Los diputados nacionales de Unión PRO Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso, interpusieron una denuncia contra la empresa estatal Enarsa por multimillonarias compras de gas importado y pidieron la interpelación del ministro Julio De Vido en el Congreso de la Nación, para que brinde explicaciones al respecto.

La denuncia quedó erradicada bajo el Nº 10503/14, en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 11, a cargo del Juez Claudio Bonadio, fiscalía Nro. 4, a cargo del fiscal Carlos Stornelli.

Tras las declaraciones del exministro de Obras y Servicios Públicos Roberto Dromi, quien aseguró que asesoró al ministro de Planificación Federal en temas energéticos y que afirma que a cargo de Enarsa, YPF actúa en la compra de gas desde 2012 sin transparencia y fuera de la ley, los legisladores pidieron que se realice una investigación para determinar si se constituyó o no un delito en el accionar de la empresa.

En este sentido, solicitaron determinar si los funcionarios y asesores han actuado dentro del cumplimiento de deberes de funcionario público y han realizado negociaciones compatibles con la función pública o si han actuado con desvío de poder en las referidas operaciones. Asimismo, pidieron la remisión inmediata de todos los contratos referidos a esta operatoria antes y después de 2012.

Los diputados convocaron de forma urgente al ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, a efectos de que brinde explicaciones sobre la adquisición de gas licuado en los últimos años a través de la empresa estatal ENARSA, con participación directa de YPF.

La presentación

A continuación, detallamos el texto de la presentación hecha ante el fiscal de turno:

“Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso, diputados de la Nación, constituyendo domicilio en nuestro público despacho de la calle Riobamba 25, Ciudad de Buenos Aires, como mejor proceda decimos:

Es obligación de los funcionarios públicos el hacer denuncias de los eventuales delitos que conocieran durante el ejercicio de sus funciones y en consecuencia venimos a solicitar que se investigue si no constituye delito la manera en que la empresa estatal ENARSA adquirió gas licuado para proveer dicho fluido al sistema energético nacional.

Operación Transener

En la edición del diario LA NACION de fecha 18 de octubre de 2014, en la página 27 del Cuerpo Principal, se publica un reportaje del periodista Diego Sehinkman al abogado Roberto Dromi, quien menciona que asesoró al ministro de Planificación Federal Julio de Vido en temas energéticos.

“En algún momento trabajé y ayudé a algunas áreas estratégicas que yo conocía” dice Dromi y agrega “otra ingeniería (jurídica) importante que hice fue la adquisición de Transener”.

Periodista: ¿Y qué hacía ahí usted? ¿Se reunía con De Vido?

Dromi: Hacía la ingeniería jurídica. Si había que interponer un recurso, una acción, pleitear…

Periodista: ¿Y a De Vido le gustaba su aporte?

Dromi: Yo hacía el armado técnico jurídico, regulatorio, normativo para que las cosas se dieran perfectas. Durante mucho tiempo trabajamos muy bien con De Vido. Era el gobierno de Kirchner, te aclaro. Después cambió la situación.

En este punto corresponde hacer un repaso de los temas en los que Dromi dice haber trabajado para el gobierno nacional.

En el año 2004 el fondo de inversión Dolphin (de Marcos Marcelo y Damian Mindlin) compró el 50% de CITELEC, dueña del 51% de la Transportadora de energía eléctrica TRANSENER. Luego, en 2006, en una reorganización interna del grupo controlante del fondo Dolphin, esa participación pasó a otra empresa del grupo, Transelec S.A.

El otro 50% de CITELEC pertenecía a Petrobras, la empresa brasileña.

En el año 2007 Petrobras fue obligada a desinvertir en CITELEC por el gobierno argentino y decidió vender su participación a un grupo de inversión norteamericano denominado Eton. El gobierno argentino rechazó la autorización de vender al grupo Eton, por decisiones del Ente Regulador de Energía (ENRE), dependiente del ministro De Vido, y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Ello motivó recursos y acciones judiciales de Petrobras y de Eton, que llegaron a la Corte Suprema, pero finalmente Petrobras decidió vender su participación a un consorcio integrado por la empresa estatal ENARSA y por la firma cordobesa ELECTROINGENIERIA, vendiendo 25% de CITELEC a cada una.

Actualmente en la página web de TRANSENER (transener.com.ar), se observa que sus accionistas son CITELEC con el 51% y el 49% restante corresponde a dueños de acciones que cotizan en Bolsa. A su vez, la misma página informa que los accionistas de CITELEC son Transelec (50%, ex Dolphin); Grupo Eling (25%, Electroingeniería) y Enarsa (25%, empresa estatal). Asimismo se aclara que CITELEC posee un 1,65% más en la Bolsa y que la ANSES tiene un 19,57% de las acciones de TRANSENER en la Bolsa.

La “ingeniería jurídica de la adquisición de Transener” a la que se refiere Dromi tiene que estar referida claramente a la compra de las acciones de Petrobras por parte de Enarsa y Electroingeniería en 2007, antes del cambio de gobierno.

Operación Gas

El reportaje a Dromi luego continúa con revelaciones sobre otra operación económica, en la que también participaron con poder decisorio la empresa estatal ENARSA, y su responsable político, el arquitecto De Vido: la compra de gas licuado. Al respecto el diálogo es el siguiente:

Periodista (P): Usted tiene una consultora Dysan. ¿Qué tiene o tuvo que ver con el Gas Natural Licuado?

Dromi (D): Ahora nada. Trabajamos asesorando a empresas internacionales proveedoras de gas licuado en la Argentina y en América Latina. Tuvimos como clientes, por ejemplo, a Gas Natural de España. Ahora estamos trabajando con Glencore en Uruguay y Brasil.

P: ¿Asesoró a Gas Natural Fenosa, de España, que le vende gas a la Argentina?

D: Sí, durante cuatro o cinco años.

P: ¿Pero ahí quien le pagaba a Dysan? ¿El gobierno argentino o Fenosa?

D: No, yo nunca le cobré al Gobierno. Jamás. Gas Natural Fenosa me pagaba un honorario, pero era un seguimiento a la competencia rigurosísimo, con consultoras que manejaban hasta el movimiento intercontinental de los barcos.

P: Habla de los famosos barcos de gas licuado que llegan por ejemplo a Bahía Blanca…

D: Sí, los trae YPF, paga ENARSA, pero contrata YPF. Ese contrato se ha hecho en inglés, con cláusulas secretas, con claves blindadas y nadie conoce el pliego, ni el precio, ni nada. No se sabe.

P: ¿Qué más puede decir de esos contratos?

D: Primero, las empresas tienen su prevención de que es un contrato a dos años, por 2014 y 2015. Segundo, fueron elegidas una empresa inglesa y una española. La empresa española, se dice, es prestigiosa.

P: ¿No es Fenosa, la que usted asesoraba?

D: Sí, hasta 2012 nada más. Pero hay algunos problemas con esos temas por las formas en que se han hecho los contratos, porque no tienen los códigos de transparencia que la ley le exige a ENARSA. ¿Me explico? Porque YPF tiene procedimientos para contratar en secreto, pero ENARSA no. Y ENARSA es el que pone el dinero.

P: ¿Y entonces qué es lo que está pasando?

D: No sé. Hay acciones judiciales planteando la nulidad de estos contratos. No sé qué va a pasar.

P: O sea que el modo en que la Argentina está comprando gas no es del todo…

D: Yo creo que no se ajusta a la legislación argentina. No se ajusta a derecho.

P: ¿Qué ley?

D: La ley de YPF. A YPF no la controlan, no saben lo que YPF hace.

Del reportaje surge que Dromi, que en 2007 asesoraba al ministro del que depende ENARSA para la adquisición de las acciones de Petrobras en Transener, desde 2007 o 2008 hasta 2012 (“cuatro o cinco años”) asesoraba a la empresa española que le vendía gas a la Argentina por medio de ENARSA. Ahora esa empresa le sigue vendiendo gas a la Argentina pero por medio de YPF, que compra para ENARSA, y Dromi conoce la operatoria y sabe que “las empresas tienen su prevención” y conoce las “acciones judiciales planteando la nulidad de esos contratos” y sabe que Fenosa “es prestigiosa”, aunque tal vez otra vendedora inglesa de gas a YPF/ENARSA, insinúa, no lo sea. Esa empresa supuestamente no prestigiosa sería British Petroleum.

Por fin, cuando el periodista le pregunta si “quiere volver a ser escuchado”, responde:

D: Eso es cierto. ¿Quién no? Yo quiero dar ideas.

P: Porque durante estos años tuvo que relacionarse a escondidas, como una amante…

D: ¡Qué analogía!

P: ¿Acaso no fue así?

D: Y, sí… Pero bueno, el silencio es salud dicen en todos los hospitales.

Del último diálogo surge que Dromi siguió (después de 2007) y sigue asesorando al ministro De Vido, pero según él, medio clandestinamente.

El reportaje tuvo una primer derivación, que surge de la nota del periodista Diego Cabot en la tapa de la edición del diario LA NACION del día siguiente de su publicación, el 19 de octubre de 2014. Allí, bajo el título “Gas importado: YPF señala irregularidades”, el periodista informa:

“Tal fue el sacudón que YPF, encargada desde 2012 (supuesta fecha de cese del asesoramiento de Dromi a Fenosa) de licitar la contratación de un centenar de barcos que proveen de gas natural licuado (GNL), se vio forzada ayer a decir, aunque de modo elíptico, que transparentó las compras del combustible para “poner fin a un proceso de intermediación y al pago de comisiones” que se hacían hasta entonces.”

E YPF en un “comunicado oficial” continuó:

“YPF no va a permitir que los beneficiarios del sistema anterior pongan en duda las reglas vigentes y el actual procedimiento de compra, con la única finalidad de volver a instaurar un sistema que le rindió sus réditos personales en perjuicio del país.”

“En YPF critican a gritos la contratación de barcos que hacía ENARSA por mandato de De Vido y del virtual número dos del ministro, Roberto Baratta”, dice el periodista Cabot.

En 2008 se compraron 7 barcos y en 2012, 80, a un costo que se estima en US$ 50 millones por barco.

Conclusión Preliminar

De lo expuesto surge que un asesor del ministro a cargo de ENARSA afirma que YPF actúa en la compra de gas desde 2012 sin transparencia y fuera de la ley, mientras que YPF afirma que antes de 2012 se actuaba sin transparencia, con intermediaciones y pago de comisiones innecesarias “en perjuicio del país”. Ambos declarantes han participado directamente en la operatoria de compra de gas licuado para la Argentina, en representación del Estado.

Por lo expuesto corresponde investigar:

1) Cómo es que el asesor del ministro de Vido y la empresa estatal ENARSA en la adquisición litigiosa de la mitad de TRANSENER pasó a representar a un vendedor de gas a la misma ENARSA en contratos cuyo contenido y procedimientos de selección de contrapartes hasta ahora se ignoran. ¿Hubo negociaciones incompatibles con la función pública por parte de los funcionarios intervinientes?

2) Qué comisiones se pagaban y a quién en la compra de gas, incluyendo detalles de intermediaciones, consultoría y honorarios. ¿Hubo dádivas o sobornos de los particulares beneficiados o/y negociaciones incompatibles con la función pública por parte de quienes aceptaron la operatoria desde el Estado?

3) Qué función cumple YPF desde 2012, que intermedia entre los proveedores de gas y ENARSA, comprando por cuenta de ENARSA lo que ENARSA antes compraba directamente, y con qué pautas de transparencia y resultados económicos (comparados con los previos) lo hace. ¿Hubo incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos o abuso de poder?

4) Si los funcionarios y asesores han actuado dentro del cumplimiento de deberes de funcionario público y han realizado negociaciones compatibles o incompatibles con la función pública o si han actuado con desvío de poder en las referidas operatorias y si lo han hecho sin conflicto de intereses y en beneficio del interés público, lo que la petrolera controlada por el Estado, YPF, niega.

5) Para ello habrá que citar a todas las personas y periodistas mencionados en esta denuncia, además de proveer el resto de las medidas de prueba que correspondieran.

6) En especial corresponde solicitar la remisión inmediata de todos los contratos de venta, asesoramiento, consultoría, comercialización, intermediación y otros, en los que se plasmara esta operatoria, antes y después de 2012. Es muy relevante para analizar la conducta de los involucrados y el “perjuicio al país” comparar los precios de la operatoria directa de ENARSA/Ministerio de Planificación Federal (2007-2012) y de YPF/ENARSA (2012-2014)”.

Los diputados nacionales de Unión PRO Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso interpondrán una denuncia contra las empresas estatales YPF y Enarsa por presuntas irregularidades en "multimillonarias compras de gas importado", a la vez que pedirán la interpelación del ministro de Planificación, Julio de Vido, para que explique el tema en el Congreso.

Tras las declaraciones del ex ministro de Obras y Servicios Públicos Roberto Dromi, quien aseguró que asesoró al ministro de Planificación Federal en temas energéticos y que afirma que a cargo de ENARSA, YPF actúa en la compra de gas desde 2012 “sin transparencia y fuera de la ley”, los legisladores solicitan que se realice una investigación para determinar si se constituyó o no un delito en el accionar de la empresa.

En este sentido, solicitaron determinar si los funcionarios y asesores han actuado dentro del cumplimiento de deberes de funcionario público y han realizado negociaciones compatibles con la función pública o si han actuado con desvío de poder en las referidas operaciones.

Asimismo, solicitarán la remisión inmediata de todos los contratos referidos a esta operatoria antes y después de 2012.

El tema provocó el fin de semana un insólito cruce de acusaciones de corrupción entre el CEO de YPF, Miguel Galuccio y el ministro De Vido.

Los diputados nacionales de Unión PRO Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso interpondrán una denuncia contra la empresa estatal Enarsa por "multimillonarias compras de gas importado", luego de pedir la interpelación del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, para que brinde explicaciones al respecto.

Los legisladores presentarán la denuncia luego de las declaraciones del exministro de Obras y Servicios Públicos Roberto Dromi, quien aseguró que asesoró a De Vido en temas energéticos y que, a través de Enarsa, YPF actúa en la compra de gas desde 2012 sin transparencia y fuera de la ley. En ese sentido, los miembros del PRO solicitarán que la Justicia determine "si los funcionarios y asesores han actuado dentro del cumplimiento de deberes de funcionario público y han realizado negociaciones compatibles con la función pública o si han actuado con desvío de poder en las referidas operaciones".

A la vez, reclamarán la remisión inmediata de todos los contratos referidos a esta operatoria antes y después de 2012. En tanto, los diputados macristas convocaron de "forma urgente" al ministro de Planificación Federal para que brinde explicaciones en el Congreso "sobre la adquisición de gas licuado en los últimos años a través de la empresa estatal Enarsa, con participación directa de YPF".

Por otra parte, el diputado nacional Pablo Tonelli presentó un proyecto para interpelar a la ministra de Industria, Débora Giorgi, y que explique los hechos que vinculan a su cartera con "el otorgamiento irregular de diversos subsidios a empresas productoras de bienes de capital".

"Entendemos que es grave la situación por lo cual es necesario que la ministra venga al Congreso a explicar el uso de fondos públicos en subsidios a empresas. Es importante conocer si funcionarios de dicha cartera tienen intereses económicos creados en las empresas beneficiadas", subrayó Tonelli en un comunicado. Y agregó: "La sospecha de actos de corrupción es por sí misma suficiente para que la Cámara indague, investigue y posteriormente evalúe si, de acuerdo con los hechos y las explicaciones, corresponde dar inicio al procedimiento constitucional de juicio político".