La 7.722 es una de las pocas leyes provinciales que despierta pasiones. Hay quienes la defienden a morir y quienes quieren modificarla a toda costa. Es que desde que fue sancionada en 2007 –con el aval de algunos intendentes y la militancia férrea de los ambientalistas– la legislación que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto ha cosechado desde aplausos cerrados por parte de ecologistas hasta pedidos de inconstitucionalidad solicitados por inversores, cámaras de comercio y legisladores que auspician el desarrollo de la actividad minera en la provincia.
De hecho, José Muñoz, un diputado de Malargüe que está a favor de esta actividad productiva, presentó en junio un proyecto para modificar la 7.722 y así favorecer proyectos que están frenados en su departamento, como Huemul, Don Sixto y el que se debatirá en breve en Legislatura, Cerro Amarillo.
Si bien la iniciativa de Muñoz contaba con el apoyo de dos legisladores de San Rafael (Silvia Ramos y Raúl Guerra, ambos del PJ) y el visto bueno del presidente de Diputados, Jorge Tanús, nunca pudo llegar al recinto y ahora están trabajando para archivarlo. Así lo informó el presidente de la Comisión de Ambiente, Omar Sorroche (UCR). Sólo falta una firma para lograr sacarlo de circulación.
A favor del archivo
Sorroche explicó a Diario UNO que hasta el momento nadie ha pedido el tratamiento del expediente que busca hacer cambios en la 7.722 para desarrollar emprendimientos mineros. “Es muy difícil que vayamos a tratarla este año. Es más: como terminó el período de sesiones ordinarias, quiero que manden el proyecto al archivo”, señaló el diputado. Para tomar esta decisión hacen falta 4 de las 7 personas que componen la comisión a favor de archivarla. Sorroche explicó que ya hay 3 firmas comprometidas y sólo le falta la de un legislador más. “Después del lamentable comienzo del tratamiento de los proyectos de Hierro Indio y Cerro Amarillo en el Senado, consideramos que no hay un tratamiento serio del tema. Por esto, creemos que no es oportuno que este proyecto sea discutido”, manifestó el radical.
Cabe mencionar que a partir del comienzo del próximo período de sesiones ordinarias (en mayo de 2015) se puede pedir el desarchivo. Sin embargo, es todo un gesto político que el proyecto sea archivado.
Los defensores
El autor de la idea explicó a Diario UNO que, si bien sigue sosteniendo los mismos argumentos que cuando la presentó, no insiste en llevarla al recinto para no mezclar los tantos. Esto frente al comienzo de la discusión para poner en marcha los proyectos de Hierro Indio y Cerro Amarillo, y más ante a un contexto como el que se está dando actualmente en Senadores, donde la malargüina Silvia Calvi (que comparte color político con Muñoz) dijo que sería bueno que estos proyectos se desarrollaran “aunque contaminaran un poco”.
Muñoz es alfil legislativo de Juan Agulles, intendente de Malargüe, quien asistió a la presentación del pedido de modificación en Diputados.
Al enterarse de lo que solicitan los radicales, Agulles señaló: “Si lo archivan es una falta de respeto para el legislador que lo presentó. En un estado democrático hay que debatir, independientemente de si se está de acuerdo o no con la idea. Archivar un proyecto sin discutirlo no es democrático”. Al mismo tiempo, dijo sobre la 7.722: “Esa ley, así como está redactada, impide el desarrollo de la actividad minera”.
Para Agulles, la desinversión y la desocupación en el área de minería son atribuibles a la vigencia de esta legislación.
Modificaciones
El proyecto pedía modificar los artículos 1º, 3º, 4º y 5º de la 7.722, para limitar la prohibición de sustancias contaminantes como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico. Así, en lugar de hacer extensiva la negativa a todo el territorio provincial, la modificación quería acotarla a los cursos de agua y a un radio de 10 kilómetros de cualquier distrito urbano municipal. Además, busca que los municipios recuperen la autonomía para la aprobación de las diferentes etapas de los emprendimientos mineros. Hoy todos esos permisos debe avalarlos la Legislatura.
Hace una semana
Uno sí, otro no. El miércoles de la semana pasada, las comisiones de Ambiente e Hidrocarburos decidieron seguir estudiando la posible explotación de Hierro Indio. En cambio, postergaron la de Cerro Amarillo.
7.722 es el número de la ley a la que comúnmente se le dice “antiminera”. Regula y restringe los métodos extractivos en la actividad minera y prohíbe, entre otras sustancias, el uso del cianuro.
Desde las 9 de mañana seguirá el debate minero en la Legislatura provincial, pero en esta ocasión las comisiones de Ambiente y de Hidrocarburos, Energía y Minería escucharán las voces de diferentes organizaciones civiles que estuvieron en el anexo del Senado en las dos reuniones anteriores y que, por tratarse de trabajo de comisiones, no se les permitió la palabra.
Sin embargo, en esta oportunidad tendrán la posibilidad de manifestar sus inquietudes a los senadores de ambas comisiones. Ahora, sólo con un proyecto en análisis, será la oportunidad de escuchar, especialmente, a los vecinos de Malargüe, lugar donde se desarrollaría la prospección del proyecto Hierro Indio, el único que sigue el análisis legislativo.
Sin embargo, tal como lo pidió el senador Alejandro Molero la semana pasada, se insistiría en la posibilidad de contar con la Declaración de Impacto Ambiental de los departamentos de San Rafael y General Alvear, los cuales –de acuerdo con el legislador– deben manifestar por qué dependen de las cuencas donde se desarrollarían los proyectos.
La semana pasada, luego de la presentación de los especialistas de Irrigación y el Instituto Argentino de Nivología y Glaciares (Ianigla), se determinó que aún no está listo el inventario de glaciares de la cuenca del río Grande, lo que obligó a postergar el tratamiento de ese emprendimiento, por lo menos, hasta marzo del próximo año.
Sin embargo, los inversionistas analizan la situación porque al encontrarse en una zona complicada en el invierno, la ventana de trabajo que tienen es entre diciembre y abril, por lo que no les darían los plazos y no asegurarían la continuidad de ese proceso.
Según fuentes legislativas, se espera que después de esta reunión con organismos, las comisiones trabajen para dar despacho al proyecto Hierro Indio en un período de dos semanas. De este proceso depende también la posible fecha de envío del proyecto San Jorge.
El debate minero continuará hoy a las 9 en las comisiones legislativas de Ambiente y de Hidrocarburos, Energía y Minería. Respecto del tratamiento que se está dando a los proyectos mineros Hierro Indio y Cerro Amarillo en la Legislatura, el ministro de Energía, Marcos Zandomeni, señaló: “En el caso de Cerro Amarillo se ha solicitado un relevamiento de glaciares, siendo entonces esta provincia la primera en solicitar este tipo de estudios, lo que da una pauta del trabajo responsable que se está haciendo en este sentido”, refiriéndose al proyecto que fue frenado momentáneamente en la Legislatura, ya que hace falta información significativa para avanzar. Esto es, si en el área de explotación donde se proyecta extraer cobre hay existencia de hielo, podría frenar de manera definitiva las chances del proyecto en Malargüe.
Según el ministro de Energía, la discusión de un tema que siempre ha sido conflictivo para la clase política se está realizando “con seriedad” en estos momentos. “La discusión respecto de la minería y que hoy planteamos, comenzará a dar beneficios en unos 15 o 20 años, con más puestos de trabajo y regalías que quedarán en manos de la Provincia. Junto con el impulso a otras industrias relacionadas que servirán de proveedores a la industria petrolera-minera, por lo cual, diversificar la matriz productiva mendocina es el desafío que el gobernador nos ha encomendado, y en el que todos estamos trabajando”, puntualizó Zandomeni.
A pesar de la frase de la senadora de Malargüe Silvia Calvi “que nos dejen contaminar un poquito”, Zandomeni agregó: “Tengo plena confianza en este proceso de consultas. Nos muestra el grado de madurez y racionalidad que existen para discutir los temas fundamentales. Todos estamos comprometidos con el cuidado del ambiente, ya que es un activo fundamental para nuestro futuro”.
Y concluyó: “Ni la minera ni ninguna otra actividad deben contaminar, porque contaminar es un delito y sabemos que la gente tiene temor, y siente desconfianza, pero eso estamos trabajando y participando en todo, porque debemos informar, mostrar y explicar para generar la confianza necesaria en todos los sectores de la sociedad”.
Por la reducción de los glaciares no se podrían trasvasar los 34 metros cúbicos al Atuel que Mendoza analiza como salida al conflicto con La Pampa. Harán un relevamiento de glaciares en la cuenca del Río Grande.
Mientras se debaten en el Senado de Mendoza los proyectos mineros de Cerro Amarillo e Hierro Indio, se conoció que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales realizará el inventario de glaciares en la cuenca del río Grande.
A través de un diario mendocino se supo que la reducción de los glaciares indicaría que habría menos caudal y no se podrían trasvasar los 34 metros cúbicos (al río Atuel) que desde Mendoza analizan como una salida al conflicto con La Pampa por ese río.
El río Grande es afluente del río Colorado. Por eso hay interés en La Pampa: la obra necesita de una autorización del COIRCO. Aunque el trasvase es una obra multimillonaria, es vista como una salida a la crisis hídrica de Mendoza.
La noticia del relevamiento de los glaciares de la cuenca del río Grande se conoció durante la semana. El resultado de ese inventario determinará la viabilidad de dos proyectos “de los que se ha hablado hasta el cansancio, pero, en muchos casos, con escasa base científica”, dice el diario de San Rafael. “Es la única cuenca que falta relevar en la provincia, a pesar de ser el río más caudaloso, y sus posibilidades de uso representan potenciales sobre los que ya se han diseñado obras, como Portezuelo del Viento”, explicó el diario.
“Lo que se ha conocido hasta ahora sobre las otras cuencas indica un marcado retroceso, ocasionado por el cambio climático y la elevación de la isoterma cero, que marca desde qué altura comienzan los hielos eternos y que, de estar alrededor de los 3.500 metros, ha pasado a un nivel superior a los 4.000”, dice el diario mendocino.
Ahora se pidió al Gobierno Nacional la realización urgente de estudios para tener el inventario de glaciares del río Grande. Lo realizará el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), dependiente del CONICET.
El inventario dará certezas sobre las posibilidades de una obra que en Mendoza ofrecen como la solución para muchos problemas causados por la crisis hídrica, que es el trasvase de aguas del río Grande al Atuel. “Pese a pronosticarse como una solución necesaria, otras voces han sugerido que el potencial real hoy en día está lejos de tener la relevancia que se pensaba”, señala el diario sanrafaelino.
Según el diario San Rafael en una charla informal (no revela si con funcionarios o técnicos de algún organismo), a pesar de que siempre se habló de trasvasar unos 34 metros cúbicos del río Grande al Atuel, lo que permitiría un gran potencial hidroeléctrico y también agregar más de 50.000 hectáreas bajo riego (en el sur de Mendoza), “en realidad, solo podría trasvasarse, más o menos, la mitad de ese caudal”.
“Cuando se conozca el real estado de la cuenca y de sus glaciares, podrá establecerse claramente la cifra real que permitiría la obra, y esto puede cambiar sustancialmente las apreciaciones.
Es posible que los beneficios de la obra sean mucho menores y en consecuencia habrá que reevaluar la factibilidad, o bien puede ratificarse el potencial, lo que potenciaría la necesidad”, agrega.
El río Grande es el más caudaloso de la provincia de Mendoza, con un módulo de 107 metros cúbicos por segundo, y es el único que a la fecha no ha sido aprovechado. Nace en la confluencia de los ríos Cobre y Tordillo, muy cerca del límite con Chile, y se extiende a lo largo de 275 km. Su cauce se dirige al sur, hacia Payunia, alejándose de las tierras cultivables de nuestra zona.
“También es posible que, hasta tanto estén estos estudios realizados, no pueda avanzarse con la autorización para que comiencen a funcionar algunos proyectos mineros, como Hierro Indio, en Malargüe, que tendrían efectos ambientales sobre dicha cuenca”, afirma. El proyecto Cerro Amarillo fue postergado precisamente por la falta de un relevamiento de los glaciares de la cuenca.
(Por Eugenia Segura*)
Breve síntesis de la trama: El Soldado disfrazado de Hierro Indio
Resulta que el yacimiento el Soldado se quiere hacer pasar por Indio, en medio del bello y agreste paisaje del sur mendocino. En las orillas del menguado río Atuel, que está al 60% de su caudal histórico, recibe su nuevo nombre de los caciques malargüinos, que en lengua nativa quiere decir “Transa con Lobos”, porque en una escena memorable en la que El Soldado creía que nadie lo miraba, en lo profundo de la noche, se lo vio transar con lobos mientras jugaban con fuego. No sólo lo vieron los caciques políticos que estaban allí, también fue visto por los productores que, como riegan cada 18 días por la escasez de agua del río, tienen mucho tiempo para observar lo que sucede entre gallos y medianoche. “Ahora eres uno de los nuestros”, se lo escuchó decir a cada lobo, mientras les pasaba algún objeto que por la oscuridad no se dejaba ver, pero que ha de ser sagrado en su cultura o algo así, porque de inmediato los lobos se pusieron a aullar frente a las cámaras “déjenNOScontaminar un poquito”, así en primera persona. Como si hubieran incorporado el sacrosanto objeto, y ya sintieran como propio el proyecto minero del Soldado, que apresuradamente se hizo pasar por Hierro Indio.
Mientras tanto, en el pueblo, el comisario Elizalde también se apresura: unas pocas horas antes del debate en el Senado, abre las puertitas de goznes giratorios de una Agencia Provincial Ambiental ad hoc, que se acaba de inventar como pretexto para decir “Oh, con esto vamos a controlar a estos forajidos”. Y sale caminando chueco para trabarse en un duelo verbal con otro lobo de la Vieja Guardia de los Poquitos, el cowboy Tanús, que dispara: “Hay que cambiar un poquito la ley 7722”. A lo que Elizalde responde “a la 7722 no se le toca ni un punto ni una coma”, y no sé si será la sed de este duelo al rayo del sol, pero más bien parece una bala de fogueo, o un guiño.
Al mismo tiempo, en otra parte cuya localización los espectadores desconocemos, la chica de la película –no puede faltar-, una cautiva cuyo nombre occidental es Senadora Silvia Calvi, “Erguida con lengua” para la tribu, intenta recuperarse del tiro por la culata de su intento de sincericidio. Cautiva y amordazada, deshoja margaritas como si fueran un rosario, hasta dejarlas calvas: “déjennos contaminar mucho, poquito, nada, déjennos contaminar …”. Y así sigue,en un loop infinito, ya que sus antiguos compinches no hacen ni el más mínimo intento de rescatarla.
Sin código y fuera de la ley
Mal que les pese a los promineros, no estamos en el lejano oeste de las películas, donde las leyes pueden hacerse y deshacerse a su antojo. Desde el vamos, ya antes de empezar, están violando varias, y hasta su propio código de minería, ya que no se trata de uno sólo, Hierro Indio, sino de dos yacimientos que están en distintas etapas, y por lo tanto se requieren procedimientos diferentes. El Soldado, más grande, según el Código Minero y el Decreto 820, tendría que solicitar permisos para prospección, mientras que la antigua mina de Hierro Indio, a la que se pretende reactivar, tendría que solicitarlos para exploración. Detalle no menor, ya que la fase de exploración produce impactos ambientales tan significativos que pueden observarse desde imágenes satelitales.
Aunque se rasguen las vestiduras diciendo que respetan la ley 7722, lo cierto es que ya violaron sus artículos 2 y 5, al otorgarle la DIA a este proyecto sin consultar a los otros municipios que comparten la cuenca del Atuel: los dictámenes de Alvear y San Rafael brillan por su ausencia. En plena emergencia hídrica, la situación es realmente delicada para todos los que se abastecen aguas abajo, incluso también a La Pampa, que ya lanzó un grito de alerta y un pedido de informes, porque tampoco ha sido consultada ante la posible disminución en la cantidad y la calidad de aguas del disputado río Atuel.
Llama la atención la celeridad con que le dieron el ok a una Declaración de Impacto Ambiental tan floja de papeles, sin detenerse a analizar estas y otrasviolaciones a leyes vigentes: sin Estudio de Impacto Ambiental, ni Consulta Pública de los expedientes, ni Audiencia Pública, están violando la Ley General de Ambiente 25.675, el artículo 41 de la Constitución Nacional, y el mismo Código Minero, en su artículo 233.
También, la ligereza con la que el ministro Zandomevsky, escapado de un film ruso rodado en Macedonia, vino a decirles a los malargüinos que el agua que vienen tomando sin ningún problema desde hace siglos no sirve ni para bebida de nada, porque dizque tiene un PH malísimo que sólo la hace apta para la minería. Un argumento casi calcado al que esgrimieron en Uspallata hace añares, cuando un paisano mío les derrumbó todo el powerpoint y los doctorados a los especialistas con un simple y sencillo “disculpe don, pero en ese arroyo hay truchas, y mi tata me decía que donde hay truchas pueden tomar tranquilamente los cristianos”. Sí, también hay truchas en el Arroyo Colorado, donde se asienta el Soldado disfrazado de Indio: sabiduría popular: el agua es buena.
EL CLUB DE LOS POQUITOS
“DéjenNOS ofrecerles unos poquitos puestos de trabajo”, ruegan los lobbystaspromineros, ya que, según consta en el expediente de Hierro Indio, sólo ofrecen 5 (cinco) puestos de trabajo para esta etapa. Una minucia que, si contamos con las 8 familias de puesteros que utilizan esos campos para pastoreo (aunque en la foja 143 la empresa los ningunee, diciendo que la zona “no posee actividad antrópica”) ya nos estaría dando un saldo negativo. El argumento de los puestos de trabajo de la megaminería se cae por su propio peso, si contamos todas las fuentes laborales que potencialmente pueden perderse, y no sólo por el caso de los puesteros: también en turismo (muchas empresas han tenido que cesar sus actividades por la escasez de agua del Atuel), en la agricultura (los productores tienen que regar cada 18 días por el mismo motivo), etc. Esta peli ya la vimos: siempre son unos Poquitos los que se enriquecen a costa del sufrimiento y la pauperización de los muchos, y después no se hacen cargo de los conflictos laborales y sociales –como en la telenovela brasileña La Fuga de Vale- ni de remediar lo irremediable: los pasivos ambientales y las enfermedades que generan, como en el caso de Sierra Pintada.
De la poquita información que pudimos recabar en la poquita página web de la empresa, se desprenden dos datos fundamentales: en el o los yacimientos, hay titanio, metal mucho más valioso que el hierro, algo que la empresa no ha declarado públicamente. Y también hay fósforo y azufre, dos sustancias tóxicas contenidas en la roca que, de ser liberadas en el polvillo de las voladuras, afectarían la salud humana, la de la flora y la de la fauna. Con el agravante de que, para separar el fósforo del hierro, se requiere un procedimiento de flotación con agua y químicos del que la comunidad no ha sido debidamente informada, como el que ya se utiliza en la mina de hierro de Sierra Grande, explotada por los chinos, que muchos lectores recordarán por el programa Periodismo Para Todos cómo había secado las fuentes de agua de las poblaciones aledañas, e incluso había tenido que interrumpir sus actividades porque el agua no le alcanzaba ni para ella misma.
Ni tan seco, ni tan magnético, ni tan sin químicos, como declaran los Poquitos en los medios, el método de extracción de hierro requiere enormes cantidades de energía, y sobre este punto la empresa tampoco ha sido clara: de dónde la van a sacar, cómo la van a llevar hasta allá, etc.
Tampoco dicen si le van a pagar algún tipo de peaje o compensación económica a las aves migratorias, por atravesarles el humedal de Laguna Blanca, donde tienen su sitio de nidificación y parada, con caminos de acceso a la mina: ruidos molestos de camiones y transporte de sustancias peligrosas, que a las aves no les agradan ni medio.
¿Sin lugar para los débiles?
En sintonía con las declaraciones de Erguida con Lengua, el comisario Elizalde, ahora erigido en guardián de la moral y las buenas costumbres de los colonos, les ruega que por favor dejen de usar la palabra “penetrar”, para evitar un doble sentido que nos permitiría una comprensión más cabal de lo que ello significa. Pide que en cambio hablen de “perforar” cuando se refieran a los acuíferos, a nuestra tierra, en definitiva.
Como es costumbre de todos los emprendimientos megamineros que han intentado colarse en nuestra cordillera, sus estudios de línea de base dejan mucho que desear (esto es, el relevamiento de cómo es la calidad del agua, el aire, el suelo, cuáles son las actividades y el estado de salud de los pobladores, en síntesis: cómo está el mundo antes de ellos, sin ellos, datos indispensables para evaluar si realmente los necesitamos o no, y qué tantos daños ambientales, económicos, sanitarios, nos quedarían si hubiera un después de ellos). En particular, el de las napas subterráneas, y su delicado equilibrio con los humedales, también obedece a la lógica de lo poquito.
Ya lo sabemos: en todo western que se precie, el que dispara primero, dispara dos veces. Mientras los protagonistas de esta saga se entrenan en velocidades récord para aprobar DIAs al bulto y al voleo ¿por qué tan lerdos y perezosos para darle tratamiento a un proyecto como es el Parque Paso Pehuenche? Uno que no contaminaría ni un poquito, que daría muchos puestos de trabajo inagotables en turismo, y que protegería las aguas de nuestros ríos para todos los seres vivos y las economías regionales que se sostienen en ese líquido invaluable que los mendocinos jamás, por nada del mundo, negociaremos con nadie. Bangbang, saqueadores: fuera de este pueblo.
*Periodista.
Ayer, un grupo de más de 300 personas se manifestó en General Alvear en contra de los proyectos mineros que se analizan en la Legislatura: Cerro Amarillo y Hierro Indio. Asimismo, el viernes habrá una charla en la UNCuyo en defensa de la ley 7722, sobre la que existe una decena de planteos de inconstitucionalidad en la Corte.
La disconformidad por los proyectos que se están realizando en cercanías con las nacientes del río Atuel, generaron el malestar de productores, ambientalistas y diferentes entidades del agro que se movilizaron por las principales calles del centro alvearense para entregar un petitorio a las autoridades de Irrigación.
Según consigna FM Viñas 96.3, en la puerta de la Subdelegación de Aguas del Rio Atuel los manifestantes entregaron al Consejero, Alejandro Gutiérrez, el siguiente petitorio resumido en estos puntos:
1 - Se respete sin modificaciones la Ley de Aguas y la Ley 7722 en su totalidad, especialmente con respecto a los proyectos Hierro Indio y Cerro Amarillo.
2 - El tratamiento del Pre-Proyecto del Plan 2020 nunca tratado por los integrantes reales del Consejo de Cuenca.
3 - Se revea el exagerado aumento del cánon de riego y también tener en mano la planificación de riego.
4- La derogación de las resoluciones 164/12 y 548/13 de aguas subterráneos.
5 - Se nos informe el avance de obras y regulación del riego en las zonas del Sosneado, Coihueco y La Junta.
6 - Se suspenda el proceso de modificación de la Ley de Aguas.
Unos minutos después la caravana se instaló en la explanada del palacio municipal y entregaron otro petitorio al intendente Juan Carlos De Paolo, exigiendo que los técnicos de la comuna fijen una postura de manera vinculante sobre el impacto que pueden tener los emprendimientos mineros sobre las aguas del Atuel. Este es el texto del pedido al municipio:
Entidades y los abajo firmantes exigimos:
.Que ejerza el derecho que por ley nos corresponde, fijando su postura con respecto a los proyecto Hierro Indio y Cerro Amarillo que afectan directamente la cuenca del río Atuel desde sus nacientes.
LEY 7722. Art.3: Para los proyectos de minería metalífera obtenidos las fases de cateos, prospección, exploración, explotación o industrialización, la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) debe ser ratificada por ley. Los informes sectoriales municipales, del Dpto. Gral. de Irrigación y de otros organismos autárquicos son de carácter necesario, y se deberá incluir una manifestación especifica de impacto ambiental sobre los recursos hídricos conforme al art. 30 de la Ley 5961.
Por la constitucionalidad de la Ley
El próximo viernes 24 de octubre se realizará un Foro para debatir sobre sobre la constitucionalidad de la ley 7722 en la Facultad de Derecho de la UNCuyo. La cita es libre para todo público a partir de las 17 hs.
Al encuentro organizado por distintas agrupaciones, como la Asamblea Popular por el Agua, asistirán destacados juristas con el objetivo de enriquecer el debate y aportar datos para fundamentar correctamente la aplicación de la actual normativa sancionada por la Legislatura mendocina.
La ley 7722 fue sancionada en el año 2007 y establece que la Legislatura debe ratificar el permiso para avanzar con proyectos de esta naturaleza. La constitucionalidad de esta ley ha sido cuestionada por empresas mineras desde su nacimiento y se han presentado proyectos para su modificación en la Legislatura provincial.
