Por Roberto Aguirre.
Loma la Lata y su hermana menor Loma Campana se convirtieron en estos días en un campo de batalla. El frágil equilibrio entre las empresas, las comunidades mapuches, las familias que reclaman derechos sobren esas tierras y el gobierno provincial dio paso a una turbulencia que rodea Vaca Muerta, pero que esconde en el fondo un compleja red de negocios, intereses y reclamos postergados.
Por un lado, como no había ocurrido en los últimos diez años, YPF salió a acusar públicamente a Gabriel Cherqui, vocero de la comunidad Kaxipayiñ de querer extorsionar a la empresa y entorpecer las tareas de remediación. Se teje alrededor de Cherqui una imagen curiosa: es un referente indiscutido de la lucha por la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios y a su vez un "empresario exitoso", con negocios millonarios y un capilar sistema de control sobre las actividades que se realizan en Loma La Lata.
Por otro lado, la protesta de la familia Campo Maripe, con integrantes encadenados a torres de perforación, forzó al gobierno a otorgarles la personería jurídica y con ello a reconocerlos como comunidad mapuche. Esto cambió el escenario por completo en Loma Campana, donde YPF teme que el renovado estatus de un interlocutor al que jamás reconoció como superficiario pueda abrir nuevos focos de conflicto.
Se trata de dos hechos separados pero vinculados donde las posiciones encontradas parecen irreductibles.
NEGOCIO COMPARTIDO
No importa demasiado desde cuándo ocupan las tierras. La realidad es que hay una docena de familias de la comunidad Kaxipayiñ que viven en Loma La Lata. Durante años padecieron el impacto de la actividad petrolera cuando los controles no existían. Sobran pericias sobre la contaminación con metales pesados en tierra y agua e inclusive cursa por estos días una causa iniciada en el 2005, a cargo del juzgado federal que maneja Carolina Pandolfi.
Pero de forma paralela a la resistencia que ejercieron estas familias sobre la actividad –de la cual no están en contra, según palabras del propio Cherqui (ver aparte)– montaron una intrincada red de negocios que muchas empresas tildan como extorsiva.
Fuentes de YPF detallaron a "Río Negro Energía" cómo funciona. En principio, a través del mecanismo de consulta previa, consagrada por los pactos internacionales, acceden al detalle preciso de las obras que se van a llevar a cabo dentro del yacimiento y las contratistas que compulsan por él. Luego, explicaron, impugnan a aquellas firmas que no son de su agrado bajo amenaza de no dejarlas entrar a esas tierras. Finalmente, el propio Cherqui se mete en el negocio a través de su empresa La Lata SRL, con la cual busca subirse a los contratos con un curioso mecanismo de "intermediación". Su empresa no tiene bienes. Sin embargo, explican desde la compañía, el dirigente mapuche les impone a las contratistas camionetas o maquinarias que él mismo gestiona. Como no las tiene, las alquila a terceras firmas. Todo, bajo la advertencia de que sin la anuencia de la comunidad no se puede trabajar en Loma La Lata.
Varios empresarios, inclusive, hablan desde hace años del "canon mapuche". Es la parte del negocio que hay que ceder para trabajar sin inconveniente. Firmas de primer nivel como Skanska, por ejemplo, llegaron a firmar contratos de participación de ganancias con la comunidad. Otras, por no ceder a esos pedidos, directamente no entran en Loma La Lata.
Como un verdadero administrador del territorio, Cherqui maneja además otros negocios como el estacionamiento frente a la turbo expander. Dentro de los yacimientos hay inclusive peajes.
La empresa La Lata SRL es proveedora de muchas contratistas y de la propia YPF. También de AESA, un desprendimiento de la firma que conduce Miguel Galuccio a la que le factura de forma directa. Más allá de alguna irregularidad ocasional con los papeles, todos coinciden en que la firma de Cherqui actúa en blanco.
Nadie habla de montos, pero atento a las cifras que maneja el sector se presumen millonarios. Y este negocio, hay que decirlo, no es nuevo: tanto el gobierno provincial como la gestión de Repsol, la actual YPF y varias contratistas lo avalan –con más o menos poder de fuego para cuestionarlo– desde hace años.
Con esa relación comercial de trasfondo, Cherqui intensificó las denuncias de contaminación y derrames, algunos ocurridos los últimos días. YPF asegura que lo hace a modo de extorsión y que es la propia comunidad quien no deja remediar. En un comunicado indicó que se paralizaron las tareas mientras se renegociaba el contrato con la consultora Femun –impuesta por los Kaxipayiñ para seguir de cerca las tareas de reparación ambiental de YPF–, que pedía cuadruplicar su facturación.
La situación aún no está resuelta y amenaza con agravarse.
NUEVA COMUNIDAD
Hace cuatro meses, el ministro de Seguridad, Gabriel Gastaminza, inició una denuncia penal contra la familia Campo Maripe por bloquear el paso a una camioneta que ocupaban entre otros el gobernador Jorge Sapag, su par de Buenos Aires, Daniel Scioli y el CEO de YPF, Miguel Galuccio. Dijo que actuaron "en forma violenta, patoteril y agresiva" y negó que fueran una comunidad mapuche.
Apenas 120 días más tarde, el ministro de Coordinación del Interior, Jorge Lara, se comprometió a otorgarles la personería jurídica, lo que implica reconocerlos como comunidad mapuche. Son conocidas las aptitudes del exministro sobischista como operador político. Tuvo la tarea de desactivar la bomba de un reclamo que se tornaba peligroso, con el riesgo real de que hubiera víctimas.
Sin embargo, podría haber generado otro conflicto. Ahora, reconocidos por el Estado, podrán exigir la consulta previa a YPF. Y en la compañía temen que empiece a replicarse en Loma Campana, principal clúster no convencional y con 19 equipos de perforación en marcha, el mismo esquema que encabeza Cherqui en Loma La Lata.
"Río Negro Energía" intentó hablar con Lara sobre el tema, pero el ministro se excusó a través de un vocero, alegando que la negociación seguía en marcha.
"En los 30 años que YPF operó esa zona jamás tuvimos un reclamo de los Campo Maripe, hasta 2013 cuando se presentaron pero no como comunidad mapuche sino como familia", se quejó una fuente de la compañía. Con el reconocimiento del Estado, ahora podrán formar parte del relevamiento indígena, único punto de contacto entre las partes involucradas y que definirá si tienen o no derechos sobre las tierras que reclaman.
Por Adriano Calalesina.
El gobernador Jorge Sapag marcó ayer límites al reclamo de las comunidades mapuches por la “autonomía” y aseguró que “todos somos iguales ante la ley”.
Expresó que “no puede haber grupos o estructuras” que operen por encima del Estado y la Constitución Nacional, y sus palabras fueron un tiro por elevación para la comunidad Kaxipayiñ y la familia Campo Maripe. “No son ni Nación, ni los particulares, ni tampoco las comunidades, ni mapuches ni criollas, dueñas de los recursos del gas, del petróleo y del agua”, expresó.
El discurso fue duro y se explayó durante el 99º aniversario de Añelo, una ciudad donde la vieja población conoce bien la historia de las comunidades, que viven en la meseta, dentro de la zona de explotación no convencional en Loma Campana.
Sapag pisó Añelo y primero se solidarizó con los vecinos por la muerte del policía Fabián Garro, asesinado en una toma de la ciudad de varios disparos.
El hecho conmocionó a una localidad que desde hace un año todos se miran como desconocidos por la cantidad de gente que ingresa a trabajar en el mercado petrolero.
El enojo del gobernador se desencadenó luego de varios episodios: uno fue el encadenamiento de mujeres de la familia Campo Maripe a una torre de perforación de la empresa Nabors, y el otro, cuando integrantes de Kaxipayñ impidieron en paso de técnicos de YPF para remediar el suelo luego de un derrame de crudo en el yacimiento Loma La Lata.
“Como todos somos iguales ante la ley no podemos generar estructuras de partes que pretendan imponerse sobre el todo en base a la fuerza, a la violencia, o a las acciones de hecho”, expresó Sapag.
Dijo que el futuro económico de Neuquén es la explotación de gas y petróleo, ya que se traducirán en ingresos para el estado neuquino.
“No le vamos a negar a nadie su derecho a asociarse y a constituir una comunidad mapuche o una asociación jurídica, pero vamos a ser defensores de este porvenir que tenemos para defensa de la soberanía hidrocarburífera de la República y defensa de los ingresos de la provincia de Neuquén”, indicó.
El mandatario le bajó el tono a la pretensión de las comunidades de buscar un espacio de protagonismo por encima del Estado, el reclamo por el territorio y los recursos naturales más allá de los derechos consagrados en la Constitución Provincial.
“El dueño (de los recursos) es la provincia de Neuquén, quien es la autoridad de aplicación, que tiene que velar por el bien común general y el bienestar de todos los criollos y mapuches, creyentes y no creyentes, hombres y mujeres”, sentenció.
Expresó que el concepto de autonomía desde lo legal solo lo tienen las provincias (de la Nación) y los municipios (de las provincias) y no grupos o asociaciones.
Para Díaz, no eran indígenas
El intendente Darío Díaz también terció en la polémica mapuche. Como nacido y criado en los alrededores de la ciudad, conoce bien a todos los integrantes de las comunidades y sus reclamos. “Nos conocemos, no eran comunidades indígenas. A un vecino de Añelo usted le pregunta si la familia Campo eran comunidades indígenas y le puedo asegurar que le van a decir que no”, dijo Díaz, en una entrevista a la radio La Red. También dejó en claro que es la Provincia y la Justicia los que deben resolver el conflicto de la familia Campo Maripe, en referencia a ser reconocidos.
“Pero con Paynemil es una vieja historia de familia, de vecinos, de hace muchos años y con Kaxipayiñ nos conocemos también hace mucho tiempo y hay buena relación. Siempre respetando los derechos de cada uno y no metiéndose en los derechos de los otros, con respeto vamos a todos lados. Campo Maripe es un tema que tiene que resolverlo la provincia y la Justicia”, puntualizó.
Una ciudad donde ya nadie conoce al vecino de al lado
Añelo
Camionetas petroleras todo el tiempo en las calles de tierra. Ruidos y gente desconocida, al menos para los viejos pobladores.
Este es el panorama que ayer se vivió en el 99º aniversario de Añelo. Algunos vecinos miraban por primera vez un festejo y otros, los más ancianos, lo hicieron sentados en una silla por la extrema vejez.
“Disfrutemos estos tres días de fiesta y olvidémonos un poco de este quilombo”, lanzó el intendente Darío Díaz, ante algunas carcajadas del público.
Es que el mismo sabe que el ritmo de la ciudad cambió por completo, pero prometió que “todos juntos” le van a poner el pecho al desarrollo en pos de una ciudad que crecerá con el tiempo.
Según datos del Registro Civil en 2010 había 2.684 habitantes y ahora en 2014, unos 5.761. Sin embargo, los números estarían desactualizados, ya que habría más de 8 mil personas asentadas. Muchas se radican a pedido de las empresas para conseguir un trabajo.
En pocos años más la ciudad podría contar con unos 12 mil habitantes y es por eso que tanto el gobierno provincial como la comuna apuran las gestiones por el hospital, las escuelas y más viviendas para los recién llegados.
Los privados y las empresas, una puja por las obras
Añelo
Las empresas y todo el sector privado tienen gran protagonismo en Añelo. Esto lo resaltó el gobernador Sapag y hasta el intendente Darío Díaz.
Un ejemplo son las seis cuadras de asfalto que inaugurará la ciudad luego de 30 años. Para financiarlas, colaboró la empresa Confluencia e Ingeniería Sima. Esta última construyó unos módulos con 36 departamentos para sus empleados, a través de un canje de tierras, cuya operación hasta el mismo Sapag calificó de “transparente”.
Añelo carece de recursos propios y son las mismas empresas las que aportan a través de un régimen de responsabilidad social empresaria que se firma con la comuna.
En la ciudad, el Estado aún no es fuerte a pesar de que este año ha intentado controlar y mejorar los aspectos institucionales. “Si no es por el privado, será por el Estado. Pero las obras las tenemos que hacer”, expresó Díaz.
Jorge Sapag fue muy claro este viernes, en Añelo, respecto de las relaciones con la Confederación Mapuche, las comunidades, en el contexto petrolero: el dueño del dominio es el Estado “y no podemos hacer discriminaciones”, sostuvo, en lo que se entendió como un límite preciso a demandas aborígenes.
“No podemos hacer discriminaciones. El tema está muy claro en el artículo 16 de la constitución, y es el de la igualdad ante la ley. No hay distinciones de clases, de raza, de religión”, recalcó el gobernador neuquino.
Ante los periodistas, después del acto por el aniversario de lo que será la principal ciudad del renacimiento petrolero, Sapag destacó que “el dominio provincial excluye a la nación y excluye a los particulares”.
Sostuvo en ese contexto que debe entenderse por tanto que también quedan excluidos de las atribuciones y facultades propias del Estado “todas las organizaciones de los particulares, tanto criollas como mapuches”.
Es un punto importante a considerar, porque en la retórica fácil de muchas organizaciones –incluidas las representaciones mapuches- el principio de dominio del recurso todavía parece no estar muy claro.
“Estas son las reglas de juego para la convivencia y la vida común. Nadie puede ejercer la fuerza legítima, salvo el Estado”, remarcó además Sapag, en alusión a las frecuentes medidas de fuerza que pueden incluir violencia, como ya ocurrió con bloqueos de rutas o tomas de yacimiento, hace apenas unos días.
“La provincia es el poder concedente, la que cuida el medio ambiente. No puede venir una comunidad mapuche, ni criolla, a evitar que se haga la remediación ambiental. El Estado tiene que obligar a todos a que se haga la prevención, o la remediación. No podemos permitir que ningún particular se arrogue la representación del Estado”, reiteró Sapag.
Cuando se le preguntó si la anunciada concesión de la personería jurídica como comunidad mapuche (todavía sigue en trámite) a la familia Campos Maripe, no implicaría abrir la puerta a otras exigencias que precisamente cuestionan el principio constitucional de igualdad ante la ley, Sapag dijo que “(otorgar) las personerías jurídicas es atribución del Estado. Si el estatuto no ofrece inconvenientes…el problema es que el estatuto que quieren algunos elude las leyes”, remarcó.
