La AFIP dio a conocer una lista con empresas que, según el organismo, habrían utilizado “facturas apórcrifas”. En el listado figuran 1209 compañías, muchas de ellas de renombre. En el rubro Industria, figuran empresas como YPF, Exxon Mobil, Esso, Siderca, Ledesma, Molinos Río de la Plata, Newsan Don Satur, Cosméticos Avon y Cervecería y Maltería Quilmes.
En el rubro medios de comunicación y productoras, figuran América TV SA, Cablevisión SA, Cuatro Cabezas SA, DirecTV Argentina, Supercanal SA, Pol Ka Producciones y Torneos y Competencias.
En Telecomunicaciones, aparecen Telefónica y Telecom. En lo que respecta al Agro, están Monsanto Argentina y Nidera. También aparecen sindicatos y clubes de fútbol, como es el caso de Smata, Suterh y River Plate.
En cuanto a Servicios, figuran Transportes José Beraldi, Accenture, Swiss Medical, Wal Mart Argentina, San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, Laboratorios Bagó, Frávega, Easy, Coto, Cencosud, Correo Argentino, Correo Andreani, Ceamse, Ciccone Calcográfica, Casino Buenos Aires, Carrefour, BBVA Banco Francés, Banco Macro, Banco Galicia, Banco Comafi y American Express.
En Transporte, la AFIP informó la presencia de UGOFE, Metrovías, Trenes de Buenos Aires, Transporte Automotor Plaza, Aeropuertos Argentina 2000, EMFER, Benito Roggio e Hijos, Autovía Oeste y Autopista del Sol. Mientras tanto, en Publicidad, aparecieron Havas Worldwide Buenos Aires, DDB y Grey Argentina.
El Cronista. Por Esteban Rafaele
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció por el uso de facturas apócrifas para eludir impuestos a ex concesionarias de trenes, al concesionario del subte porteño Metrovías y a empresas contratistas del Estado.
Así consta en el listado de 1200 empresas investigadas por utilizar facturas apócrifas que presentó el lunes el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en conferencia de prensa. Si bien la lista incluye causas desde el año 2000, la mayoría de las causas que involucran a ex concesionarias corresponden al período 2005 - 2009.
Las ex concesionarias de trenes aparecen en el listado de usuarios de facturas apócrifas son: Trenes de Buenos Aires (TBA), de los hermanos Cirigliano, ex concesionaria de las líneas Mitre y Sarmiento, y Metrovías, la firma del Grupo Roggio que opera las líneas de subterráneos, actualmente bajo el control del gobierno de la Ciudad. También figuran entre las firmas investigadas el taller Emfer, de los Cirigliano, y otras empresas vinculadas al sector.
Incluso aparece en el listado la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia SA (Ugofe), la firma conformada por Metrovías, TBA y Ferrovías en partes iguales para operar las líneas San Martín, Roca y Belgrano Sur a medida que los concesionarios de esos ramales iban cayendo por sus respectivos incumplimientos.
Todas estas firmas recibían y administraban subsidios del Estados Nacional, bajo la supervisión de la Secretaría de Transporte, entonces bajo la órbita del Ministerio de Planificación de Julio De Vido. Según denunció el ex legislador porteño Rafael Gentili, las distintas concesionarias tercerizaban servicios con otras empresas propias para girar sin control esos dineros públicos.
Emfer y Metrovías aparecen denunciados como usuarios de facturas apócrifas en la causa 1705/05, de 2005. Se trata de la megacausa conocida como "Di Biase Antonio y otros", por la cual se realizaron casi 400 allanamientos y se detectaron más de 600 usuarios de facturas ilegales. Con esta investigación se destapó el caso Skanska y la AFIP ya logró una condena efectiva.
La Ugofe aparece investigada en la causa 330/06, llamada "Sislian", radicada en el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario Nº 3. TBA y Metrovías están siendo investigadas en la causa "Red Velvet", que tramita en el mismo juzgado.
En la causa 1705/05 también aparecen el Grupo Petersen, ex accionista de YPF y jugador destacado en la obra pública en los primeros años del kirchnerismo. Y Aeropuertos Argentina 2000, la empresa de Eduardo Eurnekian que administra la red de aeropuertos del país. En la causa 330 figura Correo Argentino S.A., la empresa estatizada en 2003. También figuran concesionarias de la red vial del país, como las metropolitanas Autopistas del Sol (Acceso Norte) y Coviares (ex Buenos Aires La Plata). La operadora de ómnibus Transporte Automotor Plaza (Grupo Plaza, de Cirigliano), que también recibe subsidios, es investigada en la causa 18/2011, llamada "Suris Ignacio y otros s/ asociación ilícita".
A estas empresas se suman las compañías de Lázaro Báez denunciadas por el uso de facturas apócrifas, como la constructora Gotti.
El uso de facturas apócrifas puede ser un intento de elusión impositiva, afirmó el lunes Echegaray. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dijo ayer que su uso implica "estrategias de evasión fiscal", aunque consideró que es "un claro concepto de corrupción en el sector privado".
Ámbito Financiero
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, advirtió que alrededor de 1.200 empresas utilizaron facturas apócrifas y que la denuncia de esa situación ya se encuentra en sede judicial para su investigación.
La AFIP detectó hasta el momento alrededor de 10.000 facturas apócrifas y que el "uso de este tipo de facturas falsas nace en el sector privado y termina en el sector privado", dijo Echegaray en una conferencia de prensa brindada esta tarde.
El organismo reveló que la evasión ascendería a unos 1.200 millones de pesos mediante la utilización de facturas apócrifas y suspendió 358 mil Claves Unicas de Identificación Tributaria (CUIT) como consecuencia de una extensa investigación que continúa.
Además, Ricardo Echegaray indicó que existen unas 750 causas judiciales abiertas por estas investigaciones.
El titular de la AFIP consideró que el uso de este tipo de facturas apócrifas "parece ser una mecánica" de elusión empleada por una gran cantidad de empresas, algunas muy reconocidas cuyos nombres "serán publicados en la página de la AFIP" como "un salto en la transparencia" en la información.
"Es un tema pergeñado por el sistema privado para no pagar impuestos. Se podría escribir muchísimo sobre facturas truchas, como es el caso de El Tehuelche, de un diputado nacional. También está Aeropuertos 2000, pero no por eso se puede instalar una situación irregular. Está Cablevisión, el Banco Santa Cruz. Está YPF, cuando era sociedad anónima. Son muchas", señaló Echegaray.
El funcionario formuló estas declaraciones luego de que el diario La Nación publicara ayer un artículo en el que señalaba que el empresario patagónico, Lázaro Báez, era investigado por la utilización de facturas apócrifas.
El funcionario dio a conocer un extenso listado de empresas que usan facturas truchas y aseveró que, para cierto sector de la prensa, "parecería que el único caso de facturas truchas fuera el de Lázaro Báez".
"Pero quiero remarcar, porque no sé si es con intencionalidad o falta de conocimiento técnico, que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no es socia de Lázaro Baez", subrayó el funcionario.
Echegaray aseguró que las empresas del grupo Baéz "están bajo fiscalización" por la utilización de esas facturas, y negó que se hayan cambiado a los funcionarios que investigaron a esas firmas.
"Los mismos que la iniciaron, terminaron la investigación", dijo Echegaray.
En la conferencia de prensa, el titular de la AFIP señaló que la utilización de esas facturas no necesariamente significa una violación de las normas, porque "se dan casos en los que un empleado infiel puede utilizar facturas de otro".
Más allá de los casos puntuales, Echegaray anunció que desde la AFIP tomaron la decisión "de dar un salto de transparencia y calidad institucional" y publicar en la página web del organismo www.afip.gov.ar "cuáles son las usinas de facturas y cuáles las empresas que utilizan esas facturas apócrifas".
Estimó que en esa publicación "habrá alrededor de 10.000 facturas apócrifas" y que "en una primera etapa se informará de unas 1.200 que las utilizaron".
Estas empresas que utilizaron facturas apócrifas son aquellas que están por fuera del secreto fiscal ya que sus causas han sido elevadas a la justicia.
No obstante señaló que "una cosa es estar en esa base de datos, y otra suspenderlos en la utilización del CUIT", que es el primer grado de sanción, porque es el Poder Judicial el que debe determinar si el accionar de esas empresas fue deliberado para sacar provecho.
En ese marco, Echegaray reclamó a la justicia mayor diligencia en la causa que la AFIP presentó contra el banco HSBC por el uso de facturas apócrifas, entre otros casos.
Télam
La AFIP detectó hasta el momento alrededor de 10.000 facturas apócrifas y que el "uso de este tipo de facturas falsas nace en el sector privado y termina en el sector privado", dijo Echegaray en una conferencia de prensa brindada esta tarde.
El titular de la AFIP consideró que el uso de este tipo de facturas apócrifas "parece ser una mecánica" de elusión empleada por una gran cantidad de empresas, algunas muy reconocidas cuyos nombres “serán publicados en la página de la AFIP” como “un salto en la transparencia” en la información.
"Es un tema pergeñado por el sistema privado para no pagar impuestos. Se podría escribir muchísimo sobre facturas truchas, como es el caso de El Tehuelche, de un diputado nacional. También está Aeropuertos 2000, pero no por eso se puede instalar una situación irregular. Está Cablevisión, el Banco Santa Cruz. Está YPF, cuando era sociedad anónima. Son muchas", señaló Echegaray.
El funcionario formuló estas declaraciones luego de que el diario La Nación publicara ayer un artículo en el que señalaba que el empresario patagónico, Lázaro Báez, era investigado por la utilización de facturas apócrifas.
El funcionario dio a conocer un extenso listado de empresas que usan facturas truchas y aseveró que, para cierto sector de la prensa, "parecería que el único caso de facturas truchas fuera el de Lázaro Báez”.
“Pero quiero remarcar, porque no sé si es con intencionalidad o falta de conocimiento técnico, que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no es socia de Lázaro Baez“, subrayó el funcionario.
Echegaray aseguró que las empresas del grupo Baéz “están bajo fiscalización” por la utilización de esas facturas, y negó que se hayan cambiado a los funcionarios que investigaron a esas firmas.
“Los mismos que la iniciaron, terminaron la investigación”, dijo Echegaray.
"La presidenta Cristina Fernández de Kirchner no es socia de Lázaro Baez". La afirmación le pertenece a Ricardo Echegaray quien esta tarde defendió el accionar del organismo que comanda y sostuvo que la AFIP investigó a las empresas como Austral Construcciones, vinculadas al empresario K y que de dichas investigaciones surge que "es un error vincular a la presidenta" con Baez.
También reconoció que las empresas de Baez tienen casos en la justicia por evasion tributaria. Según Echagaray Austral Costrucciones y otras firmas de Lazaro Baez están siendo investigadas por facturas apocrifas al igual que un listado de 1.200 empresas y otras 10.000 facturas.
Para despejar dudas, Echegaray subió a la web de la AFIP el listado completo. "Quizas esta oportunidad de sumar estos nombres permita algunos hacer un análisis más amplio de lo que hacen los privados en el país", dijo.
"Es Lázaro Baez o es una mecánica que aplican los sistemas contables en argentina?", se preguntó Echegaray.
Aunque en una suerte de autocrítica agregó: "Hay que mejorar los sistemas de control con mas tecnología. No se trata tampoco de revolear casos a la justicia si no de seguir procedimientos. En vez de poner el acento a uno a dos hay muchas", sostuvo.
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, reconoció que sociedades del empresario kirchnerista Lázaro Báez están siendo investigadas en una causa por evasión impositiva agravada con el uso de facturas apócrifas, pero deslindó cualquier tipo de vínculo entre Báez y la Presidenta.
"Quiero remarcar y aclarar que la doctora Cristina Fernández de Kirchner no es socia de Lázaro Báez. En la AFIP, analizamos la composición de cada sociedad del grupo Báez", enfatizó Echegaray.
"Cada una de esas empresas ha tenido sus fiscalizaciones, acciones de control y ajustes. Y hay situaciones en que algunas terminan vinculadas en sede judicial, donde la AFIP pide medidas en forma activa, actuando como querellante", enfatizó el funcionario.
Para Echegaray, Báez "en síntesis, es un contribuyente más entre los que adeudan al fisco, o con los que el fisco tiene una posición respecto de una deuda fiscal suya".
Puntualmente, el funcionario reconoció que Austral Constructora, la empresa de Báez, está siendo investigada como "receptora de facturas apócrifas". También dijo que "Calvento otra empresa del grupo Báez está en una causa judicial; para la AFIP sería una usina que está en el caso Suris, en el que recientemente el juez dictó varios procesamientos. Pero ha sido esta organización la que logró el procesamiento, no ha sido un ajeno al Poder Ejecutivo nacional el que ha venido a impulsarlo", subrayó.
El caso Báez retomó notoriedad por una nota del diario La Nación, que el pasado domingo informó que el empresario había eludido pagos de impuestos con el uso de facturas apócrifas a través de tres empresas de su grupo radicadas en Bahía Blanca. La nota denunciaba también que tras el descubrimiento de la situación por parte de la AFIP local, Echegaray rebajó el status de la oficina y desplazó a sus responsables.
El jefe de los recaudadores desmintió esa información, y aseguró que los inspectores son hoy los mismos que iniciaron la investigación, salvo un caso, en el que hubo un ascenso. Esto se cumpliría en las fiscalizaciones de las empresas Calvento, Constructora Patagonia, Iberoamericana de Servicios y Grupo Penta, las cuatro firmas de Báez bajo la lupa, y de las cuales sólo la primera sería una usina.
"Todas las instrucciones de trabajo, como las medidas de investigación, las llevan adelante los funcionarios de línea, yo soy también funcionario de línea, dentro de los protocolos que se ordenan desde la conducción central y estratégica. Es decir las decisiones sobre los ajustes, sobre las investigaciones, sobre fiscalizaciones se trabajan con matrices de riesgo, perfiles de riesgo y tomas de decisiones de las distintas instancias administrativas que llevan adelante nuestra organización", abundó el titular de la AFIP.
"El uso de facturas truchas nace del sector privado, de decisiones de sociedades comerciales, de empresarios, y termina en el sector privado. A diferencia de otra visión estratégica que puedan tener, no es una cuestión que pueda tener que ver con la política", agregó.
"¿Qué grado de injerencia tiene el Poder Ejecutivo en la toma de decisiones?", se preguntó Echegaray, y respondió que "está precisamente en la incorporación de procesos para perfeccionar los sistemas y sumar tecnología que hagan la actividad comercial más transparente". Ayer el funcionario completó su conferencia con la presentación de algunas medidas que tomará el Fisco para restringir estas prácticas.
"Quiero desmitificar -indicó Echegaray- porque parece, a partir de las noticias, parece que sólo tiene problemas con facturas truchas Lázaro Báez. Por eso hemos tomado la decisión de transparentar, sea el contribuyente que sea, grande o pequeño, vinculado a la actividad a que esté vinculado, vamos a poner en nuestra página de Internet, la base de datos de aquellos que son usinas de facturas y de aquellos que son usuarios de facturas apócrifas, con la limitación del secreto fiscal", aseguró.
