La estrategia para reimpulsar la minería en Mendoza ya genera cortocircuitos importantes en el oficialismo mendocino. Y esta discusión podría acentuarse conforme llegue el momento de decidir qué hacer con el proyecto más emblemático de todos: San Jorge, aquel millonario emprendimiento para extraer cobre y oro en Uspallata que Paco Pérez archivó en 2011 para evitar una derrota electoral, pero que ahora comienza a revivir.

Marcos Zandomeni, ministro de Energía de la provincia, reconoció que el Poder Ejecutivo está trabajando activamente en la actualización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de San Jorge. Explicó que el expediente se está elaborando con la UTN y sostuvo que el Gobierno maneja dos opciones: presentar una nueva DIA o desarchivar la de 2011, porque aquel proyecto "no se votó y se rechazó, sino que se archivó" en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, Zandomeni no dio pistas respecto de la decisión que se tomará finalmente para reactivar San Jorge. "Eso va a depender de la mesa política del PJ, que es la que decidió activar los proyectos de Malargüe", se excusó.

Ante esta afirmación, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, no dudó en salir al cruce. "Mi opinión es que no debe tomarse una decisión partidaria porque ni en el PJ ni en la oposición hay posturas homogéneas sobre la minería. Esto es un tema de gestión y lo tiene que definir el Poder Ejecutivo", señaló Tanús. Y agregó: "El Gobierno tiene que tener una posición técnica y enviar a la Legislatura un proyecto que contenga un menú de posibilidades".

Tanús está a favor de la minería, pero sostuvo que esa posición no es compartida por los intendentes y legisladores oficialistas de General Alvear y el Valle de Uco. "Yo no voy a obligar a ningún legislador del Valle de Uco a votar contra lo que ellos piensan y aquí no va a haber decisiones colegiadas y estrictas en ningún partido", advirtió el jefe de la Cámara Baja. 

"Yo pienso de todos modos que todo lo que genere trabajo hay que hacerlo ayer", aclaró por otra parte Tanús, quien, a diferencia de Zandomeni, atribuyó la reactivación del debate en torno a algunos proyectos mineros a la presión del intendente de Malargüe, Juan Agulles; y el acompañamiento de dirigentes como Alejandro Abraham y Rubén Miranda, más que a una decisión política consensuada por la totalidad del PJ. 

Primeros cruces 

Pero antes de que se defina el futuro de San Jorge, la minería ha comenzado a generar rispideces entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura. 

Esta semana, algunos hombres del oficialismo legislativo no dudaron en calificar como "un error del Ejecutivo" que la DIA para el proyecto Cerro Amarillo, de extracción de cobre, haya llegado sin el informe del IANIGLA que determinará si la zona donde se sitúa el emprendimiento es glacial o periglacial, y por lo tanto, debe ser protegida. 

Otros peronistas señalaron, por otra parte, que "hizo ruido" la presentación de una Agencia de Protección Ambiental por parte del ministro de Tierras, Guillermo Elizalde, justo cuando comenzaba a discutirse el expediente de Cerro Amarillo y Hierro Indio en el Senado. 

En el Ejecutivo, en tanto, no dramatizaron el problema que demorará varios meses el tratamiento de Cerro Amarillo. El ministro Zandomeni sostuvo que la minería se tiene que trabajar "a largo plazo, de aquí a 10 años" y valoró la reapertura del debate en Mendoza sobre esta actividad, con algunas aclaraciones: "Esto es una alternativa adicional para la matriz productiva de Mendoza, sólo para desarrollar en el secano y con el corsé legal existente". 

En la Legislatura, el peronismo también tuvo sus propios problemas. La apresurada defensa de la minería por parte de la senadora malargüina Silvia Calvi y aquel pedido para que los "dejen contaminar un poquito" precipitó su salida de la presidencia de la comisión de Ambiente de la Cámara Alta, lugar al que no volverá mientras se estén discutiendo las DIA de Cerro Amarillo y Hierro Indio. 

Hay rumores en la Legislatura sobre un choque transversal entre legisladores promineros y antimineros que complicará el tratamiento de cualquier proyecto, pero en todos los ámbitos el PJ es optimista respecto de la aprobación de la única iniciativa que se puede definir en el corto plazo: Hierro Indio. 

El proyecto para extraer hierro es mucho más humilde que Cerro Amarillo, pero también es el que menos puntos débiles tiene, según el oficialismo. Desde el PJ destacan que no empleará agua y que no está comprendido dentro de la zona protegida de la cuenca del río Atuel.

"En dos semanas más vamos a llevar Hierro Indio al recinto para que se vote", pronosticó el jefe del bloque de senadores del PJ, Fernando Simón, y minimizó los cuestionamientos de las organizaciones ambientalistas. 

Resquicio 

Hierro Indio, en estas circunstancias, es el único resquicio del oficialismo para reintroducir la minería en Mendoza en el corto plazo. "Si esto sale mal, no se puede ni hablar de San Jorge", aseguran en la Legislatura, en cuanto al proyecto que discute un plenario de comisiones del Senado. 

El apuro por aprobar la DIA de exploración sugiere que inmediatamente después podría reactivarse el tratamiento de San Jorge, pero al respecto sólo hay especulaciones en el PJ. 

Algunos peronistas ponen como tope para esta discusión la próxima Fiesta de la Vendimia, debido a que entonces se impondrá la agenda electoral y podrían surgir complicaciones. Dicen que dependerá, además, de las encuestas, que hoy dan margen para el desarrollo de la minería con controles. 

En cambio, desde el Ejecutivo, el ministro Zandomeni sostiene que el año electoral no bloqueará San Jorge debido a que "los candidatos presidenciales no tienen un discurso contra la minería" e insiste en un trabajo a largo plazo. 

Hay que recordar que San Jorge cambió de manos este año. En lugar de la empresa canadiense Coro Mining entraron en juego dos firmas rusas, Aterra Capital y Solway Investment, las cuales, como primera y polémica medida, invitaron a funcionarios y legisladores a un tour para conocer proyectos mineros que desarrollan en Macedonia. 

La campaña de los rusos ha seguido en la Legislatura, donde Tanús los recibió hace poco junto a su enlace local, el abogado Fabián Gregorio, para conocer su proyecto y las alternativas que ofrecen.

"Ellos saben que tienen un activo de riesgo y tienen predisposición a colaborar", aporta por su lado Zandomeni, uno de los hombres del Estado mendocino que estuvo en Macedonia.

Los rusos manejan entre dos y tres alternativas para San Jorge. La que es aparentemente más viable es la de reformular el proyecto para que el material que se extraiga en Uspallata se procese en San Juan, donde no hay una ley como la 7722, que bloquea el uso de sustancias tóxicas. Esa idea demandaría la inversión de unos 500 millones de pesos.

Si se insistiera, en cambio, en procesar el material en Uspallata, la inversión bajaría a solo 200 millones de pesos. 

Con el plan B, la zona de Las Heras donde se haría la extracción se convertiría en una simple "calera" y sería más probable obtener la "licencia social" que en 2011 no existía. Aunque por otro lado, hay quienes advierten sobre una reducción de beneficios para Mendoza, en especial respecto de los puestos de trabajo. 

En ningún escenario el PJ espera una definición que ayude de la Suprema Corte de Justicia, que tiene desde hace varios años para resolver varias demandas de inconstitucionalidad contra la ley 7722.  

Ya no existen dudas de que Mendoza está hoy en la peor situación financiera que se recuerde.

Esta semana a la sub ejecución de obras públicas, al crecimiento desmedido del gasto, al inmanejable retraso en el pago de proveedores que se cuenta por miles de millones de pesos y a la incertidumbre acerca de si conseguirá financiamiento en los próximos meses, el Gobierno de Francisco Pérez sumará la imposibilidad de hace frente al pago de parte de la deuda que se tomó hace dos meses nada más, precisamente, para intentar superar la crisis.

Según pudo saber MDZ, Hacienda pateará para el 22 de diciembre el pago de casi $164 millones correspondientes al vencimiento del primer tramo de la Letra (por un total de $210 millones que se emitió en agosto pasado) que deberían cancelarse mañana.

Desde el punto de vista técnico la decisión no puede ser considerada un default, sino que se trata en realidad de una renovación del préstamo a su vencimiento con el objetivo de retrasar su cancelación. O bien, lo que en la jerga se conoce como roll over.

Pero el diferimiento del pago pone en carne viva la situación: Pérez solo alcanza a cubrir los sueldos de sus empleados, mantiene apenas el funcionamiento del Estado y ya casi no se le paga al día a ningún proveedor al día.

El roll over fue publicado en el Boletín Oficial el jueves pasado y generó rápidamente el planteo del radicalismo, que salió a advertir que la movida financiera le terminaría costando a la provincia no menos de $6,5 millones en dos meses.

Y alertó asimismo que, al final, toda la operación de toma de este dinero terminaría costando alrededor de $24 millones. El doble, de lo que a nivel oficial reconocen.

Pero la discusión por estas cifras en el segundo piso de la Casa de Gobierno parece no hace ruido. Juan Gantuz, el ministro de Hacienda, tomó la decisión a política a mediados de la semana pasada y definió que, a pesar de los costos, la deuda contraída en agosto se pagará con más deuda que, según rezan, se tomará antes de que termine el año.

Mendoza apuesta a sobrevivir este año con la controvertida emisión de un bono que rondaría los $1.000 millones que todavía espera por la autorización del ministerio de Economía de la Nación y que ya fue motivo de un reclamo concreto del gobernador a Axel Kicillof en un encuentro que tuvieron hace quince días.

El hombre fuerte del Ejecutivo nacional no le dio a Paco ninguna definición salvo que el endeudamiento será autorizado "antes de que termine el año".

"La Nación no nos va a dejar rengos", se esperanzan en Peltier 351 y aguardan a que se lance el cronograma prometido a nivel nacional de que, en el corto tiempo, una provincia por semana saldrá al mercado a colocar deuda.

A principios de este mes se vivió una situación tensa. Los encargados de suministrar las raciones de comida en las escuelas públicas se plantaron por el reclamo de una deuda de $50 millones y presionaron con el corte del servicio.

El impacto hubiera sido tremendo: 230.000 chicos reciben diariamente en los colegios sus raciones y el recorte pudo ser desactivado solo con la promesa de un pago de $15 millones de emergencia.

Nadie sabe con certeza cuánta plata se le debe a los proveedores, ni de cuánto es el retraso. Pero algunos números se pueden vislumbrar.

Hacienda admitió públicamente que la cifra llega a los $800 millones aproximadamente, aunque eso de ninguna manera se acerca a la realidad.

Según datos oficiales cargados en el Sistema de Información Consolidada desarrollado por la Contaduría General de la Provincia (Sidico), al 30 de septiembre la deuda con los proveedores ascendía a $1.139 millones, tomando en cuenta a toda la administración pública incluidos los organismos descentralizados.

Pero el paquete no queda allí. Estos números corresponden a deuda que ya fue imputada, es decir, aquella que ya hizo todo su recorrido administrativo y está disponible para pagar y no aquella denominada "deuda pinche". O sea, facturas que ya fueron presentadas y que aún no fueron imputadas.

Aquí el cálculo es inimaginable. Se habla de que el retraso llega a los $2.000 millones, aunque otros integrantes del propio gobierno admiten que incluso podría rozar los $3.000 millones.

A nivel oficial se indica que "en líneas generales se está tratando de regularizar la deuda para que los retrasos no sean mayores a los 60 días". Sin embargo existen proveedores que no cobran desde hace seis meses o más. Existen contratistas de obras públicas, por ejemplo, que tienen certificados impagos desde principios de año.

La realidad demuestra una sola cosa: es imposible encontrar hoy en el Estado a algún proveedor que esté al día con el cobro.

Si se toma en cuenta la deuda que ya está imputada, a los encargados de hacer obras públicas en Mendoza el gobierno les debe algo así como $90 millones y a los proveedores de Salud más de $100 millones.

Se acumularon más de $100 millones de deuda en concepto de pauta publicitaria con los medios, a la Legislatura y al Poder Judicial, en conjunto, no se les pagaron este año unos $7 millones de su presupuesto y en las escuelas el problema no es solo de raciones de comida.

A la deuda de $50 millones por este servicio, hay que agregarles otros $35 millones correspondientes al retraso en el pago del convenio que la provincia tiene con YPF para el abastecimiento de gas envasado utilizado para calefaccionar a los establecimienos.

Si no paga en el corto plazo, la Gobernación se quedará sin teléfonos ni internet por una deuda de $27 millones y también la provincia está quedando muy mal en el exterior.

Mendoza todavía no cancela una deuda de $30 millones con San Diego, Estados Unidos, por la compra de las duplas del Metrotranvía.

Los cambios necesarios en el Presupuesto

No hay muchas salidas a la vista para la crisis actual, aunque una discusión que se avecina podía comenzar a enderezar el barco.

Una vez que se sancione en el Congreso de la Nación el Presupuesto 2015, Pérez presentará su propia pauta de gastos en la Legislatura para el año que viene.

Pero nada de eso parece que vaya a ocurrir, más allá de la promesa de "racionalidad total" que Pérez dijo que aplicará en esta discusión.

Ya es un hecho que la provincia adecuará los parámetros macroeconómicos de su ley de Presupuesto a los establecidos por la Nación (inflación del 15,6% y niveles del crecimiento de la economía del 2,8%) y que además la "ley de leyes" volverá a incluir un pedido fuerte de endeudamiento.

En este punto, de acuerdo a como pueda cerrar el año, en 2015 el pedido de nueva deuda rondaría como mínimo los $800 millones.

No existe en el horizonte la posibilidad de que se introduzcan, en la redacción de las leyes de Avalúo e Impositiva, aumentos fuertes de impuestos. Pero sí se estuvo analizando durante este fin de semana la posibilidad de algunos retoques en el Inmobiliario.

Lo que habrá, con respecto al tema impositivo, será una flexibilización para los sectores productivos de los requisitos para acceder a la tasa 0 en el pago de Ingresos Brutos y la rebaja al 3% en este mismo tributo, que ya se anticipó para la actividad hidrocarburífera tras el arreglo con YPF.

Por los encontronazos previos, se vislumbra que el Gobierno y la oposición reeditarán la pelea política de 2014 y que se encaminan a encarnizarse otra vez en el debate de este nuevo Presupuesto.

Los propios intendentes del peronismo le recomendaron al gobernador que se siente a negociar con Alfredo Cornejo, pero todavía no existieron contactos formales entre uno y otro por este tema.

El candidato a gobernador radical ya envió su mensaje de todos modos. "Si van a mandar otra vez endeudamiento, no se molesten porque los vamos a rechazar de plano", le anticipó al ministro de Hacienda, en un acto en el que coincidieron hace unos días.

La señal del intendente de Godoy Cruz ni llegó a la Casa de Gobierno. "Aumentos de impuestos no van a haber, así que quedan dos opciones: o ajuste o endeudamiento", sinceró un funcionario ante este diario.

La pregunta posterior fue retórica.

-¿Y ustedes que opción van a tomar?

-Nosotros, conceptualmente, nunca nos consideramos el gobierno del ajuste.