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POLÍTICA Y MINERÍA
Chubut Minera: El proyecto de Audiencias Públicas de CADIM. Capello: "Vencer el miedo". Touriñán y Gaspar
21/10/2014

PROYECTO DE RESOLUCIÓN N° [*]. AUDIENCIAS PÚBLICAS LEGISLATIVAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA CUESTIÓN MINERA.
VISTO:

Los Proyecto de Ley N° 075/14, 131/14 y 143/14 y;
CONSIDERANDO:

Que mediante los Proyectos de Ley citados en el Visto se promueve la regulación de la actividad minera en la Provincia del Chubut.

Que la Provincia del Chubut en el año 2003 ha sancionada una norma que prohíbe la minería a cielo abierto y la utilización de cianuro, la que a su vez ordena determinar aquellas áreas en las que no se aplicara la prohibición.

Que el Proyecto de Ley 075/14, presentado por la Unión de Asamblea Ciudadana de Chubut, tiene por objeto prohibir en el ámbito de la Provincia del Chubut la actividad minera metalífera con utilización de determinadas sustancias químicas, así como la actividad minera de minerales nucleares.

Que el Poder Ejecutivo, ha presentado el Proyecto de Ley N° 131/14 el cual tiene por objeto suspender por el plazo de 36 meses la actividad minera metalífera, a excepción del oro aluvional, en determinada zona de la provincia. Asimismo el proyecto estipula que el Poder Ejecutivo elevara a la Legislatura, dentro del plazo de la suspensión, un mapa de ordenamiento minero – ambiental, estableciendo para el territorio provincial las sustancias minerales y condiciones y modalidades de las actividades mineras a desarrollar en cada zona.

Por último, el Proyecto de Ley N° 143/14 tiene por objeto mantener la plena vigencia de la ley 5001 (hoy ley XVII – 68) y establecer de conformidad a lo establecido en el artículo 2 de dicha norma, un área de excepción a la prohibición.

Que la materia objeto de los diversos proyectos genera divergencia respecto a los beneficios y/o perjuicios que importaría la habilitación en el territorio provincial de la actividad minera, al punto de que existen posiciones absolutamente encontradas dentro de la comunidad.

Que resulta necesario, para los legisladores y la comunidad en general informarse acerca de las consecuencias que la regulación de la actividad minera conllevaría para la ciudadanía y las futuras generaciones.

Que los proyectos de ley antes mencionados se encuentran en tratamiento parlamentario en distintas comisiones y han despertado intereses contrapuestos en la sociedad chubutense. Es por ello que consideramos oportuno regular la forma en que se desarrollara el debate legislativo, con el objeto de escuchar a todas las partes interesadas.

Nuestra Carta Magna garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública a través del artículo 1º, de los artículos 33, 41, 42 y concordantes del Capítulo Segundo —que establece nuevos Derechos y Garantías— y del artículo 75 inciso 22, que incorpora con jerarquía constitucional diversos Tratados Internacionales.

Por su parte, la Ley General del Ambiente (LGA), sancionada en noviembre de 2002 consagra los principios de política ambiental nacional y establece los presupuestos mínimos de protección ambiental, sancionados en el marco de lo establecido en el artículo 41 nuestro Carta Magna. Es la norma rectora en temas ambientales. De la interpretación armónica de la LGA y de nuestra Constitución Nacional, toda aquella normativa que tenga incidencia en aspectos ambientales, sean en el ámbito nacional, provincial o municipal, deberá respetar los preceptos establecidos en la Ley General del Ambiente.

Uno de los temas regulados en la Ley General del Ambiente (artículos 19 a 21) es la participación ciudadana, la cual se encuentra cuya fuente directa son los postulados del principio 10 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Medioambiente y Desarrollo en 1992. Este principio toma a la participación en los procesos de toma de decisiones como un elemento fundamental en el manejo de nuestro ambiente y de los recursos, porque es la ciudadanía quien debe cumplir y hacer cumplir las leyes, consensuar políticas y destinar recursos para prevenir los problemas ambientales. La participación pública es un punto nodal en el discurso y las preocupaciones por el ambiente y el desarrollo. La importancia y la necesidad de avanzar hacia el desarrollo sustentable mediante una mayor participación ciudadana ya ha sido ratificada por numerosos acuerdos internacionales, declaraciones de organizaciones ambientalistas y planes de acción.

A nivel provincial, la audiencia pública se encuentra estipulada en el artículo 35 del Código Ambiental Provincial, en el marco de la regulación del proceso de Evaluación Ambiental. Si bien se trata de una audiencia pública de carácter administrativo, la misma sienta las bases de la participación ciudadana en materia ambiental.

Ahora bien, sin perjuicio de que hasta aquí hemos detallado la normativa más importante vinculada a la Audiencia Publica en el ámbito legislativo, existe un sinfín de ejemplos de realización de audiencias públicas en el marco del debate legislativo. Sin ir más lejos, la primer Audiencia Publica legislativa realizado en Argentina fue convocada por el Senado de la Nación, en el año 1984. También en el mismo ámbito se han realizado audiencias públicas en el marco del debate por la Ley de Glaciares. Por su parte en el proceso de redacción de las Cartas Municipales de Esquel y Ushuaia, se realizaron de audiencias públicas, de las cuales participaron miembros de la ciudadanía.

La Audiencia Pública no es un debate, es una instancia de participación en el proceso de toma de decisión, es un espacio institucional que la autoridad responsable habilita para que todos aquellos que puedan verse afectados o que tengan un interés particular con el proyecto, expresen su opinión respecto a él.

Creemos que esta herramienta resulta fundamental para elevar la calidad institucional en el ámbito del Poder Legislativo y para profundizar el estado constitucional de derecho vigente .Es por ello que estamos convencidos de la necesidad de llevar a cabo audiencias de carácter público, para discutir los alcances de los proyecto de ley que nos convocan, en el convencimiento de que esta alianza estratégica con la Sociedad Civil es imprescindible para concretar las reformas institucionales necesarias para desarrollar una democracia legítima, transparente y eficiente.

LA LEGISLAURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el reglamento para la celebración de Audiencias Públicas Legislativas para el tratamiento de la cuestión minera, el cual se acompaña como Anexo I de la presente.
Artículo 2.- Aprobar el temario de asuntos a tratar en las Audiencias Públicas Legislativas, el cual se acompaña como Anexo II de la presente.
Artículo 3.- Invitar al público en general a participar de las AudienciasPúblicas Legislativas, de conformidad a lo estipulado en el presente Reglamento.
Artículo 4.-Regístrese, comuníquese, publíquese y cumplido ARCHÍVESE.


“El miedo tiene paralizadas las decisiones políticas respecto a la minería en Chubut”

Diario Jornada

El secretario del Colegio Argentino de Ingenieros en Minas, Mario Capello, dijo que los posicionamientos de algunos intendentes de Chubut, posibilitan que se debata la minería y en especial que se pierda el miedo a discutir sobre esta industria. El profesional dijo que esa actitud choca contra la posición de sectores ambientalistas que según su análisis, no están dispuestos a debatir.

En diálogo con FM Tiempo de Puerto Madryn (99.1) Capello dijo que por un lado existe “esta actitud realmente inexplicable que nos retrotrae a la década del ’70, cuando se tomaban los medios y se pasaban proclamas, que en definitiva lo que esconde es el miedo de esta propia gente de que se debata y aunque resulte paradójico, ellos mismos presentaron un proyecto para prohibir la minería metalífera en todo Chubut, son los que se oponen férreamente a que el tema pueda ser debatido”.

Muy simple

“¿A qué se debe? Es muy simple, cuando uno ve los argumentos está claro que no pueden sobre un mismo tema completar una oración, son puro slogan, sus argumentos caen uno por uno, derribados por los análisis de lo que afirman”.

El ingeniero en minas afirmó que “un debate pondría esto en descubierto y que se pierdan los miedos en Chubut”. En tal sentido, “la contribución más importante que hace Néstor Di Pierro en esta extraordinaria convocatoria de Comodoro Rivadavia es ayudar a que se pierda el miedo, porque no es otra cosa lo que tiene inmovilizadas las decisiones políticas; si quienes miramos desde otro lugar el tema podemos ver lo que pasa en distintas provincias que lo desarrollaron, la preocupación es ver cómo atraer más inversiones porque saben lo que representan cuando llegan a una provincia o lo que pasa en el mundo con esas mismas inversiones”.

“Debe ser técnico"

En cuanto al planteo de organizaciones ecologistas de exponer en la Legislatura pero sin participación de otros sectores, Capello dijo que “los debates sirven para no hablarse encima y hacer un monólogo; se requiere del otro y el debate en este tema tiene que ser técnico”.

El secretario del CADIM agregó que “si hablamos del agua, tenemos que hablar de cantidades y de calidad, de los procesos de arranque del mineral, ya sea cielo abierto o la minería subterránea, sus ventajas y dificultades, cuáles son los tratamientos hidrometalúrgicos para obtener el mineral valioso, que eso depende mucho de cuál es el mineral, qué minerales hay asociados, porque generalmente no hay uno solo en la piedra, hay dos o tres; cuál es el tamaño de las matrículas y los impactos ambientales que voy a producir en el suelo, el aire, el agua, los animales y los vegetales”.

Discutir la renta

El representante de la Colegio afirmó que “la renta es otra cuestión que queremos discutir y que se termine con ese slogan y muletilla que la minería sólo deja unas míseras regalías”.

Afirmó que “no hay una sola actividad económica en la Argentina que derrame tanto como la minería”. Por ejemplo, “hoy para hacer el mineral que sea, para presentarlo o exportarlo, por cada millón de dólares hay entre 650 a 700 mil dólares; eso es lo que cuesta hacerlo y eso queda mayoritariamente en la provincia, por eso el derrame tan importante que tiene”.

“Barbaridades”

“Un gran emprendimiento podría significarle a Chubut 1.600 empleos por los próximos 30 años. Estas cosas tenemos cómo mostrarlas y argumentarlas; es lo que no quieren debatir, quieren seguir con los slogans, decir barbaridades. Se debe hacer un debate tema por tema a través de los medios, no se necesita ir a gritar, aplaudir o insultar, sino en un marco tranquilo”.

Touriñan destacó la necesidad de contar con "pautas claras" para la minería

El Patagónico

El ministro de Gobierno del Chubut, Javier Touriñan, volvió a cuestionar el documento presentado por la iniciativa popular, en el marco de los tres proyectos sobre minería que ingresaron a la Legislatura. Mientras aclaró la necesidad de contar con un marco regulatorio y abrir el debate.

"Si se da la actividad debe existir un Marco Regulatorio sí o sí, debe establecer pautas claras para habilitar un proyecto", puntualizó el ministro de Gobierno, Javier Touriñan, mientras señaló la necesidad de reflotar el Marco Regulatorio Minero, en caso de avanzar sobre la zonificación minera.

"Este tipo de marco se evitan todo tipo de suspicacias respecto a manejos poco claros que pueden darse debajo de la mesa", dijo en diálogo con Radio Del Mar.

Touriñan explicó que avanzar en una consulta popular habilitaría la totalidad de los casos, y en relación al proyecto de iniciativa popular impulsado por la Unión de Asambleas Ciudadanas, que busca prohibir la actividad dijo "hay que resolverla por el sí o por el no, está mal presentada en los términos constitucionales que marca una iniciativa popular porque no cumple con los requisitos que marca la ley”.

Mientras diferenció el plebiscito de una consulta popular “un plebiscito es algo que se hace con posterioridad. Se genera un acto de gobierno y plebiscita para que la gente lo legitime. Una consulta popular se hace previamente y da la posibilidad o no de hacerlo", señaló.

Asimismo, el ministro aclaró que "la consulta popular puede ser vinculante o no, se hace directamente, se convoca y vota por sí o no, se debe conseguir una mayoría de las dos terceras partes de la Cámara para convocar a la consulta; después hay que llamar al cuerpo electoral, disponer de donde saldrían los fondos, es todo un proceso", puntualizó.

Minería: José Gaspar sospecha de sectores “notablemente interesados”

El Patagónico

El concejal radical José Gaspar dijo que la actividad minera metalífera “no beneficia en lo más mínimo a la provincia”, dado que existe una ley nacional que es la que determina de qué manera se pagan las regalías y fija toda la política tributaria de la actividad, con lo que es muy poco lo que reciben las provincias, y se preguntó cuál es el interés que moviliza al intendente Néstor Di Pierro a apoyar la minería.

“Acá los únicos que pueden llegar a recibir algo son algunos actores que están muy interesados en que esto avance, quizás a ellos sí les reditúe económicamente que la minería se lleve adelante, pero no es la Provincia, son algunos actores notablemente interesados” advirtió para subrayar que el tema determina que se haga un referéndum tal y como fue hecho en Esquel, dando a todos los chubutenses la misma oportunidad y derecho de expresarse sobre qué quieren y cómo quieren vivir.

“¿Por qué no plantean que se haga un referéndum donde intervengan todos los ciudadanos de la provincia?”, enfatizó para indicar que recién a partir del resultado de esta consulta los diputados avancen en negar o dar otro trato a la minería, aunque destacó que también se requiere una modificación a la mencionada ley nacional, porque sino “hagamos lo que hagamos, son migajas lo que queda para las provincias de una producción que rompe el medio ambiente y destruye el suelo”.

Subrayó además que las fallas más grandes en Argentina recaen sobre los controles, y de allí que la minería tal y como se presenta hoy será tremendamente nociva para el medio ambiente. “Si existieran controles como en Canadá uno no le tendría miedo, pero en Argentina los controles no existen”, agregó.

El edil también reprochó la posición del intendente Di Pierro abiertamente a favor de la minería, al indicar que por su rol es muy difícil separar un planteo personal de uno expuesto por la ciudad a la que representa, mientras que el no consultó a la ciudadanía local cuál es su mirada al respecto. “Le puedo asegurar que si pregunta, la gente de Comodoro le pediría que se preocupe por la ciudad, por el basural a cielo abierto, las aguas cloacales corriendo por la calle y el mal mantenimiento de la ciudad. Ese sería el planteo, y que los temas de la minería lo arreglen aquellos que tienen la obligación de hacerlo, por eso nosotros no sabemos qué interés tiene Di Pierro en erigirse así porque ni siquiera es para discutirlo, sino que está a favor. ¿Cuáles son los intereses que persigue con este posicionamiento?”, se preguntó.

“NO FIRMAMOS NINGÚN DOCUMENTO”

Por otra parte, Gaspar cuestionó que el documento a favor de la minería que surgió de la reunión organizada el viernes por el intendente, incluyó al bloque de concejales de la UCR cuando ellos “jamás” prestaron conformidad para que eso suceda. El concejal reprochó que el intendente había declarado que convocaba a una reunión para discutir sobre minería -y que de allí su interés en participar, para poder plantear el punto de vista del bloque-, aunque en realidad la misma no planteaba discusión alguna sino el apoyo directo a la actividad.

“A los tres minutos de estar en la reunión me fui porque era una reunión pro minera y político partidaria, pero después me desayuno con que hacen un documento nombrando al bloque UCR como partícipe aunque no están nuestras firmas, lo que demuestra que no es verdad lo que planteaba el principio del documento”, recalcó Gaspar.

Dijo que ellos se habían retirado a pocos minutos del inicio y que no sólo no rubricaron documento alguno sino que ni siquiera llegaron a conocer su contenido de modo previo a la publicación.

Ingresó a la Cámara de Diputados ley que impulsa el “acuerdo minero”

La Opinión Austral
El diputado provincial Martín Paiva (FVS-PJ) presentó en la Legislatura el proyecto de ley que promueve Acuerdos con las empresas mineras como alternativa al Impuesto Inmobiliario Minero del año 2013.
 
Paiva sostuvo que “los ingresos que se obtengan por los acuerdos logrados a partir de esta nueva ley tendrán dos destinos específicos: en un 50 por ciento irán al sostenimiento de nuestra Caja de Previsión y la otra mitad se destinará a fortalecer el presupuesto provincial de Salud, especialmente a los hospitales”. 
 
“Compartimos la decisión política de mantener la Caja y garantizar los derechos de nuestra gente. Y es un camino correcto para sumar fondos, procurar una participación más justa en la distribución de la renta minera, que brinda elevadas ganancias a las operadoras”, remarcó el legislador.
 
El planteo hecho a las empresas mineras como reemplazo del Impuesto Inmobiliario Minero al que la norma no deroga sino que suspende su aplicación para las empresas que firmen el convenio con provincia, establece cambios en la manera de liquidar las regalías mineras.
 
Actualmente, como lo establece la Ley Nacional de Inversiones Mineras, se paga hasta un 3 por ciento por el llamado Valor boca de mina, equivalente al valor del mineral bruto menos los costos de producción. 
 
Pero las empresas que acuerden con provincia pasarían a pagar el equivalente al 3 por ciento, pero del valor de comercialización del mineral refinado, un monto sustancialmente mayor al de boca de mina. 
 
 
Así, según informó el legislador, el modelo de acuerdo incluye Tablas que elevan gradualmente el porcentaje de contribución que deberán abonar las operadoras, que va del 0.25% al 1.50% más. Esto implica que cuando el valor de mercado de la plata y el oro otorgue a las mineras una renta extraordinaria, la provincia percibirá un ingreso que podría elevarse hasta el 4.5%.  
 
En una primera estimación, quienes trabajaron en este proyecto calcularon que los ingresos serán, como mínimo, similares a los presupuestados para el Inmobiliario Minero, es decir no menos de 150 millones de pesos. 
 
“Proponemos así una herramienta política que posibilitará zanjar un serio conflicto con uno de los sectores económicos más importantes de la provincia” explicó Martín Paiva, y resaltó que “es imperioso que las empresas que exploten o pretendan explotar nuestros recursos naturales entiendan que la licencia social concedida por los santacruceños sólo puede sustentarse con muestras acabadas de contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Por eso, la suscripción de estos acuerdos sería una señal en ese sentido”. 
 
Las empresas que suscriban el convenio quedarán exceptuadas del pago del Impuesto Inmobiliario Minero, al tiempo que asumen los compromisos de contribución establecidos por la nueva Ley. 
 
Como el acuerdo tiene carácter retroactivo, en el caso de una empresa que firme el convenio y haya efectuado pagos por el impuesto, estos se les imputarán a cuenta de las obligaciones que surjan del nuevo Acuerdo. 
 
También se plantea en la normativa que todas las mineras que acepten ingresar en el acuerdo deberán desistir de la acción judicial que hayan iniciado por el no pago del gravamen sancionado en el 2012.
 
También quedarán sin efecto los convenios suscriptos con anterioridad, cuando estos resulten menos beneficiosos para la provincia.

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