Jorge Lapeña - Presidente del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”.

El sector energético agrava su crisis estructural. Continúa disminuyendo la producción total de gas natural y de petróleo, y no se producen descubrimientos de nuevos yacimientos de hidrocarburos. Esto ocurre en el marco de un fuerte incremento de los subsidios energéticos y una crónica disminución de las reservas de divisas y ausencia de crédito externo. En el año, los principales candidatos presidenciales, Sergio Massa, Mauricio Macri, Ernesto Sanz, Julio Cobos, Margarita Stolbizer, y los principales partidos de la oposición han firmado una “Carta de Compromiso” que contiene un conjunto de acuerdos de política energética para el largo plazo. Los políticos han comprometido la palabra, pero mucho más que ello han dado una señal significativa: aún en medio de una campaña electoral y de los rótulos ideológicos con que cada uno se presenta a la competencia existen temas que pueden ser razonablemente excluidos de la disputa, preservados de la demagogia y acordados con racionalidad.

Hay que destacar lo que establece ese compromiso político en lo relativo a los hidrocarburos, que constituye la columna vertebral del sector energético: “Se reformulará la estructura legal vigente en función de las nuevas realidades jurídicas institucionales y geológicas. Las leyes que surjan de ese nuevo ordenamiento, incluida una nueva Ley de Hidrocarburos, deberán contar con amplio consenso de las fuerzas políticas para que pueda ser aplicada en todo el territorio nacional. Esa nueva legislación deberá conciliar los intereses de las provincias y de la Nación, facilitar el pleno desarrollo de los recursos del país y posibilitar la exploración en el Mar Argentino hasta el talud oceánico. También preverá la adecuación institucional para que el Estado pueda ejercer en forma adecuada su rol de fiscalización”.

Esto muestra a una oposición política que, de forma madura, acuerda reformular la estructura legal en una materia clave, lo que incluye una nueva Ley de Hidrocarburos en el marco de una política de largo plazo también acordada. Sin embargo, la realidad de estos días muestra a un Poder Ejecutivo Nacional que, ya en el último tramo de su extenso mandato, arrolla a la oposición y, prácticamente en soledad y en un trámite exprés, aprueba en el Senado una modificación a la obsoleta y desactualizada Ley 17.319, aún vigente.

El proyecto, que cuenta con media sanción, ha puesto de manifiesto: que la primera espada en su concepción y defensa es el CEO de YPF, Miguel Galuccio, un funcionario que representa al Poder Ejecutivo –principal accionista de la compañía- que fenece, en términos prácticos, en pocos meses; que la ley prorroga por plazos excesivamente largos las actuales tenencias de áreas, lo que bloqueará -o tornará muy onerosa- cualquier reforma que se intente realizar en materia de hidrocarburos; que la ley tiene como beneficiarios sólo a las empresas petroleras que poseen las áreas.

El Gobierno nacional impulsa, en soledad absoluta, una ley sin acuerdo con la oposición, que sólo la rechazó en el Senado, sino que además tiene acuerdos transversales firmados que van en una dirección contraria a la norma aprobada. Pareciera que el proyecto, de aprobarse en Diputados en una forma similar a la del Senado, nacería muerto.

Así, con miras al futuro, se abren grandes interrogantes que, mientras no se resuelvan, no permitirán al país abandonar la robusta decadencia que exhibe hoy. El primero es discernir cuál será el verdadero objetivo del gobierno que asuma. El segundo es si la nueva administración aceptará trabajar a futuro con el “remiendo legal” impuesto por el Gobierno actual, que ha ignorado olímpicamente la postura de la oposición ¿Aceptará mansamente el nuevo gobierno una ley concebida para mantener el statu quo de tenencia de los permisos y de las concesiones, y prolongar indefinidamente pautas que sólo benefician a los actuales poseedores de las áreas de explotación, y que impiden el ingreso competitivo de nuevas empresas petroleras a la Argentina? En definitiva: ¿se resignará el nuevo gobierno a quedar “maniatado” legalmente en un área vital para la economía del país, un área que debe ser objeto de una profunda reingeniería?

Vistos los interrogantes, que hoy no pueden tener una respuesta contundente, pareciera que el Gobierno se encamina hacia una nueva victoria pírrica. Le cabría a ella la famosa frase de Miguel de Unamuno pronunciada en 1936, en la Universidad de Salamanca: “Venceréis pero no convenceréis”.

Por Cristian Folgar.

La modificación a la Ley de Hidrocarburos que está tratando el Congreso tiene aspectos positivos, pero tiene un defecto de origen: fue redactada por YPF, pensada para beneficiar a sus accionistas y no a todo el sector. ¿Quiénes son los accionistas de YPF? El 51% es estatal (Nación y Provincias productoras de hidrocarburos) y el otro 49% está en manos privadas, muchos de ellos son los ‘malditos hedge funds o fondos buitres’.

Cuando se expropió YPF se dijo que ‘internalizando la renta energética’ sería suficiente para que YPF creciera y revertir la situación del sector. Se dijo que al expropiar se vendría un ‘carnaval de inversiones’. Quienes planteamos que YPF no tenía ni el flujo ni la envergadura para revertir sola la situación del sector nos tildaron poco menos que de traidores a la Patria. Pasaron varios carnavales pero las inversiones, en este y otros sectores siguen siendo insuficientes.

Es cierto que YPF está volcando su flujo de fondos a intentar aumentar su producción, pero es igualmente cierto que ese flujo no es suficiente y que, hasta ahora los resultados positivos de YPF no se explican por sus inversiones sino por la ‘baja del ingreso disponible de los argentinos’. Desde que se estatizó el 51% de YPF los combustibles aumentaron por encima de cualquier otro índice y los subsidios que YPF recibe del Estado se multiplicaron. Más de la mitad de las ganancias de YPF de 2013 se explican por subsidios del Estado (sin contar el efecto del aumento de precios de los combustibles).

Hoy no son los accionistas de YPF quienes están poniendo plata para financiar las inversiones. En buena medida las estamos pagando los consumidores y los contribuyentes. Pero eso no alcanza.
Como YPF no tiene fondos para todas las oportunidades de inversión, necesita limitar la ‘renta de las provincias petroleras’. Un ejemplo es el ahora famoso ‘acarreo’ (mecanismo por el cual el dueño del recurso no invierte inicialmente y repaga lo ‘acarreado’ con el producido del propio yacimiento desarrollado). ¿Elimina la Ley el ‘acarreo’? Para nada, el proyecto de ley simplemente trata de excluir (creo que sin éxito) a las Provincias o empresas provinciales de su uso porque YPF es la que espera ser ‘acarreada’ por potenciales inversores.

¿Por qué el proyecto no beneficia a todo el sector? Porque sólo aquellos proyectos que superen los u$s 250 millones y sean aprobados por una Comisión formada por el Poder Ejecutivo Nacional podrán acceder a los ‘beneficios de Chevron’, como se los conoce en la industria. ¿Cuáles son esos beneficios? Básicamente vender parte de la producción a precios internacionales y disponer libremente de divisas.
¿Por qué los beneficios son solo para grandes inversiones? Nadie quiso explicar ese punto. Si una empresa petrolera invierte menos y triplica sus reservas no accede a los beneficios de la Ley. Los mismos legisladores que hace poco votaron la Ley de Abastecimiento diciendo que este gobierno defiende a las pequeñas empresas, ahora votan un proyecto que establece exactamente lo contrario. Todas las empresas petroleras locales por muy eficientes que sean, si no pueden invertir mucho dinero son discriminadas. ¿Este gobierno privilegia a las grandes corporaciones respecto al resto de las empresas y los ciudadanos? En esta ley definitivamente sí.

¿Por qué una empresa solo por invertir mucho dinero junto con YPF podrá tener libre acceso a divisas, mientras que los ciudadanos argentinos que tienen todos los ahorros de su vida invertidos en el país no pueden hacer lo mismo? Para el cristinismo la abultada billetera de una multinacional vale mucho más que los derechos de los ciudadanos.

YPF y sus accionistas van a estar mejor luego de la aprobación de esta ley. ¿Pero el resto de los argentinos? Se suponía que YPF iba a potenciar a los habitantes de este país. Hasta ahora no fue así.

Cuando YPF reparta dividendos el 51% correspondiente a los accionistas estatales seguramente se reinvertirá en el país. ¿Pero el otr o 49%? Ellos no tienen la obligación de reinvertir en el país.

Así paradójicamente, mientras la Presidente denuncia complots destituyentes por parte de los ‘fondos buitre’, en el mismo momento envía al Congreso proyectos que bene fician a ese tipo de inversores. La Presidenta le está pidiendo a los legisladores que aprueben leyes que en parte benefician a quienes Ella nos quiere hacer creer que son los culpables de todos nuestros problemas.