esta nueva ley se ha hecho a espaldas de buena parte de los Estados provinciales no productores y consumidores de hidrocarburos, vulnerando, de esa manera, elementales compromisos de concertación propios de un país federal”.
También advirtió que la reforma “ha ignorado gravemente la problemática medioambiental asociada a la potencial masificación de la técnica extractiva de la fractura hidráulica como método para la explotación de los hidrocarburos no convencionales”.
“A su vez, esta ley prohíbe insólita e injustificadamente la reserva de áreas de producción de hidrocarburos a favor de las empresas nacionales y/o provinciales en las que el Estado tenga participación bajo cualquiera de las formas jurídicas existentes debilitando tanto el control y planificación públicos de la actividad hidrocarburífera, como la adecuada regulación normativa, ambiental y económica”, indicaron los diputados.
De manera paralela, el senador nacional y líder de Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas y la diputada Alcira Argumedo denunciaron este lunes en una audiencia pública que “las petroleras se están robando el dinero de todos los argentinos”.
