El Ejecutivo presentará en los próximos días un proyecto de ley al Congreso de la República que establece un derecho de preferencia para formular petitorios a favor de los mineros informales, según acuerdo tomado al término del Consejo de Ministros Nº 242 desarrollado hoy.

El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga Alba, explicó que mediante esta norma se otorgará a aquellos mineros informales que se encuentren trabajando en ciertas zonas  la posibilidad de adquirir un derecho formal para continuar su labor minera.

“Se trata de mineros informales que hoy día trabajan en áreas que no forman parte de concesión, que están de libre disponibilidad. Una de las grandes dificultades que tiene el proceso de formalización minera es justamente que cada uno de los mineros, con relación al lugar en el que realiza su actividad, tenga efectivamente un derecho, sea viniendo del Estado o de un concesionario válido”, explicó.

El titular del MEM refirió que muchas veces en una zona o concesión no solo trabaja un minero sino varios, por lo que “el proyecto de ley prevé que en este caso se forme una sociedad legal a la que se le otorgaría el título de concesión”.

“Estamos proponiendo que esto pueda llevarse en un plazo de 30 días calendario desde el momento en que la ley entre en vigencia”, detalló el ministro.

Registro de saneamiento

De otro lado, el Gobierno creó el Registro de Saneamiento en el ámbito de la Estrategia de Saneamiento de las actividades de pequeña minería y minería artesanal, a cargo de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas.

Fue mediante resolución ministerial N° 470-2014-MEM/DM, publicada hoy en El Peruano, que también aprueba  el procedimiento de cancelación de las Declaraciones de Compromisos de los mineros informales que forman parte del Registro de Saneamiento; y el procedimiento de modificación del contenido de las Declaraciones de Compromisos.

La norma señala que la Dirección General de Formalización Minera, administradora del Registro de Saneamiento aprobado por la resolución, queda facultada para adoptar las medidas necesarias para mantener actualizado el citado Registro.

El Procedimiento para la Cancelación de la Declaración de Compromisos, indica el decreto en su Anexo 1, tiene por objeto fijar las normas que rigen la cancelación de las declaraciones de compromisos y es de aplicación obligatoria a nivel nacional, a todos los mineros informales que forman parte del Registro de Saneamiento y está a cargo del MEM -a través de la Dirección General de Formalización Minera- y de las Direcciones Regionales de Energía y Minas o las que hagan sus veces en los Gobiernos Regionales.

Asimismo, indica que los supuestos de cancelación de Declaraciones de Compromisos son los siguientes: incumplir con los requisitos establecidos, realizar actividad minera fuera de las zonas autorizadas, de la concesión y/o área declarada, entre otros.

Precisa que se considera pequeños productores mineros los que en forma personal o como conjunto de personas naturales, o personas jurídicas conformadas por personas naturales o cooperativas mineras o centrales de cooperativas mineras se dedican habitualmente a la explotación y/o beneficio directo de minerales.

También por desarrollar actividad minera utilizando dragas y otros artefactos similares en cursos de agua, ríos, lagos, lagunas, cochas, espejos de agua, humedales y aguajales,  entre otras consideraciones.

En cuanto al procedimiento para la modificación de la información contenida en la Declaración de Compromisos, el decreto establece en su Anexo 2 que su objeto es fijar las normas que rigen la modificación de la información consignada en ese documento.

Detalla que puede proceder respecto de la subsanación de error en el nombre, apellido o razón social del declarante, para ello el minero informal que forma parte del Registro de Saneamiento deberá presentar una serie de documentos.

También precisa casos como subsanación de error relacionado con información o datos sobre el derecho minero; cambio del titular de la Declaración de Compromisos; cambio resultante de que una concesión minera pase a formar parte de una acumulación minera; la modificación de la razón social del minero informal que forma parte del Registro de Saneamiento, entre otros supuestos.

El Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley orientado a establecer el derecho de preferencia para formular petitorios a favor de los mineros informales, informó la jefa del Gabinete, Ana Jara Velásquez. 

Precisó que esa iniciativa se aprobó como parte de la estrategia nacional de saneamiento de la pequeña minería y de la minería artesanal.

También se aprobó otra propuesta que plantea la cancelación de la permanencia o residencia de los ciudadanos extranjeros que realicen actos contra la seguridad y defensa nacional, el orden interno, el orden público y la seguridad ciudadana, y por incurrir en infracciones administrativas graves y/o muy graves en materia ambiental.

Sanciones

Jara destacó que esa iniciativa establece sanciones para quienes siendo extranjeros efectúan determinadas actividades en las que se escudan bandas delincuenciales que practican la minería ilegal y que, a su vez, propician la explotación de personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, sobre todo en las zonas de minería ilegal, o los que desempeñan una ocupación sin solicitar la autorización respectiva.

Ratificó el compromiso del Gobierno de enfrentar la minería ilegal y generar oportunidades de desarrollo.

Sobre el proyecto de ley que establece un derecho de preferencia a favor de los mineros informales, el titular de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, explicó que les permitirá trabajar en áreas no concesionadas y de libre disponibilidad.

“Lo que hace esta [iniciativa de] ley es otorgarles a aquellos que están trabajando la posibilidad de adquirir un derecho formal para continuar su trabajo de minería”, precisó al término de la sesión N° 242 del Consejo de Ministros, realizada en Palacio de Gobierno y que fue encabezada por el presidente Ollanta Humala.

Compromiso

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso del Gobierno de erradicar esta ilícita actividad, conservar el medioambiente y evitar la evasión tributaria y otros delitos conexos, recalcó.

“Una de las grandes dificultades de este proceso de formalización es, justamente, que cada uno de los mineros con relación al lugar en el que realizan su actividad tengan, efectivamente, un derecho, sea que venga del Estado o de un concesionario válido”, explicó Mayorga.

Agregó que este proyecto de norma otorga a los mineros en vías de formalización el derecho de preferencia en las zonas libres o devueltas al Estado. Prevé que en este caso se forme una sociedad legal a la cual se le otorgaría el título de concesión.

La propuesta fija ejecutar esta iniciativa en un plazo de 30 días calendario, a partir del momento en que la norma entre en vigencia.

Avanza reglamento

Eleodoro Mayorga anunció que el Reglamento Ambiental de Hidrocarburos estará listo en los próximos días, con lo que espera que se dinamicen las inversiones en exploración de hidrocarburos, bajo el respeto a las políticas ambientales. “Hemos avanzado sustancialmente y en cuestión de días este reglamento va a estar concluido. En su elaboración hubo contribuciones de numerosos expertos, tanto nacionales como extranjeros.” El ministro de Energía y Minas dijo, además, que su cartera recibió la ayuda de firmas extranjeras que permitieron identificar impactos y desarrollar tecnologías que no son aún prácticas corrientes en el Perú.

El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, anunció la viabilidad de cuatro obras de electrificación en Madre de Dios, de las cuales resalta la implementación del sistema de electrificación rural de la provincia de Manu y el tendido de la línea de transmisión de 138 Kv de la provincia de Tahuamanu

Igualmente, se procederá con la instalación y ampliación del sistema de electrificación rural mediante sistema convencional en 21 localidades de los distritos de Tambopata, Laberinto, Inambari y Huepetue, así como electrificación del pequeño sistema eléctrico del distrito de Boca Colorado.

El titular del sector dio este importante anuncio tras culminar una reunión de trabajo con autoridades regionales y municipales para dar viabilidad a esos proyectos.

Cabe indicar que el proyecto de implementación del sistema de electrificación rural de la provincia de Manu demandará una inversión de siete millones 300,000 nuevos soles.

De igual modo, la ampliación del sistema de electrificación rural en 21 localidades demandará una inversión de siete millones 600,000 soles; el tendido de la línea de transmisión en Tahuamanu, 30 millones de dólares; y, finalmente, la electrificación del distrito de Boca Colorado, seis millones de soles.

Entrega de viviendas

Por otro lad, el ministerio informó que el proyecto minero Toromocho, ejecutado por la empresa Chinalco, entregó un total de diez viviendas a igual número de familias en el reasentamiento Nueva Morococha (ex Carhuacoto), en la región Junín.

Según explicó el jefe de la Oficina General de Gestión Social (OGGS) del MEM, Fernando Castillo, la entrega de las viviendas es producto del diálogo sostenido en el tercer comité de evaluación técnica entre representantes de la sociedad civil, el Estado y la empresa.

Ello en cumplimiento del reasentamiento exigido en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto.

Precisó que hasta ahora se ha asignado un total de 47 viviendas mediante esta modalidad que, en tres instancias, ha evaluado 720 expedientes y quedan nueve unidades por asignar. En total, informó, son 1,040 casas-habitaciones asignadas.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) inauguró la ventanilla única para la formalización minera en Lambayeque, con la finalidad de optimizar el proceso por el que los mineros informales que trabajan en la región obtengan una resolución que legalice sus actividades en breve plazo.

La Comisión de Fiscalización del Congreso empezó a debatir el pedido del fujimorismo para que la primera dama y presidenta del Partido Nacionalista Peruano (Gana Perú), Nadine Heredia, comparezca ante ese grupo de trabajo para explicar los aportes que mineros ilegales habrían hecho a la campaña presidencial deOllanta Humala en el 2011.

El parlamentario Héctor Becerril (Fuerza Popular) sustentó esta solicitud, la cual fue rechazada de inmediato por los voceros oficialistas Teófilo Gamarra y Rubén Coa. Los nacionalistas retrucaron que "por una rifa de dichos" no se puede manosear la figura de la primera dama.

Becerril insistió en que Heredia debe ser citada por la Comisión de Fiscalización, y negó que detrás de este requerimiento exista una persecución política.

El oficialista Tomás Zamudio recordó que el caso del aporte de los mineros ilegales a la campaña del Partido Nacionalista está "judicializado" porque su colega Daniel Abugattás ha denunciado a Víctor Chanduvi por una presunta recepción de 49 mil dólares.

Como respuesta a la solicitud de Becerril, Gana Perú pidió que sea citada a la Comisión de Fiscalización la lideresa de Fuerza Popular,Keiko Fujimori, para que explique un supuesto balance de los ingresos y egresos en su campaña electoral del 2011.

Aunque desde el domingo el fujimorismo anunciaba que plantearía que la primera dama Nadine Heredia explique en la Comisión de Fiscalización el supuesto aporte de mineros informales a la campaña del Partido Nacionalista el 2011, el grupo de trabajo acordó citar al dirigente minero Víctor Chanduví para que sustente su denuncia. 

En función de las pruebas que presente Chanduví se evaluará si amerita convocar a Heredia, en su condición de presidenta del Partido Nacionalista, y a otros miembros de esta organización política. 

El acuerdo se adoptó tras casi tres horas de un acalorado debate que se le escapó de las manos al presidente de la Comisión de Fiscalización, Enrique Wong, quien, en medio de los pullazos entre nacionalistas y fujimoristas, llamó a la serenidad y a no convertir la discusión en un circo.

El oficialismo rechazó de plano el pedido de Fuerza Popular para citar a Heredia. Se opusieron a la posibilidad de convocarla al Congreso "solo por las imputaciones y dichos de una persona". 

Teófilo Gamarra (Gana Perú) anunció que formalizaría un pedido para invitar a Keiko Fujimori para que explique los gastos de la campaña electoral de 2011. Recordó que la prensa dio cuenta que se imitió el pago de casi S/. 1 millón a medios de comunicación en el informe que se entregó a la ONPE.

Juan José Díaz Dios (Fuerza Popular) sostuvo que era clara la intencionalidad del nacionalismo para bajar la denuncia. Fujimoristas y nacionalistas se enfrascaron en acusaciones mutuas. 
Al final, con siete votos a favor, se aprobó el pedido para citar a Chanduví, quien debe acudir el próximo miércoles.