El oficialismo en la Cámara de Diputados puso un pie en el acelerador y firmó este martes el dictamen favorable sobre la reforma de la Ley de Hidrocarburos, que fue defendida con énfasis por funcionarios del Poder Ejecutivo.

En una reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Energía, el Frente para la Victoria decidió no esperar hasta el jueves –fecha en que iba a ser retomado el debate- y avaló la iniciativa oficial, que espera convertir en ley en una semana.

Con gran parte de las sillas de la oposición vacías, el vicepresidente del bloque kirchnerista, Pablo Kosiner, consideró que el debate “está agotado” y propuso firmar el dictamen, decisión que fue ratificada por la presidenta de Asuntos Constitucionales, Diana Conti (FpV).

Los pocos legisladores de la oposición que seguían participando del plenario se quejaron del apuro del oficialismo y pidieron, sin éxito, reanudar la reunión el jueves.

“Nosotros vinimos acá a hacer preguntas, no a plantear nuestra posición”, advirtió Claudio Lozano (Unidad Popular), y su planteo fue replicado por Federico Sturzenegger (Unión Pro) y Juan Carlos Zabalza (Partido Socialista).

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Roberto Feletti (FpV) se mostró “de acuerdo” con lo expresado por Lozano, pero aclaró que “la reunión no transcurrió en esos términos”, ya que la oposición se adelantó a formular sus críticas al proyecto del Ejecutivo.

En ese sentido, los bloques disidentes plantearon sus dudas sobre las inversiones que el Gobierno espera atraer en materia energética con esta reforma.

Además, coincidieron en que el proyecto “carece del consenso necesario”; que no contempla la cuestión medioambiental y que implica el “blanqueo” del polémico acuerdo firmado entre YPF y Chevron para explotar el yacimiento de Vaca Muerta.

La defensa de los funcionarios

Durante el plenario de comisiones expusieron el secretario legal y técnico, Carlos Zannni; el ministro de Planificación, Julio De Vido; la secretaria de Energía, Mariana Matranga; y el titular de YPF, Miguel Galuccio.

Los funcionarios remarcaron la necesidad de una nueva normativa luego del paso dado con la estatización del 51 por ciento de YPF, con el fin de “atraer inversiones” y dejar de importar energía, uno de los detonantes principales de la fuga de divisas.

Al abrir el encuentro, De Vido expuso los requisitos y beneficios que tendrán las empresas extranjeras que inviertan en el país y destacó la “consolidación del Estado en la regulación” de la industria energética, incluyendo el “fortalecimiento de los Estados provinciales”.

El ministro enfatizó que la nueva ley busca alcanzar la “soberanía hidrocarburífera, el ahorro de divisas, el fortalecimiento de las provincias y la generación de fuentes de trabajo”.

Y apuntó que “incorpora nuevos beneficios e ingresos directos para las provincias e incrementa las exigencias a permisionarios y concesionarios”.

A su turno, Matranga definió la nueva ley como “moderna, completa, homogénea y transparente”, y destacó que contempla los nuevos tipos de explotación de hidrocarburos, no previstos en la ley vigente desde 1967.

Según la funcionaria, la norma impulsada también es “más exigente respecto de la ley anterior” en materia de requisitos a las inversiones extranjeras.

En tanto, Zannini recalcó que se busca “incrementar la energía para acompañar el crecimiento económico” y “promocionar a aquel que invierta, en vez del que especule con la posesión de un pozo o de la tierra”.

“En lugar de el Estado deba ir a comprar combustible al exterior, se busca que lo extraiga de su propio territorio y genere nuevas fuentes de empleo”, explicó el funcionario.

En la misma línea, Galuccio sostuvo que las inversiones “se van a transformar en empleo, producción y regalías para las provincias”.

El CEO de YPF apuntó que si las empresas “cumplen con sus obligaciones como concesionarios” podrán pedir prórrogas de hasta 10 años pero que deberán presentar un plan de inversión.

El proyecto oficial

El proyecto fue acordado tras varios meses de negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).

El texto fija nuevos plazos para las concesiones, ampliados y diferenciados según el tipo de explotación: 25 años para los yacimientos convencionales, 35 para los no convencionales y 30 para los desarrollos off-shore en la plataforma marítima argentina. Las provincias podrán otorgar prórrogas de 10 años a las empresas que cumplan con las inversiones.

Además, acorta los plazos de los permisos con la finalidad de incentivar las inversiones en la etapa de exploración. Estas no podrán ser inferiores a 250 millones de dólares, en todos los casos.

Para adjudicar las concesiones, el texto establece un mecanismo de licitación competitiva, de modo de otorgarlas a las empresas que ofrezcan la mayor inversión.

Para las nuevas licitaciones, en tanto, el proyecto suprime las reservas de áreas, mientras que las empresas provinciales “podrán participar en la etapa de desarrollo de los proyectos de acuerdo a su inversión”.

También se fija un plazo de seis meses una vez sancionada la nueva ley para elaborar un "pliego modelo" a ser aplicado en futuras licitaciones en todas las jurisdicciones.

El proyecto establece que el concesionario de explotación pagará mensualmente al concedente en concepto de regalía un 12 por ciento.

Por cada prórroga otorgada, las provincias podrán incrementar en un 3 por ciento las regalías, pero con un tope del 18 por ciento.

El techo a las regalías petroleras, que llegarán a un máximo de 18% en los próximos 45 años, fue uno de los aspectos más cuestionados por la oposición en el debate de la nueva ley de Hidrocarburos en Diputados. El ministro Julio De Vido y el secretario Legal y Técnico Carlos Zannini fueron al Congreso a defender la ley, ya votada por el Senado y ayer sacaron dictamen en la cámara baja. Se trataría el próximo miércoles en el recinto. Los funcionarios se sentaron junto a Miguel Galuccio, presidente de YPF, y la secretaria de Energía, Mariana Matranga.

“La ley es un traje hecho a medida de YPF, el piso de regalías es muy malo”, acusaron desde el peronismo disidente. “Convalida el acuerdo secreto con Chevron”, marcaron los bloques de centroizquierda. Un arco que iba desde Federico Sturzenegger (PRO) hasta Claudio Lozano (Unidad Popular), cuestionó la uniformidad en las regalías: serán del 12% al 18%, según el plazo de concesión. Graciela Caamaño y Mario Das Neves (del Frente Renovador) también objetaron ese “techo” a la participación que tendrán las provincias sobre los beneficios que obtengan las petroleras. Alcira Argumedo (Proyecto Sur) planteó que Bolivia cobra regalías de 50%, Venezuela 30%, y Colombia y Australia exigen hasta 25%. En todos los casos, la exigencia será superior a la local.

Sturzenegger expresó que “ustedes (por el oficialismo) están pidiendo al Congreso que regale. Pero no sabemos qué valor tiene lo que cedemos”. Reclamo que compartieron Lozano y Argumedo.

Según los cálculos del diputado del PRO, cada punto de regalías que se cede equivale a US$ 45.000 millones, mientras que una cesión de 10 puntos -la diferencia entre el 15% que cobrará el país en algunos períodos y el 25% de otros países- es US$ 450.000 millones. Zannini no le contestó porque se trataba de “futuros financieros”. Nicolás Gadano, que asesoró a YPF en esta ley, explicó luego a Clarín que “el calculo (de Sturzenegger) es errado, porque estamos hablando de reservas, y él las está tomando a valor presente, no se puede hacer esa comparación, porque confunde”.

Sobre los reclamos de los legisladores sobre regalías, la secretaria Matranga dijo que “me encantaría que el pliego de condiciones sea lo más exigente que las condiciones se lo permitan”. Se refirió al marco para las licitaciones que el Ejecutivo establecerá después de la ley, aunque sus condiciones ya estarán votadas tras la sanción de la ley.

Los diputados del FAP-Unen cuestionaron que “la autoridad de aplicación” haya permitidp la caída en la producción de petróleo y gas (con excepción de YPF). De Vido responsabilizó a las provincias por esa situación. Cuando los legisladores plantearon los problemas que podría crear el “fracking”, el ministro también derivó esa supervisión a los gobernadores.

“Vaca Muerta es un supermercado, es Coto, tenemos que mantener volúmenes de escala”, graficó Galuccio cuando lo interrogaron sobre los efectos la baja del petróleo (US$ 82 la semana pasada). Mientras el barril “esté a US$ 84/U$S 85”, sigue habiendo negocio, dijo.

Al hablar en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, de Energía, y Presupuesto, el titular de YPF recalcó que si la Argentina puede apuntalar su producción y poner en "valor el sector off-shore, podrá producir, generar empleo, y regalías para las provincias".

El titular de YPF, Miguel Galuccio, aseguró que la actualización de la ley de hidrocarburos es necesaria para "atraer las inversiones" y dijo que es prioritario poder explorar el sector off-shore.

Al hablar en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, de Energía, y Presupuesto, Galuccio recalcó que si la Argentina puede apuntalar su producción y poner en "valor el sector off-shore, podrá producir, generar empleo, y regalías para las provincias".

Tras realizar un balance después de la reestatización de YPF, el CEO de la petrolera estatal señaló que también "es clave" esta iniciativa para atraer otras inversiones "teniendo en cuenta que ya otros países actualizaron sus leyes" para el mismo objetivo como México, Colombia y Brasil.

También, al replicar críticas de la oposición, Galuccio resaltó que "no hay prórroga automática ni perpetuidad" de las concesiones ya que sólo podrán pedir una extensión si "cumplieron con sus compromisos y presentan un plan de inversión a futuro".

La secretaria de Energía, Mariana Matranga, aseguró calificó así al proyecto de ley de hidrocarburos, afirmó que tiene como objetivo "acelerar el proceso de autobastecimiento energético" y aclaró que esta iniciativa "no contempla la prórroga automática".

Al exponer en un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y de Energía de la Cámara de Diputados, la funcionaria señaló que esta propuesta "no modifica la ley corta" de hidrocarburos ya que "las provincias mantienen su potestad como autoridad de aplicación".

En ese sentido, la funcionaria recalcó que las provincias con esta ley mantiene "mantienen su potestad de otorgar, controlar, o revocar los permisos de explotación".

En el último tramo de su discurso, Matranga esta iniciativa es fundamental porque en la ley anterior de 1967 "no existían las nuevas tecnologías" y por eso para alcanzar "el autoabastecimiento energético la clave era modernizar el marco legal".

El presidente de la empresa petrolera Shell Argentina, Juan Aranguren, consideró como una "hipocresía" asegurar "que hubo debate" para redactar el proyecto de Ley de Hidrocarburos, que ya cuenta con media sanción del Senado, al sostener que la iniciativa tuvo "casi nula consulta" a "agentes económicos y conocedores del tema".

"Los negocios en el sector se concretarán en la medida que haya marcos regulatorios atractivos y que sean el producto de un consenso genuino y amplio que los haga perdurar en el tiempo, a partir de un proceso en el cual se hayan podido escuchar todas las voces de los actores involucrados", indicó el empresario en una columna de opinión que hoy publica el matutino porteño Clarín y que reproduce la agencia de noticias DYN.

Aranguren señaló que "asegurar que hubo debate porque el Poder Ejecutivo Nacional (liderado por YPF S.A.) discutió con los gobernadores de las provincias petroleras el proyecto de reforma y ahora esté sujeto a discusión y negociación (sic)parlamentaria ya no es una muestra de voluntarismo sino de hipocresía, al menos si se considera el tiempo y el esfuerzo dedicado a ese cometido y la casi nula consulta efectuada a otros agentes económicos y conocedores del tema".

"Sólo el tiempo dirá si la reforma planteada establece mayor previsibilidad, reglas claras para las inversiones y si es sostenible en el tiempo", prosiguió.
Aranguren evaluó que "los señores diputados de la Nación tienen ahora la oportunidad de debatir y alcanzar un amplio consenso para la aprobación de una ley que sea el punto de partida para detener la firme y continua caída que la producción de petróleo y gas experimenta en nuestro país desde 1998 y 2004, respectivamente".

Se quejó, entre otros puntos, de que "el proyecto nada dice respecto de la posibilidad de que la autoridad de aplicación pueda denegar la extensión de una concesión una vez presentado un plan de inversión, para poder verificar si existiera alguna otra empereza en condiciones de presentar una propuesta superadora".

"El proyecto de reforma perdió la oportunidad de incorporar beneficios promocionales similares a los establecidos en la Ley 25924 de Promoción de Inversiones en Bienes de Capital y Obras de Infraestructura, para impulsar una exhaustiva y agresiva exploración de las cuencas sedimentarias que se mantienen prácticamente inexploradas en el país", añadió.

Hoy, las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Energía y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados recibirán a funcionarios del Poder Ejecutivo que informarán sobre la modificación de la ley de Hidrocarburos que aprobó el Senado el miércoles 8 de octubre.

Como ocurrió en la Cámara alta, las comisiones contarán con las presencias del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; la secretaria de Energía, Mariana Matranga; el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, y el presidente de YPF, Miguel Galluccio.

El 8 de octubre pasado, tras casi diez horas de debate, el Senado sancionó -con el voto opositor en contra- y giró a la Cámara de Diputados la reforma de la Ley de Hidrocarburos para adecuar la legislación vigente a las nuevas formas de producción no convencionales de petróleo y gas natural, así como la exploración y explotación de ese recurso en áreas off shore.

El proyecto apuesta a que YPF sea el factor principal en la recuperación del recurso ya que la petrolera de bandera tendrá un rol principal, asociados a empresas privadas internacionales, en el desarrollo de inversiones para recuperar el autoabastecimiento energético.

El plenario de comisiones de Energía, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó ayer por mayoría el dictamen que respalda el proyecto que modifica la ley de Hidrocarburos 17.319, que ya cuenta con media sanción del Senado.

De esta manera, si bien los bloques minoritarios pueden presentar sus dictámenes propios hasta este jueves a las 12, está previsto que el proyecto oficial sea tratado en el recinto el próximo miércoles 29 para su sanción.

La decisión se adoptó tras cinco horas de cruces de posturas por bloques y hasta personales de los diputados, antes que por preguntas y respuestas concretas referidas al contenido del proyecto de ley que el gobierno impulsa para alentar inversiones que permitan desarrollar yacimientos no convencionales de hidrocarburos y la actividad petrolífera offshore en la plataforma continental argentina.

El plenario de comisiones estuvo presidido por la diputada del Frente para la Victoria Diana Conti y contó con la asistencia del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, del secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, de la secretaria de Energía, Mariana Matranga, y del presidente de YPF, Miguel Galuccio. La extensa sesión se inició con una exposición de De Vido, quien destacó aspectos del proyecto y lo enmarcó en la política energética desarrollada durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, enfatizando en el desarrollo de inversiones en infraestructura en el rubro desde 2003 a la fecha. Las principales objeciones realizadas por los diputados de la oposición se refirieron al establecimiento de un "techo" o nivel máximo de regalías a percibir de las empresas operadoras, los riesgos ambientales de la producción mediante el método de fractura hidráulica y el criterio que se aplicará para resolver la prórroga de los contratos de concesión y su duración.