Las dos firmas rusas dueñas del proyecto San Jorge que busca extraer cobre y oro en Uspallata iniciaron la cuenta regresiva para comenzar a operar. Quieren que antes de fines de año el Gobierno de Francisco Pérez dé el último envión que falta.

El objetivo que se han trazado es que en el lapso de un año esté la infraestructura lista para comenzar a explotar el yacimiento.

La inversión inicial prevista implica un desembolso de U$S 400 millones, lo que la convierte en la inversión privada de capitales rusos más importante del país.

Esta semana, los máximos representantes de las dos compañías, Pavel Ermolaev, por Solway Group, y Kirril Zimin, por Aterra Capital, estuvieron en Mendoza y se reunieron con referentes del Ejecutivo y con representantes de Asinmet, la entidad que nuclea a las empresas metalmecánicas locales, que podrían ser proveedoras para la edificación del proyecto.

En cuanto a los plazos, los inversores fueron muy directos: quieren que el Gobierno tome la decisión política de avanzar con el último papeleo “ahora”. Así lo expresaron el viernes, durante un encuentro con periodistas. Hay dos motivos fundamentales por los cuales San Jorge está en tiempo de descuento: por un lado quieren que el proyecto empiece a andar antes de 2015 porque saben que el año electoral puede complicar las decisiones políticas; y por otro, buscan aprovechar la coyuntura económica internacional con el precio del cobre en alza. Si el precio baja, deja de ser atractivo para los inversores embarcarse en un nuevo proyecto.

Con oficinas instaladas
Esta semana además la firma inauguró sus oficinas, en un edificio de avenida San Martín, y designó un representante permanente que se instalará en Mendoza para seguir de cerca la evolución del proyecto. Se trata de Taras Nechiporenko, de nacionalidad rusa, pero que habla perfectamente el español.

Nechiporenko destacó la necesidad de que el Gobierno tome la decisión política cuanto antes para avanzar y evitar las complicaciones del año electoral.

El proyecto San Jorge ya cuenta con la aprobación de la declaración impacto ambiental (DIA). Toda la documentación está ya presentada en la Legislatura y desde el Ejecutivo lo único que falta es hacer un acta complementaria donde se acepta que el proceso de extracción se divida y una parte se haga en Mendoza y otra en San Juan. Esta es la alternativa que se acordó con el Gobierno para sortear la resistencia de los sectores antiminería y los roces con la ley 7722. De esta manera la parte más resistida del proceso se haría en territorio sanjuanino, a 22 kilómetros del límite con Mendoza; hasta allí se llevaría la roca en tren.

Ahora será la Legislatura la que deba aprobar la DIA y discutir si acepta este procedimiento de explotación biprovincial –sería el menos resistido– o si inician la discusión para que todo el proceso de explotación se haga en suelo mendocino.

"Entendemos que podremos empezar a trabajar antes de fin de año”, confesó Taras Nechiporenko, CEO de la minera San Jorge luego de realizar una minuciosa explicación de las ventajas que traería al país y a Mendoza la posibilidad de poder concretar el proyecto biprovincial minero San Jorge, ubicado en Uspallata.

Para que el plazo se cumpla, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) deberá enviar al Ejecutivo el resultado de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y el Gobierno decidirá qué hacer en función del informe recibido. 

“No hay términos establecidos en una Declaración de Impacto Ambiental. La UTN pidió hace unos 10 días más información a la minera y se la entregaron. Por ahora hay que esperar”, manifestó Marcos Zandomeni, ministro de Energía.

El proyecto biprovincial contempla la extracción primaria de cobre en Uspallata y desde allí, recorrerá 22 kilómetros en tren hasta llegar al departamento de Calingasta, en San Juan, donde se realizará el tratamiento con ácido sulfúrico.

Los dueños de San Jorge -ahora comandado por capitales rusos- también tienen expectativas en que se pueda avanzar en el primer proyecto presentado, que tiene la Declaración de Impacto Ambiental aprobada y “no se opone a la Ley 7.722 que prohíbe la minería metalífera”, según Zandomeni.

En agosto de 2011 el titular del Ejecutivo, Francisco Pérez, en el medio de su campaña política, ordenó a los legisladores justicialistas que no aprobaran aquel proyecto que entonces se trataba en la Legislatura.

Ahora, la falta de dinero en las arcas públicas y la crisis económica mundial que se siente fuerte en Mendoza, obligan al Gobierno a revisar las señales que había dado antes de las elecciones. 

Los empresarios rusos se esperanzan debido a que perciben otro clima en torno a la minería. “Es bueno que la Legislatura esté debatiendo sobre otros proyectos”, explicaba Nechiporenko en relación a Hierro Indio y Cerro Amarillo de Malargüe.

Tampoco pasó desapercibido el apoyo empresarial que recibió en el Coloquio de Idea el desarrollo de la minería metalífera en Mendoza así como el pedido allí de que se declare inconstitucional la ley 7.722 sobre la cual debe expedirse la Suprema Corte de Justicia.

Los rusos afirman que muchos miembros del Ejecutivo creen que sería posible reactivar el proyecto paralizado en agosto de 2011 al que desde la empresa denominan de “flotación”. En tanto, temen que las elecciones de 2015 vuelvan a frenar el proyecto y se pase el ciclo de los buenos precios de la minería.

Desde San Jorge explican en un folleto que la estancia de 2.900 hectáreas, donde se realizaría el proyecto, está ubicada dentro de la Cuenca de la Ciénaga del Yalguaraz.

Así, el suministro del agua provendrá desde el arroyo El Tigre, que tiene flujo permanente todo el año. Señalan también que el plan director del río Mendoza, del Departamento General de Irrigación, considera que dicho arroyo no es aportante al río Mendoza y que la Cuenca de la Ciénaga del Yalguaraz, es una cuenca endorreica y cerrada. 

En números

- El proyecto de flotación generaría 2.565 puestos de trabajo directos para Mendoza y más de 3.000 indirectos, mientras que el biprovincial crearía 420 directos y 2.500 indirectos.

- Le dejaría 109,8 millones de dólares a la provincia en concepto de regalías mineras, mientras que el biprovincial aportaría 25 millones de dólares.

- Las exportaciones de minerales alcanzarían los 395 millones de dólares según los rusos con su proyecto de flotación, y a U$S 45 millones si se concreta el biprovincial.

El abogado especialista en derecho minero Raúl Rodríguez, autor del decreto 820 que regulaba los permisos mineros antes de la sanción de la ley 7722, realizó un análisis particular sobre la situación del proyecto San Jorge que volverá a ser tratado en la Legislatura próximamente.

De acuerdo con Rodríguez, la declaración de impacto ambiental actualizada no debería pasar por la Legislatura. En diálogo con Mendozaminera.com.ar, dijo: "(San Jorge) no usa ninguna sustancia, nada. No tiene ninguna implicancia con la Ley 7.722 y por esa razón yo estimo que no debería ir a la Legislatura".

En efecto, el nuevo proyecto San Jorge prevé que en Mendoza sólo se extraerá el material que será tratado posteriormente en San Juan, por lo que no se utilizarían químicos en la provincia. Por lo tanto, según Rodríguez, no aplica el artículo 1 de la ley 7722 que hace referencia a la prohibición de ciertas sustancias.

"No aplica el artículo 1, si no está en situación del artículo 1 no puede estar en situación del artículo 3. No puedo ir al 3 si no pasé antes por el 1, por eso las leyes tienen sistematización, no es al azar. Tienen esa numeración porque ése es el general y después vas viendo", continuó.

Además de las diferencias sustanciales de los proyectos de 2011 y el actual, también cambió el panorama accionario de San Jorge. Ahora, un consorcio ruso es dueño del mayor paquete accionario del proyecto. De hecho, ya instalaron una oficina en el centro de Mendoza.

El lobby prominero sigue ganado terreno de la mano de una alianza entre el Gobierno, las cámaras empresarias del norte provincial y algunos medios de comunicación. Los dichos de uno de los más importantes abogados de las mineras -autor además de la legislación que regía antes de la sanción de la Ley 7722- revelaron en su cabal magnitud de qué se trata el negocio. Haciendo una analogía con respecto a, por ejemplo, Sierra Pintada, podrían extraer uranio sin ninguna restricción ni control porque el mineral se procesa en Formosa.

La jugada actual consiste en esquivar, por parte de la empresa adquirida recientemente por capitales rusos, el obligatorio paso por la Legislatura provincial, que significa someterse al escrutinio público y además la obligatoriedad de presentar los estudios de impacto ambiental para su análisis y aprobación.

El abogado Raúl Rodríguez sostiene que la declaración de impacto ambiental actualizada no debería pasar por la Legislatura, porque San Jorge no usa ninguna sustancia. El nuevo proyecto San Jorge prevé la extracción de rocas en Mendoza y su tratamiento en San Juan. Al no usar sustancias en nuestra provincia, no aplicaría el artículo 1 de la ley. 

Queda develado entonces que la minera prevé que en Mendoza sólo se extraerá el material que será tratado posteriormente en San Juan. Es decir que en nuestra provincia dinamitarán la Cordillera para cargarla en camiones y llevárselos a la vecina provincia. ¿Cuál es el negocio entonces? Empleo, casi nada: algunos expertos en explosivos, alguien que maneje una pala cargadora, y los camioneros. 

Pero ¿acaso no hay contaminación en el uso de explosivos? ¿Qué sucede con la fauna autóctona cuando se vuelan montañas? ¿Los explosivos no contienen materiales tóxicos? Pocas palabras más que saqueo se pueden utilizar. Llevarse la roca para trabajarla en otro lado, pagando una paupérrima regalía (3% máximo, aunque no se sabe si deberá compartirse con San Juan), pero exclusivamente sobre lo que ellos declaren que se llevaron. Los contratos mineros establecen eso, el Estado no controla y sólo confía en la buena fe de las empresas, que van a declarar la verdad.

San Jorge puede parecer lejano, queda en Uspallata, pero los riesgos de que esto se ponga en práctica alcanzan a toda la provincia. Y esto es así porque, cuando se siente un precedente parecido, habilitará a que dichas prácticas tengan continuadores en otros lugares. De prosperar esto será imposible frenar el avance, porque el precedente podrá ser usufructuado por otros.

La legislación de cuidado del agua es sabia y muy necesaria. Pero el resquicio que buscan, de llevarse los minerales y tratarlos en otro lado, la haría versar sobre la nada misma. Habrá que contar con una sociedad atenta, porque hecha la ley, hecha la trampa.