Por Federico aringoli.

El agua debajo del puente de la nueva ley petrolera seguirá corriendo. No sólo falta la aprobación en Diputados, también resta la redacción del pliego modelo para las licitaciones y las interpretaciones que surjan de ellos, algo que hasta el momento tiene tantas versiones como intérpretes. La unificación de criterios para licitar áreas, que busca acordar líneas comunes en todo el territorio nacional, aparece en el horizonte inmediato como una revista para colorear.

Según está escrito en el texto que recibió media sanción en el Senado: "Las autoridades de aplicación de las provincias y la Secretaría de Energía de la Nación confeccionarán dentro de los 180 días, a contar desde el inicio de la vigencia de la presente ley, el pliego modelo". A priori el tema divide aguas. Por un lado las provincias anticiparon, por caso Neuquén, que buscarán un modelo flexible que pueda incorporar particularidades para cada caso. En tanto el organismo nacional interpreta que deben facilitarse las inversiones productivas, es decir aquellas que se conviertan en barriles sobre superficie.

Aun con ese mapa sobre la mesa, el cuadro se complejiza con la intervención de las compañías. Las operadoras no sólo esperan seguir de cerca esas conversaciones sino que no ocultan su interés por "hacer sugerencias". Así lo manifestó a "Río Negro Energía" un alto directivo de la Cámara de la Industria del Petróleo (CIP).

"Todos están contentos. Las provincias, el gobierno nacional y las empresas", dijo el hombre al referirse a la reforma a la ley de hidrocarburos. Sin embargo reconoció que el proceso no está cerrado y que buscarán, en un esfuerzo de mínima, hacer llegar sus consideraciones. "No sería saludable que no se repitan historias como las que hemos vivido en la cuenca del Golfo San Jorge, por ejemplo", deslizó.

El CEO Shell, Juan José Aranguren, señaló que no ve conflicto en que las empresas del sector participen de la discusión. "No estaría mal que las escuchen, pueden aportar mucho desde su experiencia", reconoció. En el mismo sentido se expresó el exsecretario de Energía, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, Jorge Lapeña, quien sugirió que una participación amplia permitiría cercar las posibilidades a textos cerrados, que sólo sumarían mejores condiciones a las posiciones dominantes del mercado.

Las operadoras y la industria petrolera en general cultivan un bajo perfil público. Así ocurrió durante las tensas negociaciones entre las provincias y la Nación por la nueva ley. Sólo YPF encabezó un rol protagónico e incluso llegó a debatir a través de los medios con algunos de los gobernadores petroleros. El resto de las firmas sin embargo sólo se limitó públicamente a una aparición espontánea cuando, en julio pasado y tras semanas de debates, fueron invitados a un encuentro en la Secretaría de Energía, del que participaron Julio de Vido, Axel Kicillof, Carlos Zannini y la titular de esa cartera, Mariana Matranga.

Tras aquella reunión, en la que el gobierno se adjudicó el apoyo empresarial, apenas se hicieron algunas consideraciones menores ya que ningún gobernador había sido invitado. Pero detrás de la trastienda de declaraciones públicas corrieron sugerencias, reuniones privadas y operaciones que casi nunca se transformaron en posicionamientos textuales para la opinión pública. Ahora, con este nuevo período en marcha, nadie espera que funcione de otra manera y tampoco se cree que no busquen intervenir o dejar sus "sugerencias" en el nuevo proceso.

Sin embargo en la cabeza del gobernador Jorge Sapag, que hasta el momento sólo piensa en las provincias y Nación, no está la opción de firmar un pliego rígido. De hecho, cree, sería inejecutable por las particularidades del recurso en cada provincia y, pese a que Neuquén no tiene áreas por licitar, los pedidos para pilotos no convencionales llevarán a negociar con la administración provincial y allí se necesitará una base flexible. Nación no lo desconoce y tampoco espera un texto canónico, sin embargo saben que el articulado acordado para la ley marca, de alguna manera, la cancha y esperan que eso se traduzca en licitaciones competitivas, es decir, que quien más y mejor ofrezca para sacar petróleo desde el subsuelo, sea el adjudicatario y no que se beneficie a quien más seduzca al gobernador de turno.

Por definición, las empresas estarían vedadas de componer parte alguna de pliego licitatorio del que posteriormente pudieran participar. Sin embargo, hay voces coincidentes en señalar que buscan poner en foco los presupuestos mínimos para una "discusión franca". Parafraseando a algunos voceros de las compañías, lo que se pretende evitar son los procesos "poco transparentes" y los guiños a YPF, algo que ya han sorteado no pocas veces y en varias de las cuencas productivas del país.

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) expuso durante la jornada de hoy ‎su postura en relación al proyecto de Ley de Hidrocarburos que ya cuenta con media sanción en el Senado y que próximamente será tratado en la ‎Cámara de Diputados de la Nación.

Para la Central Obrera, la nueva ley consagra un nuevo retroceso en materia de soberanía ‎y considera mercancías a los hidrocarburos y a la energía, en vez de considerarlos bienes comunes, además de recursos estratégicos.

Es que el referido proyecto modifica sustancialmente la legislación vigente en materia de hidrocarburos en la Argentina.

"Este proyecto, que considera a los hidrocarburos como mercancías, no le dejará nada a los rionegrinos, más que el medioambiente gravemente dañado, sus suelos y subsuelos depredados y las principales economías regionales devastadas", cuestionó Rodolfo Aguiar, Secretario General de la CTA Río Negro y remarcó que "es inminente la total pérdida de soberanía sobre nuestros bienes de uso común. Un Estado no puede otorgar derecho de perpetuidad en las explotaciones a las empresas. Esto debilita todo tipo de control social sobre la actividad. Imaginemos que alguien que todavía no nació, deberá esperar a cumplir 45 años para poder opinar sobre bienes que, como ciudadano, son de su propiedad".

"Frente a esta ley, el gran desafío que tenemos el pueblo, los gobiernos y los trabajadores organizados, es el de generar ‎modos de desarrollo que se orienten a la preservación intergeneracional y al uso racional e igualitario de nuestros bienes comunes", concluyó Aguiar.

Es que para la CTA, el marco normativo que se impulsa supone la masiva utilización de la fractura hidráulica (fracking), lo que provocará serias y negativas consecuencias medioambientales, además de poner en riesgo el uso del agua, que es el bien común más preciado para la vida de las comunidades. A esto hay que agregar la utilización de químicos de alta toxicidad, la degradación irreparable del suelo y la posible ocurrencia de sismos como consecuencias indeseables.

Por otro lado, se sostiene que el proyecto garantiza condiciones favorables solo a las grandes empresas trasnacionales del petróleo y del gas, mediante la generalización de beneficios impositivos y fiscales que se habían otorgado por decreto en julio de 2013, luego del acuerdo YPF-CHEVRON. Además, las empresas pueden tener utilidades que oscilan entre el 20% y el 60% en función de las características del proyecto y libre disponibilidad de divisas sobre el porcentaje de recursos que se destine a la exportación.

Para la central también, se otorga un derecho de perpetuidad a las grandes empresas, a partir de concesiones de un plazo de 35 años, prorrogable por otros 10 para operar. Esto implica que las concesiones se extiendan en forma indefinida.

Otro aspecto que se cuestiona, es la habilitación que hace la ley ‎para la explotación a gran escala de la plataforma continental. En este sentido, la explotación que originariamente era prevista a 90 metros de profundidad, luego se modificó a 60 metros, lo que genera mayores riesgos de derrames sobre las costas.

La conducción provincial de la CTA manifestó que uno de los puntos centrales a cuestionar, esta dado ‎por la prohibición expresa de reservas de áreas de producción de hidrocarburos para empresas nacionales o provinciales en las que el Estado sea parte, bajo cualquiera de las formas jurídicas vigentes, debilitando de está manera el control público de la actividad.

Por último, desde la CTA plantean que la nueva ley no dejará recursos a la provincia de Río Negro y acentúa la crisis energética que se manifiesta por la pérdida del auto-abastecimiento y la necesidad de importar energía por 15 millones de dólares al año, reproduciendo la dependencia y el subdesarrollo del país, propiciando la entrega de los hidrocarburos y energía, ‎a partir del techo que se impone a las regalías y la inexistencia de un piso como ocurre en otros países de la región. La ley plantea regalías entre un 12% y un 18% como techo, aunque las mismas pueden bajar a un 5%, ya que no existe un piso mínimo cómo por ejemplo sucede en Bolivia (50%), Venezuela (25%) o Colombia (25%)

Durante casi dos horas, tres actores centrales debatieron en el MNBA sobre la nueva ley petrolera, en el segundo encuentro organizado por "Río Negro". El CEO de Shell, Juan José Aranguren, y el exsecretario de Energía, Jorge Lapeña, pusieron en duda que vaya a atraer inversiones y marcaron puntos críticos. El senador rionegrino del FpV, Miguel Pichetto, ofició de defensor de la norma y apuntó contra la administración del recurso de los gobernadores.

Favorece a YPF

Para Aranguren, la nueva norma "fomenta el status quo". "Con esta ley se le va a hacer más sencillo a YPF atraer capitales para desarrollar pilotos. Pero el desarrollo de los recursos requiere de competencias y esta ley no provee todavía ese tipo de facilidad para alcanzar rápidamente el autoabastecimiento", definió el empresario.

Por otro lado, puso el acento en un tema que, quizás hasta aquí, había pasado desapercibido. Aranguren indicó que ninguno de los decretos promocionales (el 929 o "decreto Chevron" y el que creó el plan gas plus que llevó el millón de BTU a 7,5 dólares) realmente queda validado con la ley. La que sí queda validada es la comisión que maneja el ministro de Economía, Axel Kicillof, y cuya creación, según el empresario, "viola cinco leyes".

"La pregunta que nos tenemos que hacer es si esta ley es suficiente para provocar el ingreso masivo de inversiones que requiere Vaca Muerta, en on shore y off shore. Desde el punto de vista de esta empresa –en referencia a Shell–, el debate merecía un nivel de consenso mayor que la mayoría que hoy dispone el partido de gobierno", indicó el ejecutivo, a la vez que pidió un marco legal que se sostenga en el tiempo.

PICHETTO, EL DEFENSOR

Por su parte, Pichetto destacó las virtudes del nuevo texto y reconoció que podrían mejorarse algunos aspectos. Sin embargo resaltó la unificación de criterios que condicionaría los negocios basados en las urgencias provinciales y las empresas que apuestan a la especulación. También defendió el rechazo legislativo a la prórroga a Petrobras y le pidió que "con un nuevo signo político o con la continuidad de la actual presidenta, definan si se quedan o se van, porque todos sabemos que estuvo a punto de ser vendida".

"En general las grandes provincias productoras de petróleo tienen estados muy débiles", dijo y agregó que "muchas veces las negociaciones petroleras y las condiciones de las prórrogas se hacían más mirando el bono, lo que iban a cobrar para ver cómo saldaban las cuestiones fiscales y cómo pagaban salarios, que el plan de inversiones".

Pichetto marcó que la ley acorta el período de exploración "para terminar con el negocio inmobiliario, una nueva modalidad de la última década, de muchos empresarios, entre comillas, que no extrajeron nunca un barril y que tienen el área hibernando para ver qué negocio van a hacer".

También se refirió a las críticas por la disociación del precio internacional del crudo. "Néstor Kirchner sostuvo una política dirigida al mercado interno, precisamente para recuperar el espacio de la industria y proveer de energía barata y de combustible barato a la industria argentina", cerró.

UN "VIVA LA PEPA"

El exsecretario de Energía, Jorge Lapeña, explicó que el país "está en una crisis energética estructural profunda". Pidió más controles estatales porque "parece que estamos viviendo una especie de viva la pepa en la que cada permisionario hace lo que le viene en ganas".

"Hay países respetados que pueden vivir importando toda la energía que consumen como Uruguay, España o Suiza, pero nosotros no podríamos. Esto nos lleva a la necesidad de reformular la política la organización, la institucionalidad y la legalidad con la que estamos haciendo las cosas".

El ingeniero, crítico de la reforma, dejó en claro que "el tratamiento exprés" fue "contraproducente para una ley de fondo como lo es la de hidrocarburos". Señaló que "falta una nueva ley. Debería tener un principio muy importante que es que hace falta mucha plata para poner en marcha esa riqueza", dijo y agregó que "pienso que tiene que jugar un rol muy importante el capital privado extranjero, no hay un capital remanente en el país esperando ser invertido en exploración".

El Senado y la Cámara de Diputados darán esta semana sanción definitiva al Presupuesto Nacional 2015 y a la reforma de la Ley de Hidrocarburos.
Asimismo, el martes comenzará en la cámara alta el tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para modificar el Código Procesal Penal con la presencia del ministro de Justicia, Julio Alak, y del secretario del área Julián Alvarez.

La presentación se realizará en una reunión conjunta que celebrarán desde las 15 en el salón Azul las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.

A su vez, a las 15.30 se reunirá en el salón Arturo Illia la comisión de Salud y Deportes para considerar proyectos presentados por las senadoras Liliana Fellner (FPV) y Liliana Negre de Alonso (Compromiso Federal) destinados a reglamentar los procedimientos de Reproducción Humana Asistida.

En tanto, el miércoles en la cámara baja el oficialismo pondrá toda su energía para aprobar en una nueva sesión especial la reforma de la Ley de Hidrocarburos, que modificará las condiciones y requisitos para futuras inversiones hidrocarburíferas y en yacimientos no convencionales.

En Diputados, a nivel de comisiones, el martes se destacan dos reuniones de la comisión de Agricultura y Ganadería.

En la primera, convocada para las 18, se abordaran proyectos para prohibir en el país la producción, importación y uso como agente sanitario o tratamiento con cualquier tipo de agroquímicos que contengan fosfina y fosfuros metálicos y un régimen de conservación y mejoramiento de la fertilidad de los suelos de uso agropecuario a través de la promoción del uso de fertilizantes.

A las 18.30, la Comisión de Agricultura realizará una reunión conjunta con la de Comercio para discutir el Régimen de registro, comercialización y control de productos fitosanitarios empleados para la protección, crecimiento y desarrollo de los cultivos.

También la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia recibirá a representantes de empresas distribuidoras de gas domiciliario y asociaciones de defensa del consumidor.

El candidato a gobernador de la lista Azul y Blanca cuestionó el proyecto de ley federal de hidrocarburos y señaló que los candidatos a presidente de la Nación vendrán a interiorizarse sobre Vaca Muerta: “Los recibiremos con respeto y generosidad; pero seremos rigurosos en la defensa de nuestros intereses. Queremos que se comprometan a respetar los derechos del pueblo de Neuquén”.

Las declaraciones del ex gobernador tuvieron lugar en Plottier donde aseguró que el proyecto de ley federal de hidrocarburos -que ya fue rechazado por el senador Guillermo Pereyra en la Cámara Alta- le otorga “total y absolutas facultades al CEO de YPF por sobre lo que dice la Constitución Nacional y Provincial”. Agregó que si se aprueba, “vamos a tener que ir a mendigar nuestras propias riquezas a la sede de YPF en Puerto Madero”. “Que el presidente de YPF mande en YPF, pero en la provincia las decisiones las debe tomar el gobernador”, expresó el dirigente.

“A estos funcionarios nacionales no les importa absolutamente nada sobre que pasará en nuestra provincia una vez que ellos dejen sus cargos. Vamos a reclamar hasta que esta ley se derogue o se reconozcan los derechos de la provincia”, sostuvo el tres veces gobernador de Neuquén, y destacó que “como a nosotros sí nos importa, lucharemos con dignidad para que nuestras riquezas se transformen en igualdad de oportunidades en Educación, Salud y Seguridad”.

Durante la tarde de ayer Sobisch estuvo trabajando políticamente en Plottier, donde recibió a referentes barriales y de numerosas asociaciones locales. Se reunió con representantes de las comisiones vecinales, con abuelos del Centro de Jubilados de la localidad y con dirigentes de clubes deportivos y sociales.

Sobisch anoche realizó su lanzamiento oficial en el salón de los Bomberos Voluntarios junto con su compañero de fórmula, Omar Lorenzo, y los postulantes por la Lista Azul y Blanca a las intendencias de Plottier, Pilar Gómez, y de Senillosa, Oscar Gómez.

Allí el candidato a gobernador dedicó parte de su discurso a “los presidenciables que vendrán a visitar Neuquén, y sobre todo, Vaca Muerta”. Sobisch dijo que “como siempre hizo el MPN, los recibiremos con respeto y generosidad; pero seremos rigurosos en la defensa de nuestros intereses”. “No queremos discursos bonitos, si no que se comprometan en respetar los derechos de los neuquinos. Porque lo que nos interesa saber es si van a presidir un país federal o un país en el que, como con el actual gobierno, las provincias dependan de lo que decida la Casa Rosada”.

A su turno, el ex diputado provincial y candidato a vicegobernador, Omar Lorenzo, destacó la necesidad de “utilizar los recursos provenientes de los hidrocarburos para mejorar la calidad de vida de la gente”.

Dijo que se debe trabajar para que los jóvenes “tengan herramientas para poder crecer” y subrayó la importancia del deporte como medio “para combatir el flagelo de las adicciones”. “Nací en esta provincia, y aunque tuve oportunidades para ir a trabajar al exterior siempre elegí quedarme. Amo Neuquén y quiero que nos acompañen para que juntos podamos dar oportunidades para todos”, indicó el candidato y dirigente petrolero.