Por Joaquín Morales Solá.
Ministros y gobernadores exhiben una extraña calma en medio de una vasta crisis económica. Los calmó la certeza de que en enero se iniciará una negociación con los fondos buitre que le ganaron al Gobierno en el juzgado de Thomas Griesa. El arreglo o la ruptura podrían significar perspectivas muy distintas para muchas cosas. Marcarían a fuego el final de Cristina Kirchner , la elección presidencial del año próximo y la suerte inicial, al menos, del futuro gobierno. Un economista independiente, pero no enfrentado con Cristina Kirchner (hace poco ésta lo citó públicamente), asegura que un eventual acuerdo significará un crecimiento de 3 por ciento del PBI para 2015; la ruptura podría, en cambio, empujar una caída del 3 por ciento durante ese año. Política, economía y elecciones volverán a encontrarse.
El propio Daniel Scioli no hubiera optado por un discurso cada vez más leal al cristinismo si no tuviera dos informaciones nuevas. Voceros y operadores presidenciales parecen resignados a que el gobernador será, en el último tramo del camino, el candidato consentido por la Presidenta. La beligerancia del cristinismo contra él no desapareció, pero cayó ahora a niveles casi inexistentes. Por otro lado, Scioli está convencido de que habrá un acuerdo con los fondos especulativos que le hará menos pesado el título de sucesor. El acuerdo inminente es su plan. Un escenario catastrófico de la economía sería devastador para Scioli. La visible (y a veces inexplicable) prudencia de las campañas de Mauricio Macri y de Sergio Massa se explica también en la posibilidad de que suceda, o no, ese acuerdo. Necesitan saber con qué gobierno se enfrentarán durante el año que viene, en qué medida deberán apostar a ciertas continuidades o a un cambio definitivo.
A todo esto, ¿qué probabilidades reales existen de que haya negociación y acuerdo? El equipo económico está metido en cuerpo y alma en ese proyecto. Ya hay mensajes cifrados que han viajado desde Buenos Aires hasta Nueva York. "Empezamos en enero", repiten con la convicción de los conversos. Esa seguridad fue explayada por el ministro de Economía, Axel Kicillof, ante el Grupo de los Seis, que reúne a empresarios de todos los rubros. Un poco más tarde, el nuevo presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, se lo dijo de igual forma a los bancos nacionales y extranjeros. La única diferencia entre Kicillof y Vanoli es que este último habla de un plazo de seis meses de negociaciones. Kicillof pareció decir que sólo es cuestión de sentarse, negociar y acordar en tiempos muy breves.
La economía profundizó su caída desde la decisión de la Presidenta de abortar una negociación, aprobada por ella, de bancos nacionales con los holdouts. Los dólares son una mercancía cada vez más escasa. Desde la instauración del cepo al dólar, la inversión extranjera tiene un crecimiento negativo (son más los dólares que salen que los que entran), según informes oficiales de la Cepal. Además, una inflación alta espolea a los argentinos a refugiarse en la moneda norteamericana. La economía podría ingresar en un proceso grave de esclerosis si continuara sin poder acceder a los dólares para comprar insumos industriales imprescindibles. Ésta es la presión que la mecánica natural de la economía, no las inverosímiles conspiraciones, está haciendo sobre los gobernantes.
Hay otras presiones, es cierto, menos nobles, pero tan eficientes como las que hace la economía. No podría ser casual que el olvido de los buitres (ya casi no se habla de ellos en el oficialismo) haya sido contemporáneo con la denuncia de los fondos especulativos, en un juzgado de Estados Unidos, sobre presuntas maniobras de lavado de dinero por parte del empresario kirchnerista Lázaro Báez. En los últimos días, el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, reconoció que existe un "vínculo comercial" entre Báez y Cristina Kirchner. Lo hizo después de desmentir que fueran socios. El vínculo comercial estaba probado antes de que lo explicitara Echegaray; está en las propias declaraciones juradas de la Presidenta.
El juez de Nevada que tiene a cargo la denuncia de los fondos especulativos debe investigar ahora un delito público y universal, como es el lavado de dinero. No importará en adelante el entusiasmo que tengan los fondos buitre. En la semana que se inicia, ese juez decidirá si hará públicos los detalles de la denuncia sobre Báez. Un juez argentino, Sebastián Casanello, investiga a la misma persona, Báez, por el mismo delito. Nunca pidió copia del expediente que se instruye en Nevada.
Un ejecutivo importante de un banco extranjero informó en los últimos días a buena parte de la dirigencia política argentina que los fondos especulativos le pagaron una fortuna a una agencia británica para que investigara cuentas en el exterior de funcionarios argentinos y de empresarios ligados al Gobierno. El primer resultado es potencialmente peligroso: encontraron cuentas de argentinos en bancos de Venezuela. Podrían involucrar en la sospecha a ministros y secretarios de Estado con trato frecuente con Caracas. En ese contexto, el eventual acuerdo podría significar también la aceptación de que triunfó la extorsión. ¿Permitirá Cristina Kirchner esa imagen devaluada de su protagonismo político?
La bandera del nacionalismo antibuitre se extingue, pero la Presidenta tendrá que hacer algo más para acordar con los fondos que le ganaron. Es raro, si quisiera acordar, que no haya cambiado ya al estudio de abogados norteamericanos (Gottlieb, Steen and Hamilton) que defiende al gobierno argentino. Esos abogados perdieron el juicio en manos de Griesa en todas las instancias por las que pasó.
La Presidenta deberá ir también al Congreso, resignada, para pedirle que derogue no una, sino tres leyes referidas a los fondos especulativos. Habrá entonces un debate explosivo en un año electoral. La última es la ley de pago soberano que cambió el lugar en el que se liquidan los intereses de la deuda, relevó al Bank of New York como agente de pago y estipuló que nunca se les pagará a los holdouts más que lo acordado en los canjes de 2005 y 2010. Esa ley fue un fracaso sin atenuantes: ningún bonista de la deuda argentina aceptó hasta ahora el cambio de agente ni de la sede de pago. Otra ley que deberá derogarse es una que se sancionó con la aprobación del canje de 2010. Esa ley les prohíbe a los funcionarios argentinos acordar con los holdouts una solución más generosa que la que se pactó entonces. Hay una tercera ley anterior, posterior a los acuerdos de 2005, que dice más o menos lo mismo.
Para salir de la encerrona con otro discurso fundacional, el Gobierno podría optar por una negociación con todos los holdouts, que llevan adelante casi 200 denuncias contra el gobierno argentino. Doce denunciantes pidieron recientemente que sus casos, que están en otros juzgados, pasen a manos de Griesa. El total de la deuda de bonistas que está en juicio es superior a los 10.000 millones de dólares. Si el objetivo fuera presentar un acuerdo con el ciento por ciento de la deuda argentina del viejo default, para tapar de paso el acuerdo con los buitres de Griesa, lo primero que necesitará el Gobierno es que sea precisamente Griesa el juez que concentre en sus manos todas las causas que andan dando vueltas. Pero antes que nada deberá pagarles a los fondos buitre que ya tienen en sus manos una sentencia definitiva para liberar el pago a los bonistas que aceptaron las propuestas argentinas. Deberá, en fin, evitar un default más generalizado.
¿Aceptará Cristina esa larga ingeniería financiera, jurídica y, sobre todo, política? Al final del día, el precio político deberá pagarlo ella y no sus economistas. Y lo pagará sólo si debiera optar entre la ilusión o la ruina.
Por Juan Carlos de Pablo.
Días atrás, al dar a conocer su Panorama Económico Mundial, el FMI actualizó los pronósticos macroeconómicos que realiza de sus países miembros. El Fondo ahora espera que el PBI real del mundo crezca 3,3% en 2014, y 3,8% en 2015, y que el de la Argentina disminuya 1,7% durante el año en curso y 1,5% en el año próximo. Esta estimación fue objetada por el ministro Axel Kicillof, quien al respecto no descarta "segundas intenciones". El Fondo le contestó que realizó el pronóstico "sobre la base de los datos". ¿Quién tiene razón?
Al respecto consulté al norteamericano Walter Wolfgang Heller (1915-1987). Entre 1961 y 1964, presidió el Consejo de Asesores Económicos y asistió a los presidentes John Fitzgerald Kennedy y Lyndon Baines Johnson. "Era un keynesiano que usaba la calle en los dos sentidos. Persuadió a Kennedy para que redujera las alícuotas impositivas durante la recesión de comienzos de la década de 1960, pero también le advirtió a Johnson que la guerra de Vietnam, a caballo de una economía que había recuperado el pleno empleo, demandaba un aumento de las alícuotas. Afirmó que «soplo mis manos para hacerlas entrar en calor, pero esto no me impide soplar la sopa para enfriarla»", dijo Paul Anthony Samuelson en el obituario de Heller.
-Usted acuñó el término sintonía fina, para referirse a la estereotipada política macroeconómica keynesiana incorporada a los libros de texto. Desde el punto de vista práctico, ¿no es una peligrosa ilusión?
-Tomada literalmente, sí. En la década de 1960 se habían popularizado los modelos macroeconométricos, sobre la base de los cuales se pensaba que se podrían contestar interrogantes como los siguientes: ¿cuánto va a crecer el PBI real durante los próximos tres años? ¿Cuál será el impacto sobre el nivel de actividad económica de una modificación en la alícuota del impuesto a los ingresos?
-Son dos preguntas diferentes. La primera se refiere a un pronóstico, mientras que la segunda plantea una cuestión de estática comparativa. La crítica formulada por Robert Emerson Lucas invalidó el uso de los referidos modelos, para contestar la segunda pregunta.
-Así es, porque aquellos modelos no incorporaban el hecho de que la población descuenta el accionar de los funcionarios y actúa en consecuencia. De todas maneras, pueden seguir siendo útiles para realizar pronósticos. Aunque, en rigor, más que de pronósticos debería hablarse de conjeturas condicionadas, del tipo "si, entonces". Aplicación del principio de la regla de tres, que todos aprendimos en la escuela primaria.
-El FMI pronostica la evolución del PBI de los países miembros con un decimal. En casos como el de la Argentina, ¿no le parece una temeridad? El ministro de economía de la Argentina no sólo rechazó los cálculos del Fondo, sino que sugirió que persiguen "segundas intenciones".
-Más que acusar a los funcionarios del FMI de tener segundas intenciones, correspondería acusarlos de actuar de manera "robótica". Me explico, utilizan modelos econométricos que, seguramente, funcionan mejor en economías menos volátiles que en economías volátiles. Como en las instituciones internacionales existen "comportamientos de manada", nadie debe esperar que un funcionario vaya a utilizar un modelo para todos los países del mundo, y otro para interpretar cabalmente a la Argentina o a Venezuela.
-¿Usted descarta por completo las segundas intenciones?
-No, pero la acusación tiene que ser fundamentada de manera concreta. El presupuesto nacional de su país, referido a 2015, está basado en una hipótesis de inflación de 15,6% anual. Estoy seguro de que ninguno de los funcionarios que lo confeccionó estaría dispuesto a trabajar, en octubre de 2015, por la cantidad de pesos que recibirá a fines este mes, multiplicada por 1,156. En este caso, se pueden sospechar de "segundas intenciones", porque el exceso de lo recaudado por encima de lo previsto puede ser asignado por el Poder Ejecutivo sin tener que pedirle permiso al Legislativo. No estamos en presencia de un error de pronóstico, sino de una decisión deliberada.
-Don Walter, muchas gracias.
Por Pablo Sirvén.
Promete ser una despedida a lo grande: para los últimos 344 días de su mandato, Cristina Kirchner gastará en su escudo mediático la friolera de, al menos, 3600 millones de pesos.
¿Por qué "al menos"? Porque esa cifra es lo que prevé sólo por ahora el Presupuesto 2015 . Bien podría engrosar en el transcurso de los meses, como viene sucediendo en este 2014, con un aumento extra del 32 por ciento en esas partidas, lo que elevó los gastos en propaganda a 3678 millones de pesos.
Teniendo en cuenta que 2015 será el año crucial de la carrera presidencial por el recambio en la cúspide del poder, y que la inflación también agregará lo suyo, sostener el relato oficialista podría salirnos a todos los argentinos todavía muchísimo más caro.
De hecho, ya se contempla un aumento de cien millones de pesos más para la división cotillón y fiestas de la Unidad del Bicentenario. En efecto, el regisseur del kirchnerismo, Javier Grosman, contará con 315 millones para garantizar que las habituales carnestolendas kirchneristas en Plaza de Mayo y Tecnópolis sean más imponentes que nunca.
¿Por qué es tan poroso el escudo mediático de CFK a pesar de estar tan aceitado con esa descomunal parva de billetes?
Simple: al despotricar diariamente contra los medios hegemónicos, el oficialismo hace un reconocimiento explícito y permanente de que es a éstos a los que la gente presta mayor atención. Aquel gastadero infernal de dinero resulta del todo ineficiente porque sólo sirve para fidelizar a la propia tropa y mantener contentos y de su lado a una cantidad de medios y comunicadores que cantan loas al Gobierno en tanto sus bolsillos sigan siendo llenados a tope. Pero, aun así, no les alcanza para tapar los propios y cada vez más graves desaguisados.
Ya se contempla un aumento de cien millones de pesos más para la división cotillón y fiestas de la Unidad del Bicentenario
Incluso trascendieron descontentos internos en Canal 7 y en Télam, por la manera en que los obligan a procesar la información que emiten. Marcelo Stubrin, miembro de la Afsca por la oposición, pidió una reunión urgente por este tema, pero Martín Sabbatella sigue consagrado a tiempo completo -incluso en las tandas de Fútbol para Todos- en su renovada cruzada contra Clarín.
Los choques de estos días entre el relato y la realidad, y del relato con sus propias de- savenencias internas, se precipitaron como cascada de aguas servidas y a ritmo de película de Chaplin, aunque con poco para reír.
Cada vez que el caso Báez avanza hacia las proximidades del entorno presidencial se encienden las alarmas y los más altos funcionarios salen a tratar de apagar el incipiente incendio. Pero al hacerlo con combustible paradójicamente lo único que logran es que las llamas tomen más altura que las que pretendían apagar. Le sucedió a Jorge Lanata cada vez que sus investigaciones en Periodismo para todos rozaron a la Presidenta.
Ahora, el mismo mecanismo volvió a repetirse tras publicar Perfil y LA NACION, el fin de semana último, que Lázaro Báez opera con facturas falsas por medio de tres empresas de Bahía Blanca. Más pánico aún cundió en Olivos al enterarse de que los fondos buitre están concentrados, con sus batallones de afilados abogados y sabuesos, en husmear la ruta del dinero de Báez y que también están tras la pista de los fondos de Santa Cruz, que nunca se supo bien adónde fueron a parar.
"No aclare que oscurece", le tendrían que haber aconsejado a Ricardo Echegaray . El titular de la AFIP armó pomposa conferencia de prensa para aclarar dos cosas: 1) que la jefa del Estado no es socia de Báez y 2) que hay 1200 empresas que también utilizan facturas apócrifas. Para colmo, al otro día, Echegaray amplió que Cristina y Lázaro "técnicamente no son socios", con lo cual consiguió el efecto contrario a lo buscado al alimentar aún más las suspicacias.
Algo similar ocurrió con el ministro de Justicia, Julio Alak , que quiso naturalizar la desaparición de expedientes de The Old Fund y de la ex Ciccone de la Inspección General de Justicia (IGJ), al afirmar muy suelto de cuerpo que es común que se extravíen documentos en los tres poderes del Estado.
Al menos, en parte, la Corte Suprema de Justicia ha puesto las cosas en su lugar al dejar en firme el fallo que obliga al Estado, precisamente por medio de la IGJ, a aportar información sobre la ex Ciccone, cosa a la que suele negarse. Otro fallo similar obliga a Julio De Vido a que suministre información vinculada con la licitación pública de las represas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic.
Escondedores pertinaces, hubo zigzagueos por demás con la faringitis presidencial que, supuestamente, no le permitía hablar ni viajar. Pero Cristina Kirchner habló -presentó, cual es su gusto, su versión unilateral de lo que debe hacerse con el Código Procesal Penal- y viajó a Chaco, aun cuando el jefe de Gabinete había anunciado que no lo haría por su problema de salud.
Hace unos días murió Ben Bradlee, el inspirado editor de The Washington Post, que alentó a sus redactores Bob Woodward y Carl Bernstein a investigar hasta el fin el espionaje en la sede de los demócratas. La revelación le costó el cargo al presidente Richard Nixon. Fue en 1974. La Argentina está a años luz de algo parecido.
